Marco Antonio Torres Espitia

Expediente 1153/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1153/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Marco Antonio Torres Espitia

Actuaciones

  1. Principal

    En quince de noviembre de dos mil veintitrés, el secretario certifica: Que en el libro de promociones de la Oficialía de Partes de este juzgado, no obra escrito alguno tendente a recurrir el auto pronunciado el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés; Que el plazo previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el proveído de referencia, transcurrió del treinta y uno de octubre al nueve de noviembre del año en curso; Mediante CIRCULAR 28/2023, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como avisos de veintidós y veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, emitidos por el Magistrado Gelacio Villalobos Ovalle Coordinador de Magistrados del Vigésimo Tercer Circuito y por el Juez Daniel Iduarte Ledesma Coordinador de Jueces de este mismo Circuito y del Centro Auxiliar de la Novena Región, fueron declarados como días inhábiles del diecinueve al veintinueve del mismo mes y año; lo que se asienta para debida constancia. Doy fe. Con la anterior certificación se da cuenta al juez, así como con el estado procesal de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja, el auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Asimismo, se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Conforme a lo dispuesto por el artículo 3, fracción XX, del multicitado Acuerdo General, en el presente expediente no existe documento original que devolver a la parte promovente. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  2. Principal

    .... Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, en su carácter de Integrante de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas; mediante el cual informa que requirió al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado de Zacatecas, para que dé cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de derechos. Atento a su contenido, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto la totalidad de las autoridades den cumplimiento total al fallo protector de amparo. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por el delegado de las autoridades responsables Instituto, Junta Directiva y Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, atento a su contenido, con fundamento en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, atendiendo a las razones que expone, se les concede una prórroga de quince días hábiles, a fin de que informe el cabal cumplimiento de la sentencia. No obstante, se requiere nuevamente a las autoridades responsables: El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas: José Ignacio Sánchez González. Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas Así como de los integrantes de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas: Verónica Yvette Hernández de Lara Presidenta de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Ricardo Olivares Sánchez. Consejero Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado Rodrigo Castañeda Miranda. Consejero Titular de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado Ruth Angélica Contreras Rodríguez. Consejera Titular de la Coordinación Estatal de Planeación José Israel Chávez Leandro. Secretario General y Consejero Titular del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Estado, Municipios y organismos Paraestatales Óscar Castruita Hernández. Secretario General y Consejero Titular de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Héctor Manuel Fernández Medina. Secretario General y Consejero Titular del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria en el Estado de Zacatecas Para que, dentro del término de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe el total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia de que los efectos de la ejecutoria son los siguientes: "Procedan a realizar las gestiones pertinentes y eficaces con la finalidad de que de inmediato se pague a los quejosos Maricela Rodríguez Ramírez, la prestación de aguinaldo correspondiente a los años dos mil veintiuno y dos mil veintidós, derivada de la pensión jubilatoria a la que tienen derecho y que no le ha sido pagada, sin que sea sujeta a reducción; y en el caso de insistir en suspender o reducir el monto, deberán promover juicio de lesividad en su contra o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el que se le notifique el inicio del juicio o procedimiento, se le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, de alegar y de obtener una resolución que dirima la controversia. Con la obligación de efectuar el pago de manera retroactiva, esto es, desde el momento en el que le fue suspendido el pago de la prestación en cuestión." Asimismo, remitan las constancias que así lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se les impondrá una multa de CIEN unidades de medida y actualización (UMA) y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. En el entendido de que se deben agotar todos los medios y bienes que tenga a su alcance para cumplir con el fallo protector. También importa precisar que las autoridades señaladas como responsables, Director General y Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, según diversos juicios que se llevan en este juzgado, manifestaron carecer de fondos, por ende, imposibilitadas para dar cumplimiento al fallo protector. Luego, de ser cierto ese escenario, el Gobierno del Estado ha realizado