Marcos Acosta Aguilar

Expediente 1244/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1244/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
06/04/2018

Partes del expediente

  • Marcos Acosta Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, junto con los cuadernos incidentales. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, y no existen documentos originales exhibidos por las partes, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURABLE dado que en la especie se concedió la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales ni garantía, toda vez que no se exhibieron. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Visto el telegrama remitido por Ignacio Castro Espitia, delegado de la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en la Ciudad de México (foja 104); en atención a su contenido, remítasele copia certificada de la ejecutoria de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta capital, a fin de que esté en oportunidad de dar cumplimiento a la misma. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARCOS ACOSTA AGUILAR. EL AUTO DE SEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio signado por la Jueza Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, mediante el cual, en cumplimiento al artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril de dos mil dieciséis, devuelve el expediente II-1244/2017, del índice de este órgano jurisdiccional, con la sentencia emitida el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Marcos Acosta Aguilar; acúsese el recibo de estilo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes; las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, asimismo, remítase copia autorizada de la resolución a las autoridades responsables y del cuaderno de antecedentes extráiganse únicamente las constancias originales a fin de que sean glosadas a este sumario y el resto destrúyase por ser copias. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico. ASÍ COMO LA SENTENCIA DE VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Por lo expuesto, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Marcos Acosta Aguilar, por los motivos precisados en esta sentencia. En términos de lo previsto en el artículo 6 Constitucional; 3, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 2 del Reglamento de la materia; Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y; del Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y marcado de información reservada, confidencial o datos personales, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el dieciocho de noviembre de dos mil nueve; la información considerada legalmente como reservada o confidencial contenida en esta sentencia se marcó e identificó a fin de que sea adaptada a la versión pública con la supresión de los datos correspondientes. Háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; con el original de esta resolución y el disco compacto que la contenga devuélvanse los autos a su lugar de origen para que proceda en términos del artículo Único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, publicado el quince de abril de dos mil dieciséis, por lo cual debe quedar testimonio en el cuaderno de antecedentes 92/2018, que en su momento será enviado al archivo. Así lo resolvió y firma Claudia Guerrero Centeno, Jueza Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, ante Olga Olivia López Gómez, Secretaria que autoriza y da fe, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, por así permitirlo las labores del juzgado.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de nueve de febrero del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, por conducto de su delegado; mismo que fue notificado el siete y doce siguientes (fojas 472 a 477). En consecuencia, este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la tesis de jurisprudencia P. J/ 54/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Al respecto, debe decirse que por sentencia engrosada el diez de noviembre de dos mil catorce (fojas 159 a 193), por este Juzgado de Distrito y confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta localidad, mediante ejecutoria correspondiente a la sesión de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 346-456), pronunciada en el toca 8/2015, se concedió la protección constitucional a los quejosos Ma. Guadalupe Arellano Zamora, María Guadalupe Aguilar Pérez y Blanca Gómez Guerrero, para los efectos que se reproducen: Desincorporar a los quejosos de la obligación de cubrir la cuota de inscripción en los subsecuentes ciclos escolares, en todos aquellos estudios que realice hasta el nivel de licenciatura. Esto es, en la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional se determinó que la Universidad Michoacana, en tanto organismo descentralizado por servicio del Estado de Michoacán, al ser parte de la estructura estatal y depender del Poder Ejecutivo, en términos de la jurisprudencia 2a./J 178/2012, le son aplicables los artículos 137 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, que establecen el derecho a la gratuidad de la educación superior impartida por el Estado. Además, no era óbice el que se tratara de una universidad autónoma, porque la autonomía, como garantía institucional, si bien le confiere facultades de autogobierno para elegir autoridades y darse su propia normatividad, no la excluía de la estructura estatal ni la eximía de cumplir, como cualquier otro organismo, con lo dispuesto en las normas jurídicas del país y de someter su actuación a control judicial. Y, por ende, la Universidad Michoacana debió respetar la gratuidad de la educación superior establecida en la Constitución Local; consecuentemente, el concepto de violación expuesto en la demanda de amparo resultó fundado y suficiente para conceder la protección de la Justicia Federal; evidentemente, toda vez que las