Marco Antonio Tovar Ruiz
Expediente 140/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 140/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 20/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marco Antonio Tovar Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Archivo. Vista la certificación de cuanta de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintidós de junio de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo a la parte quejosa, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley, se declara que dicha determinación ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En acatamiento a los artículos 18, fracción I, inciso a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de depuración, ya que se negó la protección constitucional solicitada, es susceptible de depuración, por lo que una vez que trascurran los tres años a que se refiere dicho numeral, este órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, al haberse concedió la suspensión provisional y definitiva; por ende, glósese al presente el original de dicha cuerda incidental. Finalmente, una vez que transcurran seis meses, de conformidad con el artículo 20 fracción II, inciso a), del referido acuerdo, destrúyase el duplicado del incidente.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 140/2021-I-B; y, RESULTANDO ÚNICO. Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, turnado el mismo día a este juzgado federal; Marco Antonio Tovar Ruiz por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez admitida la demanda y luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. Finalmente, se dio aviso a las partes sobre la readscripción de quien esto resuelve; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103 y 107, fracciones I, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en razón de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que radica dentro de la jurisdicción correspondiente a esta potestad federal SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. En esa virtud, la parte quejosa reclama: La orden de comparecencia dictada por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, decretada en su contra en la causa penal 1177/2020, así como su ejecución. No pasa inadvertido que, en el auto admisorio del presente juicio, se haya precisado como acto reclamado "la orden de aprehensión, arresto, localización, presentación, citación y entrevista decretada en su contra, así como su ejecución"; empero, ello fue así debido que hasta en ese momento este juzgado sólo contaba con la información contenida en la demanda de amparo que instó el quejoso para iniciar con el trámite del sumario constitucional que nos ocupa. No obstante, fue hasta cuando se recibieron los informes justificados de las autoridades responsables ?sobre todo el del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia? que se tuvo el conocimiento que, la "orden de aprehensión, citación , arresto, entrevista, citación" que reclamaba el quejoso era la de comparecencia decretada en la causa penal 1177/2020, por el Juez responsable, razón por la cual, como se anunció con anticipación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es obligación de los tribunales fijar de manera clara y precisa el acto materia de la litis constitucional, motivo por el cual se determinó fijarlo en los términos apuntados en líneas precedentes. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir informe justificado las autoridades que a continuación se detallan lo hicieron de la siguiente forma N Autoridad Sentido Acto reclamado 1 Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia. Cierto La orden de aprehensión, comparecencia, arresto, localización, presentación, citación (citatorio) y entrevista, así como la ejecución de dichas órdenes 2 Director de Carpetas de Investigación por conducto de la Agente del Ministerio Público, adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación. Niega 3 Encargado de la Unidad de Aprehensiones Cierto 4 Director de la Policía de Investigación, Región Morelia Cierto 5 Fiscal Regional de Morelia. Cierto 6 Fiscal General del Estado de Michoacán. Cierto Por tal motivo, es cierto el acto reclamado atribuido a las autoridades responsables 1, 3, 4, 5 y 6 por así haberlo manifestado en su informe de ley Además de así advertirse en los archivos que anexó el Juez responsable a su informe de ley consistente en copia certificada en disco versátil digital que contiene el expediente virtual de la causa de control 1177/2020, en formato DVD, el cual tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 197 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°; así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga De igual modo es existente el acto atribuido a la autoridad responsable identificada en el numeral 2, a pesar que al rendir su informe justificado negó la existencia del mismo, esto