Marco Antonio Rivera Silva
Expediente 674/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 674/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marco Antonio Rivera Silva
Actuaciones
- Principal
R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio 4763, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, al que acompañó la demanda de amparo 629/2023, promovida por Marco Antonio Rivera Silva, contra actos de la Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia. Lo anterior, toda vez que mediante resolución de veintidós de agosto del año en curso, determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Rivera Silva, y ordenó remitirla al Juzgado de Distrito en el Estado en turno, con sede en esta ciudad, de la que correspondió conocer a este órgano jurisdiccional; en consecuencia se asumió el conocimiento del asunto. En el escrito de demanda, la parte quejosa señaló como autoridades responsables y como actos reclamados los que a continuación se indican: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES.- A).- Señalo como autoridad ordenadora a la C Magistrada de la CUARTA SALA CIVIL DEL H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. IV.- ACTO RECLAMADO. LO HAGO CONSISTIR EN LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LA C. MAGISTRADA DE LA CUARTA SALA CIVIL UNITARIA DEL H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE FECHA 13 TRECE DE JUNIO DEL AÑO 2023, DOS MIL VEINTITRÉS, DENTRO DEL TOCA CIVIL DE APELACIÓN NÚMERO I-103/2023, FORMADO ION MOTIVO DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA 25 VEINTICINCO DE ABRIL DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADA DENTRO DEL JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO NÚMERO 92/2023 A BIENES DEL EXTINTO MIGUEL RIVERA ZAPIEN QUE SE RADICA EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE JIQUILPAN, MICHOACÁN. II. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos fundamentales que al parecer le fueron violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Trámite del juicio de amparo. Así como se adelantó, el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito aceptó la resolución de incompetencia emitida por la superioridad; por lo que se formó el expediente, se registró en el libro de gobierno bajo el número 674/2023-II y, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se reconoció el carácter de tercero interesado al Fisco del Estado, representado por el Administrador de Rentas de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, al haber sido designado como albacea definitivo dentro de juicio de origen; se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Luego, se verificó la audiencia constitucional a las diez horas con catorce minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés, conforme al acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, por el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; por reclamarse actos que tienen eficacia jurídica dentro del área geográfica en que este Juzgado es competente por razón de territorio. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. En el caso, debe tenerse como acto reclamado en atención al escrito de demanda de amparo, así como a las constancias remitidas por la responsable en apoyo a su informe de ley: De la Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, de Ocampo. La resolución de trece de junio de dos mil veintitrés, dictada por la Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, en el toca I-103/2023, que confirmó la sentencia interlocutoria de veinticinco de abril pasado, emitida por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, en la primera sección del juicio intestamentario 92/2023, que declaró procedente la sucesión legítima del extinto Miguel Rivera Zapien y designando al Fisco del Estado, representado por el Administrador de Rentas de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, como albacea definitivo dentro de citada sucesión La ejecución de dicha determinación. TERCERO. Certeza de acto. La autoridad señalada como responsable Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, al rendir su informe de ley, aceptó la existencia del acto reclamado. Para acreditar lo anterior, la autoridad responsable remitió los autos del toca civil afecto; las cuales cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Igualmente es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, tomo VI, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Las partes no alegaron alguna causa de improcedencia, y este órgano jurisdiccional no advierte de manera oficiosa la actualización de alguna. QUINTO. Estudio de fondo. Bajo ese contexto, se procede a la calificación y estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda, los que no se transcriben por no constituir una exigencia legal ni considerarlo necesario, pues no es la falta de transcripción de tales argumentos lo que podría ocasionar perjuicio a la parte quejosa sino la ausencia del análisis de la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y que conlleva a la falta de la resolución efectivamente planteada en el juicio de amparo. Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXI, mayo de 2010, página 830, registro electrónico 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". En principio, con la finalidad de dar claridad al problema jurídico planteado es pertinente traer a colación los antecedentes del acto reclamado, los cuales se advierten de las constancias que integran el juicio de origen, a saber: 1.- El uno de febrero de dos mil veintitrés, Marco Antonio Rivera Silva, a través de su apoderado jurídico, compareció ante la Oficialía de Partes y turno en materia civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, a denunciar la sucesión intestamentaria de Miguel Rivera Zapien. 2. En proveído de siete de febrero del año en curso, el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, a quien le correspondió conocer del juicio, lo registró con número 92/2023, y lo admitió a trámite y tuvo por radicado el juicio sucesorio en comento. 3. Seguido el trámite del juicio sucesorio intestamentario número 92/2023, que a bienes de Miguel Rivera Zapien denunciado por el apelante -ahora quejoso-, mediante resolución interlocutoria, de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, lo resolvió en su primera sección, en lo que nos interesa lo siguiente: "(.) SEGUNDO. Ha procedido la sucesión legítima a bienes del extinto Miguel Rivera Zapien, en consecuencia, se declara como único y universal heredero de todos los bienes, derechos y obligaciones que en vida correspondieron a éste al Fisco del Estado, designándosele como albacea definitivo del intestado, por lo que se manda hacer saber el cargo conferido para los efectos de su aceptación y protesta, dejando de ser parte el Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado (.)" 4. Inconforme con la referida determinación, Marco Antonio Rivera Silva, interpuso recurso de apelación, el cual fue registrado con el número I-103/2023, por la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, mismo que lo admitió y lo resolvió el trece de junio de dos mil veintitrés. En la que determinó en lo que nos interesa, declarar infundado el único concepto de agravio hecho valer y por tanto confirmó en sus términos la resolución impugnada. La determinación anterior, constituye el acto reclamado dentro de la presente instancia constitucional. Ahora por técnica jurídica se abordara parte de los conceptos de violación señalados por la quejosa marcados, consistentes en: [.]Se hace consistir en el hecho concreto de que la autoridad' responsable violó en mi perjuicio el contenido de los artículos 14, 16 y 17 de nuestra carta fundamental, así como los artículos 424 fracción V, 426, 530, 765, 776, 768 fracción II y 801 del código civil del estado; Así como la invocación errónea del criterio aislado de jurisprudencia del rubro y texto: " SUCESIONES, FORMAS DE, SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL.".- FUENTE DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN: Se hace consistir en el hecho concreto de que la autoridad responsable violó en mi perjuicio el contenido de los artículos 14, 16 y 17 de nuestra carta fundamental, así como los artículos 424 fracción V, 426, 530, 765, 776, 768 fracción II y 801 dgl código civil del estado; Así como la invocación errónea del criterio aislado de jurisprudencia del rubro y texto: " SUCESIONES, FORMAS DE, SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL.".- DISPOSICIONES LEGALES VIOLADAS.- Los artículos 14, 16 y 17 de nuestra carta fundamental, así como I s artículos 424 fracción V, 426, 530, 765, 776, 768 fracción II y 801 del código civil del Estado; Así como la invocación errónea del criterio aislado de jurisprudencia del rubro y texto: " SUCESIONES, FORMAS DE, SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL".- ADEMÁS DE LAS LEYES APLICADAS INEXACTAMENTE QUE EN CONCEPTO DEL QUEJOSO DIRECTO SE VIOLAN POR SU INCORRECTA E INDEBIDA APLICACIÓN, ASI COMO POR LA FALTA DE APLICACIÓN DE DIVERSOS PRECEPTOS LEGALES Por otra parte, de la sentencia combatida en amparo se advierte que la autoridad responsable no transcribió los agravios expresados en la apelación, lo que de hecho no es ilegal; empero, ello le permitió no estudiar, analizar y resolver respecto de la totalidad de los mismos, vulnerando el principio de exhaustividad que debe existir en toda sentencia judicial, basta remitirnos a dichos agravios para darnos cuenta que los mismos no fueron analizados y resueltos en su totalidad [.] Lo anterior porque a su perspectiva la resolución materia del presente sumario de derechos fundamentes no está debidamente fundada y motivada y por tanto carece de congruencia y exhaustividad. No asiste razón al quejoso y por ende devienen de infundados la parte reseñada de sus conceptos de violación, veamos el porqué El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". En dicho numeral el constituyente reconoció el derecho fundamental a recibir justicia de forma "completa", que se traduce en el deber de los tribunales de administrar justicia atendiendo a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso. Esto es, la impartición de justicia completa se refiere a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad. Es ilustrativa, la tesis aislada 1a. CVIII/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente". Por su parte, los artículos 574 y 575 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, disponen: "Artículo 574. Las sentencias