Marco Jeovani Chávez Flores

Expediente 534/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
534/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Marco Jeovani Chávez Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se notifica al defensor público del quejoso el proveído de diecisiete del presente mes, por medio de lista, que en lo conducente dice: "...Ciudad de México, a diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se concedió el amparo, se hace constar que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente...".

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, procedente de la Defensoría Pública de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual, en atención a lo solicitado el trece de noviembre pasado, se designó a la defensora pública Paula Abigail Duran Camargo para continuar con la asesoría jurídica del quejoso en la sustanciación del presente juicio. Derivado de lo anterior, notifíquesele personalmente el proveído de once de noviembre pasado, así como las subsecuentes determinaciones que deban realizarse de esa manera.

  3. Principal

    Cúmplase.

  4. Principal

    Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, de rubro "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Así, por sentencia de treinta de septiembre del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa, contra la resolución emitida en la décima tercera sesión ordinaria de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, en que en la parte específica, se ordenó la reclasificación del quejoso al Módulo de Máxima Seguridad, que se atribuye al Comité Técnico del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad; tal concesión fue para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que causara ejecutoria dicha sentencia, realizara lo siguiente: a) Dejara insubsistente la resolución reclamada, únicamente en la parte específica en que ordenó la reclasificación del quejoso al Módulo de Máxima Seguridad; y b) Dictara otra determinación en que debía subsanar la falta de fundamentación y motivación destacada en dicha resolución, con base en las consideraciones ahí apuntadas. Determinación que causó ejecutoria el dieciocho de octubre pasado, requiriéndose en esa fecha al comité responsable su cumplimiento, por lo que mediante oficio presentado en este órgano jurisdiccional el veinticinco siguiente refirió dar cumplimiento al fallo protector y para tal efecto remitió copia certificada de la resolución emitida el veintitrés anterior, de la que se advierte que en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se ha restituido al demandante de amparo en el pleno goce del derecho que se consideró transgredido en su perjuicio, pues dicho comité dejó insubsistente la reclasificación del quejoso al módulo de máxima seguridad y determinó que debe permanecer en el lugar que se le había designado con antelación, esto es, en el dormitorio 1, zona 4, estancia 7; por tanto, este órgano de control constitucional tiene cumplida la ejecutoria que se analiza. No obsta lo anterior que del escrito de demanda y de las constancias remitidas por dicho comité al rendir su informe de ley, se advierta que el quejoso se encontraba en un dormitorio diverso al que se determinó debe permanecer, pues los efectos de la concesión fueron para que se expusieran de manera fundada y motivada los motivos por los que ordenó su reclasificación al módulo de máxima seguridad, por lo que si dejó sin efectos tal reclasificación, es inconcuso que cumplió con la ejecutoria de amparo. Finalmente, resérvese el envío del expediente al archivo de este juzgado, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del numeral 202, de la ley de la materia, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho precepto.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

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