Marco Antonio Rodriguez Barajas
Expediente 4/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 4/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 20/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marco Antonio Rodriguez Barajas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de abril de dos mil veintidós. FIRME FALLO. Visto el estado de los autos, así como de la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. DEPURACIÓN DEL EXPEDIENTE. Por lo tanto, se hace constar que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, en términos del apartado siete punto cuatro, del capítulo siete del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno, a través del oficio SEPLE./ADM./004/2598/2020, toda vez que fue concedida la suspensión de plano de los actos reclamados dentro del presente juicio de amparo; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo a que se hace mención en dicho manual, conservando las respectivas documentales. Hágase la anotación en la carátula. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, realizada la depuración del mismo, solicítese la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General del Archivo y Documentación. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 4/2022, promovido por Marco Antonio Rodríguez Barajas; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante proveído de cinco de enero del año en curso, se tuvo por recibida la demanda de amparo interpuesta por Marco Antonio Rodríguez Barajas, la cual quedó registrada bajo el número 4/2022 en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social, número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; asimismo, se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, para los efectos ahí precisados; proveído de cuatro de febrero del año en curso, en que se tuvo a Alfredo Barrera Mendieta, aceptando el cargo de defensor público federal del citado quejosos; auto de veintitrés de febrero del dos mil veintidós, en que se dejó de tener como autoridades responsables al Titular del Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS MICHOACÁN" y Titular del Departamento de Psiquiatría de dicho centro; finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual, luego de haberse diferido, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, ambos de la Ley de Amparo; 48, 49 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito'; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos omisivos (falta de atención médica) atribuidos a la autoridad residente en la jurisdicción donde ejerce competencia territorial este juzgado de Distrito (Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo). SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención del quejoso al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." El quejoso Marco Antonio Rodríguez Barajas, reclamó de las autoridades responsables, lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES: Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Titular del Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán. (autoridad inexistente). Titular del Departamento de Psiquiatría del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán. (autoridad inexistente). ACTOS RECLAMADOS: "a) de las autoridades señaladas en el inciso B y en el inciso C, Reclamo el no respetar el debido proceso de derecho de petición que me consagra el numero 8° de nuestra Carta Magna a no darme una respuesta a mi petición en tiempo y forma, ya que tengo mucho tiempo comentando sobre mi problema. B) De las autoridades señaladas en los incisos A y B, Reclamo la negativa u omisión de no canalizarme con el Departamento de que corresponde a mi derecho de petición que está plasmada en el presente dirijido (sic) al Área de "Psiquiatría", ya que agrava aún más mi internamiento al no dejarme la adecuada atención, y asesoramiento para mejorar mi estado de salud, ya que toda la vida he sido farmacodependiente" TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS-MICHOACÁN", con sede en Buenavista Tomatlán, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados. Lo anterior en así, toda vez que los actos reclamados precisados en el inciso a), que la parte quejosa atribuyó a la autoridad señalada como responsable, no son ciertos, sin que el justiciable haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados precisados en el inciso a), y sin prueba en contrario eficiente e idónea aportada por el impetrante que desvirtúe tal negativa; consecuentemente, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, en lo que respecta a la autoridad referida y por el acto indicado en el apartado a), con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley que rige el presente juicio. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.2°.J/20, que es del siguiente rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Por lo que hace al acto reclamado en el inciso b), al tratarse de un acto de naturaleza negativa, la carga de la prueba recae en la autoridad responsable. De ahí que no sea dable aceptar la negativa propuesta. