Marco Antonio Salas Arana

Expediente 230/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
230/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
19/05/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Salas Arana
  • Juez de Control Especializado En Ejecución de Pena del Partido Judicial de Tijuana, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la determinación dictada el veintisiete de abril de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dentro del presente asunto, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente principal por haberse sobreseído en el juicio, es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual deben conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Respecto al original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en atención a que se negó la suspensión provisional así como la suspensión definitiva de los actos reclamados; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis del artículo 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación (en un plazo de tres años). Y por lo que corresponde al duplicado del citado incidente, se establece que éste es susceptible de destrucción de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes referido (en un plazo de seis meses). Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que en siete de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibido informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, de esta ciudad. Asimismo, del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que mediante audiencia de dieciocho de febrero del año en curso, dictada dentro del cuaderno de ejecución 1739/2019 de su índice, resolvió de fondo las solicitudes planteadas en dicha audiencia -en la cual refiere que el sentenciado, aquí quejoso estuvo asistido por su defensor público-; posteriormente, el dos de marzo de dos mil veintidós, recibió escrito signado por el sentenciado, en el cual solicitó una copia certificada del acuerdo que recayó en su favor de la audiencia de referencia, del cual -refiere que- no atendió oportunamente su solicitud; asimismo, se obtiene que en auto de cuatro de abril de dos mil veintidós dictado dentro del cuaderno de ejecución 1739/2019; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -veintiocho de marzo de dos mil veintidós-, dio respuesta a la solicitud planteada por el aquí quejoso en los términos siguientes: "[.] Auto.- Tijuana, Baja California, a cuatro de abril de dos mil veintidós. Se tiene por recibido un escrito registrado con número de despacho 7664/2022 signado por la persona privada de la libertad Marco Antonio Salas Arana, en el cual solicita copia certificada de la audiencia del dieciocho de febrero de dos mil veintidós, ya que no le quedó muy claro el beneficio que se le otorgó. [.] Ahora bien, en relación a lo manifestado por el promovente, dígasele que mediante auto de fecha primero de abril del presente año, este Tribunal de Ejecución, calificó la legalidad de la determinación administrativa del desplazamiento del privado de la libertad que nos ocupa, realizada por el Subdirector General de Centros Penitenciarios y Centros para Adolescentes, en fecha treinta de marzo del año dos mil veintidós, por ser necesaria, adecuada y pertinente, tomando en consideración que el Centro Penitenciario El Hongo, en la ciudad de Tecate, Baja California, es apto y suficiente para salvaguardar su integridad y por tratarse de una medida preventiva para contar con espacios suficientes dentro de los Centros Penitenciarios de todo el estado y poder enfrentar con Acciones tendientes a preservar la salud de las personas privadas de la libertad, lo anterior, privilegiando los Derechos Humanos y Garantías Individuales de todos y cada uno de los que conforman la población penitenciaria de ese centro. [.]" Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, de esta ciudad, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Ello, tomando en consideración que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que Marco Antonio Salas Arana, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la justifica federal contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, de esta ciudad, en relación con el acto reclamado consistente en la: "La omisión de acordar el escrito presentado por la parte quejosa en relación con la solicitud de que se le expida copia certificada de la resolución de dieciocho de febrero de dos mil veintidós dictada dentro de la carpeta de ejecución 1739/2019."; pues como ya se precisó, del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que en cuatro de abril de dos mil veintidós dictado dentro del cuaderno de ejecución 1739/2019; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -veintiocho de marzo de dos mil veintidós-, dio respuesta a la solicitud planteada por el aquí quejoso. De esta manera, es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera la hipótesis de la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. De esta manera, es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera la hipótesis de la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Notifíquese personalmente a las partes.

  3. Incidental

    Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además en los artículos 140, 144 y 146 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Marco Antonio Salas Arana, por propio derecho, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la impresión de correo electrónico del oficio que remite el Coordinador del Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que nombró a Marianna Lizbeth García Jesús Mendoza Medina, a fin de que asesoren al quejoso, en la tramitación del presente juicio de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. En atención a lo expuesto, con fundamento en los artículos 1 y 14 constitucionales, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones, que conforman el presente juicio de amparo, a los asesores jurídicos antes mencionados, para que, vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que la misma deba ser examinada de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 43/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1301, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Por consiguiente, túrnense los autos al Actuario Judicial de la Adscripción, a fin de que se sirva notificar el contenido del presente proveído, así como del resto de las actuaciones del presente juicio, a los defensores adscritos a la Coordinación del Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, con residencia en esta ciudad, respecto de quienes, el remitente señala como domicilio para notificarlos el sitio en Plaza Mundo Divertido, Vía Rápida Poniente, José Fimbres Moreno, locales 41-43, fraccionamiento San José, código postal 22226, de esta ciudad. Asimismo, se les tiene designando como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica, en los términos del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la autoridad responsable y con su contenido dese vista a las partes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otro lado, ofrece como prueba las documentales que adjuntó a su oficio de cuenta, así como un disco compacto relativo a la audiencia de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente de ejecución 1739/2019, de su índice; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, lo que se relacionará al momento de celebrarse la audiencia constitucional; sin que sea el caso celebrar una audiencia especial para la reproducción del contenido del referido disco compacto, dado que dicho medio de convicción tiene la naturaleza de una documental pública. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, cuyo rubro dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". En consecuencia, resguárdese el disco compacto en la Secretaría de este Juzgado, a fin de evitar el daño de éste por manejo del expediente; en el supuesto de que, si es deseo de las partes consultar su contenido, se les entregará copia del mismo. No obstante lo anterior, se hace de su conocimiento a las partes que si es de su interés acudir a este Juzgado para efectos de imponerse del disco compacto exhibido por la autoridad responsable, deberán informar a este juzgado con la debida anticipación, la fecha en que pueda acudir a las instalaciones para estar en condiciones de realizar los trámites necesarios de acceso al órgano jurisdiccional, y ordenar su desahogo, acorde con lo establecido en los artículos 6 y 26 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En otro contexto, del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que rinde informe previo, en términos de lo solicitado mediante oficio 7041/2022 derivado del incidente de suspensión; en consecuencia, con copia certificada del informe de cuenta, provéase lo conducente en el incidente de suspensión del que deriva el presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y a sus defensores jurídicos.

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