una planeación financiera en materia de solvencia y liquidez, que, en este caso, se traduce en la creación del Fondo de Saneamiento Financiero aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023 por la legislatura del Estado, por el cual se establecen la asignación, destino y ejercicio de recursos públicos determinados presupuestalmente como apoyo para el Saneamiento Financiero y Fortalecimiento Institucional de diversos Entes Públicos, porque, en los últimos años advirtió que diferentes Entes Públicos han tenido que enfrentar situaciones complejas similares a las que el Poder Ejecutivo enfrentó al inicio de su administración, que se traducían en riesgos financieros importantes que en la actualidad mantienen en peligro su estabilidad financiera integral. Según su análisis sobre los riesgos que pueden repercutir en las finanzas públicas del Estado, destacó la situación financiera grave que atraviesa el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en su modelo de pensión existente que se basa en un sistema de solidaridad o reparto, en el que las pensiones de los jubilados se pagan con las cuotas de los trabajadores en activo de la administración pública estatal; y actualmente el Instituto subsiste con más de diecinueve mil derechohabientes en activo y de las aportaciones patronales de los Entes Públicos, por lo que se requiere de una urgente reestructuración de sus ingresos. Para efectos de lo anterior, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, en el ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 84, 86 y 138, párrafos primer y segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; artículos 25, fracción II y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; artículo 14 y demás relativos del Decreto de Presupuestos de Egresos del Estado de Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2023, así como los artículos 1, 2 y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, expidió los "LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN, DESTINO Y EJERCICIO FISCAL DEL FONDO PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2023" publicados el quince de febrero de dos mil veintitrés, en el suplemento al Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número 13, Tomo CXXXIII, en lo que interesa dispone: "OBJETIVO GENERAL "Artículo 1. El objetivo de los presentes Lineamientos es establecer la asignación, destino y ejercicio de los recursos del Fondo de Saneamiento Financiero del ejercicio fiscal 2023, consistente en el otorgamiento de recursos públicos destinados para el Fortalecimiento Institucional, así como para el saneamiento de las finanzas de los Entes Públicos a través del pago que realicen de sus Obligaciones Financieras, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del Presupuesto de Egresos. El otorgamiento de dichos recursos estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria y de flujo que se tenga en la Secretaría." RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FONDO "Artículo 3. Los Entes Públicos beneficiados con el Fondo de Saneamiento serán estrictamente responsables de la ejecución de los recursos públicos que les sean otorgados dentro del marco legal que los regule, así como de los plazos para su ejecución, además atenderán para su ejercicio, las disposiciones normativas en materia de gasto público, rendición de cuentas y los presentes Lineamientos. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO "Artículo 4. Los Lineamientos se encuentran con la siguiente alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. Principio Rector 1. Hacia una Nueva Gobernanza. Política Pública 1.4 Finanzas Sanas. Cuyo objetivo es sanear las finanzas públicas para orientar el gasto responsablemente a la generación de valor público y bienestar social. Estrategias: 1.4.1 Implementar en el Poder Ejecutivo, e impulsar en los otros Poderes y órdenes de gobierno, una política responsable de disciplina y austeridad como eje del ejercicio del presupuesto público. 1.4.4 Impulsar alternativas para la disminución del costo de la deuda. 1.4.6 Impulsar y gestionar acciones para el saneamiento financiero del sector educativo." INTEGRACIÓN "Artículo 6. El Fondo de Saneamiento será integrado por los recursos previstos en el artículo 14 del Presupuesto de Egresos, los derivados de la revolvencia, así como las demás asignaciones extraordinarias que de acuerdo con la disponibilidad financiera se determinen." APLICACIÓN DEL FONDO DE SANEACIÓN "Artículo 7. La Secretaría asignará recursos del Fondo de Saneamiento, los cuales son considerados recursos no regularizables, para apoyar a los Entes Públicos cuya aplicación o destino sea el cumplimiento de sus Obligaciones Financieras, o para su Fortalecimiento Institucional. Las solicitudes que presenten los Entes Públicos deberán establecer objetivos, acciones, metas y recursos complementarios para cubrir las Obligaciones Financieras o el Fortalecimiento Institucional. Las solicitudes presentadas incluirán el proyecto que podrá referirse a uno o varios de los destinos siguientes: A) Pago de Obligaciones Financieras: I. Pago de Créditos Fiscales Firmes; II. Pago del entero de adeudos por retenciones de ISR del ejercicio fiscal 2022 y anteriores; III. Pago de recargos y actualizaciones del entero de retenciones de ISR del ejercicio fiscal 2022 y anteriores; IV. Pago de impuestos y contribuciones locales por ISN y Control vehicular del ejercicio fiscal 2022 y anteriores; V. Pago de recargos y actualizaciones del entero de retenciones de ISN y Control Vehicular del