es así, pues si bien negó lisa y llanamente la totalidad de los actos reclamados; lo cierto es que del contenido del informe justificado rendido por la autoridad ordenadora -Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia- así como de las probanzas que adjuntó se desprende la existencia de la orden de "privación de libertad del quejoso", mismo que se hizo consistir en la orden de comparecencia decretada en su contra; por tanto, se desvirtúa la negativa de aquélla Al respecto, resulta orientador el criterio establecido en la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "AMPARO DIRECTO. LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO A LA EJECUTORA, DEPENDE DE QUE LA ORDENADORA LA ADMITA Y DE SU LEGAL INTERVENCIÓN EN LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO DE AQUÉLLA O DE LA NEGATIVA DE SU EXISTENCIA, PUES NO RESULTA APLICABLE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. En la sustanciación del juicio de amparo directo, para determinar la certeza del acto reclamado a la autoridad ejecutora, es suficiente que la autoridad señalada como ordenadora admita la existencia de la sentencia, laudo o resolución que ponga fin a un juicio cuya ejecución se reclama, a pesar de que la referida autoridad ejecutora hubiera omitido rendir su informe, o rindiéndolo, hubiera negado su existencia, siempre y cuando esté entre sus facultades el cumplimiento de la misma. Lo anterior debido a que en los juicios de amparo directo sólo procede impugnar sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio, así como su ejecución, en vía de consecuencia lógica jurídica y no por vicios propios, tal como lo ha resuelto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO, CUANDO SE IMPUGNAN EN VÍA DE CONSECUENCIA Y NO POR VICIOS PROPIOS.". Esto es, ante la omisión del informe justificado de la autoridad señalada por el quejoso como ejecutora, ya sea porque no fue debidamente emplazada o porque habiéndolo sido no lo rindió, no puede presumirse cierto el acto a ella atribuido, conforme lo dispone el artículo 149 de la Ley de Amparo, debido a que éste sólo rige en la sustanciación del juicio de amparo indirecto, al no poderse hacer una aplicación extensiva del mismo precepto, toda vez que la naturaleza del juicio uniinstancial es diversa a la de aquél, puesto que mientras en la vía directa los actos reclamados cuyo estudio se efectúa siempre deben ser reales y de existencia comprobada en autos, pues su análisis sólo puede hacerse mediante el examen de lo efectiva y expresamente expuesto por la responsable; y en estas condiciones, de concederse el amparo, la ordenadora siempre deberá emitir un nuevo fallo, que desde luego trasciende a las autoridades ejecutoras; en la indirecta, los actos de ejecución impugnados no siempre son reales, sino en ocasiones producto de una ficción jurídica, y en este último caso, en el supuesto de una concesión del amparo, fundada en la presunción del acto reclamado que sea inconstitucional en sí mismo, debe cumplirse con independencia de que efectivamente el acto sea existente, en razón de que para efectos única y exclusivamente del juicio de amparo sí lo es, tal como ya se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada número CXXXIV, cuyo rubro es: "SENTENCIA DE AMPARO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE REVOCAR EL ACTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL QUE SE TUVO POR CIERTO ANTE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO Y QUE EN SÍ MISMO ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS, CON INDEPENDENCIA DE QUE EFECTIVAMENTE LO HAYA EMITIDO."; lo que en la vía directa de ninguna manera podría operar, dado que la calificación de la constitucionalidad del acto reclamado, invariablemente dependerá de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el mismo. Por otro lado, y en el caso de que la responsable ejecutora al rendir su informe justificado hubiera negado la existencia del acto a ésta, también deberá tenerse por cierto, siempre que la ordenadora lo hubiera reconocido, y entre las funciones de la ejecutora esté el cumplimiento del referido acto, debido a su naturaleza vinculativa con el de la ordenadora, en donde, lo que se resuelva respecto de uno, tiene que resolverse igualmente por lo que toca al otro, esto es, lo accesorio sigue la suerte de lo principal." CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, ninguna de las partes manifestó la existencia de causas de improcedencia, ni se advierte, de oficio, la actualización de alguna de ellas; por lo que se procede al estudio de fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes. Para mejor comprensión, se exponen los antecedentes de relevancia del presente asunto, los cuales se desprenden de la causa penal 1177/2020 del índice del Juzgado de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán, a saber: Mediante escrito