Marco Antonio Magaña Binder
Expediente 434/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 434/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marco Antonio Magaña Binder
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, doce de noviembre de dos mil veinte. ACUSA RECIBO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio número 3950/2020, firmado en forma electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del comunicado 13538/2020, por el que se remitió el escrito de expresión de agravios y los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, de donde deriva el presente cuaderno de antecedentes, para la substanciación del recurso de queja hecho valer por la parte quejosa contra el proveído de veinte de octubre de dos mil veinte, el cual fue radicado y admitido como recurso de queja 90/2020, de su índice, de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. En otro orden de ideas, en atención a la solicitud planteada por la Superioridad a efecto de que se ponga a su disposición el expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo a efecto de que éste pueda ser vinculado al recurso de queja 90/2020, de su índice, con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta y vinculación del expediente electrónico por el plazo de cinco días, contado a partir de que se notifique el presente acuerdo, ello para los efectos legales a que haya lugar en los autos del recurso de queja 90/2020, del índice del Órgano Colegiado solicitante. Por lo tanto, instrúyase al analista jurídico SISE, adscrito a éste órgano jurisdiccional a efecto de que habilite los permisos correspondientes respecto del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa y una vez concluido dicho plazo deberá deshabilitarlo sin ulterior acuerdo. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL y POR OFICIO AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, CON SEDE EN MORELIA, MICHOACÁN.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintinueve de octubre de dos mil veinte. RECURSO DE QUEJA [11330]. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de ampliación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese al expediente copia certificada del escrito de cuenta, signado electrónicamente por Jorge Arturo Padilla Martínez; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja hecho valer en contra del proveído de veinte de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, en el que se determinó desechar la demanda, por los motivos ahí expuestos. Por lo anterior, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja; sin que sea necesario requerir a las partes a fin de que señalen constancias que deberán remitirse al Tribunal, en virtud de que se envía el original del juicio en que se actúa, previa formación del cuaderno de antecedentes. Remítanse al Tribunal Colegiado que corresponda, el original y copia del ocurso en cuestión. NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veinte de octubre de dos mil veinte. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Marco Antonio Magaña Binder, por su propio derecho y en cuanto representante de la moral Explotadora Minera del Pacífico, S.A. de C.V., carácter que se le reconoce por así acreditarlo con la copia cotejada de la escritura pública mil ciento ochenta y uno que exhibe, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Atención y Determinación de Lázaro Cárdenas, Michoacán y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 434/2020-II, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, del análisis sistemático de la demanda de amparo, y las constancias adjuntas, se extrae que la parte quejosa señala como acto reclamado: La emisión del citatorio AYD-LAZ-641/2020, derivado de la carpeta de investigación FED/MICH/LAZ/0001941/2020, de catorce de octubre del año en curso y sus consecuencias que se traducen en la posible e inminente detención de forma ilegal ordenada por las autoridades responsables para privar al aquí quejoso de su libertad. Así como la afectación de los bienes, posesiones o derechos de su representada mediante el posible aseguramiento de los bienes existentes en el predio que tiene en posesión su representada. DESECHAMIENTO. Ahora bien por el acto reclamado signado como inciso a), se desecha por la demanda por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Así, se estima que debe desecharse la presente demanda de amparo, por lo que ve al citado acto reclamado, ya que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, así como el diverso 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracciones I y II, por las consideraciones que se expondrán a continuación. En efecto, se vuelve necesario precisar que el artículo 61, fracción XXIII, y 107, en su fracción V, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Mientras que el numeral 141, fracciones I y II, de la Codificación referida establece: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y (.)" De los numerales transcritos es de destacarse lo siguiente: a) Que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos que tengan efectos que sean de imposible reparación, es decir, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en el entendido de que un acto con efectos de imposible reparación es aquél que vulnera de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. b) Que las fracciones I y II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que el Ministerio Público dentro de sus facultades de investigación de los delitos que ante él se denuncien, se encuentra la de hacer comparecer a los involucrados en dicha investigación a fin de aclarar los hechos. En las relatadas condiciones, y dado que, como ya se precisó, el quejoso se duele de la emisión del citatorio AYD-LAZ-641/2020, derivado de la carpeta de investigación FED/MICH/LAZ/0001941/2020, de catorce de octubre del año en curso y sus consecuencias que se traducen en la posible e inminente detención de forma ilegal ordenada por las autoridades responsables para privar al aquí quejoso de su libertad, el cual se trata de una infracción de índole procesal que por sí sola no transgrede los derechos fundamentales de carácter sustantivo del promovente de la acción constitucional, en virtud de que con el mismo no se afecta su libertad personal, puesto que se trata de una comunicación emitida por el Representante Social, en el sentido de que se requiere su presencia para llevar a cabo alguna diligencia, en ejercicio de la facultad de investigación con que cuenta el Ministerio Público; por tanto, no es combatible por medio del juicio de amparo indirecto, ya que al comparecer dicho acto desaparecería sin dejar huella en la esfera jurídica del quejoso, por lo cual no se está en presencia de un acto que tenga ejecución irreparable. Esta decisión encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que resulta imperativo que el acto reclamado sea de imposible reparación. Con la precisión de que el asunto en estudio no le son aplicables las hipótesis que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no se trata de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, lo que en la especie no acontece, al impugnarse actos del Agente del Ministerio Público en demérito de la obligación constitucional que le atañe conforme al artículo 21 de la Carta Magna, y además, por ese motivo no puede aceptarse