Marco Antonio Saldaña Mendoza

Expediente 443/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
443/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • MARCO ANTONIO SALDAÑA MENDOZA y Otros.
  • Marco Antonio Saldaña Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta proveniente del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada dentro del recurso de queja 161/2021, en el cual se resolvió, lo siguiente: "Único. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto contra del proveído de veintidós de junio de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio de amparo indirecto 443/2021." En ese contexto, acúsese el recibo correspondiente al tribunal de alzada. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado el juicio de amparo, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Finalmente, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "no relevancia documental" y "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 35 del mencionado acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes, en Tijuana, Baja California, dos de julio de dos mil veintiuno Jazmín Itzel Mondragón Isais Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en TijuanaEl dos de julio de dos mil veintiuno, se da cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede y con el escrito firmado por la parte quejosa, registrado con folio 9198, y tres fotocopias. Conste.Tijuana, Baja California, dos de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito firmado por Sergio Adrián Realivazquez Prieto, por propio derecho y quien se ostenta como representante de Marco Antonio Saldaña Mendoza; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de veintidós de junio del año en curso. En consecuencia, con fundamento en el numeral 101 de la ley de la materia, ríndase informe materia del recurso de queja, en el sentido de que es cierto que este juzgado dictó la determinación de veintidós de junio de dos mil veintiuno, en la que se desechó de plano la demanda de amparo interpuesta por el promovente. Como sustento de lo anterior, remítanse al Tribunal Colegiado en turno del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, el escrito original de agravios y fotocopia del mismo, así como copia certificada de las constancias que integran el presente juicio Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve Sergio Adrián Realivazquez Prieto, por propio derecho y quien se ostenta como representante de Marco Antonio Saldaña Mendoza, contra actos del Juez de Control del Partido Judicial de Playas de Rosarito, Baja California; por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 20 constitucionales; fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 443/2021-C. Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En ese contexto, se advierte que se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción III, inciso b), establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio en los términos siguientes: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]" De la disposición constitucional trascrita, se desprende que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. En congruencia con esta previsión constitucional, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Como se puede apreciar, el precepto legal transcrito reitera el mandamiento Constitucional antes citado, destacando el legislador que por imposible reparación se entiende que son aquellos actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Acorde con la definición dada por el legislador en la ley reglamentaria, se puede concluir que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando cumplen concomitantemente con las siguientes notas distintivas: 1) Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, 2) Esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. De lo antes expuesto, se puede concluir que el legislador trató de evitar que los juicios naturales se interrumpan constantemente mediante la promoción de juicios de amparo en contra de cada acto procesal que fuese presentando en el procedimiento natural y que se estimase perjudicial por algunas de las partes y, que solo como regla excepcional, existe la posibilidad de que se impugnen desde luego aquellos actos que tengan una afectación de imposible reparación, ningún caso tendría esperar a que se dictara sentencia para poder combatir un acto de esa naturaleza. De ahí, que sea necesario para la procedencia del juicio de amparo indirecto que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, cuyas consecuencias sean tan graves que impidan su ejercicio y no una simple lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que probablemente no trascienda al resultado del fallo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso reclama del Juez de Control del Partido Judicial de Playas de Rosarito, Baja California, -el Auto de apertura a juicio oral, dictado el tres de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal 111/2019, en el que admite los medios de prueba ofrecidos por la Fiscalía, consistentes en testimoniales a cargo de las personas que indica en dicho apartado -. De lo anterior, se advierte que lo que reclama el quejoso constituyen actos procesales, ya que sus consecuencias sólo tienen efectos dentro del procedimiento, por tanto, dada su naturaleza intraprocesal o intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos sustantivos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, de ahí que no cumpla con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se refiere el artículo 107, fracción III, inciso b) constitucional en relación el numeral 107, fracción V, contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, virtud que el auto de apertura a juicio oral en el procedimiento penal reclamado, en el que se admiten los medios probatorios ofrecidos por la Fiscalía, de los que hace alusión el quejoso no actualiza afectación