ejercicio fiscal 2022 y anteriores; VI. Pago de laudos; VII. Regularización de aportaciones patronales al ISSSTEZAC del ejercicio fiscal 2022 y anteriores; VIII. Amortizaciones de los adeudos al IMSS del ejercicio fiscal 2022 y anteriores; IX. Pago de otras obligaciones financieras, y X. Pago de otras obligaciones patronales de seguridad social del ejercicio fiscal 2022 y anteriores. (.). REQUSITOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL FONDO "Artículo 8. Los Entes Públicos deberán presentar a la Secretaría solicitud por escrito de los recursos que les sean necesarios para realizar los objetivos descritos en los Incisos A) y B) del artículo 7 de estos Lineamientos con la debida justificación de su objetivo." "Artículo 9. Las solicitudes deberán ser presentadas ante los enlaces siguientes de la Secretaría: ENTE PÚBLICO ENLACE 1. Municipios del Estado y sus Entes 1. Dirección de Coordinación. 2.Poderes, Organismos Descentralizados y Órganos Autónomos 2. Dirección de Presupuesto 3. Organismos Descentralizados de Educación. 3. Dirección de Gestión Financiera del Sector Educativo. VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DE SOLICITUDES "Artículo 10. Los enlaces de la Secretaría recibirán las solicitudes por parte de los Entes Públicos con la finalidad de verificar que cumplan con lo establecido en los artículos 7, 8 y 11 de estos Lineamientos. Cada enlace turnará a la Dirección de Presupuesto las solicitudes que cumplan con lo señalado en el párrafo anterior mediante memorándum. Las solicitudes recibidas que no cuenten con la información necesaria serán rechazadas por el enlace que corresponda, con las observaciones encontradas, en un periodo de 5 días hábiles posteriores a la fecha en que se recibieron." DOCUMENTACIÓN ANEXA PARA PRESENTAR POS LOS ENTES PÚBLICOS "Artículo 11. Los Entes Públicos, a través del Enlace que corresponda, de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de estos Lineamientos, presentarán la Documentación con la que se acredite el destino especificado en su solicitud para recibir recursos del Fondo de Saneamiento, en 2 momentos como sigue: A). Al hacer la Solicitud: I. Solicitud por escrito para ser beneficiarios del Fondo de Saneamiento especificando la cantidad a solicitar y una breve descripción del origen del adeudo, así como especificar si habrá recursos complementarios para el pago a realizar. II. Documentación comprobatoria del adeudo emitida por la autoridad competente. III. Plan de amortización del adeudo, que incluya lo recursos complementarios con que cuenta el Ente Público. IV. Registro contable del adeudo. B) Una vez autorizada la solicitud: I. Convenio firmado, anexando: 1. Identificaciones del titular del Ente Público y de los demás posibles intervinientes. 2. Documentación con la que se acredite la personalidad y/o nombramiento del titular del Ente Público y de los demás posibles intervinientes. 3. Comprobante de domicilio del Ente Público. II. Comprobante Digital por Internet (CFDI) conforme al Plan de Pagos que se establezca en el Convenio. III. Certificación de la cuenta bancaria donde se realizará la transferencia por parte de la Secretaría para la administración de los recursos. Así como la demás documentación que el enlace considere necesaria para acreditar la viabilidad del apoyo." AUTORIZACIÓN DEL RECURSO "Artículo 12. En el Presupuesto de Egresos, fue aprobada una asignación por 150 millones de pesos para el Fondo de Saneamiento, el cual se destina y/o distribuye como se señala a continuación: I. La cantidad de 100 millones de pesos para el saneamiento financiero del ISSSTEZAC, así como para los adeudos que el COBAEZ tiene con el referido Instituto. II. La cantidad de 15 millones de pesos para el saneamiento financiero, así como para el Fortalecimiento Institucional del Poder Legislativo; III. La cantidad de 15 millones de pesos para el saneamiento financiero, así como para el Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial, y IV. Los remanentes, así como los recursos derivados de la Revolvencia y asignaciones extraordinarias aportadas al Fondo de Saneamiento serán autorizadas por la Secretaría. Los Entes Públicos a los que se refieren las fracciones I, II y III no se encuentran exentos de las obligaciones señaladas en los artículos 7, 8 y 11 de estos Lineamientos para la aprobación y transferencia del apoyo." "Artículo 13. La Secretaría a través de su titular, previo dictamen de viabilidad presupuestaria que emita la Dirección de Presupuesto, autorizará a los Entes Públicos el monto de los recursos que hayan sido solicitados, quienes serán notificados de ello a través del Enlace que recibió su solicitud." CONVENIO "Artículo 14. Una vez que la Secretaría autorice la asignación del recurso al Ente Público, a través del Enlace que recibió su solicitud, se procederá a la suscripción del Convenio de Transferencia, Ejecución y Comprobación de Recursos Públicos, al cual se deberá anexar la documentación establecida en el artículo 11 inciso B) de estos Lineamientos." "Artículo 15. Para la entrega de los recursos autorizados del Fondo, los Entes Públicos previamente deberán contratar y/o aperturar una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva en la que le será transferido por parte de la Secretaría el recurso que corresponda de acuerdo a sus solicitudes, lo anterior para efectos de la identificación, registro y control de éstos. Notificando con oportunidad dicha información a la Secretaría." Entonces, conforme a los preceptos legales transcritos se desprende, en lo substancial, que de