Marco Antonio Torres Martines
Expediente 2013/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 24 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2013/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 01/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Marco Antonio Torres Martines
- Orlando Moreno Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
En uno de junio de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con un escrito con registro 10562.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a uno de junio de dos mil dieciséis. Visto el escrito signado por el licenciado Javier Villalpando Padilla, en su carácter de autorizado del quejoso Marco Antonio Torres Martínez; en atención a su contenido, como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele a su costa las copias certificadas por triplicado que solicita, previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Notifíquese por lista a las partes. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, CERTIFICO: Que transcurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa en auto de tres del presente mes y año, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto del acto realizado por las autoridades responsables en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 2013/2015-3; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, ha transcurrido el término de tres días que se le concedió para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia del rubro: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con registro 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento otorgado por las autoridades responsables a la sentencia protectora de garantías. El ocho de diciembre de dos mil quince se celebró la audiencia constitucional que concluyó con el dictado de la sentencia el nueve de febrero de dos mil dieciséis, en la que se concedió al quejoso MARCO ANTONIO TORRES MARTÍNEZ el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos y para los efectos siguientes: [.] "Así las cosas, al resultar violatoria de garantías la resolución reclamada, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, procede conceder al quejoso MARCO ANTONIO TORRES MARTÍNEZ el amparo y protección de la justicia federal que impetra, para el efecto de que la juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos Zacatecas, deje insubsistente la orden de aprehensión dictada el treinta y uno de agosto de dos mil quince, en la causa penal 39/2015, ÚNICAMENTE por lo que a dicho quejoso se refiere, y con plenitud de jurisdicción emita otra resolución en cuanto al mismo, pues el amparo que se concede solo anula el acto que no fue debidamente fundado y motivado, pero no restringe el imperio de dicha autoridad judicial para emitir una nueva determinación, sin más limitación que la de satisfacer plenamente los requisitos exigidos por el numeral 16 de la Constitución General de la República. Sirve de apoyo al tema la Jurisprudencia 2a./J. 67/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos cincuenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, correspondiente al mes de Septiembre de 1998, de la Novena Época, que literalmente señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO.- Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido.". Robustece a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Página 74, del Tomo IV, Octubre de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES. Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas." La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades ejecutoras Director de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad, en virtud de que el acto combatido no se impugnó por vicios propios. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 88, visible en la página 70, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el rubro y contenido siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretenden ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución.". [f. 58-91]. Mediante auto de uno de marzo del año en curso causó ejecutoria la sentencia protectora de garantías y se requirió por su cumplimiento a las autoridades responsables Juez de Primera Instancia del Distrito judicial de Pinos, Zacatecas y Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en eta ciudad. [f. 114]. En auto de siete de marzo del presente año, se tuvo por recibido el oficio 199, signado por el Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual manifestó que se abstendría de ejecutar la orden de aprehensión girada por el Juez responsable en contra del aquí quejoso dentro de la causa penal 39/2015 (f. 117-118). Posteriormente, el ocho de marzo del presente año se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez de Primera Instancia y de lo familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, por el que remitió copia certificada de la nueva resolución dictada el cuatro de marzo del año en curso, en la que dejó sin efecto la orden de aprehensión girada el treinta y uno de agosto de dos mil quince en contra del aquí quejoso y libró diverso nombramiento de captura en contra del promovente del amparo, el cual comunicó