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 27, volumen 60, primera parte Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, rubro: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN". CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Previamente al estudio de los aspectos de fondo del acto reclamado, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, esta juzgadora y respecto del acto reclamado precisado en el inciso b), considera que de las documentales remitidas por la autoridad responsable Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social, número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, se determina que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en virtud de las siguientes consideraciones. Es de precisarse, que la cesación a que se refiere el artículo y fracción invocados se da por revocación o por sustitución; la primera implica la desaparición o destrucción del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna y, la segunda se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. Sirve de sustento a lo anterior la tesis aislada I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, consultable en la página mil cuatrocientos noventa y uno, Tomo XXX, diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". En mérito de lo anterior, la hipótesis que en el presente se actualiza es la primera, en virtud de que, como ya se indicó, el acto combatido por el quejoso consiste en la falta de atención médica adecuada para el problema de salud que refiere padecer el quejoso. Sin embargo, como se anotó, se considera que efectivamente tales actos reclamados cesaron en sus efectos, habida cuenta que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, informo entre otras cosas lo siguiente: ". NO SON CIERTOS LOS ACTOS RECLAMADOS consistente en: "a) de las autoridades señaladas en el inciso B y en el inciso C, Reclamo el no respetar el debido proceso de derecho de petición que me consagra el numero 8° de nuestra Carta Magna a no darme una respuesta a mi petición en tiempo y forma, ya que tengo mucho tiempo comentando sobre mi problema. B) De las autoridades señaladas en los incisos A y B, Reclamo la negativa u omisión de no canalizarme con el Departamento de que corresponde a mi derecho de petición que está plasmada en el presente dirijido (sic) al Área de "Psiquiatría", ya que agrava aún más mi internamiento al no dejarme la adecuada atención, y asesoramiento para mejorar mi estado de salud, ya que toda la vida he sido farmacodependiente" (sic); Toda vez que, esta autoridad no ha realizado, ordenado ni ejecutado ningún acto violatorio de los derechos humanos reconocidos al quejoso, ni de las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,. (.) No obstante, hago de su conocimiento que dentro del ámbito de las atribuciones conferidas al de la voz, en todo momento, desde el ingreso del promovente a esta institución se ha proveído y se han realizado las gestiones pertinentes a efecto de salvaguardar la integridad física y mental del quejoso, asimismo, se le ha proporcionado el tratamiento respectivo, acorde a sus diagnósticos, mismo que se ha otorgado de manera integral y oportuna, haciendo de esta manera efectivo su derecho a la salud, en el caso concreto tal y como a continuación se señala. El primero de enero de la presente anualidad, recibió atención médica por parte del Departamento del Servicio Médico de esta Institución, consulta en la que, al término de la auscultación, el médico tratante emite una impresión diagnostica de LUMBALGIA; TRASTORNO DEL SUELO; Y ANSIEDAD, padecimientos para los que se indica un tratamiento a base de DICLOFENACO, KETAROLACO; PLANTAGO (por la temporalidad y frecuencia descrita en la nota médica y Kardex de enfermería), asimismo, SE INDICÓ INTERCONSULTA CON PSIQUIATRÍA. El doce de enero de dos mil veintidós, el quejoso recibió atención psiquiátrica, consulta en la que, el especialista emitió una impresión diagnostica de TRASTORNO DE ANSIEDAD; TRASTORNO POR CONSUMO DE ALCOHOL, HIPNÓTICOS-SEDANTES Y ANISIOLÍTICOS (BENZODIACEPINA) Y METANFETAMINA-CRISTAL, indicado un tratamiento farmacológico a base de VALPROATO DE MAGNESIO Y CLONAZEPAN por la temporalidad y frecuencia descrita en la nota médica y Kardex de enfermería que se anexa en copia certificadas." (.) Por consiguiente, ha quedado demostrado con la notas médicas en citadas en supralíneas que, esta autoridad les ha otorgado a los quejosos la atención médica necesaria, atendiendo a sus padecimientos, esto es, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES MANIFIESTAS AL MOMENTO DE LA CONSULTA MÉDICA, por lo que es evidente que los actos reclamados en la demanda inicial de los dolientes de garantías SON FALSOS, YA QUE EN NINGÚN MOMENTO SE HA OBSTRUIDO SU DERECHO AL ACCESO A LA SALUD, NI SE HA NEGADO LA ATENCIÓN MÉDICA QUE REQUIERE, TAL ES EL CASO QUE HA TENIDO ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA. Asimismo, mediante diverso oficio presentado el catorce de febrero del año en curso [reg. 2126], la autoridad responsable, en cuanto a lo manifestado por el quejoso Marco Antonio Rodríguez Barajas, refirió: "Tal y como se le hizo de conocimiento a través de mi diverso oficio., el medicamente prescrito en las notas médicas por el especialista el doce de enero de dos mil veintidós, le fue proporcionado de manera completa, sin embargo el amparista se negó a firmar de recibido, aduciendo que requería mas CLONAZEPAN, tal y como se acredita con la nota médica del especialista y el kardex de enfermería." Constancias de las que se advierte, principalmente de la hoja de consulta y del kardex de enfermería, que el medicamento "Valpoatro" y "Clonazepan", que le fue prescrito, al quejoso Marco Antonio Rodríguez Barajas, el doce de enero del año en curso, por la psiquiatra Dra. Romero, es por el periodo comprendido del dieciocho de enero al veinte de julio de dos mil veintidós, específicamente: "1. Valproato de magnesio 200 mg. Tomar 0-0-1 por 3 días, después 1-0-1 por 3 días, posteriormente 1-0-2 por 6 meses y suspender. 