Marco Antonio Vera Urtado

Expediente 165/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
165/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
13/05/2021

Partes del expediente

  • Marco Antonio Vera Urtado
  • Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevensión y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a trece de mayo de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, provenientes del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 21/2021, derivado de este controvertido y al efecto remite constancias del diverso 33/2021-V-B (orden 33), del registro del órgano jurisdiccional oficiante; por ende, dese de baja en el libro de gobierno respectivo. Sin que en el caso se realice pronunciamiento al respecto, dado que el expediente en que se actúa se encuentra concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, del que se advierte que dicha autoridad aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 165/2021 del registro de este órgano de control constitucional. Infórmese lo anterior a las partes y realícense las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, al tratarse de un cuaderno de antecedentes y no existir documentos originales, de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, del acuerdo en cita, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Marco Antonio Vera Hurtado, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 165/2021. Ahora, de la demanda se advierte que el acto reclamado consiste en la orden de traslado del quejoso del Centro de Reinserción Social de Tulancingo de Bravo, del Estado de Hidalgo, a diversos centros. Bajo ese contexto, se considera que este órgano de control constitucional carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo. En efecto, la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista por el precepto 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el diverso 37, párrafo primero, de la ley de la materia. Así el numeral 107, fracción VII, constitucional, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse...". El precepto legal transcrito, es preciso al indicar que el juicio de amparo se promoverá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier órgano de control constitucional, para efectos de tramitar el juicio y dictar la sentencia correspondiente. Por su parte, el citado numeral 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los juzgados de Distrito, en lo conducente, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del análisis del párrafo primero de dicho precepto, se obtiene que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, la circunstancia que es de tomar en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito, consiste en que este último ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto sea de los que requieren ejecución. En ese contexto, como se ha puntualizado, tratándose de actos reclamados que requieran ejecución material, como en el caso se actualiza, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Por tanto, partiendo de la base que el acto reclamado consiste en la orden de traslado del quejoso del Centro de Reinserción Social, de Tulancingo de Bravo, del Estado de Hidalgo, a diversos centros, es inconcuso que este juzgado carece de competencia legal para tramitar y resolver este asunto, en virtud que dicho traslado no se va ejecutar en esta ciudad; por tanto, si el quejoso está interno en el citado reclusorio, se estima que la competencia legal se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, en turno, aunado a que ello posibilitaría, de manera más eficaz, el acceso a una justicia pronta y expedita, dada la cercanía, en cuanto a la distancia con la autoridad de amparo que se estima competente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299 del Semanario y Época en mención, Tomo XIV, agosto de 2001, del rubro siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO". Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, 48 de la Ley de Amparo, y punto cuarto, fracción XXIX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, para que en su oportunidad sean enviadas al juzgado que por razón de turno corresponda, solicitando a este último el acuse de recibo relativo, asimismo, informe vía correo electrónico, la resolución que pronuncie al respecto. Ahora, toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Tulancingo de Bravo, del Estado de Hidalgo, con fundamento en los numerales 27, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en relación con el punto cuarto, fracción XXIX, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el numeral 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, en turno, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, sirva comisionar al actuario de su adscripción para que se constituya en el Centro de Reinserción Social de Tulancingo de Bravo, en el Estado de Hidalgo, y notifique este proveído a Marco Antonio Vera Hurtado. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia encomendada. Notifíquese vía exhorto al quejoso

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