deben ser claras, precisas, absteniéndose los sentenciadores de insertar doctrinas en los fallos; condenando o absolviendo al demandado, haciendo la declaración que corresponda y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando hayan sido varios los puntos litigiosos, se hará con la debida separación, el pronunciamiento que a cada uno de ellos corresponda. Artículo 575. La sentencia se ocupará exclusivamente de las personas, cosas, acciones y excepciones que hayan sido materia del juicio. Si se hubieren opuesto excepciones dilatorias y perentorias, se ocupará primeramente de aquéllas, y en el caso de que alguna o todas fueren procedentes, ya no se ocupará de las perentorias y dejará al actor sus derechos a salvo para que los deduzca en la vía y forma que corresponda, siendo válidas las pruebas rendidas por las partes, sin perjuicio de la calificación que de ellas se haga, si llegare a iniciarse el nuevo juicio. Si se declararen improcedentes las excepciones dilatorias, la sentencia se ocupará de las perentorias." De la literalidad de los artículos recién transcritos se desprende el principio de congruencia que debe prevalecer en toda resolución emitida por los tribunales, el cual lleva implícito el de exhaustividad, que en esencia obliga al tribunal a decidir las controversias que se someten a su conocimiento, tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos, de tal forma que ninguno de los puntos litigiosos que hubiera sido materia de debate quede libre de examen. Entonces, las resoluciones, además de respetar el principio de congruencia; deben atender al principio de exhaustividad que está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Sirve de sustento, la jurisprudencia IV.2o.T. J/44, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que dice: "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad implica que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal". No obstante lo anterior, de los artículos 574 y 575 antes descritos no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la Litis, como erróneamente señala el quejoso. Cobra puntual aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación14, del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". [Transcrita en el considerando anterior]. En el caso, de las constancias que integran el juicio de origen, se advierte que Marco Antonio Rivera Silva, promovió recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria de interlocutoria de veinticinco de abril del año en curso, planteado dentro del juicio Sucesorio Intestamentario 92/2023, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, a bienes de Miguel Rivera Zapien. En dicho escrito, hizo valer un "primer agravio", los cuales son coincidentes en aducir que se vulneran en su perjuicio los preceptos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, , en relación con los numerales 424 fracción V, 426, 530, 776, 768 fracción II y 801 del Código Civil del Estado de Michoacán de Ocampo, todos por inexacta e indebida aplicación (falta de incongruencia) de la resolución combatida y hace unas consideraciones incluso repetidas las cuales fueron señaladas en sus conceptos de violación en su libelo constitucional. Ahora bien, de la resolución reclamada de trece de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca número I-103/2023, se advierte que la Magistrada responsable, si bien, no transcribió literalmente los puntos de agravio expuestos por el recurrente -aquí quejoso-; empero, sí realizó un resumen y el correspondiente análisis de los puntos expuestos en el escrito de agravios. Pues reseñó: "Señala el apelante en su único agravio que se viola el contenido de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 424 fracción V, 426, 530, 776, 768 fracción II y 801 del Código Civil del Estado. Refiere que es evidente que en la sentencia interlocutoria apelada, el juez de origen vulnera flagrantemente los derechos de audiencia, de acceso a la justicia y del debido proceso, violando los dispositivos legales citados en el párrafo precedente, por lo que se niega el derecho legítimo que tiene a heredar. Aduce que considera erróneo el actuar del juez primario, toda vez que pasa por alto el contenido del numeral 765 del Código Civil del Estado que claramente establece que la herencia legítima se abre: I. cuando no hay testamento, o el que se otorga es nulo o perdió su validez; II. Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes; III. Cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero; y, IV. Cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar, si no se ha nombrado sustituto. Expone que por su parte, el artículo 768 del cuerpo de leyes antes citado claramente establece que tienen derecho a heredar por sucesión legítima: I. los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y la concubina o el concubinario, si se satisfacen en este caso los requisitos señalados por el artículo 800; y, II. A falta de los anteriores, el Fisco del Estado. Indica que el artículo 770 de la misma legislación citada, señala por otra parte que los parientes más próximos excluyen a los más remotos, salvo lo dispuesto en los artículos 775 y 798, segundo párrafo. Continua relatando que para tener derecho a heredar por sucesión legítima, que es el caso, basta se demuestre que existe un parentesco con el autor de la sucesión en cualquiera de los grados establecidos en la ley, sobre todo cuando se trata como en la especie de un solo heredero. Explica que si de autos consta que existe copia certificada del acta de nacimiento del apelante y en ella se establece claramente el nombre del padre y del abuelo, es claro que de ese documento público se advierte su parentesco como nieto del autor de la herencia, sin que exista obligación jurídica para acreditar que Heriberto Rivera Cárdenas era hijo de Miguel Rivera Zapien, pues -menciona- es de explorado derecho que el estado civil y la filiación de las personas se demuestra con las partidas de las actas de registro civil; que por consecuencia, si de la partida del acta de nacimiento del recurrente se advierte a Heriberto Rivera Cárdenas como su padre, y que su abuelo paterno era Miguel Rivera Zapien, es evidente entonces que con esa misma acta de nacimiento se demuestra que Miguel Rivera Zapien, era padre de Heriberto Rivera Cárdenas, y resulta ocioso y contrario a derecho que se le pretenda exigir que demuestre que Heriberto Rivera Cárdenas era hijo de Miguel Rivera Zapien, pues -indica- esa circunstancia se encuentra demostrada con su acta de nacimiento, sobre todo porque de la misma interlocutoria apelada se advierte claramente que se le concedió pleno valor probatorio a su partida natal y se acepta que en ella se asentó como su abuelo paterno al de cujus. Dice que su obligación jurídica es acreditar su entroncamiento con el autor de la herencia, no con su padre, pues la sucesión legítima en que se actúa no es a bienes de su padre, sino de su abuelo; que ello sería suficiente para que se le reconozca el derecho a heredar. Menciona que el propio juez primario en la resolución impugnada reconoce el entroncamiento del apelante con el autor de la herencia, y que esa circunstancia es suficiente para impedir jurídicamente que se declare como heredero al fisco del estado así como albacea definitivo, pues ello solo puede ocurrir ante la ausencia de herederos y el hecho no concedido de que no se hubiese demostrado que Heriberto Rivera Cárdenas era hijo de Miguel Rivera Zapien, no nulifica su parentesco con el autor de la herencia y entonces, si existe un heredero, por lo que no puede declararse heredero al Fisco del Estado; razón por la que indica que el juez de primera instancia viola el contenido del artículo 770 del Código Civil del Estado, al señalar que los parientes más cercanos, excluyen a los más lejanos, y solo señala dos excepciones y son los supuestos fácticos establecidos en los numerales 775 y 798, segundo párrafo del sustantivo de la materia, -en su opinión- no tienen aplicación al caso concreto. Asegura el apelante que sí acreditó ser nieto del autor de la herencia y con su misma acta de nacimiento se demuestra que Heriberto Rivera Cárdenas era hijo del autor de la herencia, y que no existe razón legal para exigir la demostración de una circunstancia ya demostrada a través del acta de nacimiento antes citada; que en todo caso, si el juez de origen no se encuentra convencido de dicho parentesco de Heriberto Rivera Cárdenas como hijo del autor de la herencia, debió explicar porque no se encuentra convencido y además, no otorgar valor probatorio pleno al acta de nacimiento ofertada, pues al otorgarle valor probatorio pleno, es evidente que todo lo asentado en dicha acta es cierto, hasta que no se demuestre lo contrario; por ende, con dicho documento público se encuentra demostrado que el padre del apelante Heriberto Rivera Cárdenas era hijo del autor de la herencia Miguel Rivera Zapien, y que no existe entonces necesidad de acreditar algo que ya se encuentra demostrado en autos. Afirma que respecto de la exigencia del juez primario de demostrar que su padre ha fallecido para poder tener derecho a heredar, le causa agravio, porque -en su concepto- no se trata de un requisito establecido en el Código Procesal Civil del Estado; agregando que el juez no funda su determinación en derecho, cuando es una obligación que impone nuestra carta fundamental, reiterando que solo se limitó a decir que se debió demostrar el fallecimiento de Heriberto Rivera Cárdenas, para que pueda heredar por estirpe, pero discrepa de la decisión, al indicar que como es el único heredero, no era necesaria dicha demostración, por eso alude que al disponer el artículo 770 del Código Civil para el Estado que los parientes más cercanos, excluyen a los más lejanos, el primigenio no podía adoptar una conducta subjetiva y de especulación, pues de ser así, sería tanto como pretender que también se demuestre el fallecimiento de la esposa del autor de la herencia y de otras diversas personas; en cambio en la denuncia del intestado en estudio, se realizó una declaración bajo protesta de decir verdad que el recurrente es único heredero, y en su opinión eso debe de ser suficiente para declarar su derecho a la herencia. En ese tenor sostiene que, el Código Civil y Procesal Civil del Estado, exige para que pueda ser declarado heredero, que solamente se demuestre el parentesco o entroncamiento con el de cujus, en el grado de parentesco de que se trate, pues no existe limitación y suponiendo que existieran otros herederos, ellos tienen aún