Marco Antonio Valenzuela Saucedo
Expediente 897/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Marco Antonio Valenzuela Saucedo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja, el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento original alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese. ...
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/1140/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, el encargado del despacho de la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el veinte del mes y año aludido, acordó la adscripción del licenciado Rodolfo García Camacho, como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del año en curso. NOTIFÍQUESE. ...
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. " El dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado certifica: Que mediante oficio SEADS/1140/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el veinte del mes y año aludido, acordó la adscripción del licenciado Rodolfo García Camacho, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del año en curso. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con un escrito registrado con el folio 17324. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/1140/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el veinte del mes y año aludido, acordó la adscripción del licenciado Rodolfo García Camacho, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del año en curso. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Marco Antonio Valenzuela Saucedo, por el que da cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de diez de noviembre del año en curso, en virtud de que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que comparece al presente juicio de amparo como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Salvador Valenzuela Bañuelos, tal como lo acredita con la copia certificada de la junta de reconocimiento de herederos y nombramiento de albacea dentro del expediente 218/2012, de siete de enero de dos mil veintiuno. En tales condiciones se acuerda: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, con la finalidad de confirmar o descartar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se desprende en esencia que el acto reclamado al juez Primero de lo Civil del distrito judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, se hace consistir en: La sentencia interlocutoria emitida el catorce de octubre de dos mil veintiuno, dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario número 218/2012, en la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa contra el auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, en el que se tuvo a IRENE SAUCEDO ELIAS, en su calidad de heredera dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SALVADOR VALENZUELA BAAUELO, por formulado el inventario de los bienes que conforman los gananciales matrimoniales a efecto de ejecutar la sentencia dictada dentro del expediente marcado con el número 207/2016, relativo al Juico Civil Ordinario promovido por IRENE SAUCEDO ELIAS en contra de la sucesión (dictado dentro del cuaderno del cuadernillo de la sección segunda denominada "Inventario y Avaluó"), mediante la cual se confirmó dicho auto. Resolución que le fue notificada a la parte quejosa el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, de manera personal por conducto de su autorizado en el juicio de origen. Ahora, del capítulo de antecedentes del acto reclamado, se desprende que: 1. Ante el juez Primero de lo Civil del distrito judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, se tramita el Juicio Sucesorio Intestamentario número 218/2012. 2. La parte quejosa promovió recurso de revocación, contra el auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo a IRENE SAUCEDO ELIAS, en su calidad de heredera dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SALVADOR VALENZUELA BAAUELO, por formulado el inventario de los bienes que conforman los gananciales matrimoniales a efecto de ejecutar la sentencia dictada dentro del expediente marcado con el número 207/2016, relativo al Juico Civil Ordinario promovido por IRENE SAUCEDO ELIAS en contra de la sucesión, dictado dentro del cuaderno del cuadernillo de la sección segunda denominada "Inventario y Avaluó". 3. En resolución emitida en el Juicio de origen, se determinó que no se expresaron agravios respectivos, por lo cual la autoridad responsable no realizó un estudio de fondo respecto de la revocación del auto dictado el catorce de abril de dos mil veintiuno, por tanto, declaró improcedente dicho medio de defensa y como consecuencia de ello, se confirmó el auto recurrido. DESECHAMIENTO. En atención al acto reclamado y a los antecedentes señalados en la demanda inicial, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" La interpretación del precepto transcrito revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Previo a explicar la anterior determinación, resulta importante destacar que el quejoso reclama la sentencia interlocutoria emitida el catorce de octubre de dos mil veintiuno, dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario número 218/2012, en la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa contra el auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, en el que se tuvo a IRENE SAUCEDO ELIAS, en su calidad de heredera dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SALVADOR VALENZUELA BAAUELO, por formulado el inventario de los bienes que conforman los gananciales matrimoniales a efecto de ejecutar la sentencia dictada dentro del expediente marcado con el número 207/2016, relativo al Juico Civil Ordinario promovido por IRENE SAUCEDO ELIAS en contra de la sucesión (dictado dentro del cuaderno del cuadernillo de la sección segunda denominada "Inventario y Avaluó"), mediante la cual se confirmó dicho auto. Por su parte, debe decirse que la Ley de Amparo vigente, específicamente en su artículo 107, fracción V, establece lo que debe entenderse por un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se observa a continuación: ".El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del numeral antes invocado se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de lo que se sigue que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia ya mencionada. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquéllos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una afectación formal) un derecho sustantivo protegido (de naturaleza distinta a los derechos adjetivos) por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, los antecedentes puntualizados permiten tener la certeza de cuál es el estadio real del trámite sucesorio en el que se emitió la sentencia interlocutoria emitida el catorce de octubre de dos mil veintiuno, dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario número 218/2012, en la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa contra el auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, en el que se tuvo a IRENE SAUCEDO ELIAS, en su calidad de heredera dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SALVADOR VALENZUELA BAAUELO, por formulado el inventario de los bienes que conforman los gananciales matrimoniales a efecto de ejecutar la sentencia dictada dentro del expediente marcado con el número 207/2016, relativo al Juico Civil Ordinario promovido por IRENE SAUCEDO ELIAS en contra de la sucesión (dictado dentro del cuaderno del cuadernillo de la sección segunda denominada "Inventario y Avaluó"), mediante la cual se confirmó dicho auto, es decir, se encuentra en la etapa de inventarios. En efecto, el artículo 770 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Zacatecas, dispone lo siguiente: "Artículo 770.- En todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Cuando no haya inconveniente para ello las secciones pueden tramitarse simultáneamente. Las secciones serán las siguientes: I.- Sección Primera, denominada "De sucesión". Contendrá: la denuncia, o el testamento, las citaciones y convocatorias, reconocimiento de derechos hereditarios, nombramiento y remoción de albaceas, tutores y resoluciones sobre validez del testamento, capacidad para heredar y preferencia de derechos; II.- Sección Segunda, que se designará "De inventarios". Contendrá: los inventarios y avalúos, los incidentes que se promuevan, las resoluciones que se dicten sobre los mismos, y las liquidaciones y comprobaciones de haberse cubierto el impuesto fiscal; III.- Sección Tercera, llamada "De administración". Contendrá todo lo relativo a administración, a cuentas, su glosa y calificación; IV.- Sección Cuarta, llamada "De participación". Contendrá: El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, el de partición de los bienes, los incidentes conexos, y los convenios, resoluciones y aplicación de los bienes. Los procedimientos de las secciones segunda y cuarta son comunes para todos los juicios. Las secciones tercera y cuarta podrán omitirse cuando el heredero sea único y a la vez desempeñe el cargo de albacea. De lo anterior se sigue que en materia de procedimiento, el Código de Procedimientos Civiles del Estado, regula cuatro etapas independientes y que son: "De sucesión". Que regula la denuncia, o el testamento, las citaciones y convocatorias, reconocimiento de derechos hereditarios, nombramiento y remoción de albaceas, tutores y resoluciones sobre validez del testamento, capacidad para heredar y preferencia de derechos. "De inventarios". Que contendrá los inventarios y avalúos, los incidentes que se promuevan, las resoluciones que se dicten sobre los mismos, y las liquidaciones y comprobaciones de haberse cubierto el impuesto fiscal. "De administración". Que se refiere a todo lo relativo a administración, a cuentas, su glosa y calificación; y, "De participación". Que contendrá el proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, el de partición de los bienes, los incidentes conexos, y los convenios, resoluciones y aplicación de los bienes. Así como se ve, el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la última sección, esto es, en la de partición, la cual guarda relación con las tres primeras; la adjudicación se realiza a favor del heredero declarado y se trasmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados. Sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos, por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo en donde se pueden hacer valer las violaciones cometidas dado que las determinaciones que resuelven cada sección guardan autonomía e independencia. En tales condiciones, atendiendo a la naturaleza, contenido y momento procesal en que el juez de origen, emitió la resolución en la que determinó confirmar el auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, en el que se tuvo a IRENE SAUCEDO ELIAS, en su calidad de heredera dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SALVADOR VALENZUELA BAAUELO, por formulado el inventario de los bienes que conforman los gananciales matrimoniales a efecto de ejecutar la sentencia dictada dentro del expediente marcado con el número 207/2016, relativo al Juico Civil Ordinario promovido por IRENE SAUCEDO ELIAS en contra de la sucesión, dictado dentro del cuaderno del cuadernillo de la sección segunda denominada "Inventario y Avaluó",, esto es, sólo tiene efectos intraprocesales, pero de ningún modo, afectan derechos sustantivos, pues no limita los derechos fundamentales del individuo, considerados como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios para salvaguardar las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Ante ello, resulta evidente que tales violaciones procesales, podría quedar reparada al obtener sentencia favorable al concluir la última sección, sin haberle originado ninguna lesión en su esfera jurídica, y de no ser así, las afectaciones procesales cometidas en su perjuicio, podrían ser impugnadas a través del medio ordinario de defensa legal que se haga valer en contra del referido fallo de primer grado, sí procediere y de serle adversa la resolución respectiva, las violaciones procesales en comento, serían reparables mediante el juicio de amparo indirecto que en su contra se promueva. Por tanto, los actos reclamados en el caso no son de