a la Procuradora General de Justicia del Estado, mediante oficio 605 de esa propia fecha (f. 119-167). El once de abril del presente año, este Jugado Federal emitió un auto que en lo conducente consigna: "[.] Ahora bien, en cumplimiento a ese fallo protector la juez responsable remitió copias fotostáticas certificadas del auto dictado el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, dentro del proceso penal 39/2015, en el que dejó sin efecto la orden de aprehensión que constituyó el acto reclamado girada en contra del quejoso el treinta y uno de agosto de dos mil quince; así como de la nueva resolución emitida en esa propia fecha, en la que determinó librar nuevamente mandato de captura en contra del garante, como probable responsable del delito de secuestro exprés agravado, de cuyo contenido se obtiene que si bien es verdad que dicha autoridad realizó el análisis y valoración de las pruebas que obran en la citada causa penal, destacando los oficios 261/2013 y 372 signados por el Director de Seguridad Pública de Pinos, Zacatecas; así como las declaraciones de Everardo Reyes Briones, Samuel Alvarado Cervantes, Rafael Robledo Martínez y Juan José Torres Camacho; concluyendo que los medios probatorios existentes en el proceso, integraban la prueba circunstancial, por lo que, en términos de los artículos 277 y 278 del Código de Procedimientos Penales, aplicable, resultaban suficientes para tener por acreditado el cuerpo del ilícito apuntado que se atribuye al garante; así como su probable responsabilidad penal. No obstante ello, la juez responsable omitió exponer la forma en que el quejoso Marco Antonio Torres Martínez intervino en el desarrollo de los hechos delictivos que se le reprochan, así como cuál fue su participación en la comisión de ese delito; máxime si se considera que en la sentencia que concedió el amparo, se estableció que la juez natural implícitamente aludió a la prueba circunstancial o indiciaria, por lo que debió explicar cómo se integraba en el caso concreto, debiendo exponer cuáles eran los hechos probados, cuál la verdad buscada, y por qué los indicios derivados de aquellos hechos conducían a presumir (no solo a inferir) que el quejoso tuvo participación en los hechos que motivaron la causa 39/2015; asimismo, se destacó que dicha autoridad debió -entre otras cosas-, explicar qué datos objetivos obtuvo respecto de la participación que tuvo el impetrante, para concluir o presumir fundadamente que se trata de uno de los sujetos que tuvo intervención en la privación de la libertad de los ofendidos. En el contexto anotado, debe convenirse en que la juez responsable, en la nueva resolución que emitió en cuatro de marzo de dos mil dieciséis, soslayó realizar el análisis correspondiente a la probable responsabilidad penal del quejoso, en la comisión del delito de secuestro exprés que se le atribuye, en los términos que se especifican en la sentencia protectora; por tanto, no es dable tenerla por cabalmente cumplida. En consecuencia, se determina requerir a la juez Mixto del distrito judicial de Pinos, Zacatecas, para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación de este auto, otorgue absoluto cumplimiento al fallo de mérito, y remita las constancias que así lo acrediten; con el apercibimiento de que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se le impondrá una multa que en su momento se determinará; y, además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. (f. 176-178). Así, en diverso proveído de tres de mayo del presente año se tuvo por recibido el oficio 1017 con un anexo, signado por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, por el que remitió copia certificada de la nueva resolución dictada el dieciocho de abril del presente año, dentro de la causa penal 39/2015, mediante la cual negó la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, ordenándose dar vista a las partes para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que lo hayan hecho (f. 186-217) Conforme a lo expuesto, y toda vez que en la sentencia de mérito se otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que el juez responsable dejara sin efectos la orden de aprehensión dictada el treinta y uno de agosto de dos mil quince, en la causa penal 39/2015, ÚNICAMENTE por lo que al aquí quejoso se refiere, y con plenitud de jurisdicción emita otra resolución en cuanto al mismo; concesión que se hizo extensiva al Director General de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad; en ese contexto, las consideraciones antes expuestas ponen de relieve que en el presente asunto se acataron los extremos del amparo concedido en los términos que se precisan en la resolución pronunciada por el Juez responsable el dieciocho de abril del año en curso; por lo tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por haberse negado la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se declara que SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido de que sólo deberá conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la indicada medida cautelar. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, CERTIFICO: Que transcurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa en auto de tres del presente mes y año, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto del acto realizado por las autoridades responsables en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 2013/2015-3; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, ha transcurrido el término de tres días que se le concedió para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia del rubro: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con registro 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento otorgado por las autoridades responsables a la sentencia protectora de garantías. El ocho de diciembre de dos mil quince se celebró la audiencia constitucional que concluyó con el dictado de la sentencia el nueve de febrero de dos mil dieciséis, en la que se concedió al quejoso MARCO ANTONIO TORRES MARTÍNEZ el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos y para los efectos siguientes: [.] "Así las cosas, al resultar violatoria de garantías la resolución reclamada, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, procede conceder al quejoso MARCO ANTONIO TORRES MARTÍNEZ el amparo y protección de la justicia federal que impetra, para el efecto de que la juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos Zacatecas, deje insubsistente la orden de aprehensión dictada el treinta y uno de agosto de dos mil quince, en la causa penal 39/2015, ÚNICAMENTE por lo que a dicho quejoso se refiere, y con plenitud de jurisdicción emita otra resolución en cuanto al mismo, pues el amparo que se concede solo anula el acto que no fue debidamente fundado y motivado, pero no restringe el imperio de dicha autoridad judicial para emitir una nueva determinación, sin más limitación que la de satisfacer plenamente los requisitos exigidos por el numeral 16 de la Constitución General de la República. Sirve de apoyo al tema la Jurisprudencia 2a./J. 67/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos cincuenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, correspondiente al mes de Septiembre de 1998, de la Novena Época, que literalmente señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO.- Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido.". Robustece a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Página 74, del Tomo IV, Octubre de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES. Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas." La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades ejecutoras Director de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad, en virtud de que el acto combatido no se impugnó por vicios propios. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 88, visible en la página 70, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el rubro y contenido siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretenden ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución.". [f. 58-91]. Mediante auto de uno de marzo del año en curso causó ejecutoria la sentencia protectora de garantías y se requirió por su cumplimiento a las autoridades responsables Juez de Primera Instancia del Distrito judicial de Pinos, Zacatecas y Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en eta ciudad. [f. 114]. En auto de siete de marzo del presente año, se tuvo por recibido el oficio 199, signado por el Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual manifestó que se abstendría de ejecutar la orden de aprehensión girada por el Juez responsable en contra del aquí quejoso dentro de la causa penal 39/2015 (f. 117-118). Posteriormente, el ocho de marzo del presente año se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez de Primera Instancia y de lo familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, por el que remitió copia certificada de la nueva resolución dictada el cuatro de marzo del año en curso, en la que dejó sin efecto la orden de aprehensión girada el treinta y uno de agosto de dos mil quince en contra del aquí quejoso y libró diverso nombramiento de captura en contra del promovente del amparo, el cual comunicó a la Procuradora General de Justicia del Estado, mediante oficio 605 de esa propia fecha (f. 119-167). El once de abril del presente año, este Jugado Federal emitió un auto que en lo conducente consigna: "[.] Ahora bien, en cumplimiento a ese fallo protector la juez responsable remitió copias fotostáticas certificadas del auto dictado el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, dentro del proceso penal 39/2015, en el que dejó sin efecto la orden de aprehensión que constituyó el acto reclamado girada en contra del quejoso el treinta y uno de agosto de dos mil quince; así como de la nueva resolución emitida en esa propia fecha, en la que determinó librar nuevamente mandato de captura en contra del garante, como probable responsable del delito de secuestro exprés agravado, de cuyo contenido se obtiene que si bien es verdad que dicha autoridad realizó el análisis y valoración de las pruebas que obran en la citada causa penal, destacando los oficios 261/2013 y 372 signados por el Director de Seguridad Pública