de veintiséis de agosto de dos mil veinte, la licenciada Adriana Maldonado Torres, Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán, solicitó al Juez de control citación a audiencia inicial para formulación de imputación a Marco Antonio Tovar Ruiz, por el hecho que la ley señala como delito de daño por hechos de tránsito vehicular previsto y sancionado por el artículo 228, fracción II y 232, fracción II Código Penal del Estado vigente en la época del hecho; En auto de la misma fecha el Juez de Control del Sistema de Justicia penal acusatorio, región Morelia, requirió a la Agente del Ministerio Público para que informara si la victima designó asesor jurídico, asimismo, para que informara si el imputado contaba con número telefónico o correo electrónico para ser notificado y en caso positivo lo integrara a la carpeta, y una vez que se tuviera esa información resolvería respecto de la solicitud de audiencia. Mediante escrito presentado el diez de septiembre de dos mil veinte, Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán, informó al Juez de Control que la víctima ya contaba con asesores jurídicos, asimismo, informó que el imputado no contaba con número telefónico ni correo electrónico para notificarlo, empero, que había solicitado a la policía de investigación para que corroborara el domicilio actual del imputado para que sea notificado. A dicho escrito recayó el auto de diez de septiembre del dos mil veinte, en el cual el juez de control, requirió a la Agente del Ministerio Público, para el efecto de que informara el domicilio correcto del imputado, así como que justificara las actos de investigación a efecto de poder citarlo. Por escrito presentado el once de septiembre de dos mil veinte, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán, informó el domicilio en el cual podía ser notificado el imputado. Así, en auto de catorce de septiembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 1177/2020 ordenó citar de manera personal a Marco Antonio Tovar Ruiz, para llevar a cabo la audiencia de imputación a las diez horas con treinta minutos del dos de febrero de dos mil veintiuno, determinación que fue notificada al quejoso, mediante instructivo, previo citatorio, el diez de noviembre de dos mil veinte; El dos de febrero de dos mil veintiuno, se inició la audiencia de formulación de la imputación, sin embargo, el imputado aquí quejoso no compareció, por lo cual el Agente del Ministerio Público solicitó que la audiencia fuera privada a efecto de solicitar medio de conducción. En la misma data, en audiencia privada el Agente del Ministerio Público solicitó al Juez de Control orden de comparecencia para el imputado Marco Antonio Tovar Ruiz, en virtud de que había sido citado en tiempo y forma, sin que haya comparecido o manifestado impedimento. El dos de febrero de dos mil veintiuno, el Juez de Control y Enjuiciamiento del sistema de justicia penal acusatorio y oral, región Morelia, dictó orden de comparecencia contra el aquí quejoso. SEXTO. Estudio del acto reclamado. La parte quejosa alude, de forma medular, que se violaron, en su perjuicio, los derechos humanos consagrados, en los preceptos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la responsable pretende privarla de su libertad sin que medie alguna orden judicial Los conceptos de violación expresados por el peticionario de amparo, aún suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, resultan infundados; esto es así, porque en el dictado de la orden de comparecencia por medio de la fuerza pública, reclamada por el quejoso, no hubo trasgresión a los derechos humanos de ésta Ahora, debe precisarse que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece Artículo 16. Nadie puede ser molestado es su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión De la transcripción anterior se desprende que una orden de aprehensión es constitucional cuando reúne los siguientes requisitos a) Que sea dictada por autoridad judicial competente b) Que le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad c) Que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el infractor lo cometió o participó en su comisión Por tanto, partiendo de la base de que la orden de aprehensión, comparecencia o presentación, son actos que de manera directa, indirecta o parcial, afectan la libertad deambulatoria de los gobernados, más cuando esa comparecencia o presentación es delegada a la policía local o federal, quienes en acato a tal determinación, restringen la libertad del gobernado, aunque sea de forma momentánea, como en el presente asunto, donde tal determinación, en la medida en que obligadamente tiene que acudir a la citada audiencia, a partir de ahí sufre una perturbación indirecta de la libertad con motivo de las consecuencias que deriven de la prosecución del procedimiento que requieren de su presencia y que si bien, no lo restringe de