concluido el juicio de sucesión el derecho de promover un juicio de petición de herencia, que no es el caso. Relata que lo importantes es que el juez primario no puede válidamente solicitar más requisitos que los que la ley impone para el caso específico y reitera que no existe disposición legal que lo obligue a demostrar el fallecimiento de su progenitor, pues entonces se entraría al mundo de lo subjetivo y se tendría que solicitar que se demuestre que no existen más hijos del de cujus, que su esposa ya falleció, que no tiene hermanos, es decir, que sería algo interminable, y si el legislador no exige el requisito solicitado por el juez primario, no existe entonces sustento para su determinación, lo que -en su concepto-, la torna ilegal y además, al solicitar más requisitos legales que los pedidos por la ley de la materia, entonces se vulneran flagrantemente sus derechos humanos de acceso a la justicia, del debido proceso, de seguridad y legalidad jurídica, refiriendo los conceptos que tiene sobre estos tópicos, destacando los criterios jurisprudenciales que obran bajos los rubros "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. CONTENIDO, ETAPAS Y ALCANCE DE SU VERTIENTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS SENTENCIAS", y "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017)". Por otro lado señala que es errónea la apreciación del juez primario cuando en la sentencia redargüida determina que quien aquí se inconforma debe heredar por estirpe, de ahí su exigencia de demostrar que su padre ha fallecido; sin embargo, replica que en materia de herencias esto no es así, pues sobre el principio de la sucesión por estirpe, existe el principio de que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos y entonces, la herencia por estirpe es una excepción a esa regla general y que solo se aplica en estos casos; empero, -refiere que- de la denuncia del intestado se advierte claramente que nunca solicitó heredar por estirpe, sino bajo el principio de que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos, por tanto, cuando solo existe un heredero pues reitera que así lo dijo bajo protesta de decir verdad, entonces no existe tal herencia por estirpe, y al ser nieto del autor de la herencia, es inaudito por no demostrar el fallecimiento de su padre, que se le conceda el derecho a heredar al fisco del estado. En este contexto, puntualiza que para la existencia de la herencia por estirpe exista, es requisito necesario que el heredero por cabeza fallezca antes de que ocurra el fallecimiento del autor de la herencia, si ello no ocurre así, entonces la herencia de los ascendientes del autor de la herencia, es decir, nietos, se consideran herederos directos y no por estirpe o representación; lo que tampoco tomó en cuenta el juez primario. Que lo anterior obedece a que los herederos por estirpe son los sucesores que heredan, no por su propio derecho, sino por la representación de un ascendiente, es decir, heredan solo sobre la parte que le correspondía a su ascendiente, y bajo esa perspectiva sostiene que, con la resolución del juzgador, en todo caso, no se le puede constreñir a heredar por estirpe, pues ello solo le daría derecho a heredar la parte que le correspondería a su señor padre, lo que no es legal. Concluye refiriendo que al existir certeza de la existencia de un heredero, siendo el apelante, aun cuando hereda por estirpe, en todo caso debió haber sido requerido para demostrar el fallecimiento de su señor padre y no declarar heredero al fisco del estado, pues éste solo puede heredar cuando exista ausencia de herederos, lo que en la especie no ocurre". En efecto, en atención a lo anterior la sala responsable con relación al punto de agravio, resolvió: - Que como antecedente del caso, se tiene que ante el juzgado de procedencia compareció Marco Antonio Rivera Silva, a través de su apoderado jurídico, a denunciar el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Miguel Rivera Zapien, señalando que el ahora extinto es su abuelo paterno, precisando la fecha y la causa de su fallecimiento, su último domicilio, que éste no otorgó disposición testamentaria; que se manifestó bajo protesta de decir verdad que además de Rivera Silva, quien es nieto del de cujus, no existen otros presuntos herederos. Que, dadas las inconformidades del recurrente, no debe soslayarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 452 del Código Civil del Estado, la herencia se defiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley. A la primera se le denomina testamentaria y a la segunda legítima. Que en tanto que el numeral 765 del citado Código Civil, establece que la herencia legítima se abre: I. Cuando no hay testamento, o el que se otorga es nulo o perdió su validez; II. Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes; III. Cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero; y IV. Cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar, si no se ha nombrado sustituto." - Que por su parte el diverso artículo 768 de la misma legislación civil dispone que, tienen derecho a heredar por sucesión legítima, los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y la concubina o concubinario, si se satisfacen en este caso los requisitos señalados por el artículo 800; y a falta de los anteriores, el Fisco del Estado. Ante dicha prelación en la sucesión legítima, la legislación civil local establece en el numeral 770, los parientes más próximos excluyen a los más remotos, salvo los casos previstos en los artículos 775 y 798 del ordenamiento jurídico de que se trata, es decir, en los casos en que concurren hijos y descendientes de ulterior grado, o hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o de medios hermanos premuertos, que sean incapaces de heredar o que hayan renunciado a la herencia. Que en el caso, concurre al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Miguel Rivera Zapien, el denunciante Marco Antonio Rivera Silva, en cuanto nieto del autor de la sucesión, parentesco que efectivamente se advierte de la copia certificada xerográfica de la partida natal del denunciante, visible a foja 45 cuarenta y cinco de este testimonio (la cual fue correctamente valorada por el primigenio), puesto que en el apartado relativo al nombre del abuelo paterno del registrado sí aparece el ahora extinto. Que sin embargo, de la misma copia certificada del acta de nacimiento no solo se demuestra que el autor de la sucesión era descendiente en segundo grado del denunciante (abuelo paterno), sino también se aprecia que el padre del denunciante es Heriberto Rivera Cárdenas, y como consecuencia, éste último es hijo del de cujus, cuyo grado de prelación a heredar indiscutiblemente es preferente al que alega en su favor Rivera Silva, pues en este caso se actualizan los supuestos previstos en los artículos 768 fracción I y 770 del Código Civil local. Que bajo ese contexto, es indiscutible que partiendo de la propia información que se obtiene de la partida natal de Marco Antonio Rivera Silva, se tiene que el pariente más próximo que es su padre (Heriberto Rivera Cárdenas) lo excluiría por ser hijo del ahora extinto Miguel Rivera Zapien (cuya ascendencia-descendencia es de primer grado en línea recta), situación diversa al denunciante que es descendiente en segundo grado en esa misma línea; sin que pase inadvertido que de la lectura íntegra del escrito de denuncia de esta sucesión, se aprecia que el apoderado jurídico de Rivera Silva no mencionó ni mucho menos adjuntó medio de prueba que pudiese permitir considerar si el padre de su mandante se encontraba vivo o ya hubiese fallecido, y en este último caso, tener conocimiento de la fecha de fallecimiento para resolver lo atinente al derecho hereditario que a su favor reclama el denunciante. - Que en esa guisa, es inexacto lo que refiere el apelante cuando aduce que por el solo hecho de que manifestó bajo protesta de decir verdad que no existen más herederos, sólo él en cuanto nieto, sea suficiente para que se le reconozca el derecho a heredar en nombre propio, sencillamente porque antes que él se advierte que el derecho preferente a heredar por este concepto le asiste a su padre, de lo contrario ante alguna imposibilidad de este último para acceder a la herencia, entonces sus descendientes de ulterior grado heredan por sustitución, que es la conocida sucesión legítima por estirpe, sin que sea necesario expresarlo, pues basta con advertir que se dé el supuesto para que se analice, ya que no se debe soslayar que es de explorado derecho que cuando se determina con claridad la solicitud, prestación o acción exigida, la persona juzgadora al momento de resolverla, deberá atender a la naturaleza de la pretensión, sin variarla, puesto que a la interesada le corresponde alegar y probar los hechos y al órgano jurisdiccional aplicar el derecho. Que de ahí que al comparecer en calidad de nieto del autor de la herencia, con independencia de que se aprecie que es su abuelo paterno con la documental en cita, también es cierto que ello por sí solo no le da derecho a heredar en forma directa como lo pretende, pues para ello se debe atender a las reglas previstas en los referidos numerales 775 y 776 del Código Civil para el Estado de Michoacán, los cuales disponen que si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredan por cabeza y los segundos por estirpe. Que lo mismo se observará tratándose de descendientes de hijos pre-muertos, incapaces de heredar, o que hubieren renunciado a la herencia. Así como que, si solo hubiere descendientes de ulterior grado la herencia se dividirá por estirpe. Que, dichos numerales disponen que los descendientes de ulterior grado heredan por estirpe. -Agrega que los herederos por estirpe, son los sucesores que heredan, no por su propio derecho, sino por representación de un ascendiente; esto es, heredan, solo la parte que correspondía a su ascendiente. Que sobre el tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 197/2009, determinó en lo que aquí interesa: (lo trascribe). -Que congruente con ello para que esta forma de heredar se actualice, debe existir una transmisión hereditaria, ya que como bien lo determinó el juzgador, el derecho a heredar en la sucesión a bienes de Miguel Rivera Zapien, corresponde en primer término a su hijo Heriberto Rivera Cárdenas, por lo que era menester para tener que el compareciente en la sucesión a bienes del autor de la herencia que nos ocupa, acreditara el derecho a heredar en sustitución de su progenitor, debió de manifestar y acreditar que se