Marco Tulio Pérez Castañeda
Expediente 88/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 88/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/04/2017
Partes del expediente
- Marco Tulio Pérez Castañeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo y protección de la justicia de la unión dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse dentro de la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por otra parte, ya que no es necesaria la retención de los anexos provenientes de la autoridad responsable, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que será suficiente el sello de la autoridad mencionada, el cual hará las veces de acuse.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 88/2017, promovido por Marco Tulio Pérez Castañeda, por conducto del Defensor Público contra un acto reclamado del Juez Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O : Por escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la misma fecha de su presentación se registró el presente asunto bajo el orden 88/2017 y se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la responsable su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; así como a la representación social adscrita al juzgado responsable; finalmente, se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que el acto reclamado del Juez Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, es la resolución de diez de enero del presente año, dictada en la causa penal ********************, al resolver el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra diversa de seis de septiembre de dos mil dieciséis, en el que desechó de plano el incidente de aplicación de la ley más favorable promovido por el quejoso. TERCERO. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se acredita con la copia certificada de las constancias enviadas en apoyo a dicho informe, entre las que se encuentra la resolución reclamada, documental que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni este juzgado advierte de oficio que se actualice alguna, procede analizar los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Materia Común, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Los conceptos de violación formulados por el quejoso son infundados. Previo a exponer las razones que sustentan tal aserto, se estima conveniente hacer una breve reseña de los antecedentes del asunto, consistentes en que: I. Al quejoso se le instruyó la causa 38/2006, por el delito Contra la Salud en las modalidad de venta del narcótico denominado Cannabis sativa L. comúnmente conocida como marihuana y posesión con fines de comercio de los narcóticos denominados Cannabis sativa L., Clorhidrato de cocaína y Flunitrazepam, en la que el veintidós de septiembre de dos mil seis, se le impusieron once años diez meses quince días de prisión y ciento cincuenta días multa, pena que fue confirmada por el Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito el quince de febrero de dos mil siete, al resolver el recurso de apelación correspondiente, por lo que a partir del dieciséis siguiente el juez de los autos dejó al quejoso a disposición de la autoridad ejecutora. II. El diecisiete de febrero de dos mil quince, el juez de la causa admitió a trámite el incidente no especificado de libertad preparatoria promovido por el quejoso en el que solicitó lo siguiente: "1. Cómputo y descuento del tiempo de prisión preventiva, el tiempo compurgado y el tiempo que he laborado en los más de ocho años que llevo en prisión. 2. Retroactividad de la ley para la aplicación de la ley más favorable; y 3. Libertad preparatoria o absoluta por haberse acompletado [sic] la sentencia, con la realización y descuento de los cómputos de los lapsos de prisión preventiva, de trabajo y el tiempo compurgado." Incidencia que fue resuelta el cinco de junio de dos mil quince, en el que, entre otras cosas, se declaró procedente pero infundado el incidente de libertad preparatoria promovido por el quejoso, bajo el argumento toral de que el delito por el que fue sentenciado no admite el otorgamiento de ese beneficio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 85, en relación con el diverso 194, ambos del Código Penal Federal. III. Mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil dieciséis, el quejoso solicitó ahora el beneficio de libertad anticipada establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, mismo que fue desechado de plano por el juez de los autos en la misma fecha, contra lo que promovió recurso de revocación resuelto el diez de enero de la presente anualidad negando la revocación del auto impugnado. Siendo esta última resolución la que constituye el acto que por esta vía se reclama. El juez responsable sustentó su resolución en las consideraciones siguientes: A. Toda vez que el proceso instaurado contra el quejoso inició y concluyó antes de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, atendiendo a los principios de supremacía constitucional y de seguridad jurídica conforme lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de dieciocho de junio de dos mil ocho, deben continuar rigiendo el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, pues dicho precepto de transición dispone que las normas futuras no modificarán situaciones jurídicas surgidas bajo el amparo de una norma vigente en un momento determinado. B. Por otra parte, la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, no tiene aplicación para los procedimientos iniciados de conformidad con las legislaciones aplicables antes de la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, pues el artículo tercero transitorio dispone expresamente que ese ordenamiento legal sólo recoge el sistema procesal penal acusatorio. Asimismo, el artículo tercero transitorio de dicho decreto establece que los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del citado ordenamiento continuarán con su substanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, agregando que debe interpretarse que se refiere a los procesos penales acusatorios iniciados antes de la publicación de la ley. Así, concluyó que no es procedente aplicar retroactivamente en beneficio del sentenciado la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues ese ordenamiento y el texto constitucional prevén que no se aplicarán en manera alguna a los procedimientos penales del sistema inquisitivo o tradicional, pues dijo, se trata de una excepción al principio de retroactividad en beneficio del reo. El quejoso expresó, en síntesis, los conceptos de violación atinentes a: 1. La falta de fundamentación y motivación del acto reclamado. 