acuerdo a los artículos 14, Octavo, Décimo Segundo y Décimo Séptimo Transitorios del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2023, se autorizó a la Secretaría de Finanzas otorgar, cuando así lo soliciten, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, Organismos Públicos Descentralizados, Organismos Autónomos, Municipios de la Entidad y a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para el Saneamiento Financiero, así como para su Fortalecimiento Institucional, todo en función de la disponibilidad presupuestaria que determine la Secretaría, recursos del Fondo para el Saneamiento Financiero 2023 que en relación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, cuenta con saneamiento financiero hasta de $100´000,000.00 (cien millones de pesos en moneda nacional); por lo anterior, se considera que las responsables están en aptitud de realizar gestiones a fin de cumplir con la sentencia de amparo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo requiérase a ********************, Gobernador del Estado de Zacatecas, en su carácter de superior jerárquico, en términos de los artículos 4, 7, 14 y 25, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, a efecto de que ordene a los miembros de la Junta Directiva y Director General de dicho instituto el cumplimiento total de la ejecutoria dictada dentro del juicio de amparo en que se actúa. Con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el 258 de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización vigente. En el entendido de que no bastará con el hecho de que como superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente; sino, que deberá demostrar haber hecho uso de todos los medios de apremio a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a sus subordinados a fin de lograr el debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo. De lo contrario, este órgano jurisdiccional considerará insuficiente su intervención de superior jerárquico y, por tanto, también se hará acreedor a las mismas sanciones correspondientes a las autoridades obligadas a cumplir con la sentencia. Lo anterior, es así, toda vez que el régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo, conduce a considerar que la persona que se desempeña como superior jerárquico de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento por parte de las autoridades que supervisa. Por tanto, el actuar del superior jerárquico implica el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento cabal del fallo protector y no solamente actuar como autoridad recordatoria, expectante o intermediaria, sino que debe ir más allá, toda vez que se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrar que realizó todo lo posible a su alcance para vencer la renuencia de sus subalternos. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 108/2022, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Agosto de 2022, Tomo III, página 2495, registro 2025145, del texto y rubro siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. PARA CONSIDERAR COLMADAS SUS OBLIGACIONES, ES INSUFICIENTE QUE LA PERSONA SUPERIOR JERÁRQUICA DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO SE CONCRETE A INFORMAR QUE ENVIÓ UN OFICIO PARA INSISTIRLES EN EL ACATAMIENTO. Hechos: En un juicio de amparo una autoridad de la Ciudad de México fue requerida en reiteradas ocasiones como superior jerárquica, tanto de la responsable como de la vinculada al cumplimiento; la cual se concretó a informar reiteradamente al Juzgado de Distrito que les envió un oficio a sus subalternos para insistirles en que cumplieran con la ejecutoria de amparo. Criterio jurídico: No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, pues debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo. De lo contrario, la persona juzgadora de amparo debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica y, por tanto, que es acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Justificación: Del régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo, destaca lo previsto en el segundo párrafo del artículo 194 de la indicada ley, relativo a que la persona que se desempeña como superior jerárquica de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de la ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento que las que supervisa. En consecuencia, su actuar debe implicar el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento de la sentencia y no solamente como una autoridad recordatoria e insistente, ya que su intervención debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrarse que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos." En la inteligencia que la multa con la que se apercibe a las autoridades responsables en la etapa de ejecución del fallo protector en primera instancia, debe ser impuesta al servidor público en su carácter de persona física para que sea cubierta de su propio peculio y de esta forma la medida de apremio adquiera efectividad, y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate, pues de ser así no se lograría vencer la renuencia que se actualiza. Incluso, en términos del artículo 267 de la Ley de Amparo prevé la imposición de la multa y si persiste la renuencia, evasiva, procede la destitución e inhabilitación; y en último extremo, la consignación ante el juez penal, para la imposición de la pena de privación de la libertad de la persona física que incurra en los supuestos descritos en las fracciones que lo integran; en tanto que el diverso 269 de la misma ley, precisa que la pérdida de calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento. Véanse también las jurisprudencias 1a./J. 43/2022 (11a.), 2a./J. 103/2014 (10a.) y 2a./J. 142/2017 (10a.) de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, de título y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. EL JUZGADO DE DISTRITO QUE LO REQUIERA DEBE IDENTIFICAR A LOS INTEGRANTES DE UN ENTE COLEGIADO PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE SANCIONE A LAS PERSONAS FÍSICAS QUE LO INTEGRAN. Hechos: En un juicio de amparo indirecto se otorgó la protección constitucional para que un cuerpo colegiado de naturaleza administrativa emitiera una determinación al que se requirió el incumplimiento, y ante su omisión, fue sancionado sin identificar a las personas que lo integran. Criterio jurídico: Cuando la autoridad obligada al cumplimiento de una sentencia de amparo sea un cuerpo colegiado, es insuficiente que se le requiera de manera genérica a su conjunto, y aún es menos idóneo que por su incumplimiento se imponga multa al cuerpo colegiado y no a las personas físicas que lo integran. Justificación: El artículo 267 de la Ley de Amparo establece la imposición de penas de prisión, multa y, en su caso, destitución e inhabilitación a la persona que incurra en los supuestos que describen sus fracciones; en tanto que el artículo 269 de la misma ley precisa que la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento. En ese orden de ideas es claro que la responsabilidad en torno al cumplimiento y las consecuencias de su inobservancia recae en personas físicas y no en entes de gobierno, ya que no es lógico sancionar a un ente por la conducta de las personas que lo integran, pues de ser así no se lograría vencer la renuencia que se actualiza. Es por ello que el juzgado que lo requiera debe identificar a los integrantes de un ente colegiado para que en caso de incumplimiento se sancione a las personas físicas que lo integran." "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones emitidas después de dictada la sentencia de amparo indirecto que no admitan recurso de revisión y por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes. Por su parte, los artículos 192, 193 y 258 de la propia ley prevén que los juzgadores federales deberán imponer multa al titular de la autoridad responsable que incumpla una ejecutoria de amparo. Ahora, la multa en cuestión constituye una sanción para la persona física que desempeña el cargo respectivo, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate. Así, las personas morales oficiales carecen de legitimación para interponer el citado recurso de queja, contra la resolución emitida en un juicio de amparo indirecto que impone multa a un servidor público por no cumplir una ejecutoria de amparo, toda vez que dicha resolución no afecta sus derechos patrimoniales, pues la multa debe cubrirla la persona física a quien le fue impuesta en su carácter de servidor público y, por tanto, sólo éste es quien, por derecho propio, está legitimado para controvertir tal decisión. "SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECURRIRLA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES O DELEGADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO. La multa impuesta a la autoridad responsable con motivo del juicio de amparo no repercute en el patrimonio de la dependencia en la que presta su servicio, sino que es una sanción para la persona física derivada de sus conductas u omisiones, por lo que es ésta quien debe cubrirla con sus propios recursos; sin embargo, la multa referida se origina con motivo del cargo público del funcionario y del ejercicio de sus funciones públicas, de manera que no existe impedimento jurídico para que sea representado por los abogados encargados de la defensa jurídica de la institución conforme a las disposiciones aplicables, toda vez que la figura de la representación responde a la finalidad de no distracción de las labores de los titulares de las dependencias públicas, a la no interrupción de sus funciones y, en el caso específico, a evitar que se entorpezcan las labores de las personas morales oficiales mientras los servidores públicos multados ocupan su tiempo en defenderse de la sanción. Además, el legislador no distinguió respecto del alcance, términos, situaciones o etapas procesales en que la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo podría verificarse, sino que fue tajante al prever en el artículo 9o. de la Ley de Amparo que sería "para todos los trámites en el juicio de amparo", lo que se corrobora con las facultades con que se dota a las unidades de apoyo jurídico de las distintas dependencias gubernamentales, a quienes se autoriza generalmente para representar a la persona moral oficial, a su titular y a los demás servidores públicos. Lo anterior no implica que la persona moral tenga legitimación como parte en el medio de impugnación que cuestiona la multa mencionada, así como que el funcionario deje de ser responsable por los actos u omisiones contumaces o ilícitos que la originaron, y que si el medio de defensa no es exitoso, debe cubrir la multa con sus propios recursos en términos de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 103/2014 (10a.)." Y, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en caso de ser contumaz, una vez que sean impuestas las sanciones económicas, se remitirán los autos del juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en Turno, para el seguimiento relativo al trámite de inejecución, el cual puede terminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese. ....