forma total como sería en la orden de aprehensión, se reitera, no deja de ser un acto que afecta su libertad en atención a los efectos que produce; de ahí que este juzgador determine pronunciarse tocante a la misma. En ese orden de ideas, el primero de los requisitos señalados se estima satisfecho, pues tanto del expediente virtual como de las audiencias respectivas que obran en formato "DVD" y que remitiera el juez responsable como complemento a su informe, evidencian que la orden de comparecencia reclamada fue emitida por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia El requisito precisado en el inciso b), se estima actualizado, porque de la audiencia de solicitud de orden de comparecencia, se obtiene que el acto impugnado tiene como antecedente la querella realizada ante la Agente del Ministerio Público, por Víctor Velázquez Pérez, en la que acreditó la propiedad del vehículo marca nissan tipo estaquitas, color rojo con blanco, modelo 1992, con placas de circulación MU9313C, asimismo, refirió que el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, aproximadamente a las diecinueve horas, Marco Antonio Tovar Ruiz conducía un vehículo de la marca Chevrolet, tipo pick up, color gris, modelo 2002 y que circulaba por la carretera Guadalajara- Morelia, con dirección a Morelia y poco más delante de la entrada principal a Capula, primero se salió un poco de la carretera hacía su lado derecho y repentinamente hizo un cambio de dirección hacia su lado izquierdo con la finalidad de dar vuelta en "u", cortando la circulación y provocando ser chocado en su parte anterior derecha por el vehículo de la víctima precisado líneas arriba, el cual circulaba con dirección a esta ciudad, antecediéndole en su marcha en la misma dirección y su mismo carril, causándole daños en el toldo de la cabina, parabrisas, cofre, parrilla, faro, cuarto direccional, guardafangos, bastidor, punta del chasis derecho, puerta derecha e inferior posterior derecha, radiador, bastidor del mismo, soporte del motor, suspensión delantera y tablero, los cuales de acuerdo al dictamen pericial ascienden al monto de $24,000.00 (veinticuatro mil pesos 00/100 m.n.). Se destaca que, la representación social solicitó en contra de Marco Antonio Tovar Ruiz, orden de comparecencia por el delito de daño por hechos de tránsito vehicular previsto y sancionado por el artículo 228, fracción II y 232, fracción II Código Penal del Estado vigente en la época del hecho, con auxilio de la fuerza pública como consecuencia de su inasistencia a la audiencia de formulación de imputación, no obstante de estar debidamente notificado para ello, como consta del citatorio e instructivo de notificación que obran en el expediente virtual del que emana el acto reclamado Asimismo, estableció razonadamente la existencia de un hecho delictuoso que la ley señala como delito de daño por hechos de tránsito vehicular previsto y sancionado por el artículo 228, fracción II y 232, fracción II Código Penal del Estado vigente en la época del hecho, en virtud de que con los mismo puede llegarse a la convicción que Marco Antonio Tovar Ruiz, desplegó una conducta, por sí en forma de comisión dolosa en términos de lo dispuesto por el artículo 228, fracción II en relación con el 20 fracción II del Código Penal del Estado de Michoacán vigente en el presente asunto Y, respecto el requisito especificado en el inciso c), es preciso considerar que el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia, dictó la orden de comparecencia contra el quejoso, en atención a que previo a otorgarle garantía de audiencia, y no comparecer al llamamiento de éste, determinó acordar favorable la solicitud de la representación social, en el sentido de citar al quejoso en términos del artículo 141, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivado de su inasistencia a la audiencia de formulación de imputación, además tomó como datos de prueba para tener por acreditado el hecho delictivo y ordenar la comparecencia del quejoso los siguientes: 1. La querella de treinta de octubre de dos mil dieciocho presentada por Víctor Velázquez Pérez. 2. Titulo de propiedad del vehículo marca nissan tipo estaquitas, color rojo con blanco, modelo 1992, con placas de circulación MU9313C. 3. Informe policial de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. 4.- Informe de identificación de vehículos de seis de noviembre de dos mil dieciocho. 5.-Informe pericial en materia de evaluación de cuatro de noviembre de dos mil dieciocho. 6.- Informe pericial en materia de causalidad de cinco de febrero de dos mil diecinueve. 7.- Ampliación de entrevista de Víctor Velázquez Pérez. 8.