quejosas son alumnas regulares inscritas en la Universidad, quedó claro que tiene el carácter de sujetos activos del derecho humano a la educación gratuita. Además de los argumentos trazados en nuestra ejecutoria, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, de conformidad con los puntos a) y b) del párrafo 442 del amparo en revisión 750/2015, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adicionó obligaciones complementarias que debían llevar a cabo las autoridades responsables, en los términos siguientes: a) Para el Gobernador del Estado, transferir a la Universidad Michoacana los recursos necesarios para garantizar la gratuidad de la educación que reciba la quejosa, hasta el nivel licenciatura, lo que incluye, al menos, los recursos necesarios para cubrir las cuotas de inscripción. En el entendido de que deberá cubrir las cuotas de inscripción del quejoso, con cargo a los recursos estatales del presupuesto del Estado de Michoacán. b) Para la Universidad Michoacana y sus autoridades, abstenerse de vulnerar la gratuidad de la educación superior que reciba la parte quejosa, esto es, como mínimo, evitar cobrarle las cuotas de inscripción durante su educación superior. Esto es, en la sentencia, estimó -atendiendo a la línea considerativa de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- que las autoridades recurrentes no justificaron las medidas regresivas reclamadas, porque se limitaron a afirmar que carecían de recursos. Ello era así, pues no aportaron prueba alguna que demostrara suficientemente la ausencia de recursos, que aplicaron todos los disponibles, que realizaron todos los esfuerzos razonables para obtenerlos, o que los emplearon para garantizar otro derecho fundamental de mayor importancia relativa, dadas las circunstancias. Por tanto, consideró que las autoridades recurrentes violaron en perjuicio de la parte quejosa el derecho a la educación superior gratuita previsto en el artículo 3o., de la Constitución Federal y desarrollado en el artículo 138 de la Constitución Local, así como el principio de progresividad previsto en el artículo 1o., de la Constitución Federal; por lo que, confirmaron la sentencia emitida por este juzgado federal y concedieron el amparo en sus términos. Luego, por auto de diez de octubre de dos mil diecisiete, se requirió su cumplimiento (fojas 457 a 458). Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo, el delegado de la autoridad responsable Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, remitió el oficio sin número, al cual anexó copia del diverso comunicado 19/2018, por el que instruye al Director General de Tecnologías de la Información y Comunicación de dicha casa de estudios, a fin de que sean cancelados los adeudos correspondientes a la inscripción de las quejosas y no le sean cobradas las cuotas de reinscripción en los subsecuentes ciclos escolares en el nivel licenciatura que curse en esa institución (fojas 472 y 473). En relación al Gobernador, el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, en su representación, envió copia del oficio CJEE/DACL/597/2017, por medio del cual solicita al Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que del presupuesto que le fue asignado a dicha casa de estudios, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, destine los recursos necesarios que garanticen la gratuidad en la educación en dicha institución de la parte quejosa; y si bien, no refiere expresamente el nombre de las solicitantes del amparo, lo cierto es que pide que el acatamiento al fallo protector se realice conforme a la obligación que le fue impuesta (fojas 466-467). Del examen de las documentales transcritas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, hacen patente que, respectivamente, las autoridades responsables, cumplieron con: Por lo que hace al Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, la obligación de transferir a la Universidad Michoacana los recursos para garantizar la gratuidad de la educación que recibieran las quejosas, hasta el nivel de licenciatura, lo que incluyó los recursos necesarios para cubrir las cuotas de inscripción, los cuales fueron cubiertos con los recursos estatales del presupuesto de esta Entidad Federativa. En cuanto a la Universidad Michoacana y sus autoridades, desincorporó a las peticionarias de la obligación de cubrir la cuota de inscripción en los subsecuentes ciclos escolares, en todos aquellos estudios que realizaran hasta el nivel de licenciatura. Finalmente, se abstienen de vulnerar la gratuidad de la educación superior que reciban las solicitantes del amparo, esto es, cobrarle las cuotas de inscripción durante su educación superior. Después, mediante diversa misiva sin número, el citado delegado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, anexó copia del oficio 19/2018, con la que el Director General de Tecnologías de la Información y Comunicación, informó que se realizó la cancelación de los adeudos correspondientes al concepto de inscripción de las quejosas (fojas 472-473). Lo que es acorde con el criterio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en relación con el alcance que tiene una ejecutoria de amparo en relación con la reparación a la violación de derechos humanos, los jueces de distrito no se encuentran facultados para imponer indemnizaciones o compensaciones económicas complementarias que no resulten de manera directa de la sentencia. Al respecto cobra aplicación la tesis 1a. LII/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN DECRETAR COMPENSACIONES ECONÓMICAS PARA REPARARLAS, SALVO QUE PROCEDA EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que la compensación económica es una medida de reparación que sirve para indemnizar el daño causado en los casos en los que la violación de un derecho fundamental no ha podido ser reparada a través de la restitución del derecho o cuando ésta ha resultado