  3. Principal

    Certificación: Juan García Trejo, secretario de juzgado hace constar que en los juicios de amparo registrados en este juzgado con los números 1153/2023 y 1154/2023 se reclaman como actos torales: La negativa de reapertura de investigación solicitada el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés dentro de la causa penal 1672/2022. Conste El Secretario CUENTA. En dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, Juan García Trejo, secretario de juzgado, da cuenta con los escritos de demanda de amparo promovida por Guillermo Félix Carrillo, en su calidad de defensor de Fernando Torres Espitia; Marco Antonio Torres Espitia; y Leopoldo Ismael Carrillo García; y Rodrigo Antonio Venegas García, en su carácter de defensor de Ángel Said Parga Martínez, contra actos de la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, con números de registro 16839 y 16840. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Recepción y demanda. Téngase aGuillermo Félix Carrillo, en su calidad de defensor de Fernando Torres Espitia; Marco Antonio Torres Espitia; y Leopoldo Ismael Carrillo García; y Rodrigo Antonio Venegas García, en su carácter de defensor de Ángel Said Parga Martínez, promoviendo demanda de amparo contra actos de la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital. Expediente y registro. Fórmese el expediente impreso y electrónico respectivo bajo el número 1153/2023, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Acumulación. La acumulación en amparo procede cuando: (1) existe conexidad de dos o más juicios distintos, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, (2) cuando los mismos quejosos promuevan diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o (3) cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado. La consideración anterior se encuentra contenida en la jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, septiembre de 2015, tomo I, página: 19: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal". De lo anterior se advierte que la finalidad de la acumulación radica en evitar posibles contradicciones, ya que permite que el juzgador resuelva los litigios en una sola sentencia. En suma, el factor fundamental para determinar la acumulación radica en la conexidad de dos o más litigios distintos, respecto de los que exista la necesidad de que sean resueltos en una sola sentencia, a fin de que no existan resoluciones contradictorias. En el caso, como se reseñó, los juicios de amparo en referencia fueron promovidos por diversos quejosos; no obstante, se advierte que los actos reclamados son toralmente los mismos, a saber: - La negativa de reapertura de investigación solicitada el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés dentro de la causa penal 1672/2022. Además, existe identidad substancial entre la autoridad a la que se le atribuyó el carácter de responsable, pues en ambos juicios se señaló con tal carácter a: - Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital. Luego, la litis constitucional de todos los juicios es substancialmente la misma, pues se integra por la inconformidad respecto de idénticos actos reclamados; lo que actualiza el tercer supuesto destacado para la procedencia de la acumulación, se reitera: (3) cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, los mismos actos reclamados. Por tanto, al ser evidente la relación de las demandas de amparo, por referirse a los mismos actos reclamados, es necesario evitar posibles contradicciones y, consecuentemente, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, de plano y de oficio, se decreta la acumulación de plano del amparo registrado con el número 1154/2023 al 1153/2023. Desechamiento. Previo a pronunciarse sobre la admisión, desechamiento o en su caso incompetencia de la demanda, conforme con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano..." Del precepto transcrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito, examinar ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Para ello, se debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley invocada. Es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos, pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para determinar en forma contundente la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo. Indudable significa evidente, lo que no puede ponerse en duda, que al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Por lo que ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las veintitrés causas de improcedencia establecidas en el ordinal 61 de la Ley de Amparo, su última fracción contempla que procede sobreseer el juicio, si la misma deriva de cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, caso en que procede a desechar de plano la demanda de amparo y no así, a la admisión y tramitación del juicio, pues a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual, se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo la tesis VIII.2o.C.T.1 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Libro 7, Junio de 2014, Décima Época, página 1669, del siguiente rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI EL JUEZ DE DISTRITO ADVIERTE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DESDE SU PRESENTACIÓN, NO ESTÁ OBLIGADO A OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA DESECHARLA DE PLANO, CONFORME AL DIVERSO ARTÍCULO 113 DE LA MISMA LEY. Si se trata del juicio de amparo indirecto, la obligación prevista en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo vigente, sólo