de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo del impetrante, asimismo, aun y cuando se le hayan admitido a la Fiscalía los medios probatorios a los que hace alusión, existe la posibilidad de que el aquí quejoso obtenga resolución favorable a sus intereses, en cuyo caso desaparecería la afectación aquí alegada. Ello, porque la Ley de Amparo vigente fue construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos que permite al gobernado controvertir, en la vía indirecta, violaciones a derechos sustantivos, dejando para la vía directa los actos que impliquen violaciones procesales, con el fin de evitar el abuso de su promoción, con el consecuente retraso en el dictado de la resolución de fondo. Siguiendo esa línea argumentativa, tomando en cuenta las premisas previamente establecidas, este órgano de control constitucional concluye que el acto reclamado no es de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues el auto de apertura a juicio oral define cuestiones meramente procesales, que involucran derechos de naturaleza adjetiva, los que, en todo caso, podrán ser objeto de impugnación mediante el juicio de amparo directo que eventualmente se interponga contra la sentencia definitiva. Por lo tanto, al no afectar materialmente los derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicanos, sino únicamente procesales, el juicio de amparo indirecto promovido por el recurrente en contra del auto de apertura a juicio oral es improcedente, en términos de lo que dispone la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, aplicada en sentido contrario. Soporta lo anterior, la jurisprudencia PC.XVII. J/29 P (10a.), emitida por los Plenos de Circuito, con registro digital 2022565, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 1154, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. Hechos. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si es procedente el juicio de amparo indirecto contra la determinación del Juez de Control en la etapa intermedia, de admitir medios de prueba, arribando a conclusiones distintas, pues uno consideró que, por regla general, es procedente por afectar en forma preponderante y superior los derechos sustantivos de acceso a la justicia y defensa adecuada y los restantes concluyeron que no es impugnable a través de ese medio de control constitucional, porque no implica un acto de ejecución irreparable. Criterio jurídico: Las determinaciones del Juez de Control, relativas a la aceptación de los medios de prueba ofrecidos por alguna de las partes -o a la forma en que se pretendan recibir o desahogar-, por regla general, constituyen actos de naturaleza intraprocesal que no son susceptibles de impugnarse en el amparo indirecto. Justificación: Lo anterior es así, ya que con esas actuaciones normalmente no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución General, sino sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, los cuales no generan la afectación extrema que obligue a efectuar un inmediato análisis de la constitucionalidad de los actos procesales en cuestión; por tanto, no se ubican dentro de los actos de imposible reparación que como categoría excepcional del juicio de amparo prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Ello pues una de las principales funciones del Juez de Control durante esta etapa, consiste en asegurarse de que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral, por lo que esta etapa resulta el momento procesal idóneo para que éste haga valer sus inconformidades. De ahí que al momento de desahogar la prueba ante el Juez o tribunal de enjuiciamiento, dada la naturaleza híbrida del acuerdo de apertura a juicio oral, se reconoce la relación ineludible entre los aspectos vinculados con la motivación aplicada para admitir la prueba y aquellos que puedan derivar del debate para su desahogo; en consecuencia, estos últimos pueden ser valorados en la sentencia, dando lugar a una eventual declaratoria de ilegalidad o ilicitud, cuando trastoquen derechos fundamentales." Asimismo, resulta aplicable al efecto, la tesis XI.P.12 P (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, visible en la página 2632, del Libro 34, correspondiente al mes de septiembre de dos mil dieciséis, del Tomo IV, de la Décima Época de la Gaceta Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2012689, cuyo rubro y texto dice: "AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que los actos dentro del juicio son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas, por lo que tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 del mismo código. Por tanto, el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del mismo ordenamiento, aplicada esta última en sentido contrario, con apoyo en el numeral 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo Interpuesta por Sergio Adrián Realivazquez Prieto, por propio derecho y en representación de Marco Antonio Saldaña Mendoza. Domicilio y autorizados Se tienen como autorizados en los términos solicitados, a quienes refiere, y como domicilio procesal, el señalado en el escrito de demanda. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Acceso a expediente electrónico De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente asunto. En ese tenor, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "jocelyn22" únicamente por lo que hace a este juicio. Asimismo, se le tiene señalando correo electrónico de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para entablar comunicación no procesal con las partes. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea Ahora bien, tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, de conformidad con el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones por la misma vía en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que concluya este juicio. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente.

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