de Pinos, Zacatecas; así como las declaraciones de Everardo Reyes Briones, Samuel Alvarado Cervantes, Rafael Robledo Martínez y Juan José Torres Camacho; concluyendo que los medios probatorios existentes en el proceso, integraban la prueba circunstancial, por lo que, en términos de los artículos 277 y 278 del Código de Procedimientos Penales, aplicable, resultaban suficientes para tener por acreditado el cuerpo del ilícito apuntado que se atribuye al garante; así como su probable responsabilidad penal. No obstante ello, la juez responsable omitió exponer la forma en que el quejoso Marco Antonio Torres Martínez intervino en el desarrollo de los hechos delictivos que se le reprochan, así como cuál fue su participación en la comisión de ese delito; máxime si se considera que en la sentencia que concedió el amparo, se estableció que la juez natural implícitamente aludió a la prueba circunstancial o indiciaria, por lo que debió explicar cómo se integraba en el caso concreto, debiendo exponer cuáles eran los hechos probados, cuál la verdad buscada, y por qué los indicios derivados de aquellos hechos conducían a presumir (no solo a inferir) que el quejoso tuvo participación en los hechos que motivaron la causa 39/2015; asimismo, se destacó que dicha autoridad debió -entre otras cosas-, explicar qué datos objetivos obtuvo respecto de la participación que tuvo el impetrante, para concluir o presumir fundadamente que se trata de uno de los sujetos que tuvo intervención en la privación de la libertad de los ofendidos. En el contexto anotado, debe convenirse en que la juez responsable, en la nueva resolución que emitió en cuatro de marzo de dos mil dieciséis, soslayó realizar el análisis correspondiente a la probable responsabilidad penal del quejoso, en la comisión del delito de secuestro exprés que se le atribuye, en los términos que se especifican en la sentencia protectora; por tanto, no es dable tenerla por cabalmente cumplida. En consecuencia, se determina requerir a la juez Mixto del distrito judicial de Pinos, Zacatecas, para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación de este auto, otorgue absoluto cumplimiento al fallo de mérito, y remita las constancias que así lo acrediten; con el apercibimiento de que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se le impondrá una multa que en su momento se determinará; y, además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. (f. 176-178). Así, en diverso proveído de tres de mayo del presente año se tuvo por recibido el oficio 1017 con un anexo, signado por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, por el que remitió copia certificada de la nueva resolución dictada el dieciocho de abril del presente año, dentro de la causa penal 39/2015, mediante la cual negó la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, ordenándose dar vista a las partes para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que lo hayan hecho (f. 186-217) Conforme a lo expuesto, y toda vez que en la sentencia de mérito se otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que el juez responsable dejara sin efectos la orden de aprehensión dictada el treinta y uno de agosto de dos mil quince, en la causa penal 39/2015, ÚNICAMENTE por lo que al aquí quejoso se refiere, y con plenitud de jurisdicción emita otra resolución en cuanto al mismo; concesión que se hizo extensiva al Director General de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad; en ese contexto, las consideraciones antes expuestas ponen de relieve que en el presente asunto se acataron los extremos del amparo concedido en los términos que se precisan en la resolución pronunciada por el Juez responsable el dieciocho de abril del año en curso; por lo tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por haberse negado la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se declara que SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido de que sólo deberá conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la indicada medida cautelar. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con un escrito con registro 9411.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. Visto el escrito signado por el licenciado Javier Villalpando Padilla, en su carácter de autorizado del quejoso Marco Antonio Torres Martínez; en atención a su contenido, como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele las copias certificadas que solicita, previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Notifíquese por lista a las partes. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
Quedan 20 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Marco Antonio Ruelas Zavala1657/2018
- Marco Antonio Ruelas Zavala1179/2014
- Marco Antonio Sandoval Rtodríguez614/2018
- Marco Antonio Solis Rodriguez3493/2014
- Marco Antonio Suchite López503/2022
- Marco Antonio Torres Espitia1153/2023
- Marco Antonio Torres Martínez817/2016
- Marco Antonio Torres Martínez1222/2016
- Marco Antonio Valenzuela Saucedo636/2021
- Marco Antonio Valenzuela Saucedo442/2019
- Marco Antonio Valenzuela Saucedo897/2021
- Marco Antonio Valenzuela Saucedo1031/2023