insuficiente. En este sentido, una compensación económica sólo puede decretarse una vez establecidos los presupuestos de los juicios de atribución de responsabilidad: la realización de una acción u omisión que cumpla con algún factor de atribución (subjetivo u objetivo); la actualización de un daño; y la existencia de una relación causal entre el daño experimentado por la víctima y la acción u omisión del agente dañador. De ahí que si se parte de la idea de que el juicio de amparo es un proceso constitucional de carácter sumario cuya finalidad exclusiva es restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo lógico es adoptar una posición adversa a la posibilidad de que los Jueces decreten compensaciones económicas a cargo de la autoridad responsable como medidas de reparación. Desde esta perspectiva, una sentencia estimatoria de amparo no prejuzga sobre la responsabilidad civil o administrativa de la autoridad por la realización del acto reclamado, además de que un procedimiento sumario, como el amparo, resultaría inadecuado para establecer los presupuestos de esa responsabilidad, los cuales deberían determinarse en procesos ordinarios que tengan esa finalidad. Al respecto, la doctrina especializada ha señalado lo inconveniente que sería analizar en el juicio de amparo temas que pueden resultar sumamente complejos, como las cuestiones relacionadas con la prueba del daño, la conexión causal entre éste y la conducta de las autoridades o la cuantificación de la eventual indemnización. En este sentido, cabe destacar que en el derecho comparado, el tema de las compensaciones económicas, por vulneración de derechos humanos, suele analizarse en los juicios de responsabilidad civil o responsabilidad patrimonial del Estado a través de acciones específicas creadas para ese efecto (constitutional torts o human rights torts). Ahora bien, no existen disposiciones en la Ley de Amparo que permitan a los jueces decretar compensaciones económicas en las sentencias de amparo como medidas de reparación a las violaciones de derechos humanos declaradas en esas resoluciones. Sin embargo, no debe soslayarse que el Estado Mexicano se encuentra obligado a garantizar el derecho a una reparación integral; de ahí que sea posible el dictado de medidas compensatorias únicamente bajo la figura del incidente de cumplimiento sustituto. Por otro lado, una vez dictada una sentencia de amparo en un caso concreto que determine la existencia de una violación a un derecho fundamental y establezca las medidas de restitución adecuadas para devolver a la víctima a la situación anterior a la violación, ésta se encuentra facultada para acudir ante las autoridades competentes y por las vías legalmente establecidas, para obtener los restantes aspectos de una reparación integral. Por ejemplo, las víctimas de una determinada violación a derechos fundamentales se encuentran en posibilidad de acudir al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, donde podrán solicitar su ingreso al Registro Nacional de Víctimas e iniciar el procedimiento correspondiente para obtener una reparación integral en términos de los artículos 61, 62, 64, 73 y 74 de la Ley General de Víctimas". En tales condiciones, con las actuaciones realizadas por las autoridades responsables Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y consejo Universitario y Tesorero de dicha institución educativa, se advierte que cumplieron parcialmente la ejecutoria de amparo, puesto que realizaron los ajustes necesario para que a las quejosas no se les cobrara, cuando menos, la cuota de inscripción por lo que se refiere a la educación superior en el nivel licenciatura. Ahora, no obstante que las autoridades responsables llevaron a cabo el cumplimiento básico, debe decirse que existe un cumplimiento defectuoso, toda vez que la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma trae consigo que el efecto restitutorio obligue a la autoridad responsable a devolver la cantidad enterada y que opera en virtud de su mandato, sin condicionamiento de que los interesados se sujeten a un procedimiento administrativo previsto en leyes diversas a la de Amparo, como consecuencia del perjuicio que les ocasionó al verse privados de los recursos erogados, al poner a disposición de la institución educativa dinero que a la postre resultó que no le correspondía percibir, resultando que en el caso, solamente Blanca Gómez Guerrero demostró haber cubierto la cantidad 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) foja 37. Por tanto, debe decirse que no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. En consecuencia, para evitar mayores dilaciones procesales y estar en aptitud de pronunciarse respecto del cumplimiento total de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Consejo Universitario y Tesorero de dicha institución, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente auto, haciendo uso de los medios a su alcance, informen sobre el cabal acatamiento dado al fallo protector, para lo cual se hace necesario que remitan copia certificada de la constancia en la que acrediten que entregaron a la quejosa Blanca Gómez Guerrero el concepto antes mencionado. Con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, les será impuesta -a cada uno- una multa equivalente a doscientas unidades de medida y actualización, conforme al numeral 258 de la ley reglamentaria; y si aun así son omisas se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación; sin perjuicio de dar vista al agente del Ministerio Público adscrito, a efecto de que inicie la averiguación previa correspondiente por su probable responsabilidad en la comisión del delito establecido por el dispositivo 267, fracción I, de Ley de Amparo. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3o y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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