2. La resolución reclamada viola el principio pro persona contenido en el artículo 1 constitucional, pues el juez responsable interpreta de manera restrictiva el artículo cuarto transitorio del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de dieciocho de junio de dos mil ocho. 3. Indebidamente el juez responsable dejó de aplicar el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales en favor del quejoso, pues el artículo 14 constitucional ordena la aplicación retroactiva de la ley cuando favorece al reo. 4. El juez responsable no tomó en cuenta que el quejoso está capacitado para reinsertarse a la sociedad. De la lectura del acto reclamado, este juzgado advierte que se encuentra adecuada y suficientemente fundado y motivado, porque la autoridad judicial responsable apoyó su decisión en los artículos constitucionales y sustantivos que estimó aplicables; además, expuso las razones particulares que tuvo para arribar a la conclusión a la cual llegó, relativa a porqué no es aplicable la Ley Nacional de Ejecución a la situación jurídica que guarda el quejoso en relación con la pena impuesta en la causa 38/2006, en la que, como se ha visto, el veintidós de septiembre de dos mil seis, se le impusieron once años diez meses quince días de prisión y ciento cincuenta días multa, por lo que es infundado el concepto de violación en el que se sostiene lo contrario. Por otra parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un cuerpo normativo coherente y homogéneo, razón por la cual, no existe contradicción entre los preceptos que la conforman, lo que incluye a los transitorios, porque estos complementan la aplicación y vigencia de toda esa Ley Suprema; esto es, determinan excepciones o restricciones tanto en la aplicación de sus disposiciones, como en la de las que derivan de ella, como bien lo determinó el juez responsable, esa previsión transitoria aplica para los casos en que no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y las leyes que deriven de esa reforma constitucional, que dispone que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio, concluirán su trámite conforme a las disposiciones vigentes en el momento en que fueron iniciados. Luego, como lo determinó el juez de los autos, al procedimiento de ejecución de la pena de prisión impuesta al quejoso en la causa 38/2006, el diecisiete de febrero de dos mil siete, le son aplicables las disposiciones vigentes al momento en que fue iniciado. Sin que ello implique una interpretación restrictiva por parte del juzgador como argumenta el quejoso, pues a esa conclusión se llega de la simple interpretación gramatical de la que se entiende que cuando un procedimiento penal se inició con el sistema tradicional, no obstante que haya entrado en vigor el nuevo sistema penal acusatorio, ese caso debe analizarse conforme a la normativa que le dio origen, sin mezclarse ambos sistemas. Ahora, el principio pro persona implica que en relación con las restricciones de los derechos humanos, entre varias opciones de interpretación debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido, de manera que ante diferentes interpretaciones de un dispositivo legal, debe optarse por aquella que conduzca a una mejor y más amplia protección de los derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio. Bajo este contexto, al no existir más interpretación que la adoptada por el juez responsable, resulta infundado que al artículo cuarto transitorio de que se trata pueda dársele una interpretación extensiva de ese principio, pues su contenido no conlleva oposición alguna en materia de derechos fundamentales, de modo que el juzgador pudiera interpretar cuál es la que resulta de mayor beneficio para el quejoso, por lo que al no actualizarse una diversidad de interpretaciones sobre dicha materia, el citado principio no es el idóneo para resolver el caso concreto, de ahí lo infundado del concepto de violación respectivo. Además, del principio pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean alegadas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de estas, porque al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 906, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." En lo que respecta a la aplicación retroactiva de lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución, como correctamente lo determinó el juez natural, esa pretensión es infundada, pues el artículo tercero transitorio de ese ordenamiento dispone: "Tercero. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, quedarán abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas. Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente ordenamiento, continuarán con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, debiendo aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la presente Ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. Constitucional. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan todas las disposiciones normativas que contravengan la misma." De lo transcrito se advierte que los procedimientos en trámite a la entrada en vigor de esa ley continuarán su sustanciación de conformidad con la ley aplicable al inicio de los mismos, de modo que, se reitera, si el procedimiento de ejecución de la pena de prisión impuesta al quejoso en la causa 38/2006, inició el diecisiete de febrero de dos mil siete, es evidente que le son aplicables las disposiciones vigentes en esa fecha, en estricto acatamiento a lo que establece el artículo Tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de manera precisa los artículos 85 y 194, del Código Penal Federal. En efecto, resultan inaplicables a la situación jurídica del quejoso los preceptos de la Ley Nacional de Ejecución, pues el procedimiento de ejecución respectivo se inició el diecisiete de febrero de dos mil siete, esto es, con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de dieciocho de junio de dos mil ocho, que establece las bases del nuevo sistema de justicia penal y de la expedición de la Ley Nacional de Ejecución, que data del dieciséis de junio de dos mil dieciséis. En mérito de ello, se concluye, en primer lugar, que la intención del legislador fue la de dar armonía y consistencia al deber constitucional reservado de proporcionar el marco legal indispensable para que opere el Nuevo Sistema de Justicia Penal, instaurado desde dos mil ocho, con plazo máximo de consolidación de ocho años, pues así se ve de la interrelación de los preceptos transitorios analizados, de lo que se aprecia esa finalidad; en segundo lugar, de la literalidad del segundo párrafo del artículo segundo transitorio de la Ley Nacional de Ejecución, se establece que rige, en aras de los principios de certeza y seguridad jurídicas y del debido proceso, tutelados por los artículos 14 y 17 constitucionales, además para los procedimientos orales iniciados antes de la vigencia de esa ley y de las reformas constitucionales de junio de dos mil ocho, en las entidades federativas, pero no puede interpretarse en el sentido que ambos sistemas puedan mezclarse en forma alguna. Por último, el juez responsable no tenía obligación de pronunciarse sobre la capacidad del quejoso de reinsertarse a la sociedad, pues no era el tema del recurso de revocación del que derivó la resolución reclamada, por lo que es igualmente infundado el concepto de violación relativo. En las relatadas consideraciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar a Marco Tulio Pérez Castañeda, el amparo y protección de la Justicia federal, contra el acto reclamado del Juez Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, consistente en la resolución de diez de enero del presente año, dictada en la causa penal ********************, al resolver el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra diversa de seis de septiembre de dos mil dieciséis, en el que desechó de plano el incidente de aplicación de la ley más favorable promovido por el quejoso. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Marco Tulio Pérez Castañeda, contra el acto reclamado del Juez Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, consistente en la resolución de diez de enero del presente año, dictada en la causa penal...., al resolver el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra diversa de seis de septiembre de dos mil dieciséis, en el que desechó de plano el incidente de aplicación de la ley más favorable promovido por el quejoso.
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