Marcos Durán Velázquez
Expediente 1257/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1257/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marcos Durán Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. No ha lugar. Téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual solicita prórroga para dar cumplimiento con la sentencia dictada dentro del juicio en que se actúa; atento a su contenido, no es el caso atender su petición en los términos que plantea, dado que no se ha requerido el cumplimiento de los efectos de la sentencia concesoria, ya que, como se advierte de la certificación de cuenta, se encuentra transcurriendo el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan el recurso de revisión en caso de inconformidad con la misma. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1257/2023, promovido por Zitlali Gaona Reynoso, apoderada jurídica de Marcos Durán Velázquez, por alegada violación de los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, este órgano jurisdiccional ha decidido: CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del: La omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral 349/2015, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. La autoridad responsable, con residencia en esta ciudad, señalada como Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado, pues así lo manifestó al momento de rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las copias certificadas remitidas por la responsable, con pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de este último ordenamiento. CUARTO. Conceptos de violación. El concepto de violación expresado por la parte quejosa es tal y como consta en el escrito de demanda, el cual se tiene por reproducido en este considerando, como si se insertase a la letra, por economía procesal y porque la ley de la materia no exige su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. Son fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. El quejoso sostiene que la autoridad responsable no ha tomado las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, por lo cual no ha respetado el procedimiento y los términos señalados por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, ni lo dispuesto por la ley supletoria, Ley Federal del Trabajo. Al respecto el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuáles emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La característica de prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En sentido inverso, esta garantía constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues la justicia tardía es una forma de injusticia. En ese contexto, es evidente que el Tribunal responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 Constitucional, en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta. Primeramente, conviene tener en cuenta lo dispuesto por artículo 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, que dispone: "ARTICULO 114. Cualquier término no especificado en esta Ley, será de tres días hábiles." Por su parte, los artículos 99, 103 y 104 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, establecen: "ARTICULO 99. El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Conciliación y Arbitraje consistirá en la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; contestación que se hará en igual forma; una sola audiencia en la que se recibirán, las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y, una vez desahogadas, se dictará el laudo." "ARTICULO 103. El Tribunal, tan luego como reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestarla, ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes, y en su caso, a los testigos y peritos, para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. "ARTICULO 104. En el caso de no lograrse el arreglo conciliatorio, el Tribunal, tendrá a las partes como inconformes y concederá el uso de la palabra al reclamante o a su representante legal para que ratifique, rectifique o amplíe su escrito inicial de demanda, en cuya ampliación sólo podrá aportar nuevos datos respecto a los hechos o incluir mayores prestaciones, sin poder demandar en ese acto a quien no haya incluido en su escrito inicial. Se concederá a las partes el derecho a la réplica y contrarréplica. En seguida se abrirá el período de ofrecimiento y admisión de pruebas; el Tribunal recibirá y calificará las mismas, admitiendo las que estime pertinentes y desechando aquellas que resulten notoriamente improcedentes, contrarias a la Ley y a las buenas costumbres o que no tengan relación con la litis. Acto continúo, señalará el orden de su desahogo, primero, las del actor y después las del demandado en la forma y términos que el Tribunal estime oportuno tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento. De dichos numerales se advierte que en una sola audiencia se recibirán las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará la resolución correspondiente, salvo cuando a juicio del tribunal laboral se requiera la práctica de otras diligencias, caso en el cual se ordenará su desahogo. El día y hora de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, se abrirá el período de ofrecimiento y recepción de pruebas; el Tribunal calificará las mismas, admitiendo las que estime pertinentes y desechando aquellas que no. Posteriormente, señalará el orden de su desahogo, en la forma y términos que estime oportuno, tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento; por lo que una vez desahogadas dictará el laudo correspondiente. En el particular, la autoridad responsable trasgredió el contenido de los numerales que rigen el procedimiento, pues, de las constancias que allegó y de los autos que integran el expediente 349/2015, se desprende que a la fecha no se ha emitido laudo dentro del juicio de origen, pese a que desde el dieciséis de enero de dos mil veinte, declaró cerrado el periodo de instrucción y ordenó poner los autos en estado de emisión de laudo, sin que posterior a ese pronunciamiento obre diversa actuación por parte del Tribunal responsable. De lo que se tiene que la autoridad responsable ha omitido sujetar su actuar al contenido de los numerales 99, 103 y 104 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, pues al día de hoy no se ha emitido el laudo correspondiente, así es que, la abstención que se reclama en esta vía constitucional resulta violatoria de la garantía que pregona el artículo 17 Constitucional relativa a la impartición de justicia pronta y expedita. Consecuentemente, con fundamento en el precepto 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a la accionante de esta instancia constitucional. SEXTO. Efectos del amparo. La concesión de la protección otorgada es para el efecto de que el Tribunal responsable: Dicte el laudo correspondiente en el juicio laboral 349/2015. Lo anterior, a fin de restituir al impetrante en el goce de la garantía individual violada, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la Ley de la Materia. Con relación a los alegatos formulados por la Agente del Ministerio Público adscrita, resulta innecesario pronunciarse al respecto, pues constituyen simples opiniones o apreciaciones que no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y a los informes. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Marcos Durán Velázquez, contra la omisión reclamada al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en las consideraciones quinta y sexta de este fallo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. 1. Autoridad informa gestiones. Agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de dieciséis de octubre del presente año, informa que mediante proveído de veintitrés del mes y año en cita, señaló las once horas del dieciséis de noviembre de este año, para el desahogo de la prueba pericial en computación a cargo del perito de la parte actora; ordenado además, girar exhorto a la Secretaria Auxiliar de Peritajes y Diligencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en la ciudad de México, para que informe la citada fecha, al perito a cargo Juan Antonio Corona León. 2. Nuevo requerimiento. No obstante lo anterior, requiérase a la autoridad responsable, para que realice lo siguiente: -Ordene la remisión del exhorto de referencia vía correo electrónico, a fin de dar celeridad a la realización de la probanza de mérito y el perito pueda ser notificado de la fecha y hora señalada, debiendo remitir las constancias que demuestren que lo envío por ese medio. -Una vez que se lleve a cabo la audiencia correspondiente, deberá remitir de inmediato, el resultado de la misma. -En caso contrario deberá dictar determinaciones apropiadas y congruentes para lograr el desahogo de la prueba pericial en computación, dando seguimiento puntual y coordinado hasta que ésta se lleve a cabo dentro del juicio laboral ********************. 2.1. Apercibimiento. Apercibida dicha autoridad que, de no cumplir, les será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $********************), en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el citado numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. 1. Apertura del incidente de suspensión. Como está ordenado con esta fecha, en el expediente principal y con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, con una copia simple del libelo constitucional, tramítese por separado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 628/2023, promovido por Luis Ramón López Ruiz, en cuanto apoderado de Juan Carlos Camargo López, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. 2. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la ley de la materia, pídase informe previo a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a partir de la notificación del presente proveído, enviándoles al efecto copia simple del libelo constitucional. 3. Audiencia incidental. Hágase saber a las partes, que en este asunto se encuentran señaladas las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental. 4. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa destaca como acto reclamado: El auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio especial familiar oral ********************, sobre cesación de pensión alimenticia, promovido por ********************, en su contra, y en el cual le negó tenerlo por formulando demanda reconvencional. 4.1. Pretensión de la suspensión. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para ".que las cosas se mantengan el estado que actualmente guardan." 5. Interés suspensional. Se tiene por acreditado el interés suspensional de la parte quejosa al ser parte dentro del juicio especial oral familiar de donde emana el acto reclamado. Tiene aplicación al respecto la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "INTERES JURÍDICO PARA LA SUSPENSION PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SE SURTE SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO. Es verdad que a cargo del promovente del amparo pesa la obligación de probar en el incidente de suspensión su interés jurídico para obtener la medida cautelar de que se trata, empero en dicho incidente no se requiere la plena demostración del referido interés, bastando la prueba indiciaria, deducida de lo asentado por el quejoso en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que es parte demandada en el juicio del que emana el acto reclamado." 6. Se niega la suspensión. A efecto de proveer lo conducente en este apartado, es menester precisar que conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: I) Los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; II) Los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; III) Las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, IV) Las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: La petición de parte; La existencia del acto reclamado. La naturaleza del acto reclamado. La afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. Ahora bien, el primer requisito se encuentra colmado, en virtud de que en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, y por ende, existe la petición de parte agraviada. De igual manera, el segundo de los extremos se actualiza en el particular, dado que al tratarse de la suspensión provisional, se presume la existencia de los actos con base en las manifestaciones que la parte quejosa formula, bajo protesta de decir verdad, en su demanda de amparo. Luego, se exige que los acto reclamados acorde a su naturaleza, sean susceptibles de suspenderse, extremo que no se encuentra colmado. Se afirma lo anterior, pues la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio especial familiar oral ********************, sobre cesación de pensión alimenticia, promovido por ********************, en su contra, en el cual la responsable negó tenerlo por formulando demanda reconvencional. De ahí que, se trata de actos negativos, en la medida en que se está ante una decisión que implica el rechazo a una solicitud de la parte quejosa. No se soslaya el contenido del artículo 147 de la Ley de Amparo, en el sentido de que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, de ser jurídica y materialmente posible, se podrá restituir provisionalmente en el goce del derecho violado, cuando hay apariencia suficiente de un derecho previo que necesita de protección provisional por haber sido afectado por un acto probablemente inconstitucional, ello mientras se dicte ejecutoria en el juicio de amparo; sin embargo, en el caso, no se advierte una inconstitucionalidad notoria en la emisión del acto reclamado que haga procedente concederse la suspensión en los términos solicitados, pues de hacerlo se estaría constituyendo un derecho en favor del quejoso que no tenía antes de promover el juicio constitucional. Lo anterior, en razón de que la autoridad responsable, en el auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, negó tenerlo por formulando demanda reconvencional; además dicho tópico constituye el tema del fondo del asunto, que habrá de determinarse en el juicio principal, y de concederse la medida solicitada equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto y anticipar los efectos protectores de un fallo que quizá no sea favorable a la quejosa. Consecuentemente, se niega la suspensión provisional solicitada al tener el acto reclamado carácter de negativo. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
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