Marcos Francisco Davila Ramirez
Expediente 636/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 636/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/09/2018
Partes del expediente
- Marcos Francisco Davila Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción III, último párrafo del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; toda vez que se decretó la suspensión de plano en este asunto, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 636/2018, promovido por Marcos Francisco Davila Ramirez, contra un acto de la directora de la Penitenciaría de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el diecinueve de julio del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. En la misma fecha, en principio, se desechó la demanda parcialmente respecto de las autoridades señaladas como responsables diversas a aquélla; luego, se decretó la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados; se requirió el informe en cumplimiento a dicha medida; se admitió la demanda en la parte específica; se solicitó a la responsable su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional. IV. Mediante proveído de veinticuatro de julio siguiente se requirió al justiciable para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda por lo que hace al oficio SG/SSP/3779/2018 de diecinueve de dicho mes, a través del cual el subsecretario de Sistema Penitenciario de esta ciudad, había autorizado su traslado a diverso centro de reclusión; sin embargo, al no formular manifestación alguna, se hizo efectivo el apercibimiento con que se le conminó, por lo que se tuvo por precluido su derecho para tal efecto, precisándose que el presente asunto se resolvería respecto de los actos atribuidos a la autoridad responsable por la que se admitió la demanda. V. Una vez llegada la fecha de la audiencia constitucional, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el orden 169 aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las constancias del expediente, se aprecia y se precisa que el acto reclamado de la directora de la Penitenciaría de la Ciudad de México, es la solicitud de traslado del quejoso de dicho centro penitenciario al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad. TERCERO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó dicha autoridad al rendir su informe de ley, lo que se corrobora con la documental de apoyo, que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante, no se realizará pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, en relación con el artículo 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. .". De la interpretación de dichos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), publicada en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, del rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto que nos ocupa, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple", sino que es necesario que ese interés tenga sustento en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, del rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO". Bajo esas consideraciones, la solicitud de traslado del quejoso de la Penitenciaría al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ambos de esta ciudad, no le causa perjuicio, pues no constituye un acto definitivo que produzca una afectación personal y directa en su esfera de derechos, por lo que no se satisface ese requisito indispensable para instar la acción constitucional. Siendo que en su caso, la que hubiese provocado agravio en su esfera jurídica es la determinación en que el subsecretario de Sistema Penitenciario de esta ciudad autorizó dicho traslado; sin embargo, no fue impugnada por esta vía, no obstante la vista concedida al quejoso para que ampliara la demanda. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XII, 5°, fracción I, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 63, fracción V, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en el considerando tercero de este fallo, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Marcos Francisco Davila Ramirez, contra la solicitud de traslado de la Penitenciaría al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ambos de esta ciudad, atribuida a la directora de aquel centro penitenciario.
- Principal
Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido al quejoso por auto de veinticuatro de julio pasado, a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto del oficio SG/SSP/3779/2018 de diecinueve de dicho mes, a través del cual el subsecretario de Sistema Penitenciario de esta ciudad, autorizó su traslado a diverso centro de reclusión, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, por lo que se tiene por precluido su derecho para tal efecto, y se establece que este asunto se resolverá únicamente por cuanto hace a los actos por los que se admitió la demanda de amparo.
- Principal
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