encuentra en alguna de las hipótesis antes expuestas para heredar por estirpe al ser un descendiente de ulterior grado, según su caso concreto, pues se desconoce si Heriberto Rivera Cárdenas vive o no, o en este último supuesto, cuando ocurrió el deceso para un mejor análisis, puesto que los efectos son distintos cuando ese fallecimiento ocurre antes del deceso del autor de la herencia, que cuando ocurre después. Apoyando su determinación en la tesis aislada de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la sexta época, fuente: Semanario Judicial de la Federación, XXVI, cuarta parte, página 1994, bajo el registro digital: 271840, de rubro y texto siguientes: "SUCESIONES, FORMAS DE, SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL". - Sigue argumentando la sala que resultaban infundadas las manifestaciones hechas en la parte final del pliego disentorio en su estudio, en el sentido de que para contar con la certeza de ser el heredero, aun cuando fuera por estirpe, debió ser requerido para demostrar el fallecimiento de su padre. En primer lugar, porque como ya se indicó, del escrito inicial de denuncia no se advierte manifestación alguna sobre esta nueva información que introduce en los agravios, tampoco se pudo inferir de las constancias que aparece conformaron la primera sección, por tanto el juez del conocimiento no estuvo en condiciones de pronunciarse al respecto, y en todo caso, no se debe pasar por alto que el artículo 340 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, refiere que para requerir a las partes la exhibición de pruebas para mejor proveer establece la palabra "podrán", siendo una facultad potestativa y no obligatoria, quedando a su cargo la apreciación de si se pueden exigir o no determinadas pruebas; por tanto, si el juzgador no advirtió ninguna anomalía en el escrito inicial, no tenía obligación de prevenir al denunciante, a quien correspondía exhibir los documentos exigidos por la ley para acreditar lo pretendido y no al juez corregir sus deficiencias. Sirviéndole como criterio orientador, la jurisprudencia número 195, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 2000, Quinta Época, Tomo IV, Civil, Jurisprudencia SCJN, página 160, registro IUS 913,137, que dice: "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER". Así como también la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 211, identificada con el registro digital 221,376, del tenor literal siguiente: "FACULTADES DISCRECIONALES DEL JUZGADOR. (ARTICULO 262 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA". Que en tales condiciones, al no encontrarse el denunciante en el grado de prelación que prevé el artículo 768 del Código Civil para el Estado, ni demostrar los extremos que establecen los diversos artículos 775 y 776 del mismo código, no puede reconocerse su derecho a heredar en el sucesorio a bienes de Miguel Rivera Zapien, por lo que resulta correcta la determinación del juzgador de no declararlo como heredero de la misma, y ante la ausencia de otros parientes a que se refiere la fracción I del numeral citado en primer término, al tenor de la fracción II del mismo artículo, es que debió resolver como lo hizo, es decir con la declaratoria a favor del Fisco del Estado. Finalmente, y al no existir agravio que reparar en favor del recurrente, para actuar en congruencia con lo antes indicado por las razones expuestas por esta sala; lo que procedió a confirmar el sentido de la sentencia interlocutoria de veinticinco de abril de dos mil veintitrés. De ahí que se la sala responsable dio cabal contestación a los agravios que le presentó la apelante ahora parte quejosa es incuestionable que no se abierta "la inexacta e indebida aplicación" "falta de incongruencia" de los preceptos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 424 fracción V, 426, 530, 776, 768 fracción II y 801 del Código Civil del Estado de Michoacán de Ocampo. Ahora, sentado lo anterior la otra parte de los conceptos de violación, deviene de inoperantes, por reiterativos. Previamente a realizar el análisis de los motivos de disenso, debemos decir que por regla general un concepto de violación es inoperante cuando: a) Los argumentos que lo integran no atacan ninguno de los fundamentos del fallo reclamado; b) Solamente se atacan algunas de las manifestaciones que rigen la sentencia materia de amparo, pero se dejan intocados otros que por sí solos son suficientes para seguir rigiendo el sentido del acto reclamado. La inoperancia así materializada se funda en la circunstancia de que los Juzgados de Distrito carecen de facultades legales para decidir, de oficio, acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los fundamentos y razonamientos jurídicos esgrimidos por la autoridad responsable no impugnados por la parte quejosa, ya que de hacerlo supliría la deficiencia de la queja en un caso donde no se involucran derechos de menores o incapaces ni se advierte una violación manifiesta de la ley, que haya dejado a la parte quejosa sin defensa, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, que establece los casos de excepción al principio de estricto derecho imperante en el juicio de amparo. Así, todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia legal indispensable, debe contener los argumentos necesarios tendentes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquellos, no resultan idóneos para ser analizados en el juicio de amparo. En el caso sujeto a estudio, se actualiza el primer supuesto genérico de inoperancia de los conceptos de violación analizados, pues el quejoso Marco Antonio Rivera Silva, omite controvertir las razones en que se apoyó la Magistrada responsable para confirmar la resolución interlocutoria de veinticinco de abril del año en curso, dictada por el del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, a bienes de Miguel Rivera Zapien, pues únicamente realiza una reiteración, abundamiento y complemento de los argumentos expresados en su escrito de agravios (fojas 29 a la 39 del tomo de pruebas), como se puede advertir del siguiente cuadro: Agravios hechos valer al interponer el recurso de apelación. Conceptos de violación PRIMERO.-UN PRIMER AGRAVIO. Es evidente que en la sentencia interlocutoria apelada, el juez de origen vulnera flagrantemente los derechos de audiencia, de acceso a la justicia y del debido proceso, violando los dispositivos legales citados en el párrafo precedente, por lo que se niega el derecho legítimo que tiene a heredar. considero erróneo el actuar del juez primario, toda vez que pasa por alto el contenido del numeral 765 del Código Civil del Estado que claramente establece que la herencia legítima se abre: I. cuando no hay testamento, o el que se otorga es nulo o perdió su validez; II. Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes; III. Cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero; y, IV. Cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar, si no se ha nombrado sustituto. por su parte, el artículo 768 del cuerpo de leyes antes citado claramente establece que tienen derecho a heredar por sucesión legítima: I. los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y la concubina o el concubinario, si se satisfacen en este caso los requisitos señalados por el artículo 800; y, II. A falta de los anteriores, el Fisco del Estado. Que el artículo 770 de la misma legislación citada, señala por otra parte que los parientes más próximos excluyen a los más remotos, salvo lo dispuesto en los artículos 775 y 798, segundo párrafo. Que para tener derecho a heredar por sucesión legítima, que es el caso, basta se demuestre que existe un parentesco con el autor de la sucesión en cualquiera de los grados establecidos en la ley, sobre todo cuando se trata como en la especie de un solo heredero. Que si de autos consta que existe copia certificada del acta de nacimiento del apelante y en ella se establece claramente el nombre del padre y del abuelo, es claro que de ese documento público se advierte su parentesco como nieto del autor de la herencia, sin que exista obligación jurídica para acreditar que Heriberto Rivera Cárdenas era hijo de Miguel Rivera Zapien, pues -menciona- es de explorado derecho que el estado civil y la filiación de las personas se demuestra con las partidas de las actas de registro civil; que por consecuencia, si de la partida del acta de nacimiento del recurrente se advierte a Heriberto Rivera Cárdenas como su padre, y que su abuelo paterno era Miguel Rivera Zapien, es evidente entonces que con esa misma acta de nacimiento se demuestra que Miguel Rivera Zapien, era padre de Heriberto Rivera Cárdenas, y resulta ocioso y contrario a derecho que se le pretenda exigir que demuestre que Heriberto Rivera Cárdenas era hijo de Miguel Rivera Zapien, pues -indica- esa circunstancia se encuentra demostrada con su acta de nacimiento, sobre todo porque de la misma interlocutoria apelada se advierte claramente que se le concedió pleno valor probatorio a su partida natal y se acepta que en ella se asentó como su abuelo paterno al de cujus. Que su obligación jurídica es acreditar su entroncamiento con el autor de la herencia, no con su padre, pues la sucesión legítima en que se actúa no es a bienes de su padre, sino de su abuelo; que ello sería suficiente para que se le reconozca el derecho a heredar. Que el propio juez primario en la resolución impugnada reconoce el entroncamiento del apelante con el autor de la herencia, y que esa circunstancia es suficiente para impedir jurídicamente que se declare como heredero al fisco del estado así como albacea definitivo, pues ello solo puede ocurrir ante la ausencia de herederos y el hecho no concedido de que no se hubiese demostrado que Heriberto Rivera Cárdenas era hijo de Miguel Rivera Zapien, no nulifica su parentesco con el autor de la herencia y entonces, si existe un heredero, por lo que no puede declararse heredero al Fisco del Estado; razón por la que indica que el juez de primera instancia viola el contenido del artículo 770 del Código Civil del Estado, al señalar que los parientes más cercanos, excluyen a los más lejanos, y solo señala dos excepciones y son los supuestos fácticos establecidos en los numerales 775 y 798, segundo párrafo del sustantivo de la materia, -en su opinión- no tienen aplicación al caso concreto. Que sí acreditó ser nieto del autor de la herencia y con su misma acta de nacimiento se demuestra que Heriberto Rivera Cárdenas era hijo del autor de la herencia, y que no existe razón legal para exigir la demostración de una circunstancia