la expresión del quejoso en el sentido de que teme ser privado de su libertad fuera de procedimiento, toda vez que del contenido del citatorio reclamado no se observa que exista una pretensión de tal índole. Sin que en el caso pueda tomarse en cuenta el hecho de que la parte quejosa exponga el temor de ser privada de su libertad fuera de procedimiento; debido a que, como se estableció señaló como autoridad responsable, entre otras, al referido Fiscal quien de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley, actúa dentro de determinado procedimiento en ejercicio de las propias facultades de investigación; y es que dicha expresión deriva precisamente de la emisión del citatorio en cuestión, por lo que no puede ser considerado como un hecho aislado, máxime que desde el propio citatorio exhibido, se advierte en la parte final del mismo se precisa: "No omito señalar que una vez concluida la diligencia, podrá abandonar las instalaciones de esta Fiscalía Federal." Tampoco se ajusta a los supuestos de la fracción XX, del referido numeral, que disponen que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio. Empero, la citada fracción XXIII del artículo 61 de la Ley que rige el juicio constitucional, establece que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley, lo que en el caso acontece como ya quedó reseñado. Tiene aplicación al caso, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10ª) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 239, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, Registro 2018828, de rubro: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1ª./J 93/2013 (10ª)]" Ahora por lo que hace al acto reclamado señalado con el inciso b), consistente en la afectación de los bienes, posesiones o derechos de su representada mediante el posible aseguramiento de los bienes existentes en el predio que tiene en posesión su representada, debe precisarse que el referido acto que se reclama es de aquellos de realización futura e incierta, pues no puede considerarse de ninguna manera de ejecución inminente, esto es así, porque de los datos que arroja la demanda de garantías se desprende que a la fecha de presentación de ésta, no existe mandato alguno proveniente de las autoridades designadas como responsables, que afecte la esfera jurídica del promovente, toda vez que como expresamente lo manifiesta, la responsable pudiera decretar en su contra actos tendentes a afectar los bienes, posesiones o derechos de su representada mediante el posible aseguramiento, lo que significa que el acto de molestia, aún no se ha pronunciado; de ahí que, sea válido establecer que no se advierte una ejecución inminente contra su persona, sino que se trata de una mera especulación del peticionario del amparo, derivada del citatorio que reclama; por tanto, tiene ese acto calidad de futuro e incierto, dado que su origen no depende de determinada circunstancia ya existente que implique como consecuencia lógica e inminente su consumación; por ello, el hecho de que presuma que probablemente se aseguren bienes de su poderdante, no afecta actualmente su esfera jurídica. Pues como se especificó, el promovente se basa en presunciones subjetivas que resultan insuficientes para actualizar el supuesto de procedencia del amparo indirecto, establecido en el artículo 115 de la ley de la materia; motivo por el cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista por en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 6º, éstos interpretados en sentido contrario del citado ordenamiento legal. A mayor abundamiento, el ánimo que motivó al Constituyente a prever la institución de amparo no puede identificarse con la posibilidad de obtener una especie de privilegio, con alcances universales, que impida de forma absoluta y general la operación de la autoridad señalada como responsable en la esfera jurídica del gobernado, cuando la afectación que aduzca no encuentre un enlace, basado en principios razonables, con hechos verosímiles o de probable realización, pues su finalidad no consiste en escudar a los particulares para que desarrollen de forma incontrolada las actividades reguladas por el orden jurídico, lo cual funda la obligación del Juez constitucional de analizar, desde la promoción del juicio, su conexión efectiva con la finalidad constitucional pensada para dicho medio de impugnación, que consiste en remediar un exceso concreto proveniente de uno o varios órganos del Estado, lo que orilló al legislador a prever la exigencia a cargo del justiciable de señalar, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado en su demanda, cuya ratio legis es evitar el goce ilícito de beneficios cautelares o restitutorios mediante una demanda de garantías sustentada en la narración de hechos apartados de la realidad, por lo que el carácter excepcional de una promoción de ese grado justifica que su tramitación requiera de la aportación, no de las pruebas de la certeza de los actos reclamados, pero sí de los elementos que hagan creíble la intervención de la autoridad que teme el particular, considerando que una demanda sustentada en hechos de realización incierta, cuya suscitación se aparta de las reglas de la lógica y de la experiencia judicial, no puede gozar, como el común de los casos, de presunción de veracidad, si se atiende a principios de racionalidad, destacando que el acceso de la parte quejosa a los tribunales se vería afectado, en ese caso, por cuestiones imputables a ella. Sustenta la anterior consideración, en lo conducente. Tesis: 26 Apéndice 2000 Séptima Época 917560 1 de 1 Pleno Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Pag. 23 Jurisprudencia (Común) AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio al interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará. Así como la tesis del rubro siguiente. Tesis: XX.308 K Semanario Judicial de la Federación Octava Época 209001 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV-1, Febrero de 1995 Pag. 138 Tesis Aislada (Común) ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías. Por tanto, con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, en concordancia con el precepto 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, así como el diverso 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracciones I y II; así como los diversos 1, fracción I, y 6, de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa, ténganse como sus autorizados, en los amplios términos que prevé el numeral 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Arturo Padilla Martínez y Jorge Padilla Cordova, toda vez que si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, como se desprende de la certificación secretarial de cuenta. DOMICILIO. Por otra parte, toda vez que el impetrante de garantías omitió precisar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, dígasele que hasta en tanto señale uno en esta ciudad, las notificaciones que deban hacérsele, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de la lista, de acuerdo con lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenta OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que estas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por cualquier medio electrónico autorizado conforme al Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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