ejecución irreparable, puesto que no tienen la naturaleza de afectar derechos sustantivos, sino que sólo constituyen violaciones intraprocesales susceptibles de repararse en amparo indirecto al promoverse la demanda contra la resolución definitiva dictada en la última sección, por lo que debe estimarse que en la especie, se está en presencia de actos que no son de ejecución irreparable, por lo que, en este momento procesal, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Es de invocarse como apoyo de lo afirmado, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, siguiente: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." Dicho en otros términos, en el caso se reclama una resolución que no constituye la decisión final de la última sección "Etapa de participación". Que contendrá el proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, el de partición de los bienes, los incidentes conexos, y los convenios, resoluciones y aplicación de los bienes, sino una resolución intermedia, que no tienen la calidad de afectar algún derecho sustantivo de la quejosa, en función a que dentro de la sección denominada "de partición", aún no se ha dictado resolución en que se apruebe el proyecto de partición, de ahí que no sea de imposible reparación. Y aún más, en caso de que fuera adversa esa determinación también puede combatirla a través del juicio de amparo indirecto donde puede alegar todas las violaciones en el propio procedimiento, incluidos los actos de aplicación de los artículos que se tildan de inconstitucionales. En las condiciones apuntadas, atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, los actos reclamados no son de aquéllos que tengan sobre los derechos procesales de la parte quejosa, una ejecución de imposible reparación, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), ambos, de la Ley de Amparo (a contrariu sensu); de ahí que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda promovida por , por propio derecho. Notifíquese personalmente.
- Principal
CUENTA. El diez de noviembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Marco Antonio Valenzuela Saucedo, registrada con el folio 16988. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Valenzuela Saucedo, contra actos del juez Primero de lo Civil del distrito judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 897/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones II, III, y V, y el precepto 110 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. (.) Por su parte, el numeral 108, fracción I de la Ley de la materia en consulta, es del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; De los numerales transcritos se desprende, en esencia, que uno de los requisitos que debe reunir el escrito de demanda es el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; por lo tanto, el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente cuando no se hubiere acompañado el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. Bajo esa premisa, de la lectura realizada al escrito de demanda, se advierte en su proemio que comparece Marco Antonio Valenzuela Saucedo, a solicitar el amparo y protección de la justicia de la Unión, en tanto que en el apartado de actos reclamados establece como tal, la resolución de sentencia interlocutoria, emitida por el juez responsable, el catorce de octubre del presente año; y finalmente, en el apartado de antecedentes del acto, refiere que ostenta el cargo de albacea de su sucesión intestamentaria a bienes de Salvador Valenzuela Bañuelos. De ahí que existe incertidumbre si el quejoso promueve su demanda por propio derecho, y además en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Salvador Valenzuela Bañuelos a que hace referencia en su ocurso de demanda, ya que no acompañó documento que acredite dicha representación, pues las documentales que anexó a su escrito son copias simples, y por ende carentes de valor probatorio, de conformidad con el precepto 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que faculta a este tribunal para realizar el análisis de las pruebas rendidas con amplia libertad. REQUERIMIENTO. En consecuencia, con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir a la parte promovente para que dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: Manifieste si presenta la demanda de amparo por propio derecho, o bien, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Salvador Valenzuela Bañuelos, y en caso afirmativo, acredite con documento idóneo la personalidad con la que comparece, debiendo exhibir original o copia debidamente certificada del documento con el que justifique su representación legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.". Asimismo, deberá exhibir cinco copias del escrito aclaratorio, así como del documento con el que acredite su personalidad para correr traslado a cada una de las partes, a saber, una para la autoridad señalada como responsable, una más para correr traslado a la parte tercero interesada, dos para dar trámite al incidente de suspensión, y una más para darle la intervención de su competencia a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento al requerimiento identificado con el numeral 1 en los términos indicados se tendrá a la parte quejosa promoviendo por propio derecho. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Celia Pacheco Flores, Hugo Armando Alvarado Hernández y Rubén Dávila Montalvo y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma electrónicamente Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (Se anexan evidencias criptográficas).
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Marco Antonio Torres Espitia1153/2023
- Marco Antonio Torres Martines2013/2015
- Marco Antonio Torres Martínez817/2016
- Marco Antonio Torres Martínez1222/2016
- Marco Antonio Valenzuela Saucedo636/2021
- Marco Antonio Valenzuela Saucedo442/2019
- Marco Antonio Valenzuela Saucedo1031/2023
- Marco Antonio Villagrana Dávila1229/2018
- Marco Antonio Vitar González2251/2015
- Marco Christopher Alvarado Rangel664/2021
- Marco Edsel Morales Tapia690/2021
- Marco Israel Elías Guerrero403/2018