ya demostrada a través del acta de nacimiento antes citada; que en todo caso, si el juez de origen no se encuentra convencido de dicho parentesco de Heriberto Rivera Cárdenas como hijo del autor de la herencia, debió explicar porque no se encuentra convencido y además, no otorgar valor probatorio pleno al acta de nacimiento ofertada, pues al otorgarle valor probatorio pleno, es evidente que todo lo asentado en dicha acta es cierto, hasta que no se demuestre lo contrario; por ende, con dicho documento público se encuentra demostrado que el padre del apelante Heriberto Rivera Cárdenas era hijo del autor de la herencia Miguel Rivera Zapien, y que no existe entonces necesidad de acreditar algo que ya se encuentra demostrado en autos. Que respecto de la exigencia del juez primario de demostrar que su padre ha fallecido para poder tener derecho a heredar, le causa agravio, porque -en su concepto- no se trata de un requisito establecido en el Código Procesal Civil del Estado; agregando que el juez no funda su determinación en derecho, cuando es una obligación que impone nuestra carta fundamental, reiterando que solo se limitó a decir que se debió demostrar el fallecimiento de Heriberto Rivera Cárdenas, para que pueda heredar por estirpe, pero discrepa de la decisión, al indicar que como es el único heredero, no era necesaria dicha demostración, por eso alude que al disponer el artículo 770 del Código Civil para el Estado que los parientes más cercanos, excluyen a los más lejanos, el primigenio no podía adoptar una conducta subjetiva y de especulación, pues de ser así, sería tanto como pretender que también se demuestre el fallecimiento de la esposa del autor de la herencia y de otras diversas personas; en cambio en la denuncia del intestado en estudio, se realizó una declaración bajo protesta de decir verdad que el recurrente es único heredero, y en su opinión eso debe de ser suficiente para declarar su derecho a la herencia. Que, el Código Civil y Procesal Civil del Estado, exige para que pueda ser declarado heredero, que solamente se demuestre el parentesco o entroncamiento con el de cujus, en el grado de parentesco de que se trate, pues no existe limitación y suponiendo que existieran otros herederos, ellos tienen aún concluido el juicio de sucesión el derecho de promover un juicio de petición de herencia, que no es el caso. Relata que lo importantes es que el juez primario no puede válidamente solicitar más requisitos que los que la ley impone para el caso específico y reitera que no existe disposición legal que lo obligue a demostrar el fallecimiento de su progenitor, pues entonces se entraría al mundo de lo subjetivo y se tendría que solicitar que se demuestre que no existen más hijos del de cujus, que su esposa ya falleció, que no tiene hermanos, es decir, que sería algo interminable, y si el legislador no exige el requisito solicitado por el juez primario, no existe entonces sustento para su determinación, lo que -en su concepto-, la torna ilegal y además, al solicitar más requisitos legales que los pedidos por la ley de la materia, entonces se vulneran flagrantemente sus derechos humanos de acceso a la justicia, del debido proceso, de seguridad y legalidad jurídica, refiriendo los conceptos que tiene sobre estos tópicos, destacando los criterios jurisprudenciales que obran bajos los rubros "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. CONTENIDO, ETAPAS Y ALCANCE DE SU VERTIENTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS SENTENCIAS", y "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017)". Señala que es errónea la apreciación del juez primario cuando en la sentencia redargüida determina que quien aquí se inconforma debe heredar por estirpe, de ahí su exigencia de demostrar que su padre ha fallecido; sin embargo, replica que en materia de herencias esto no es así, pues sobre el principio de la sucesión por estirpe, existe el principio de que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos y entonces, la herencia por estirpe es una excepción a esa regla general y que solo se aplica en estos casos; empero, -refiere que- de la denuncia del intestado se advierte claramente que nunca solicitó heredar por estirpe, sino bajo el principio de que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos, por tanto, cuando solo existe un heredero pues reitera que así lo dijo bajo protesta de decir verdad, entonces no existe tal herencia por estirpe, y al ser nieto del autor de la herencia, es inaudito por no demostrar el fallecimiento de su padre, que se le conceda el derecho a heredar al fisco del estado. En este contexto, puntualiza que para la existencia de la herencia por estirpe exista, es requisito necesario que el heredero por cabeza fallezca antes de que ocurra el fallecimiento del autor de la herencia, si ello no ocurre así, entonces la herencia de los ascendientes del autor de la herencia, es decir, nietos, se consideran herederos directos y no por estirpe o representación; lo que tampoco tomó en cuenta el juez primario. Que lo anterior obedece a que los herederos por estirpe son los sucesores que heredan, no por su propio derecho, sino por la representación de un ascendiente, es decir, heredan solo sobre la parte que le correspondía a su ascendiente, y bajo esa perspectiva sostiene que, con la resolución del juzgador, en todo caso, no se le puede constreñir a heredar por estirpe, pues ello solo le daría derecho a heredar la parte que le correspondería a su señor padre, lo que no es legal. Que al existir certeza de la existencia de un heredero, siendo el apelante, aun cuando hereda por estirpe, en todo caso debió haber sido requerido para demostrar el fallecimiento de su señor padre y no declarar heredero al fisco del estado, pues éste solo puede heredar cuando exista ausencia de herederos, lo que en la especie no ocurre". PRIMER CONCEPTO DE VIOLACIÓN.- (.) En principio, debemos tomar en cuenta que la autoridad responsable en la sentencia que constituye el acto reclamado confirma la decisión de la jueza de origen e considerar que el suscrito no tengo derecho legal a heredar, puesto que de mi acta de nacimiento se advierte QUE SOY NIETO DEL AUTOR DE LA HERENCIA y que de la misma acta de nacimiento se advierte el nombre de mi señor padre, quien a su vez es hijo del autor de I sucesión y que éste tiene derecho a heredar en primer término y por ende, yo soy excluido de ese derecho y como no se tiene noticia de si mi señor padre vive o no o si dudó antes de Ia apertura de la sucesión legítima origen del juicio del que emana la resolución combatida e apelación y que dio origen a la sentencia combatida en amparo, entonces designó como heredero al Fisco del Estado, concluyendo que el actuar de la jueza de origen fue apegada a derecho. Para tratar de sustentar su determinación de confirmar en éste aspecto la sentencia de primer grado, la autoridad responsable señala en esencia en la sentencia que constituye el acto reclamado que(lo trascribe) Es evidente el yerro jurídico de la autoridad responsable, cuenta habida que en resumen y en esencia, determina correcta la determinación del juez e origen de privarme del derecho a heredar, pues considera que mi señor padre tiene derecho preferente sobre mí y a pesar de ello, dice que no existen herederos y confirma la decisión del juez de origen de declarar como heredero al fisco del estado.- Resulta inconcebible que si de acurdo con la autoridad responsable yo no puedo heredar porque mi padre HERIBERTO RIVERA CÁRDENAS tiene derecho preferente a dicha herencia y a pesar de reconocer la existencia de ambos herederos, mi señor padre y el suscrito, diga al final que el juez de origen estuvo en lo correcto al declarar heredero al fisco del estado ante la ausencia de herederos; esto es completamente contradictorio, pues si la base del argumento por el que se me priva del derecho a heredar es por la existencia de otro heredero con grado preferente al mío, posteriormente digan que como no existen herederos, se declara como heredero al fisco del estado, no es posible dicha determinación.- Para entender mejor, debo decir que de la sentencia combatida en amparo se advierte que la autoridad responsable expresa y reconoce sin lugar a dudas lo siguiente.- 1.- SI EXISTEN HEREDEROS A BIENES DEL EXTINTO MIGUEL RIVERA ZAPIEN.- ESOS HEREDEROS SON SU HIJO HERIBERTO RIVERA CÁRDENAS EN GRADO PREFERENTE Y EN FORMA DIRECTA.- EL SUSCRITO SOY HEREDERO COMO NIETO DEL AUTOR DE LA HERENCIA.- Este reconocimiento de la existencia de herederos revela la ilegal decisión de la autoridad responsable de confirmar la decisión del juez de origen de declarar como heredero al fisco del estado, pues ello sólo puede ser legal, cuando no existan herederos, así lo establece el artículo 801 del código civil del estado que claramente señala que en caso de sucesión legítima, sólo a falta de cualquier heredero, sucederá el fisco del estado.- Es evidente entonces que el Fisco del estado sólo puede heredar cuando no existen otros herederos; en éste caso, la propia autoridad responsable reconoce la existencia de dos herederos, mi señor padre y el suscrito y precisamente la existencia de mi señor padre es la base para mi exclusión a la herencia, por tanto, en todo caso y sin conceder, si la existencia de un heredero en grado preferente ( Mi señor Padre ) fue el argumento para no reconocerme derecho a la herencia, no es posible que después no se reconozca en todo caso ese derecho a la herencia de mi señor padre y a pesar del reconocimiento expreso de la autoridad responsable de la existencia de herederos, un hijo y un nieto, conceda el derecho a heredar del fisco del estado, cuando la herencia de éste parte de la base de la inexistencia de herederos; a pesar de que según le advierte de los agravios expresados en la apelación, se hizo el argumento de que si existen herederos, no puede suceder el fisco del estado, la autoridad responsable omite analizar y resolver sobre la totalidad de los agravios expresados en éste sentido, pues según se advierte de la sentencia de segundo grado combatida en amparo, sólo en forma solera dijo que como yo no tengo derecho a heredar, entonces no existen herederos y entonces mi señor padre, su existencia es el motivo de privarme a mí de mi derecho a heredar; per tanto, en consecuencia: La autoridad responsable reconoce la existencia de dos herederos, hijo y nieto del autor de la herencia.