Marco Antonio Trejo Mejía
Expediente 980/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 980/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Marco Antonio Trejo Mejía
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos que guarda el presente asunto se advierte que mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo por los motivos que fueron expuestos, por tal motivo se ordena notificarlo de manera electrónica a la parte quejosa en el usuario que proporcionó, para su conocimiento. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa el auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés. SÍNTESIS DEL PROVEÍDO DE CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de ********************, por derecho propio, regístrese bajo el número 980/2023-III. ACTO RECLAMADO De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado: La orden de detención y/o aprehensión librada en su contra. DESECHAMIENTO Por tanto, con respecto al acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión de la cual aduce el quejoso haber tenido conocimiento el siete de junio de dos mil veintitrés, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal; mismos que para una mejor comprensión a continuación se plasman: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Lo anterior es así, toda vez que en primer término, el presente sumario constitucional no se adecúa a alguno de los supuestos de excepción del término de quince días para la interposición del juicio de amparo, previstos por el artículo 17 antes transcrito, como se verá más adelante. Una vez definido lo anterior, debe ponderarse que la demanda de amparo intentada fue presentada de manera extemporánea; ello, en virtud que de las manifestaciones realizadas por el quejoso puede apreciarse que tuvo conocimiento de la orden de detención y/o aprehensión que reclama, por lo menos desde el siete de junio de dos mil veintitrés, en que fue informado por uno de sus vecinos, que enfrente de su domicilio, se encontraban unas personas en un auto, del cual una de ellas descendió y le preguntó a qué hora llegaba porque tenía una investigación con él; mientras que la presente demanda de amparo fue recibida en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, hasta el dos de agosto de dos mil veintitrés, a través del buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan. Por lo tanto, si en el escrito de demanda que se provee, el quejoso bajo protesta de decir verdad confesó que tenía conocimiento de que desde el siete de junio de dos mil veintitrés, diversos agentes de la "Policía de Investigación", estaban intentando localizarlo, debido a una "investigación" que tenían pendiente; resulta incuestionable que el solicitante de amparo estaba en aptitud legal de promover el presente juicio desde el momento en que se hizo sabedor del referido acto reclamado. En ese orden de ideas, si el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, por lo menos desde el siete de junio de dos mil veintitrés, y la demanda de amparo que dio inicio al presente sumario constitucional fue presentada hasta el dos de agosto de dos mil veintitrés, como se aprecia del sello de recepción correspondiente [es importante establecer que la demanda de amparo resulta extemporánea, al haber transcurrido en exceso el término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, sin que se advierta como ya se dijo, que los actos reclamados encuadren en alguno de los supuestos de excepción a dicho término previstos por las diversas fracciones del citado ordinal]. Efectivamente, al no tratarse el acto reclamado en alguno de aquellos que afecte, ataque o vulnere la libertad personal fuera de procedimiento, importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales, no se encuentra en los supuestos de excepción a que hace referencia el artículo 17, en sus diversas fracciones, mismo que fue transcrito en supra líneas. A más de lo anterior, debe decirse que si bien contra la orden de aprehensión procede el amparo indirecto, lo cierto es que el mismo debe interponerse dentro del término de quince días a que se refiere el numeral 17, de la Ley de la Materia, y además al no tratarse de alguno de los diversos supuestos de excepción a que se refiere el propio numeral en cita, por lo que al no hacerlo así el quejoso, es claro que se conformó tácitamente con el mismo; y al haber promovido la demanda de amparo hasta el dos agosto de dos mil veintitrés, resulta claro que transcurrieron en exceso más de quince días hábiles que para tal efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, desde la fecha de conocimiento del acto reclamado y la de interposición de la demanda de amparo. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia P./J.12/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, del Tomo I, mayo de dos mil quince, correspondiente a la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 2009174 que a su letra dice: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." No debe perderse de vista que de la orden de captura reclamada, como se dijo en líneas precedentes, el quejoso aduce haber tenido conocimiento desde el siete de junio de dos mil veintitrés, es decir, posterior a que entrara en vigor la Ley de Amparo vigente, misma que tiene vigencia a partir del tres de abril de dos mil trece; con lo cual fácilmente se puede inferir que el acto que por esta vía se reclama, no es de aquéllos que se pueden impugnar en cualquier tiempo, pues ello solo ocurriría si se hubiese dictado anteriormente a la reforma de la citada Ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 45/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, registro 2006652 que indica: "ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate." Asimismo, también resulta aplicable el criterio sostenido en la Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, Novena Época, página 1931, registro 2006652 cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Por consecuencia, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia de la acción constitucional; con base en la hipótesis de la fracción XIV del precepto 61, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de ese cuerpo normativo, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por ********************. Domicilio procesal y autorizados En términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el artículo 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las notificaciones de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario "********************" y las restantes por medio de lista; en el entendido que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. No obstante, se tiene como medio de comunicación no procesal el correo electrónico que proporciona. Se autorizan a las personas que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad invocada, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Transparencia Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. Solicitud de información Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Integración del expediente físico y electrónico Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. Exhortación a tramitar asuntos "en línea" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Tramitación electrónica en el juicio en línea Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente; II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación; III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; y, IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y personalmente al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción."
