Marco Antonio Morales Michel

Expediente 768/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
768/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Marco Antonio Morales Michel
  • Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome

Actuaciones

  1. Principal

    Notifíquese personalmente.

  2. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LOS QUEJOSO LOS PROVEÍDOS DICTADOS EL DIECIOCHO Y VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE QUE RESPECTIVAMENTE DICEN: Vista la demanda de cuenta, promovida por Marco Antonio Morales Michel y María del Rosario Guerrero Santana, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en esta ciudad y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 768/2019-1B. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: 1.- Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con sede en esta ciudad. 2.- Al C. Actuario Cuarto del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: De la Primera Autoridad señalada como responsable, reclamo lo siguiente: "DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: Reclamo la sentencia con fecha 26 de noviembre del año en curso del expediente número 660/2018-4, relativo al juicio sumario civil hipotecario, promovido ante ese Juzgado Civil por HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, en contra del C. MARCO ANTONIO MORALES MICHEL Y MARÍA DEL ROSARIO GUERRERO SANTANA, donde dictó la Resolución que en sus puntos resolutivos dice: PRIMERO. Ha sido procedente la vía sumaria civil intentada. SEGUNDO. La parte actora probó parcialmente su acción. Los Demandados Marco Antonio Morales Michel y María del Rosario Guerrero Santana, no demostraron sus excepciones. TERCERO. Se condena a Marco Antonio Morales Michel y María del Rosario Guerrero Santana, a pagar a HSBC Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, (anteriormente Banco Internacional, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital), dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente de aquel que cause ejecutoria esta sentencia, la cantidad de 80,882.57 UDIS (ochenta mil ochocientos veintidós punto cincuenta y siete Unidades de Inversión la que conforme al valor que tenía el peso al treinta de junio del año dos mil diecisiete, equivale a $464,884.08 (cuatrocientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 08/100 moneda nacional), por concepto de saldo insoluto de capital vigente; pago de 86,088.98 UDIS ( ochenta y seis ochenta y ocho punto noventa y ocho Unidades de Inversión), equivalente a $495,133.36 ( cuatrocientos noventa y cinco mil ciento treinta y tres pesos 36/100 moneda nacional), por concepto de saldo insoluto de intereses ordinarios calculados a razón de la tasa estipulada en las cláusulas cuarta y décima segunda del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria base de la acción, hasta el día treinta de junio de dos mil diecisiete; pago de 28,126.79 UDIS (veintiocho mil ciento veinte seis punto setenta y nueve Unidades de Inversión), equivalente a $161,768.81 (ciento sesenta y un mil setecientos sesenta y ocho pesos 81/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios calculados en términos de las cláusulas cuarta y décima segunda del aludido contrato fundatorio, hasta el día treinta de junio del dos mil diecisiete; pago de $3,874.75 UDIS ( tres mil ochocientos setenta y cuatro punto setenta y cinco Unidades de Inversión), equivalente a $22,285.59 (veintidós mil doscientos ochenta y cinco pesos 29/100 moneda nacional), por concepto de comisiones por administración adeudadas de acuerdo a lo pactado en las clausulas tercera y décima segunda del contrato citado y estado de cuenta adjunto a la demanda, hasta el treinta de junio de dos mil diecisiete; pago de interese ordinarios causados y que se sigan causando respecto del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria basal, contados a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento de dicho contrato, los deberán computarse con arreglo a la tasa y términos pactados en las clausulas cuarta y decima cuarta del citado contrato; pago de interese moratorios causados y que se sigan causando respecto del aludido contrato; contados a partir del día siguiente de la fecha de incumplimiento en el pago y hasta el día en que se liquide totalmente el adeudo reclamado cuantificables en términos de cláusulas cuarte y décima segunda del contrato base de la acción. CUARTO. Se absuelve a los demandados, al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre intereses moratorios. QUINTO. No se hace especial condenación en costas en esta instancia. SEXTO. Notifíquese personalmente esta sentencia, en términos del artículo 118, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, a las partes que tengan señalado domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con el numera 627 del mismo ordenamiento legal. Así lo resolvió y firma Fermín Alonso Ruelas Camacho Juez Tercero Civil de este distrito judicial, ante la licenciada Yolanda Ivonne Soto Rosas, secretaria segunda de acuerdos con quien actúa y da fe.". De la segunda autoridad señalada como responsable ejecutora, reclama la notificación de la sentencia.: Del estudio íntegro de la demanda de garantías, se advierte que del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, reclama la sentencia definitiva de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en los autos del juicio sumario civil hipotecario número 660/2018-4, de su índice, promovido por HSBC México, contra de Marco Antonio Morales Michel y María del Rosario Guerrero Santana, haciendo notar que la referida sentencia definitiva, en sus puntos resolutivos: "PRIMERO. Ha sido procedente la vía sumaria civil intentada. SEGUNDO. La parte actora probó parcialmente su acción. Los Demandados Marco Antonio Morales Michel y María del Rosario Guerrero Santana, no demostraron sus excepciones. TERCERO. Se condena a Marco Antonio Morales Michel y María del Rosario Guerrero Santana, a pagar a HSBC Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, (anteriormente Banco Internacional, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital), dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente de aquel que cause ejecutoria esta sentencia, la cantidad de 80,882.57 UDIS (ochenta mil ochocientos veintidós punto cincuenta y siete Unidades de Inversión la que conforme al valor que tenía el peso al treinta de junio del año dos mil diecisiete, equivale a $464,884.08 (cuatrocientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 08/100 moneda nacional), por concepto de saldo insoluto de capital vigente; pago de 86,088.98 UDIS ( ochenta y seis ochenta y ocho punto noventa y ocho Unidades de Inversión), equivalente a $495,133.36 ( cuatrocientos noventa y cinco mil ciento treinta y tres pesos 36/100 moneda nacional), por concepto de saldo insoluto de intereses ordinarios calculados a razón de la tasa estipulada en las cláusulas cuarta y décima segunda del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria base de la acción, hasta el día treinta de junio de dos mil diecisiete; pago de 28,126.79 UDIS (veintiocho mil ciento veinte seis punto setenta y nueve Unidades de Inversión), equivalente a $161,768.81 (ciento sesenta y un mil setecientos sesenta y ocho pesos 81/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios calculados en términos de las cláusulas cuarta y décima segunda del aludido contrato fundatorio, hasta el día treinta de junio del dos mil diecisiete; pago de $3,874.75 UDIS ( tres mil ochocientos setenta y cuatro punto setenta y cinco Unidades de Inversión), equivalente a $22,285.59 (veintidós mil doscientos ochenta y cinco pesos 29/100 moneda nacional), por concepto de comisiones por administración adeudadas de acuerdo a lo pactado en las clausulas tercera y décima segunda del contrato citado y estado de cuenta adjunto a la demanda, hasta el treinta de junio de dos mil diecisiete; pago de interese ordinarios causados y que se sigan causando respecto del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria basal, contados a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento de dicho contrato, los deberán computarse con arreglo a la tasa y términos pactados en las clausulas cuarta y decima cuarta del citado contrato; pago de interese moratorios causados y que se sigan causando respecto del aludido contrato; contados a partir del día siguiente de la fecha de incumplimiento en el pago y hasta el día en que se liquide totalmente el adeudo reclamado cuantificables en términos de cláusulas cuarte y décima segunda del contrato base de la acción.". En ese sentido, debe decirse que respecto al acto reclamado, este juzgador federal considera que es legalmente incompetente para conocer del mismo, en atención a las siguientes consideraciones: Conviene señalar que al efecto del contenido de los artículos 34, 47, 170 y 176, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma.". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley.". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley.". De lo transcrito se desprende que es competente para conocer del juicio de amparo directo un Tribunal Colegiado de Circuito cuando se promueva contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. Por lo que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo promovido contra sentencias definitivas (las que decidan en juicio en lo principal y no puedan ser modificadas o revocadas mediante un recurso ordinario) se debe promover por conducto de la autoridad responsable; sin embargo, cuando se presente un juicio de amparo contra estas resoluciones ante un juez de distrito, éste debe declararse incompetente y remitir la demanda al tribunal colegiado de circuito que corresponda, quien confirmará o revocará esa determinación de incompetencia. En esas condiciones, si los promoventes reclaman la sentencia de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en los autos del juicio sumario civil hipotecario, número 660/2018-4, promovido por HSBC México, contra los hoy quejosos Marco Antonio Morales Michel y María del Rosario Guerrero Santana, es claro que encuadra dentro de aquellas previstas en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, tal reclamo debe hacerse en la vía de amparo directo y, por ende corresponde su estudio a un Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa. Por lo considerado, en cumplimiento al artículo 17 constitucional, a efecto de garantizar la eficacia y rapidez en la tramitación y fallo de los juicios, en concordancia con el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diversos artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordena enviarla al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para los efectos señalados en el artículo 47 de la ley de la materia, y comunique la determinación que en su caso tenga a bien tomar, solicitando de manera atenta el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia de las constancias que integran este expediente. Finalmente, con apoyo en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Fernando Montes de Oca número 1846, del Fraccionamiento San Fernando, de esta ciudad y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a José Alberto Ortega Campos. ____________________________________________________________________________ Vista la razón actuarial realizada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado de Distrito en la cual hace constar su imposibilidad para notificar a los quejosos Marco Antonio Morales Michel y María del Rosario Guerrero Santana el proveído de dieciocho de diciembre del año en curso, toda vez que al constituirse en el domicilio señalado para el efecto ubicado en Calle Fernando Montes de Oca número 1846, del Fraccionamiento San Fernando, de esta ciudad, se percató que el número indicado no existe. Atento a lo anterior, toda vez que de autos se advierte que el domicilio correcto es el ubicado en Calle Fernando Montes de Oca número 1864, del Fraccionamiento San Fernando, de esta ciudad, se comisiona a la actuaria de la adscripción para que se constituya en el mismo y notifique a los quejosos Marco Antonio Morales Michel y María del Rosario Guerrero Santana el proveído de dieciocho de diciembre del año en curso.

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