- Dice que el hijo tiene derecho preferente sobre la herencia y eso me excluye a mí, por lo que entonces, si su existencia es el motivo de excluirme de la herencia, entonces en una congruencia procesal debe otorgarse a mi padre el derecho a heredar pero, también se le priva de ese derecho y a pesar de la existencia reconocida de dos heladeros se declara heredero al Fisco del estado, cuando éste, por disposición expresa de la ley, sólo puede heredar ante la inexistencia de herederos, en éste caso existen dos, según la autoridad responsable.- No existe entonces un estudio y análisis de los agravios expresados en éste sentido lo que implica a violación a mi derecho de acceso a la justicia, y debido proceso y de una efectiva tutela jurisdiccional, razón más que suficiente para que se me otorgue el amparo que solicito.- Ahora bien, según la autoridad responsable, el sólo hecho de que de mi acta de nacimiento se advierta la existencia de mi señor padre como heredero preferente es suficiente para excluirme e la herencia a pesar de no estar demostrado si mi señor padre vive o no; empero, en ningún momento, la autoridad responsable en la sentencia combatida en amparo invoca disposición legal alguna que sustente su determinación, pues el hecho de que exista el nombre de señor padre en mi acta de nacimiento no trae como consecuencia directa e inmediata mi exclusión de la herencia y repito, en el caso no concedido de ser así, entonces debió declarar heredero a quién me excluye; empero, se advierte que ni al heredero preferente, ni al heredero por estirpe se le concede la herencia, sino al Fisco del Estado, a pesar del reconocimiento expreso de la existencia de herederos.- en todo caso, la obligación procesal del juez de origen ( y se expresó como agravio), era el de allegarse de pruebas para mejor proveer, ante la certidumbre de la existencia de un heredero en grado preferente y su incertidumbre del status legal de dicho heredero preferente por el contrario decidió resolver contra toda lógica jurídica excluyéndome de la herencia ante la existencia de un heredero en grado preferente; empero, esa misma base para excluirme no fue reconocida en la sentencia combatida en amparo, lo que además constituye una grave contradicción.- La autoridad responsable en ese sentido sólo dijo que la facultad de allegarse el juez primario de pruebas para mejor proveer es potestativa y no imperativa, lo que es cierto; empero, se soslaya el hecho evidente de que en cualquier juicio se debe privilegiar el conocimiento de la verdad para emitir una sentencia justa y apegada a derecho Dijo la autoridad responsable que como el juez no advirtió de la de denuncia del sucesorio ninguna irregularidad, entonces estuvo bien al no requerir de medios d prueba para mejor proveer; empero, ese no es el criterio rector para ejercer dicha facultad discrecional, sino precisamente, el argumento en que basó su determinación de excluirme de la herencia, al advertir, según afirmó la existencia de un heredero preferente, por simple lógica se entiende que si ese argumento es la base de una exclusión de la herencia, entonces debió haberse investigado el status legal de ese diverso heredero, pues, el sólo hecho de advertir su existencia del contenido de mi acta de nacimiento, no es razón suficiente para excluirme de la herencia, debe existir una investigación ordenada por la autoridad responsable para allegarse de elementos legales que le permitieran tomar legalmente y con base en medios de prueba idóneos y suficientes la determinación de excluirme de la herencia.- El sólo hecho pues aislado de que se desprende de mi acta de nacimiento el nombre de mi señor padre e hijo del de cujus, no es suficiente ni tiene, la fuerza jurídica suficiente para excluirme de la herencia, ante la ausencia precisamente de otros me los de prueba idóneos y suficientes para determinar mi exclusión y la inclusión en consecuencia del heredero preferente.- Me resulta difícil creer que mediante la sentencia combatida en amparo se me excluya de la herencia, ante la presencia, dice la autoridad responsable de un heredero en grado preferente y a ese heredero en grado preferente, tampoco se le reconozca su derecho a la herencia, pues concluyó diciendo que ante la ausencia de herederos se declara heredero al Fisco del Estado, es incongruente y contradictorio y además me causa agravios que deben repararse en sentencia de amparo, como así solicito.- Por tanto, para tener derecho a heredar por sucesión legítima que es el caso, basta que se demuestre que existe un parentesco con el autor de la sucesión en cualquiera de los grados establecidos en la ley, sobre todo cuando se trata como en la especie de un solo heredero.- En la apelación relativa se expresó un agravio en el sentido de que el juez primario ordenaba en la sentencia apelada que yo demostrara que HERIBERTO RIVERA CÁRDENAS era hijo de MIGUEL RIVERA ZAPIEN y se dijo que no existía esa necesidad pues de mi propia acta de nacimiento se demuestra dicha filiación.- Este agravio no fue analizado por la autoridad responsable en forma minuciosa y menos se dio respuesta al mismo, pues la autoridad responsable se limitó a decir que en autos se demostró dicha circunstancia, empero, como se expresó agravio en ese sentido y el único agravio lo declaró infundado, por lo que, sin analizar el agravio en ese sentido, realmente me concede la razón, pero no declara fundado el agravio en ese sentido, lo que es ilegal y punga con el principio de congruencia que debe imperar en toda sentencia judicial.- Respecto de la exigencia de la autoridad responsable de obligarme a demostrar que mi señor padre ha fallecido para tener yo derecho a heredar debo decir que no se trata de un requisito establecido en el código procesal civil del estado y tan es así que la misma autoridad responsable no funda su determinación en derecho cuando Y es una obligación que le impone nuestra Carta Fundamental y ello es así porque se limita a decir que debí demostrar que HERIBERTO RIVERA CÁRDENAS, así lo menciona el juez primario, ya falleció para que yo pueda heredar por estirpe; sin embargo, en el caso concreto y al ser yo el único heredero, no es necesaria dicha demostración; ello es sí porque el artículo 770 del código civil del estado señala que los parientes más cercanos, excluyen a los más lejanos y no puede la autoridad responsable adoptar una conducta subjetiva y de especulación, pues de ser así, sería tanto como pretender que además se demuestre que la esposa del autor de la herencia se acredite que ya falleció, lo mismo con los padres del de cujus y así otras diversas personas; en todo caso, existe en la denuncia del intestado una declaración BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que soy el único heredero y eso debe ser suficiente para declarar mi derecho a la herencia y a pesar de que en la sentencia combatida en amparo la autoridad responsable dice que dicha manifestación no es suficiente ni idónea. Lo cierto es que no funda su determinación en se sentido, pues no invoca disposición legal alguna que reconduzca su argumento en ese sentido y le brinde apoyo, ello a pesar de estar obligado a hacerlo por mandato de nuestra carta Fundamental, lo anterior me acusa agravios que solicito se reparen en sentencia de a taro que se dicte.- Así, el código civil y procesal civil del estado exige para que pueda ser declarado heredero que demuestre mi parentesco o entroncamiento con el de cujus, en el grado de parentesco de que se trate, pues no existe limitación y suponiendo que existieren otros herederos, ellos tienen, aún concluido el juicio de sucesión, el derecho de promover un juicio de petición de herencia, que no es el caso.- Lo importante es que la autoridad responsable no puede válidamente solicitar más requisitos que los que la ley impone para el caso específico y reitero que no existe disposición legal que me obligue a demostrar el fallecimiento de mi señor padre, pues entonces se entraría al mundo de lo subjetivo y se tendría que solicitar que se demuestre que no ,existen más hijos del de cujus; que su esposa ya falleció; que yo no tengo hermanos que los padres del de cujus ya falleció, pues tomando en base los datos del acta de nacimiento, como se hizo con mi señor padre, también de la misma se desprende el de los padres del de cujus, que también tendrían subjetivamente el derecho a heredar, sería algo interminable y si el legislador no exige el requisito solicitado por la autoridad responsable, no existe entonces sustento para su petición, lo que la torna ilegal y además, al solicitar más requisitos legales que los pedidos por la ley de la materia, entonces se vulneran flagrantemente mis derechos humanos de ACCESO A LA JUSTICIA, DEL DEBIDO O, DE SEGURIDAD Y LEGALIDAD JURÍDICA.-(.) sin embargo, en materia de herencias esto no es así, pues sobre el principio de la sucesión por estirpe, existe el principio de que los pariente más cercanos excluyen a los más lejanos y entonces, la herencia por estirpe es una excepción a esa regla general y que sólo se aplica en éstos casos; empero, de la denuncia del intestado se advierte claramente que nunca solicité heredar por estirpe, sino bajo el principio de que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos, por tanto, cuando sólo existe un heredero, así lo dije bajo protesta de decir verdad, no existe tal herencia por estirpe, siendo inaudito que siendo el suscrito' nieto del autor de la herencia, supuestamente por no demostrar el fallecimiento de mi padre, el derecho a heredar se le concede al fisco del estado, es totalmente ilegal; el agravio expresado en éste sentido tampoco fue analizado y resuelto en forma específica por la autoridad de amparo, según se advierte de la sentencia combatida en amparo.- Por otra parte, para que la herencia por estirpe exista, es requisito necesario que el heredero por cabeza fallezca antes que ocurra el fallecimiento del autor de la herencia; si ello no ocurre así, entonces la herencia de los ascendientes del autor de la herencia, es decir, nietos, etcétera se consideran herederos directos y no por estirpe o representación; lo que tampoco tomó en cuenta la autoridad responsable.- Los herederos por estirpe son los sucesores que heredan no por su propio derecho, sino por la representación de un ascendiente, es decir, heredan sólo sobre la parte que le correspondía a su ascendiente. Por tanto, con la resolución de la autoridad responsable, en todo caso, no se me puede constreñir a heredar por estirpe como lo pretende en la sentencia combatida en amparo, pues ello sólo me daría derecho a heredar la parte que le correspondería a mi señor padre, lo que no es legal.