Marcos Joel Vera Terrazas

Expediente 649/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
649/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
27/06/2019

Partes del expediente

  • Marcos Joel Vera Terrazas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio que remite el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán; atento a su contenido, téngasele haciendo las manifestaciones a que alude, las cuales serán tomadas en consideración una vez que este órgano jurisdiccional se pronuncie respecto del cumplimiento dado al fallo protector. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MARCOS JOEL VERA TERRZAS. Cumplimiento a la prevención. Agréguese a los autos el escrito de Marcos Joel Vera Terrazas, mediante el cual da cumplimiento a la prevención impuesta en proveído de seis de junio del año en curso (fojas 6 a 9), manifestando lo siguiente: 1. Que la promoción que presentó el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, fue acordada el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, y se le informó que se estuviera a lo acordado en la audiencia de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve en donde se le impuso la multa consistente en veinte unidades de actualización, dentro del cuaderno de antecedentes 52/2019. 2. No interpuso recurso alguno respecto de la citada multa impuesta. ? Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K , de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". ? Antecedentes del acto reclamado. Ahora, para mejor comprensión de lo que se combate en esta instancia constitucional, conviene hacer una relación de antecedentes, misma que se aprecia de la demanda de amparo. En atención a esto, se puede resumir de la manera siguiente: PRIMERO. El seis de diciembre de dos mil dieciocho, la parte quejosa presentó un escrito ante el Juez de Control de la Región Zitácuaro solicitando una audiencia de tutela jurisdiccional de derechos en favor de la víctima de nombre Jaime Contreras Martínez, de quien es asesor jurídico dentro de la carpeta de investigación 12828/UATP/ZIT/2016 con número único de caso 1006201638097, audiencia que fue señalada para el día veintidós de enero dos mil diecinueve, misma que no se llevó a cabo, registrándose bajo el cuaderno de antecedentes número 52/2018. SEGUNDO. El catorce de febrero de dos mil diecinueve, el quejoso solicitó a través de un escrito que se señalara nueva fecha para que tuviera verificativo la audiencia de tutela jurisdiccional de derechos, señalándose para su desahogo en auto de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve a las trece horas del día veintitrés de abril de dos mil diecinueve. TERCERO. El día quince de marzo de dos mil diecinueve se celebró la audiencia de tutela de derechos, donde se levantó el acta de audiencia asentando la incomparecencia del quejoso, la cual manifiesta no le fue notificada. CUARTO. De lo acontecido en la audiencia de quince de marzo de dos mil diecinueve, el quejoso volvió a presentar escrito el día veintiuno de marzo de dos mil diecinueve solicitando se llevara a cabo la audiencia de tutela jurisdiccional de derechos, misma que tuvo verificativo a las trece horas del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve siendo, a la cual no compareció, por lo que en dicha audiencia se le hizo efectivo el apercibimiento realizado en auto de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, imponiéndosele una multa por la suma de veinte unidades de medida y actualización. QUINTO: Posteriormente, el quejoso presentó una promoción el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve donde justificaba el motivo de su incomparecencia a la citada audiencia en párrafos precedentes, así como manifestando la inconformidad con la multa impuesta. SEXTO: El veintitrés de mayo de dos mil diecinueve se le dio contestación al escrito presentado por el quejoso el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, donde se le informó que se estuviera a lo acordado en la audiencia de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve donde se le impuso la multa consistente en veinte unidades de medida y actualización dentro del cuaderno de antecedentes número 52/2018. SÉPTIMO: El quejoso manifestó en su escrito de cuenta que no promovió recurso contra la imposición de multa. ? Fijación del acto reclamado. Con esta narración de antecedentes, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta oportuno fijar los actos reclamados en esta instancia constitucional, los cuales son los siguientes: ? La multa consistente en veinte unidades de actualización, impuesta en la audiencia de tutela jurisdiccional de derechos de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, registrada bajo el cuaderno de antecedentes número 52/2018 y reiterado en acuerdo de veintitrés siguiente. En el caso, respecto los actos reclamados antes citados se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Conforme al precepto transcrito el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Cabe ponderar que dicha disposición legal consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual es obligación del gobernado interponer en contra de las resoluciones judiciales que estima lesivas de sus derechos, los recursos establecidos en las leyes ordinarias, antes de acudir a un medio de defensa extraordinario como es el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número I.6o.C. J/37 cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En efecto, por lo que corresponde al acto que se reclama en el presente juicio relativo a la determinación de multa consistente en veinte unidades de actualización, impuesta en la audiencia de tutela jurisdiccional de derechos el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dentro del cuaderno de antecedentes 52/2018, y reiterado en proveído de veintitrés siguiente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo -como ya se dijo- establece que el juicio de amparo es improcedente, contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. Tenemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su Título XII, diversos recursos, siendo la revocación y apelación. Así, tenemos que el artículo 465 del citado ordenamiento dispone: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda". (Lo resaltado es de este juzgado) Numeral 465 en cita, del que se obtiene que contra las determinaciones del Juez de Control, procede el recurso de revocación. Ello es así, ya que el acto que, bajo protesta de decir verdad, reclama la parte quejosa, consiste en la multa consistente en veinte unidades de actualización, impuesta en la audiencia de tutela jurisdiccional de derechos el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dentro del cuaderno de antecedentes 52/2018 proveído que lo reitera de veintitrés siguiente; actos que son impugnables mediante el recurso de revocación, al tenor de lo establecido por el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que constituye un recurso formal y material cuyo efecto inmediato es que el órgano jurisdiccional que dictó las determinaciones impugnadas, las examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. En esa tesitura, si los actos reclamados antes descritos tenían reparación mediante el recurso de revocación y éste no se agotó antes de acudir al juicio de amparo debe estimarse que la parte promovente del amparo incumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de intentar los medios de defensa que la ley le permite para combatir las resoluciones que le causan perjuicio. Así las cosas, antes de acudir al amparo la parte quejosa tenía que agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional Procedimientos Penales, conforme el cual puede lograr que se modifique, revoque o anule el auto reclamado. Es decir, si el auto emitido por la autoridad responsable es legalmente revocable, pero la parte promovente no agotó el medio de defensa previsto en la ley, esa circunstancia, por sí misma, evidencia la violación a uno de los principios rectores del juicio de amparo: la definitividad, por lo que procede desechar la demanda de amparo que se provee. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 678, Tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como la jurisprudencia número I.6o.C. J/37 cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Además, no es óbice a lo anterior que el acto que reclama la parte quejosa se considera de imposible reparación. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así, el acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, materia común de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". En suma, al existir medio de defensa ordinario que debía interponerse en forma previa a acudir al juicio de amparo respecto del acto reclamado, es que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 61, fracción XVIII, en relación con el diverso numeral 113, todos de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Marcos Joel Vera Terrazas, por actualizarse, de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia examinada. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de título: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1º constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.) , sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de rubro: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    Autoridad solicita constancias Agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita que le sea remitida copia certificada de la demanda y el recibo de pago de la infracción 6014, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y devolver la cantidad erogada por la parte quejosa. Se remiten constancias y se requiere cumplimiento A fin de evitar mayores dilaciones en el presente asunto, remítanse las constancias solicitadas a la autoridad oficiante a efecto de que acate la ejecutoria de amparo, lo cual, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá realizar dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba la notificación respectiva; en el entendido que de no cumplir se harán efectivos los apercibimientos decretados en el proveído de tres de junio pasado. Domicilio y delegados Téngase a la autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley en la materia, y designando delegados, conforme al numeral 9 del último ordenamiento legal citado. Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano