Marco Antonio Saucedo Soto
Expediente 974/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 974/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Marco Antonio Saucedo Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio del Actuario Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por el cual remite testimonio de la resolución de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dictada dentro del recurso de queja 181/2019, de su índice, en la cual resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso..., por conducto de su autorizado." Acúsese recibo; háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio del Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con el que acusa recibo del recurso de queja e informa que se admitió con el número 181/2019. Notifíquese.
- Principal
"...Agréguese el escrito del autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, personalidad que se le reconoce al tener registrada su cédula de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado el quince de los corrientes. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso, ríndase el informe expresando que es cierto que este Juzgado Federal dictó el auto de quince de agosto del dos mil diecinueve, acompañando el original y copia del escrito de agravios, así como copia certificada de todo lo actuado..."
- Principal
ANOTACIONES Vista la demanda promovida por Marco Antonio Saucedo Soto regístrese bajo el número 974/2019- VI. ACTO RECLAMADO De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama el ilegal ejercicio de la acción penal dictado dentro de la carpeta de investigación número NUC:TLA/FVG/ VIJ/060/154292/18/07 NIC:VG/VIJ/00/MPI/6633/01206/18/07. DESECHAMIENTO Al respecto, el suscrito resolutor advierte que se actualiza, la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Del precepto legal transcrito se obtiene que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio de garantías, por lo que aquél debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, pues si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada el juicio de garantías resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/87, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación la página 364, del Tomo: VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así, con base en lo anterior, se tiene que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica; entendiéndose por perjuicio, la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano competente a fin de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y ello es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Por consiguiente, sólo tiene interés jurídico el particular a quien la norma le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Precisado lo anterior, se pone de manifiesto que en el caso concreto, el acto reclamado consiste en la resolución del Agente del Ministerio Público Especializado en Violencia Familiar, Sexual y de Género con Sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México en la que determinó el ejercicio de la acción penal, acto que no le causa perjuicio al quejoso, y por ende carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo. Es así, porque la sola resolución del Agente del Ministerio Público en cita no le genera al impetrante de amparo derecho alguno para defenderla en vía de amparo, pues tal actuación no le afecta por sí misma, toda vez que la afectación ocurrirá hasta que la indagatoria sea consignada y el juez del proceso, a quien le corresponda resolver sobre el pedimento de la representación social, determine librar una orden de aprehensión, pues es hasta ese momento que se afectaría la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior se robustece, si se toma en cuenta que la facultad investigadora del Ministerio Público emana directamente del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ciertamente, el indicado precepto establece: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.". Con base en lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional corresponde a la representación social las facultades de investigar los delitos y tiene la obligación de acreditarlos, el acto reclamado que ahora se analiza, consistente en la determinación de ejercicio de la acción penal, no le irroga perjuicio alguno, pues ello se materializará, como ya se dijo, hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, pues estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al representante social, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Se cita en apoyo a lo aquí resuelto, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 1ª. CXXXV/2004, con registro 180028, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Página 351, de rubro y tenor siguiente: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por ser manifiesta y notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que el domicilio que señala se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este juzgado; lo anterior hasta en tanto señale algún domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan). No obstante, tomando en consideración la naturaleza de esta determinación, se comisiona a alguno de los Actuarios de la adscripción para que se constituya en el domicilio particular que señaló la parte quejosa y le notifique este acuerdo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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