- En último caso, al existir certeza de la existencia de un heredero, se dice que en grado preferente, que es mi señor padre, además de la certeza de un heredero que es el suscrito, aun cuando heredara por estirpe, en todo caso debí haber sido requerido para demostrar el fallecimiento de mi señor padre y que soy su heredero y de ninguna manera declarar heredero al fisco del estado, pues repito, éste solo puede heredar cuando exista ausencia de herederos, lo que en la especie no ocurre.- Todos estos conceptos de violación, aun cuando fueron expresa os como agravios, no fueron analizados y resueltos por la autoridad respónsale, siendo su obligación jurídica, por lo que, cuando los agravios expresados en la apelación no fueron a analizados, es válido invocarlos en el amparo como sustento de los conceptos de violación expresados y como afirmación de los argumentos esgrimidos en dicho amparo, sin que sea ilegal su invocación, pues si éstos fueron analizados y resueltos en apelación, entonces es ilegal su invocación en el amparo, lo que en la especie no ocurre. Del cuadro comparativo se puede advertir - como se adelantó- que los argumentos de la parte quejosa vertidos a manera de conceptos de violación constituyen una reiteración, abundamiento y complemento de los agravios hechos valer al interponer el recurso de apelación. Empero, con los argumentos referidos, la quejosa no ataca las consideraciones expuestas por el la sala responsable en la resolución que se reclama. Entonces, si como se dijo, los conceptos de violación constituyen sólo una reiteración; abundan sobre ellos o los complementan los agravios formulados por la ahora quejosa y además, en el que la amparista no combate las razones que dio la sala para declararlos infundados, es evidente que son inoperantes por reiterativos. A lo anterior resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.109/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación15, de rubro y texto: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida." También, cabe precisar que la hoy parte quejosa refiere la violación a sus derechos humanos de "acceso a la justicia", sin precisar en qué consiste la citada violación y que derecho humano fue transgredido en su perjuicio, por lo cual sus argumentos de igual forma resultan inoperantes. Orienta en lo particular a las anteriores consideraciones de derecho, la jurisprudencia 499, publicada en la página 351 del Tomo IV, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Octava Época, del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTÁ EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY.- Si en el juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada". Asimismo, tiene aplicación la Jurisprudencia de la Novena Época, instancia Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Julio de 2000, página 621, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." Y la tesis de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, que reza: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE. Los agravios constituyen el conjunto de enunciados concretos respecto a cuestiones debatidas en un juicio, manifestados a través de razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar los argumentos y conclusiones del órgano jurisdiccional. Por tanto, la transcripción de los preceptos constitucionales o legales que se consideran violados no puede ser suficiente para formular un agravio, pues no basta la simple expresión de manifestaciones generales y abstractas, sino que es necesario precisar la manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere y explicar las consecuencias que, en su caso, se hayan producido. En ese sentido, si el recurrente únicamente se limita a manifestar que la sentencia impugnada viola en su perjuicio diversas disposiciones constitucionales o legales y las transcribe, careciendo de una estructura lógico-jurídica, dicho agravio debe calificarse de inoperante" En esas condiciones, por los fundamentos y motivos establecidos en este fallo, esta operadora jurídica considera que los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa resultan infundados en una parte, e inoperante en otras; consecuentemente, es dable NEGAR el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la quejosa Marco Antonio Rivera Silva. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado PRECISIÓN. En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". SEXTO. Publicidad. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. SÉPTIMO. Se requiere acuse de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedó debidamente notificado de esta sentencia. Apercibimiento. Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. OCTAVO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo se, RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Marco Antonio Rivera Silva, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. En términos del considerando sexto de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. NOTIFÍQUESE personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. EXHORTO DILIGENCIADO. Agréguese el oficio que remite el Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 259/2023-III (orden 981/2023), enviado a efecto de notificar a la parte quejosa ********************, el proveído de veinticinco de agosto del año en curso, además prevenirlo para que señalara domicilio en esta ciudad de Uruapan, para oír y recibir notificaciones. Encomienda que se llevó a cabo por medio de lista el cuatro de septiembre del año en curso, como se advierte de las constancias que al efecto se anexan. Sin que sea necesario acusar el recibo correspondiente, en razón de que el mismo se genera una vez enviada la comunicación por vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SE ORDENA DAR DE BAJA. Para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno respectivo. ESTADO DE AUTOS. Por otra parte, del estado de autos y del inciso b) de la cuenta secretarial, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la quejosa, en proveído de veinticinco de agosto pasado, a efecto de señalar domicilio procesal en esta ciudad, sin que lo hayan hecho. Consecuentemente, hágase efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa, por lo que, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones que le resulten, aún las de carácter personal, practíquensele por lista de acuerdos que sea publicada en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto señalen uno en esta ciudad para tales efectos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés.****************************************RECEPCIÓN DE OFICIO Y SE ACEPTA CONOCIMIENTO. Téngase por recibido el oficio 4763, remitido por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, al que se acompaña el cuaderno de incompetencia ********************/2023, que remite en cumplimiento al acuerdo de veintidós de agosto del año en curso, en el que se determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver la demanda de amparo promovida por ********************y ordenó remitirla al Juzgado de Distrito en el Estado en turno, con sede en esta ciudad, de la que correspondió conocer a este órgano jurisdiccional; oficio al que acompaña:****************************************La demanda de amparo promovida por ******************** ****************************************El oficio firmado por la Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, mediante el cual, rinde su informe justificado.****************************************Constancia de emplazamiento del tercero interesado.****************************************El toca de apelación I-********************/2023, del índice de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. **************************************** Lo anterior, en razón de que el Tribunal Colegiado de su adscripción, mediante acuerdo de veintidós de los actuales, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************toda vez que el acto reclamado no encuadra en alguno de los supuestos en los que resulta procedente la vía de amparo directo para su impugnación. Acúsese recibo. ****************************************Lo que así determinó, pues el promovente reclama:****************************************La resolución de trece de junio de dos mil veintitrés, dictada por la Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca I-********************/2023, que confirmó la sentencia interlocutoria de veinticinco de abril pasado, emitida por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, en la primera sección del juicio intestamentario ********************/2023, que declaró procedente la sucesión legítima del extinto ********************.************************************************************SE AVOCA AL CONOCIMIENTO. Por tanto, De conformidad con los artículos 45 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto. Comuníquese esta determinación al Tribunal Colegiado remitente, para los efectos legales conducentes.****************************************EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Ahora, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 674/2023-II, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado.****************************************De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y ******************** del citado Acuerdo General, se comisiona a la Secretaria, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste.****************************************En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo ******************** del Acuerdo mencionado.****************************************En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio.****************************************ADMISIÓN. con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, ********************, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de amparo promovida por ********************por su propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia.****************************************INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a aperturar el incidente de suspensión de los actos reclamados, en virtud de que dicha medida cautelar no fue solicitada expresamente.****************************************AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio.****************************************INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, rindiendo su informe justificado, con vista a las partes; lo anterior, al haber sido remitido por el Tribunal oficiante.