Marco Flavio González Nuñez

Expediente 359/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
359/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
18/05/2018

Partes del expediente

  • Marco Flavio González Nuñez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de dos de mayo de dos mil dieciocho, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en donde la demanda se desechó de plano y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. En otro orden de ideas, de conformidad en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el sumario, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Vista la razón levantada por el actuario adscrito, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de dos de mayo de dos mil dieciocho; en consecuencia, en términos de lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena practicarle la notificación de dicho acuerdo y las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones relacionadas con este asunto. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Visto el escrito presentado por Félix Martín Ramos Ceja, en cuanto apoderado jurídico de la persona moral quejosa Comisión Federal de Electricidad, personalidad que se le reconoce en términos de la copia cotejada del poder general para pleitos y cobranzas que exhibe pasado ante la fe del Notario Público número 129 en el Estado de México, respecto del cual se ordena su devolución, previo cotejo que se haga del mismo con la copia simple que al efecto exhibe. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto por su artículo 2, expídanse a su costa copias certificadas de las constancias que indica, previa identificación y razón que de recibo obre en autos, autorizando para recibirlas a las personas que menciona. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARCO FLAVIO GONZÁLEZ NÚÑEZ. Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, Marco Flavio González Núñez solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuyen a las autoridades siguientes: ? Director; ? Delegado Estatal en Michoacán; ? Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Michoacán; y, ? Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal en Michoacán. Todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Fórmese expediente y regístrese con el número III-359/2018, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ? Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K , de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". ? Definitividad. En la especie, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, de la siguiente literalidad: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". Ello porque de la lectura de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: a) La orden de cancelación del sistema de pensiones de dicho instituto, respecto de la pensión que venía gozando del finado trabajador Manuel González Valverde, para ser otorgada en su totalidad a Eloisa Moreno Galván; y, b) Su ejecución. Ahora bien, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, consagra el principio de definitividad que debe imperar previo a instar la acción constitucional. Este principio establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que el quejoso debe, previamente a su promoción, agotar los juicios, recursos o medios de defensa correspondientes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación; lo anterior con excepción de los casos previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que una vez que se han agotado medios ordinarios de defensa se abre la posibilidad de acudir al juicio de amparo, ello como medio extraordinario de defensa. Pensar lo contrario haría inocuo el principio de definitividad, pues las partes afectadas por actos administrativos acudirían al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos legalmente previstos para la defensa de los actos, haciendo nugatorio el medio extraordinario de defensa del juicio constitucional. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que además de los anteriores extremos, el precepto legal en estudio también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. Así, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en estudio, son los siguientes: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que dicho acto reclamado deba ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal, que esté previsto en la ley y no en reglamento alguno; c) Que por virtud de esa revisión oficiosa o de ese recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; d) Que puedan suspenderse los efectos del acto reclamado; e) Que para que proceda tal suspensión no se exijan mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo; f) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación; y, g) Cuando no solo se aleguen violaciones directas a la Constitución; Respecto al marcado con el inciso a), esto es, que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe decirse que se encuentra satisfecho, toda vez que el acto que se reclama lo emitieron autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, autoridades que son distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por lo que hace al elemento señalado en el inciso b), consistente en que el acto reclamado deba ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal, también se actualiza ya que los artículos 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3, fracciones VII y XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, prevén que dicho órgano jurisdiccional sea el competente para conocer del juicio promovido contra actos administrativos. En efecto, los preceptos en comento establecen lo siguiente: "Artículo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.) XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. (.)." Se afirma lo anterior, dado que en el acto reclamado se determinó de manera unilateral al ordenar cancelar la pensión a que tiene derecho el quejoso; por lo que es patente que tal requisito se encuentra satisfecho, pues en el acto reclamado, por virtud del recurso o juicio de que se habla, puede ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo requiere la causa de improcedencia que se estudia según lo dicho en el inciso c). Por lo que respecta al elemento consistente en que se puedan suspender los efectos del acto reclamado, es decir, el precisado en el inciso d), también se actualiza, pues el artículo 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé: "Artículo 24. Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, podrán decretarse todas las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor, salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá de conformidad con el artículo 28 de esta Ley". Por lo que es claro que sí se pueden suspender los efectos del acto reclamado. En relación al requisito marcado con el inciso e) inmediatamente relacionado con el anterior, consistente en que proceda tal suspensión sin que la ley exija mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo, del examen comparativo de los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, frente al artículo 28 de Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, se pone de manifiesto que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo, atendiendo a las siguientes razones legales: 1) Del análisis del artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo en su inciso a), se aprecia que éste exige que no se afecte al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, además que conforme a la fracción III del propio numeral, la medida suspensional podrá solicitarse en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia firme; por su parte, la Ley de Amparo también exige que se cumpla con éste requisito (artículo 128, fracción II) y dispone que la suspensión podrá solicitarse con la presentación de la demanda o en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria (artículo 130). 2) Asimismo el inciso b) del citado numeral 28, precisa que los actos respecto de los cuales se solicita la suspensión deban ser de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto reclamado; al igual que el artículo 139 de la Ley de Amparo. 3) Finalmente, ambas disposiciones son coincidentes en señalar, que a efecto de que la suspensión concedida surta efectos, se deberá garantizar el interés fiscal, de acuerdo al artículo 28 ante la autoridad ejecutora y conforme a la Ley de Amparo ante la autoridad exactora, como lo prevé el numeral 135. Así, ambos ordenamientos coinciden en que:  Una vez solicitada la suspensión, ésta se podrá conceder si no se sigue perjuicio al interés social, ni se contraviene disposiciones de orden público;  Que a efecto de que sea concedida la medida solicitada, se debe tratar de actos que produzcan al solicitante con su ejecución daños o perjuicios que sean de difícil reparación;  Que a fin de que surta efectos la suspensión concedida, se debe garantizar el interés fiscal. De conformidad con los anteriores textos legales se llega a la convicción de que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales a efecto de que se conceda la suspensión del acto reclamado. Ahora bien, el requisito marcado con el inciso f), también se cumple, pues de la lectura de la demanda se advierte que es un acto en el que se aplican diversas disposiciones normativas relativas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -como se aprecia de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por el quejoso-, los cuales constituyen su justificación normativa. Por lo que hace al inciso g), se estima que se encuentra actualizado toda vez que la parte quejosa no solo aduce violaciones directas a la constitución en sus conceptos de violación, sino además, diversos temas de legalidad, como lo es la violación a los artículos 131 y 133 de la referida ley. En esas condiciones, contra el acto reclamado la parte quejosa debió agotar el juicio de nulidad, como lo prevé la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Además que el acto que por esta vía se reclama no le importa a la parte quejosa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, así como ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. En tal virtud, la parte quejosa no agotó el principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Son aplicables los siguientes criterios: La jurisprudencia 2a./J. 111/2005 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 326, tomo XXII, septiembre de 2005, Novena época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva". La jurisprudencia con registro 2004553, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de contenido siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." La tesis con registro 2007318, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL AMPARO, AL NO EXIGIR LA LEY QUE LO RIGE MAYORES REQUISITOS QUE LA DE ESTA ÚLTIMA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 128 y 139 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, se advierte que ambas legislaciones establecen requisitos similares para conceder la suspensión de la ejecución de los actos impugnados; habida cuenta que, tanto en el juicio de nulidad como en el de amparo, la solicitud debe presentarse por el promovente en cualquier etapa del juicio y ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, en ambos casos, el plazo para resolver sobre tal medida es de un día hábil -veinticuatro horas-. Por tanto, al no exigir el ordenamiento inicialmente citado mayores requisitos para conceder la suspensión que la Ley de Amparo, debe agotarse el juicio contencioso administrativo federal previo a promover el amparo." La jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal de Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, tomo XV, mayo de 2002, Novena época, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". ? Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No escapa a la consideración de este juzgador que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". ? Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito inicial de demanda y autorizada para tal efecto a la persona que indica, mientras que Ignacio Mendicuti Tuz gozará de todas las facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se obtiene de la certificación secretarial que antecede. ? Habilitación de horas inhábiles, anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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