Marco Aurelio López González

Expediente 1324/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1324/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Marco Aurelio López González

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, por medio del cual acusa recibo del recurso de queja interpuesto en este juicio de amparo, el cual registró bajo el número 288/2023. Ahora, con relación a la solicitud de constancias que requiere el Tribunal oficiante, envíese el informe de la queja, el escrito original de agravios y copia certificada de la totalidad de las actuaciones que integran el presente juicio de amparo; asimismo, hágase del conocimiento que este Juzgado de Distrito no realizó notificación alguna a las partes sobre el medio de impugnación, en razón de que éste se hizo valer en contra del auto que desechó la demanda de amparo, no obstante ello, en la copia certificada que se le enviará, obra la notificación practicada al recurrente del acto impugnado. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es conservable en el plazo de tres años, ya que se negó el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a) de esa normatividad. Asimismo, es destruible el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 20, fracción III del citado Acuerdo General, pues se negó la medida cautelar definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa. Finalmente, devuélvase a la Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, las copias certificadas que adjuntó a su informes previo y justificado, relativas al expediente ******************** constante de un tomo cada uno. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de octubre de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese la demanda de amparo promovida por Marco Aurelio López González, bajo el número 1324/2023-II, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa refiere como acto reclamado: - La ilegal medida cautelar de prisión preventiva justificada y, derivado de ello, el trato indigno a su condición humana y la violación al derecho de igualdad y no discriminación, pues la prisión preventiva es necesaria cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de testigos o de la comunidad, cuando el imputado esté siendo procesado. DESECHAMIENTO (...) Así, de los preceptos legales transcritos, se evidencia que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18 del propio ordenamiento legal, que por regla general es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al en que hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado, de acuerdo con la ley que lo rija; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan relación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo, se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre, invariablemente, en el improrrogable plazo de quince días siguientes. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se indican en el artículo 17 de la Ley de Amparo, de cuya intelección se pone de manifiesto que el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal para promover el juicio de amparo, en relación con algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial, como sucede con los relativos a una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación o de sujeción a proceso, esto es, aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción de amparo tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que consintió uno u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. (...) Lo anterior, sin contar en dicho cómputo los días catorce, quince, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro y treinta de septiembre, así como uno de octubre actual, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, en relación con el 74, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo. Así, la extemporaneidad en el ejercicio de la acción de amparo se hace patente, pues transcurrieron más de quince días desde la fecha siguiente a la que surtió efectos la notificación en la audiencia del acto reclamado en análisis, a la presentación de la demanda de amparo (cinco de octubre de dos mil veintitrés), lo que pone en evidencia que a esa fecha había fenecido el plazo de quince días que tenía la parte quejosa para hacerlo. Por ello, al no encontrarse los actos reclamados en estudio dentro de las excepciones a la regla general respecto del plazo concedido para promover el juicio de amparo, es evidente que la demanda origen de este juicio debió presentarse dentro de los quince días siguientes a que se refiere dicho ordenamiento. La presente determinación debe entenderse en congruencia con las formalidades y presupuestos procesales de procedencia de la acción de amparo, pues no obstante la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de diez de junio de dos mil once, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no implica que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que previamente estén cumplidos los requisitos de procedencia, por lo que esa interpretación pro persona, por sí misma, es insuficiente para declarar procedente lo improcedente. Apoya el criterio anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2005717, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, del tenor literal siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." En virtud de lo expuesto, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida por el numeral 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo procedente desechar de plano la demanda, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, háganse al quejoso las notificaciones de carácter personal en el centro penitenciario en que se encuentra recluído. Se autoriza a las personas que refieren en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos.(...) Notifíquese; y al quejoso en el centro de reclusión.

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