Marco Antonio Salazar Torres
Expediente 804/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 804/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/02/2022
Partes del expediente
- Marco Antonio Salazar Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Tijuana, Baja California, a dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose que la parte quejosa ni su autorizado, interpusieron dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra de la determinación judicial de treinta de diciembre dos mil veintiuno, en la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. En ese contexto, en términos del artículo 21, inciso c), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional, y por resolución incidental de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción y no de depuración como erróneamente se asentó en auto de tres de mayo pasado, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo 21 del Acuerdo General citado, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. Se ordena estampar en las carátulas del original y duplicado del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese. Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso Marco Antonio Salazar Torres, señaló como acto reclamado la omisión del Juez Cuarto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana de hacer entrega de la copia de su expediente jurídico. Asimismo, del estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de noviembre del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, con sede en esta ciudad, mediante el cual informó, entre otras cuestiones, que el once de febrero del año en curso, dictó un auto en el que tuvo por recibida la solicitud del ahora quejoso, además que una vez que se tuvieran las copias mencionadas se las harían llegar en el lugar de reclusión, y en sustento a ello, adjuntó copia certificada de dicho proveído, así como de diversas actuaciones que apoyan esa información; asimismo, en auto de diecisiete de diciembre del presente año, se tuvo a la responsable remitiendo diversas constancias, entre las que obra, copia de la constancia de diecinueve de noviembre del año en curso, en la que se hizo constar la entrega de las copias al quejoso en dos tomos. De igual forma, este órgano jurisdiccional ordenó notificar de manera personal el referido informe justificado y anexos al quejoso privado de su libertad, lo que así aconteció el veintitrés de noviembre y veinte diciembre, del año actual, respectivamente, como se desprende de las constancias conducentes. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2261 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En mérito de lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Ello, en virtud de que, como se precisó, la omisión reclamada al Juez Cuarto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana de entregar copia de su expediente jurídico, cesó; ya que del contenido de las constancias que obran en presente sumario constitucional, se obtiene que la autoridad responsable acreditó haber realizado las gestiones y obtuvo una constancia de la que se desprende, le fueron entregadas al quejoso las copias que solicitó; lo que además aconteció, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno). De esta manera, es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera la hipótesis de la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, es aplicable al caso, por analogía jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, derivada de la contradicción de tesis 164/2008-SS, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada del tres de diciembre del dos mil ocho, que, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (trece horas del veintiséis de enero de dos mil veintidós); comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el Libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente al quejoso y a sus asesores jurídicos.
- Principal
Tijuana, Baja California, a diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio que remite la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Penal, con residencia en esta ciudad, por el cual en cumplimiento a los requerimientos formulados en proveídos de veintidós de noviembre y diez de diciembre, ambos del año en curso, remite copia certificada de la constancia de entrega al quejoso Marco Antonio Salazar Torres, de las copias simples de la causa penal 185/2019. Con lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese y personalmente al quejoso y sus asesores.
- Principal
Tijuana, Baja California, a diez de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Penal de esta ciudad, no ha remitido la constancia con la que acredite la entrega al quejoso Marco Antonio Salazar Torres, de las copias simples enviadas al Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, mediante oficio 1387-3, las cuales fueron solicitadas en auto de veintidós de noviembre del año en curso. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las trece horas del veintiséis de enero de dos mil veintiuno, para su celebración. Por otra lado, de conformidad con el ordinal 75 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Penal de esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que sea notificada del presente proveído, remita a este Juzgado copia certificada de la constancia en la que se acredite la entrega al quejoso Marco Antonio Salazar Torres, de las copias simples enviadas al Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, mediante oficio 1387-3, se apercibe a dicha responsable que de no dar cumplimiento a lo anterior o no informar el impedimento legal que para ello tenga, se le impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo; en relación con los numerales Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese.
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