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de ********************, por derecho propio, regístrese bajo el número 980/2023-III. ACTO RECLAMADO De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado: La orden de detención y/o aprehensión librada en su contra. DESECHAMIENTO Por tanto, con respecto al acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión de la cual aduce el quejoso haber tenido conocimiento el siete de junio de dos mil veintitrés, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal; mismos que para una mejor comprensión a continuación se plasman: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Lo anterior es así, toda vez que en primer término, el presente sumario constitucional no se adecúa a alguno de los supuestos de excepción del término de quince días para la interposición del juicio de amparo, previstos por el artículo 17 antes transcrito, como se verá más adelante. Una vez definido lo anterior, debe ponderarse que la demanda de amparo intentada fue presentada de manera extemporánea; ello, en virtud que de las manifestaciones realizadas por el quejoso puede apreciarse que tuvo conocimiento de la orden de detención y/o aprehensión que reclama, por lo menos desde el siete de junio de dos mil veintitrés, en que fue informado por uno de sus vecinos, que enfrente de su domicilio, se encontraban unas personas en un auto, del cual una de ellas descendió y le preguntó a qué hora llegaba porque tenía una investigación con él; mientras que la presente demanda de amparo fue recibida en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, hasta el dos de agosto de dos mil veintitrés, a través del buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan. Por lo tanto, si en el escrito de demanda que se provee, el quejoso bajo protesta de decir verdad confesó que tenía conocimiento de que desde el siete de junio de dos mil veintitrés, diversos agentes de la "Policía de Investigación", estaban intentando localizarlo, debido a una "investigación" que tenían pendiente; resulta incuestionable que el solicitante de amparo estaba en aptitud legal de promover el presente juicio desde el momento en que se hizo sabedor del referido acto reclamado. En ese orden de ideas, si el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, por lo menos desde el siete de junio de dos mil veintitrés, y la demanda de amparo que dio inicio al presente sumario constitucional fue presentada hasta el dos de agosto de dos mil veintitrés, como se aprecia del sello de recepción correspondiente [es importante establecer que la demanda de amparo resulta extemporánea, al haber transcurrido en exceso el término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, sin que se advierta como ya se dijo, que los actos reclamados encuadren en alguno de los supuestos de excepción a dicho término previstos por las diversas fracciones del citado ordinal]. Efectivamente, al no tratarse el acto reclamado en alguno de aquellos que afecte, ataque o vulnere la libertad personal fuera de procedimiento, importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales, no se encuentra en los supuestos de excepción a que hace referencia el artículo 17, en sus diversas fracciones, mismo que fue transcrito en supra líneas. A más de lo anterior, debe decirse que si bien contra la orden de aprehensión procede el amparo indirecto, lo cierto es que el mismo debe interponerse dentro del término de quince días a que se refiere el numeral 17, de la Ley de la Materia, y además al no tratarse de alguno de los diversos supuestos de excepción a que se refiere el propio numeral en cita, por lo que al no hacerlo así el quejoso, es claro que se conformó tácitamente con el mismo; y al haber promovido la demanda de amparo hasta el dos agosto de dos mil veintitrés, resulta claro que transcurrieron en exceso más de quince días hábiles que para tal efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, desde la fecha de conocimiento del acto reclamado y la de interposición de la demanda de amparo. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia P./J.12/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, del Tomo I, mayo de dos mil quince, correspondiente a la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 2009174 que a su letra dice: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." No debe perderse de vista que de la orden de captura reclamada, como se dijo en líneas precedentes, el quejoso aduce haber tenido conocimiento desde el siete de junio de dos mil veintitrés, es decir, posterior a que entrara en vigor la Ley de Amparo vigente, misma que tiene vigencia a partir del tres de abril de dos mil trece; con lo cual fácilmente se puede inferir que el acto que por esta vía se reclama, no es de aquéllos que se pueden impugnar en cualquier tiempo, pues ello solo ocurriría si se hubiese dictado anteriormente a la reforma de la citada Ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 45/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, registro 2006652 que indica: "ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate." Asimismo, también resulta aplicable el criterio sostenido en la Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, Novena Época, página 1931, registro 2006652 cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Por consecuencia, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia de la acción constitucional; con base en la hipótesis de la fracción XIV del precepto 61, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de ese cuerpo normativo, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por ********************. Domicilio procesal y autorizados En términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el artículo 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las notificaciones de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario "********************" y las restantes por medio de lista; en el entendido que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. No obstante, se tiene como medio de comunicación no procesal el correo electrónico que proporciona. Se autorizan a las personas que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad invocada, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Transparencia Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. Solicitud de información Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Integración del expediente físico y electrónico Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. Exhortación a tramitar asuntos "en línea" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Tramitación electrónica en el juicio en línea Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente; II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación; III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; y, IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y personalmente al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
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