2. Clonazepan 1 tableta 2 mg. tomar 0-0-2 por 3 meses, posteriormente 0-0-1 ½ por 2 meses y después 0-0-1 por 1 mes más y suspender." Medicamentos que comprenden los seis meses que le fueron ordenados por la galeno en cita. Lo cual se corrobora con las constancias que remitió el referido Director responsable en sus informes respectivos, las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 226, localizada en foja 53, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." De ahí que, se advierte que la responsable ha hecho lo que está en el ámbito de su competencia para atender y darle seguimiento al tratamiento del agraviado. En las relatadas condiciones, se encuentra evidenciada la hipótesis de improcedencia en estudio (cesación de efectos), toda vez que se le ha dado oportuno y adecuado tratamiento clínico respecto de las enfermedades que padece. En consecuencia, toda vez que los actos reclamados en el inciso b), en esta instancia constitucional cesaron en su efectos y con ello dejó de afectarles dentro de la esfera jurídica del quejoso, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de los actos que ya no están surtiendo sus efectos y que no dejaron huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; de ahí que, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, en su fracción XXI de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la propia Ley en cita, se sobresee en este juicio de amparo, respecto de dicho acto. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis P.CL/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, registro 197367, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Asimismo, resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Asimismo, este juzgado no inadvierte que los padecimientos del quejoso, posteriormente puedan necesitar otras y múltiples atenciones médicas diversas a la materia de la litis constitucional aquí estudiada; sin embargo, en caso de que no se le brinde oportuna o adecuadamente, ello podrá ser materia de estudio en un diverso juicio de amparo que plantee el justiciable; toda vez que no es factible que con la promoción del presente sumario de derechos humanos, el quejoso pueda hacer uso de manera excesiva o indefinida, de la suspensión de plano decretada, a efecto de que se le otorgue prerrogativas por encima de las demás personas que también requieren el servicio de salud, más aún en los tiempos de contingencia por los que atraviesa el país. Es decir, el hecho de que el quejoso acuda a la presente instancia constitucional, no le otorga derechos prioritarios para que al respaldo de la suspensión de plano decretada a su favor, sean valorados clínicamente primero o antes que todos y cada uno de los pacientes que se encuentren programados para consulta médica, sino que debe atenerse exclusivamente a las omisiones médicas que aquí se reclamaron (las cuales han dejado de surtir sus efectos); a fin de respetar el derecho humano a la salud de los demás gobernados, a menos que la atención médica que necesite sea catalogada como prioritaria por su urgencia o emergencia, caso en que -se insiste- puede promoverse un diverso juicio de amparo, en el que se reclamen las omisiones médicas que se susciten, pues al efecto es factible que se otorgue una nueva suspensión de plano para que sea atendido a la brevedad. Con independencia de lo determinado, se insta a la autoridad responsable para que tome las medidas adecuadas para la continuación de la atención médica del quejoso, y en caso de ser necesario, canalizar a dicha persona a una clínica u hospital del sector público a recibir inmediata atención médica especializada para determinar la situación de las enfermedades que presente, así como el tratamiento inmediato de las mismas; las anteriores medidas deberán acatarse por la autoridad responsable bajo las medidas de seguridad que ésta establezca y su más estricta responsabilidad; lo que se determina así, atendiendo a que el bien jurídico involucrado en este asunto es precisamente, la salud del quejoso, por lo tanto deberá actuar con la eficacia que el médico respectivo reporte a la autoridad responsable. En el entendido de que su intervención en el cumplimiento de lo aquí determinado, no se limita a girar instrucciones a determinadas áreas, sino que deben vigilar y corroborar que se cumpla, considerando que se trata de la salud del peticionario del amparo, la que debe ser protegida al ser un derecho fundamental, como se determinó en líneas precedentes. En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. Ahora, tomando en consideración que el quejoso Marco Antonio Rodríguez Barajas, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán, Michoacán de Ocampo; se comisiona a los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida para que por su conducto, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, se constituya en el referido Centro de Reclusión y realice lo siguiente: Le notifique personalmente al quejoso Marco Antonio Rodríguez Barajas, la presente resolución, debiéndole entregar copia de la misma. En el entendido que la salida y retorno del fedatario comisionado deberá ser en el mismo día; por tanto, con fundamento en el numeral 136, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo anterior, hágase del conocimiento a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos legales a que haya lugar. QUINTO. Se requiere acuse de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedo debidamente notificada de esta sentencia. Apercibimiento. Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. SEXTO. Acuerdo de Transparencia. Con fundamento en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. SÉPTIMO. Firma electrónica. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73 a 75, y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Marco Antonio Rodríguez Barajas, por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto de este fallo. SEGUNDO. En términos del penúltimo considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. TERCERO. Conforme al último considerando del presente fallo, fírmese esta resolución, a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). NOTIFÍQUESE; POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR EN DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO Y DEFENSOR PÚBLICO DESIGNADO.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de marzo de dos mil veintidós. DESPACHO DILIGENCIADO. Téngase por recibido el oficio que remite el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, Michoacán, a través del cual devuelve diligenciada la comunicación oficial 529/2022 de su índice, formada con motivo del despacho 223/2022 orden 542/2022, derivados del proveído de veintitrés de febrero del año en curso. En razón de lo anterior, téngase al promovente del amparo por debidamente notificado del citado acuerdo, al tenor de las constancias remitidas por el juzgado requerido SE ORDENA DAR DE BAJA. Para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno las comunicaciones oficiales de mérito. Sin que se acuse el recibo respectivo, toda vez que la autoridad no lo solicita. Ahora del acta de notificación personal de veintiséis de febrero del año en curso, realizada por la Actuaria adscrita al Juzgado auxiliar al quejoso directo ********************del acuerdo de veintitrés de febrero próximo pasado, se advierten las manifestaciones de dicho agraviado en el sentido de que: Ahora, de las constancias que remitió la autoridad responsable Encargado de la Dirección del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, anexas a su informe de ley (Reg. 1740), se advierte, principalmente de la hoja de consulta y del kardex de enfermería, que el medicamento "Valpoatro" y "Clonazepan", que le fue prescrito, al quejoso ********************el doce de enero del año en curso, por la psiquiatra Dra. Romero, es por el periodo comprendido del dieciocho de enero al veinte de julio de dos mil veintidós, específicamente: "1. Valproato de magnesio 200 mg. Tomar 0-0-1 por 3 días, después 1-0-1 por 3 días, posteriormente 1-0-2 por 6 meses y suspender. 2. Clonazepan 1 tableta 2 mg. tomar 0-0-2 por 3 meses, posteriormente 0-0-1 ½ por 2 meses y después 0-0-1 por 1 mes más y suspender." Medicamentos que comprenden los seis meses que le fueron ordenados por la galeno en cita. NOTIFICACIÓN QUEJOSO. Lo anterior hágase del conocimiento del mencionado quejoso, para los efectos legales correspondientes, haciéndole entrega de copia simple del oficio con registro 1740, así como de las constancias anexas. Por tanto, toda vez que éste se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, se comisiona a los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, para que por su conducto, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, se constituya en dicho centro de reclusión y realice lo siguiente: - Localice al aquí quejoso y le notifique el contenido del presente proveído, haciéndole entrega de copia simple del oficio con registro 1740 y de las constancias anexas al mismo. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 156, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar en donde se encuentra recluido.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de marzo de dos mil veintidós. DESPACHO DILIGENCIADO. Ténganse por recibidos los oficios que remite el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, Michoacán, a través de los cuales devuelve diligenciadas las comunicaciones oficiales 404/2022 y 452/2022 de su índice, formadas con motivo de los despachos 144/2022 orden 332/2022 y 168/2022 orden 375/2022, del consecutivo de este juzgado, derivados de los proveídos de diez y quince de febrero del año en curso, respectivamente. En razón de lo anterior, téngase al promovente del amparo por debidamente notificado de los citados acuerdos, al tenor de las constancias remitidas por el juzgado requerido SE ORDENA DAR DE BAJA. Para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno las comunicaciones oficiales de mérito. Sin que se acuse el recibo respectivo, toda vez que la autoridad no lo solicita. Notifíquese.
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