Marco Ezequiel Guerrero Perez

Expediente 115/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
115/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
30/06/2021

Partes del expediente

  • Marco Ezequiel Guerrero Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de tres de junio de dos mil veintiuno (notificado por estrados el cuatro siguiente personalmente), en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. A su vez, de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada en el presente juicio; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos y con la vista que se le hizo al quejoso por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación, manifestara lo que a su derecho conviniese, y con el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. El citado proveído se le notificó al agraviado por estrados el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, sin que se desahogara tal vista. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia del veintidós de marzo de dos mil veintiuno, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado por Marco Ezequiel Guerrero Pérez y se fijaron los siguientes efectos: "Por tanto, al hacerse patente la violación reclamada, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria el juicio de garantías de que se trata, las autoridades responsables Presidente, Secretario y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos del municipio de Ahome, Sinaloa contesten la petición de la parte quejosa, presentada el veintitrés de enero de dos mil veinte, conforme a derecho proceda, de manera fundada y motivada, pues así lo exige el artículo 16 constitucional.". La citada sentencia de amparo causó estado el quince de abril de dos mil veintiuno, y se requirió de las responsables su cumplimiento. En ese sentido, mediante oficio presentado el veintidós de abril de dos mil veintiuno, el delegado de las autoridades responsables Presidente, Secretario y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos del municipio de Ahome, Sinaloa, allegó el oficio 154/02/2021 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, al que adjuntó el dictamen por el que se determinó legalmente procedente el beneficio de jubilación y/o pensión por retiro por años de servicio; asimismo por oficio presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, el delegado de las autoridades responsables Presidente, Secretario y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos del municipio de Ahome, Sinaloa, hicieron llegar el oficio 86/2021 de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual el Secretario del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, informó al Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de Ahome que en sesión extraordinaria de cabildo celebrada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, fue emitido el dictamen por la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, en el que se determinó procedente el beneficio de jubilación por años de servicio y grado inmediato superior al aquí quejoso Marco Ezequiel Guerrero Pérez. En ese tenor, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que las responsables otorgaran respuesta completa a la petición del quejoso contenida en el escrito de veintitrés de enero de dos mil veinte -tendente a la solicitud del ascenso del grado inmediato y, posteriormente, la jubilación por años de servicio-, haciendo de su conocimiento la respuesta que recayera a la misma, lo cual ya aconteció; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto el oficio sin número, mediante el cual el Delegado de las autoridades responsables Presidente, Secretario y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos del municipio de Ahome, Sinaloa, remite el oficio número 86/2021 de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, con el cual informa que en sesión ordinaria de cabildo, acta número 92, derivado del segundo Punto del Orden del Día, se aprobó por unanimidad de votos el dictamen, emitido por la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con el cual determinó que era legalmente procedente otorgar el beneficio de pensión por retiro anticipado al quejoso Marco Ezequiel Guerrero Pérez, y le otorga el beneficio del grado inmediato superior, documento que fue debidamente notificado. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar; dese vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días contando a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable en comento.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Cabildo del Ayuntamiento de Ahome, no ha dado cumplimiento a lo peticionado por auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, por tanto, requiérasele de nueva cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la recepción del oficio que le notifique este proveído, otorgue cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento de que, en caso de omitir dar cumplimiento, realizar evasivas o retardar aún más el cumplimiento a la sentencia constitucional, se haría acreedor a una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, subsiste el diverso relativo a remitir el expediente al Tribunal Colegiado en turno de este Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: I.3o.T.18 L (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1380 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Décima Época, con número de Registro: 2005830, cuyo rubro y texto señalan (énfasis añadido): "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito."

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