****************************************PRUEBAS. Asimismo, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por recibida la prueba documental que se remite en apoyo a dicho informe, consistente en el original del toca I-********************/2023; se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional.****************************************TOMO DE PRUEBAS. Con la documental de que se trata, fórmese el respectivo tomo de pruebas, el cual se identificará como tomo I; lo anterior, a efecto de facilitar el manejo del expediente en que se actúa.****************************************Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables para que cualquier información relacionada con el presente asunto, la remitan al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx; o bien, mediante oficio ordinario. ****************************************DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se les anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hayan formulado, o bien, mientras el juicio de amparo no haya sido resulto definitivamente.****************************************Sin embargo, se hace de su conocimiento que tienen expedito el derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que haya causado ejecutoria este asunto soliciten la devolución de los documentos mediante diversa promoción.****************************************Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL".****************************************PARTE TERCERA INTERESADA. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), se reconoce el carácter de tercero interesado al ********************representado por el ******************** de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, al haber sido designado como albacea definitivo dentro de la sucesión intestamentaria a bienes del extinto ********************, dentro del juicio del cual derivan los actos reclamados. ******************** ********************Asimismo, téngasele por legalmente emplazado a la presente contienda constitucional, al tenor de las constancias respectivas, remitidas por el Tribunal oficiante; diligencia realizada el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, por conducto de la Ministro Notificador adscrita al Juzgado de Primera Instancia de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo. ****************************************Hágase de su conocimiento que a partir de que se hizo sabedor de la instauración del presente juicio de garantías, quedaron expeditos sus derechos a efecto de que, en caso de considerarlo necesario, ofrezca las pruebas que estime pertinentes, en el término legal que dispone el artículo 119 de la Ley de Amparo.****************************************REQUIERE A LAS PARTES COMUNIQUEN LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la ley de la materia, se requiere tanto a la autoridad señalada como responsable como a la parte quejosa y, en su caso, a quienes les revista el carácter de tercera interesada, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, cuando por alguna cuestión tengan conocimiento de ello y; de ser posible acompañen las constancias que acrediten tal extremo.****************************************MULTA. En el entendido que de hacer caso omiso al presente requerimiento, si en el trámite o resolución del juicio se advierte una posible causal que las partes hayan sido omisas en comunicarlo a éste órgano, se les impondrá multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo.****************************************FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LA AUTORIDAD. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia debe asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa.****************************************Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.****************************************Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."****************************************INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo.****************************************USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma.****************************************Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción.****************************************También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente.****************************************La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA".****************************************Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo.****************************************EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito.****************************************SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público.****************************************PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberá precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes:****************************************"COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados."************************************************************AUTORIZADOS. Téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley que rige el juicio constitucional a ********************toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho; asimismo, en términos de la última parte del segundo párrafo del citado precepto legal a ********************y ********************, al no cumplir con el citado requisito.****************************************Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: ****************************************Tesis: I.11o.A.4 A********************Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta********************Novena Época********************175204 1 de 1****************************************Tribunales Colegiados de Circuito********************Tomo XXIII, Abril de 2006********************Pág. 1188********************Tesis Aislada(Administrativa)************************************************************"SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. ************************************************************************************************************************EXHORTO PARA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA. Tomando en consideración que la parte quejosa señaló domicilio procesal fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con apoyo en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria gírese atento exhorto vía interconexión, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, en turno, con residencia en Morelia, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione a quien corresponda, a efecto de que se constituya en el domicilio ubicado en calle ********************número********************colonia********************en la referida ciudad capital, y notifique el presente proveído a la parte quejosa.****************************************Asimismo, la prevenga para que dentro del término de tres días, computados legalmente, señale domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, para oír y recibir notificaciones personales, bajo apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal le serán realizadas por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo.****************************************HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo previsto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se delegan facultades al Juez exhortado, a efecto de que habilite días y horas inhábiles para la realización de la diligencia encomendada.****************************************Sin que se estime necesario que la autoridad exhortada acuse el recibo correspondiente, en virtud de que la constancia de envío que expide el sistema se tendrá como tal.****************************************Se solicita a la autoridad jurisdiccional federal, que una vez hecho lo encomendado, remita únicamente vía interconexión las constancias con las que acrediten la diligenciación del exhorto de mérito.****************************************NOTIFICACIÓN TERCERO INTERESADO. Ahora, toda vez que se tuvo como tercero interesado al ********************por conducto del ******************** de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo; por tanto, al resultarle el carácter de autoridad tercera interesada, las notificaciones que le resulten de carácter personal, se practicarán por medio de oficio enviado al domicilio donde se encuentran sus instalaciones respectivas, en Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, apartado II, inciso b), de la Ley de amparo; por tanto, a través del oficio respectivo, notifíquesele la presente determinación.****************************************HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós.**************************************** En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo.****************************************CAPTURA DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Se instruye al analista jurídico encargado del SISE, para que realice la captura exacta de la autoridad responsable, tal y como se señaló en la demanda inicial, en el entendido que si durante el trámite del asunto se conoce que la denominación es correcta, inexistente, imprecisa, cambió o diversa cuestión que incida en el tema, deberá atenderlo puntual y oportunamente a la luz del acuerdo que se emita.**************************************** Para lo cual, la secretaria encargada de la mesa deberá verificar que la anterior instrucción se efectúe en sus términos.****************************************HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos.****************************************CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. ****************************************EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL).****************************************TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia********************y Acceso a la Información Pública.****************************************FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa.****************************************NOTIFÍQUESE; por exhorto a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercero interesada, así como a la Superioridad.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,104 expedientes
- Marco Antonio Hernández Duarte439/2022
- Marco Antonio Magaña Binder434/2020
- Marco Antonio Martínez Martinez848/2023
- Marco Antonio Quezada Zamora112/2021
- Marco Antonio Ramirez Martinez457/2021
- Marco Antonio Reyes Orozco250/2021
- Marco Antonio Rodriguez Barajas4/2022
- Marco Antonio Romero Ortíz329/2019
- Marco Antonio Santiago Casimiro6/2023
- Marco Antonio Silva Rios539/2019
- Marco Antonio Trejo Hernandez427/2018
- Marco Antonio Villicaña Mendez690/2022