- Informe por parte de la empresa propietaria del vehículo vehículo de la marca Chevrolet, tipo pick up, color gris, modelo 2002, en el que manifestó que el empleado Marco Antonio Tovar Ruiz le dijo que había tenido un incidente de tránsito Datos de prueba que la representación social diera a conocer en audiencia de solicitud de orden de comparecencia de dos de febrero de dos mil veintiuno. Como resultado de lo anterior, el juez responsable al realizar un escrutinio, y en atención a la conducta del quejoso en no comparecer a la audiencia de formulación de imputación, además de la conducta por la que el fiscal inició la carpeta correspondiente, que lo es el delito de daño por hechos de tránsito vehicular previsto y sancionado por el artículo 228, fracción II y 232, fracción II Código Penal del Estado vigente en la época del hecho, determinó hacer comparecer a Marco Antonio Tovar Ruiz -aquí quejoso- a la diligencia de formulación de imputación, por conducto de la fuerza pública, sin restricción de su libertad Orden de comparecencia de la que se advierte cumple con los requisitos mínimos que establece el párrafo primero del artículo 16 constitucional, al estar debidamente fundado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Código Nacional de Procedimientos Penales; legislaciones aplicables al caso concreto, motivando su actuar primero, en la necesidad de llevar a cabo la diligencia de formulación de la imputación, la cual tiene como objetivo primordial dar a conocer al inculpado que se desarrolla una investigación en su contra, a efecto de que esté en condiciones de ofrecer los medios probatorios que a sus interese convenga y en segundo lugar, derivado del propio actuar del quejoso, tocante a su negativa de presentarse a la diligencia en comento Lo anterior, pues el artículo 16 constitucional, establece el derecho de legalidad de los actos de autoridad que afecten o infrinjan alguna molestia a los particulares, sin privarlos de sus derechos; asimismo impone a las autoridades que los emiten la obligación de fundar y motivar sus determinaciones, pues ésta es la única forma por la cual, el gobernado se encuentra en posibilidad de conocer las causas que originan la determinación y de poder combatirlas legalmente; entendiéndose por fundamentación que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivación los razonamientos, motivos o circunstancias especiales contenidos en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual, quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto, se ajustó exactamente a las prevenciones de determinadas disposiciones legales, debiendo evidenciarse además la adecuación entre lo manifestado y las normas aplicables Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 204, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página ciento sesenta y seis, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Séptima Época, establece FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas Consecuentemente, con base en las precedentes consideraciones, se estima que la orden de comparecencia emitida contra el quejoso Marco Antonio Tovar Ruiz, satisface la exigencia constitucional de fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 párrafos primero y tercero, de la Carta Magna, toda vez que de su análisis previamente efectuado, se desprende que el juzgado responsable externó las razones, motivos y circunstancias que tuvo para concluir en el sentido en que lo hizo, citando para ello las disposiciones legales aplicables al caso Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación, aun cuando fueron suplidos en su queja deficiente, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado y dejar subsistente el acto reclamado al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia Determinación que se hace extensiva a los actos de ejecución al no reclamarse por vicios propios Es aplicable, la tesis sostenida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 357, Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Marco Antonio Tovar Ruiz, por los actos reclamados a las autoridades precisadas en la tercera consideración, por los motivos expuestos en la diversa sexta de esta sentencia.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Marco Antonio Tovar Ruiz, por los actos reclamados a las autoridades precisadas en la tercera consideración, por los motivos expuestos en la diversa sexta de esta sentencia.
- Principal
Intégrese el comunicado signado por la Actuaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual solicita se ponga a disposición vía electrónica de ese órgano jurisdiccional el juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior, se pone a disposición del órgano jurisdiccional de la oficiante, el expediente electrónico relativo al presente asunto; por lo que se ordena hacer la vinculación correspondiente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Hágase lo anterior del conocimiento del similar juzgado de distrito; en la inteligencia que, desde este momento, queda disponible el expediente electrónico para su consulta.
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