Marco Antonio Valdez Armenta
Expediente 164/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 164/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Marco Antonio Valdez Armenta
- Presidente del Municipio de Ahome, Sinaloa, Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, veinte de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Por tanto, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se precisa que este asunto es susceptible de conservación, dado que en resolución constitucional de nueve de mayo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el quejoso Marco Antonio Valdez Armenta, no desahogó la vista ordenada mediante auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, en relación a los oficios y documentales allegadas por las autoridades responsables Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Ahome Sinaloa y Presidente del Municipio de Ahome Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación le fue notificada por medio de lista de estrados publicada el quince de junio de dos mil veintitrés, por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades responsables. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, se precisa que en sentencia de nueve de mayo de dos mil veintitrés, se concedió al quejoso Marco Antonio Valdez Armenta, la protección constitucional contra los actos que reclamó de las autoridades responsables Presidente Constitucional Municipal, Ayuntamiento de Ahome y Director de Asuntos Jurídicos del referido Ayuntamiento, con sede en esta ciudad, para el efecto de que esas autoridades realizaran lo siguiente: ".Otorguen de manera inmediata respuesta completa a la petición del quejoso Marco Antonio Valdez Armenta, contenida en el escrito que les presentó el veintitrés de enero de la presente anualidad, relacionada con la obtención de su jubilación anticipada." La anterior sentencia, causó ejecutoria el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en virtud a que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, y se ordenó requerir a las autoridades responsables Presidente Constitucional Municipal, Ayuntamiento de Ahome y Director de Asuntos Jurídicos del referido Ayuntamiento, con sede en esta ciudad, a fin de que otorgaran el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Posteriormente, mediante oficio SPA/451/2023 y escrito presentado en este Juzgado de Distrito el trece de junio de dos mil veintitrés, signado por las autoridades Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Ahome Sinaloa y Presidente del Municipio de Ahome Sinaloa, se comunicó a este Juzgado de Distrito el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y se informó por parte de las primeras de las nombradas, que se giró oficio al Secretario del Ayuntamiento de Ahome Sinaloa, para que se turnada la solicitud del quejoso a la Comisión respectiva para su análisis y posterior dictaminación; y las segundas de las nombradas, informó que se emitió oficio el doce de junio de dos mil veintitrés, en el que se emitió respuesta completamente fundada y motivada al escrito presentado por el quejoso relacionado con la jubilación anticipada, remitiendo para tal efecto copia y original de dichos oficios. Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia de la Unión se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que causara ejecutoria la sentencia de nueve de mayo de dos mil veintitrés, una vez notificada del auto donde se declare ejecutoriada la sentencia en este juicio de amparo 164/2023-4A, otorgara de manera inmediata respuesta a la petición del quejoso Marco Antonio Valdez Armenta, contenida en el escrito que presentó el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, relacionado con la obtención de su jubilación anticipada; entonces, de las constancias remitidas por las autoridades Juez Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Ahome Sinaloa y Presidente del Municipio de Ahome Sinaloa, se advierte que se tiene CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. En consecuencia, de conformidad con los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, se puede concluir se ha restituido a la peticionaria del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso, ni defecto alguno.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, catorce de junio de dos mil veintitrés. Vistos los oficios de cuenta signado por la Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Ahome Sinaloa y Presidente del Municipio de Ahome Sinaloa, mediante el cual comunican el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, informando la primera de las nombradas que se giró oficio al Secretario del Ayuntamiento de Ahome Sinaloa para que sea turnara la solicitud del quejoso a la comisión respectiva para su análisis y posterior Dictaminación; y la segunda de las nombradas informa que se emitió oficio el doce de junio de dos mil veintitrés, en el que se emitió respuesta completamente fundada y motivada al escrito presentado por el quejoso relacionada con la obtención de su jubilación anticipada y remiten para tal efecto copia y original de dichos oficios; asimismo, la segunda de las autoridades nombrada señala domicilio para oír y recibir notificaciones, nombra delegados y solicita la autorización para el empleo de reproducción de constancias por medios electrónicos y señala correos electrónicos; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales conducentes. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con los oficios de cuenta y documentales que anexan, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que no de hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Asimismo, se tiene a la autoridad responsable citada señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y como delegados a los profesionistas que indican. Con apoyo en los numerales 14 y 17 Constitucionales, en relación con el 71 y 331, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se permite a la autoridad responsable mencionada, el uso del lector óptico, fotográfico o scanner para copiar constancias o reproducir el contenido de las actuaciones que obran en el expediente, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice, siempre que se deje constancia de su recepción en autos; en la inteligencia que no podrán reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Orienta el criterio, la Tesis I.3o.C.725 C., emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época de los siguientes rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga.".
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, siete de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que las autoridades responsables Presidente del Municipio de Ahome Sinaloa, Ayuntamiento de Ahome Sinaloa y Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de Ahome Sinaloa, no han otorgado total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que a la fecha no han informado a este juzgado el cumplimiento a la misma o el impedimento legal o material que tuvieren para no dar cumplimiento a ésta. En esa virtud, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las citadas autoridades responsables, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les comunique el presente acuerdo, cumplan con la ejecutoria de amparo y remitan las constancias certificadas respectivas o en su caso, manifiesten el impedimento legal o material que para ello tuvieren. En el entendido de que la concesión de la protección constitucional se realizó para el efecto de que las autoridades responsables, actuarán en los siguientes términos: "Otorguen de manera inmediata respuesta completa a la petición del quejoso Marco Antonio Valdez Armenta contenida en el escrito que les presentó el veintitrés de enero de la presente anualidad, relacionada con la obtención de su jubilación anticipada, haciendo de su conocimiento la respuesta que recaiga al mismo." Se apercibe a las citadas autoridades responsables, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria en el plazo indicado, se les impondrá a las omisas una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación.
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