se surte a cargo del Juez de Distrito una vez que se haya tramitado el respectivo juicio de amparo, mas no cuando el juzgador federal advierta la actualización del motivo de improcedencia desde la presentación de la demanda, lo anterior, porque el numeral en cuestión se refiere a que se advierta de oficio la actualización de una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes", lo cual presupone el previo trámite del respectivo juicio constitucional, en tanto que sólo así, dicha causal podría hacerse valer por alguna de las partes pero, además, porque en términos del artículo 113 de la citada ley, el juzgador federal conserva la facultad de desechar de plano la demanda de amparo." De la lectura íntegra de la demanda de amparo y de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, la quejosa señala como acto reclamado: - Resolución de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en la audiencia de reapertura de investigación dentro de la causa penal 1672/2022 en la que se negó la reapertura de investigación complementaria y conceder un nuevo plazo de investigación. Acto que atribuye a la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital. Lo cual, no significa en modo alguno que se cambie la cuestión efectivamente planteada en la litis, sobre todo cuando corresponde al juzgador de amparo apreciar lo que quiso decir la parte inconforme en su demanda y no únicamente lo que en apariencia dijo. Apoya lo anterior por no ser contraria a la Ley de Amparo, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, Novena Época, cuya literalidad es la siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Por lo que se advierte que el presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, misma que expresa lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Del precepto en cita, la improcedencia del juicio deviene cuando se colman los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado se trate de una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. c) Que por virtud de ese medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Así, una vez contrastados el acto materia de la litis, con el precepto legal trascrito, es manifiesto que se actualizan los supuestos que se enuncian. En principio porque, como se desprende de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, el acto reclamado es atribuido a una autoridad judicial, a saber, Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital. En cuanto a la segunda hipótesis, el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estatuye: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." (El subrayado no es de origen). Bajo ese tenor, conforme al artículo invocado, el acto reclamado, es susceptible de combatirse a través del recurso de revocación, toda vez que no se encuentra inserto en ninguna de las hipótesis, de procedencia del recurso de apelación previstas en el artículo 467 del código adjetivo en cita, ni existe prohibición especial en el mencionado cuerpo normativo para impugnar dicha determinación. Luego, si con motivo de la interposición del recurso de revocación el juzgado responsable debe analizar la legalidad del acto en cuestión; indefectiblemente ese proceder puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación de la autoridad que se reclama; situación que satisface el último de los presupuestos que se mencionan en los incisos precedentes. En congruencia con lo anterior, debe atenderse a que el juicio de amparo es un mecanismo judicial de control constitucional, cuyo objeto es restituir a los gobernados, en sus derechos fundamentales transgredidos que se vean conculcados con motivo de los actos de autoridad, en relación con los perjuicios que generen en su esfera individual, razón por la cual, el legislador ha establecido como principio que rige su procedencia, la circunstancia de que el fallo protector que en su caso se llegue a pronunciar, pueda concretarse y trascender sólo al quejoso, circunstancia que no se puede materializar cuando existen recursos ordinarios previstos como un mecanismo de defensa contra los actos de autoridad. Explica esta consideración, la tesis 216 (H) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Tercera Parte - Históricas Segunda Sección - TCC, Novena Época, página 3205, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL [TESIS HISTÓRICA]. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Aunado a que, la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, emitida por la autoridad responsable, que declaró improcedente la reapertura de investigación complementaria y conceder un nuevo plazo de investigación, no se encuentra en ninguna de las causas de excepción al principio de definitividad, como sería si se tratase de un acto que atenta contra la libertad personal fuera de procedimiento; que el peticionario de derechos acuda como persona extraña al juicio, como lo dispone la fracción VII, del ordinal 107 constitucional; y en los casos previstos en el inciso a), de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Toda vez que dicha determinación no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro ni se ordena alguno de los actos prohibidos por el diverso 22 de la ley fundamental, específicamente, penas de mutilación e infamia, azotes, marcas, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. En efecto, el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia para solicitar la reapertura de investigación, en la que la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, determinó que no era procedente reaperturar la investigación, por no estar contemplada literalmente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que no concedió dicha reapertura de investigación. De ahí que al constituir el acto reclamado en la presente instancia la determinación de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, una resolución de mero trámite, impone al agraviado la obligación de agotar, previo a acudir al presente juicio de amparo, el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del que podía modificar, revocar o confirmar el acto reclamado. Sirve de apoyo la jurisprudencia número: P./J.11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro: 2017117, que dispone: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Así, en los escritos de cuenta los defensores de los quejosos señalaron en vía de antecedentes del acto reclamado, que no hicieron valer ningún medio de impugnación o recurso ante el juez de control, en contra de la resolución que en esta vía reclama. Por tanto, si no agotó el medio de defensa ordinario consistente en el recurso de revocación, es inconcuso que inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de derechos fundamentales, lo que conlleva que se actualice la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, y por tal motivo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia I.6o.P.128 P (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2315, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, Décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PRÓRROGA DEL PLAZO DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ A SEÑALAR FECHA Y HORA DE AUDIENCIA PARA RESOLVER SOBRE AQUÉLLA, PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Conforme al párrafo primero del precepto mencionado, el recurso de revocación procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial, contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación; de ahí que contra la determinación del Juez de Control en la que se niega a señalar fecha y hora de audiencia para resolver sobre la prórroga del plazo de cierre de la investigación complementaria, proceda este medio de impugnación, al considerarse una resolución de mero trámite; por lo que, si no se agota el recurso citado, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, éste resulta improcedente, al actualizarse la causa prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al no observarse el principio de definitividad." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia número: P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dispone: "PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por otro lado, cabe precisar que el análisis de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, no constituye una denegación de justicia. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Lo anterior es acorde, con la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, visible en la página 325, del tenor: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Por tanto, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una denegación de justicia, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda. Representante común. Con apoyo en lo dispuesto por el ordinal 13 de la ley de Amparo, se tienen como representantes comunes de los quejosos a ********************. Exhortación a las partes a hacer uso del juicio en línea. Con fundamento en la fracción II, in fine, del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. Integración del expediente. Se hace del conocimiento que, acorde a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando así lo considere este órgano jurisdiccional en atención a la dinámica de trabajo, el expediente físico contendrá únicamente las promociones recibidas en forma física y las constancias de notificación que se generen de la misma manera; esto es, las constancias y documentos presentados electrónicamente, así como las actuaciones y resoluciones firmadas electrónicamente, no serán integradas al expediente físico. Consulta del expediente. En la misma línea, se informa que las partes autorizadas para ello, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en la inteligencia de que quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a este órgano, para consultar el expediente electrónico en los equipos que, en su caso, sean dispuestos para tal efecto; esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263 fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 41 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se faculta al actuario testar denominación incorrectas de autoridades. En caso de que, al momento de la notificación a las autoridades responsables, el actuario sea informado que la denominación es incorrecta y que por esa razón se rehúsen a recibir el oficio, se faculta al notificador para que, en el acto, teste la denominación incorrecta y de puño y letra consigne el nombre de la autoridad que le sea proporcionado, a fin de que el oficio sea recibido; realizará lo mismo con el acuse de recibo el cual hará las veces de certificación. En la inteligencia de que las autoridades quedan obligadas a su recepción. Remisión de oficios. Finalmente, se instruye al secretario o secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios correspondientes. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo de los mismos recae en el actuario judicial de la adscripción, que corresponda. Ley de transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente.

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