Marco Antonio Vizcarra Sánchez
Expediente 788/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 788/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Marco Antonio Vizcarra Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a primero de diciembre de dos mil veintidós.********************Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes.********************Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. ********************Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. ********************En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de destrucción. ********************De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. ********************Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo.********************Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. ********************Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. ********************Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.********************Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 788/2022-V, promovido por ***********, por conducto de su apoderado ***********. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por Marco Antonio Vizcarra Sánchez, por conducto de su apoderado ***********, la cual fue recibida el treinta siguiente en este órgano jurisdiccional. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de 1) Fiscal de Distrito Zona Noroeste, 2) Coordinador de la Unidad de Delitos Patrimoniales, de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, 3) Coordinador de la Unidad que tenga a su cargo las investigaciones por delitos contra la fe pública, de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, 4) Agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales, de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste y 5) Agente del Ministerio Público de la Unidad que tenga a su cargo las investigaciones por delitos contra la fe pública, de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, todos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua; de quienes reclama la omisión y/o negativa de permitirle el acceso a la carpeta de investigación que presume se instruye en su contra. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, la demanda de amparo se registró con el número 788/2022-V, y previa aclaración, el siete de septiembre siguiente se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en la omisión y/o negativa de permitirle el acceso a la carpeta de investigación que el quejoso presume se instruye en su contra con motivo de la denuncia presentada por integrantes de la familia ***********. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes y de los cuales se procederá a su análisis a lo largo de esta sentencia. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El 1) Fiscal de Distrito Zona Noroeste, 2) Coordinador de la Unidad de Delitos Patrimoniales, de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, 3) Coordinador de la Unidad que tenga a su cargo las investigaciones por delitos contra la fe pública, de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, 4) Agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales, de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste y 5) Agente del Ministerio Público de la Unidad que tenga a su cargo las investigaciones por delitos contra la fe pública, de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, todos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua; fueron omisos en rendir su informe justificado, no obstante haber sido debidamente requeridos para ello, tal y como se advierte de los acuses de recibo de los oficios que obran en autos. Atento a ello, de conformidad con los ordinales 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de siete de septiembre del año en curso y se tienen por ciertos los actos que se les reclaman. Sin que se haga necesario requerir las constancias que conforman la indagatoria, pues la parte quejosa no acreditó su interés jurídico como a continuación se expondrá. CUARTO. Causal de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, corresponde a este juzgado de control de la constitucionalidad analizar si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que hacen improcedente el juicio de amparo, por ser su estudio preferente y de orden público. En el caso, respecto de la omisión y/o negativa reclamada a las autoridades señaladas como responsables, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 5, fracción, I, y 61 fracción, XII, ambos de la Ley de Amparo, los que disponen: 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) De los preceptos citados se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provocan, una afectación real, actual y directa a la esfera jurídica del peticionario de amparo, es decir, no causan un agravio personal y directo en la esfera jurídica del gobernado. La causal en cita, se refiere a que el juicio de amparo procede contra actos que lesionan de manera real y actual la esfera jurídica del gobernado, por tanto, el peticionario de amparo debe acreditar de forma fehaciente cuando acude en demanda de amparo, que el acto reclamado vulnera en su perjuicio un derecho sustantivo protegido por la norma jurídica, o que le causa un daño, perjuicio o menoscabo real y actual a su esfera jurídica, de manera que si esta circunstancia no se encuentra acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Para que la acción constitucional proceda no basta que sea impulsada por un interés cualquiera, "simple" como suele llamarse al que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le beneficia o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pueda resultarle molesta, sino que es necesario que exista un interés jurídico o legítimo. Al respecto, es aplicable por las razones que la sustentan la jurisprudencia 50/2014 (10a.), sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corete de Justicia de la Nación, publicada en la página 60 del Libro 12, de noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2007921, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. En ese orden, la omisión y/o negativa de proporcionar información en torno a si existe una investigación ministerial iniciada en contra del quejoso, con el fin de ejercer su derecho a la defensa, no le causa un agravio real, actual, directo e inmediato, toda vez que su pretensión es conocer si la autoridad ministerial ha iniciado en su contra alguna investigación por su posible participación en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Sin embargo, aun cuando ello fuera certero, el simple inicio e integración de una indagatoria no causa agravio a la parte quejosa, ya que corresponde al Ministerio Público investigar los delitos, por lo que tiene la facultad legal de ordenar la comparecencia de las personas imputadas a fin de que rindan su entrevista respecto de los hechos investigados, además que, para asegurar el éxito de sus investigaciones puede guardar sigilo de las actuaciones que lleva a cabo para esclarecer los hechos. Lo anterior, encuentra sustento en el artículo 21 y 102, apartado A, de la Constitución Federal, que establecen: 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. 102. (.) A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio (.) Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine." A su vez, los numerales 112, 127, 129, 141 y 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen: 112. Denominación Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación y sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia aunque no haya sido declarada firme. 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. 129. Deber de objetividad y debida diligencia La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este Código. Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación. El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme. De la interpretación sistemática de la norma constitucional transcrita, se deprende que el monopolio de la investigación corresponde al agente del Ministerio Público y por tal razón, tiene el mandato constitucional de realizar las diligencias necesarias a fin de determinar si se cometió un hecho delictivo, establecer a quienes se les puede imputar su ejecución como autores o participes del mismo y determinar, en su caso, si ha lugar, o no, a ejercer la acción penal ante la autoridad judicial correspondiente. Por otro lado, del código adjetivo se desprende que, la etapa de investigación dentro del proceso penal comprende dos fases: la investigación inicial que comienza con la presentación de la denuncia o querella y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación y, la investigación complementaria, que comienza desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Cabe destacar que, en la etapa investigación inicial y complementaria, el representante social tiene la facultad exclusiva de designar a qué persona le corresponde el carácter de imputado como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito, así como, en caso de que lo estime necesario para la investigación, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, ordenar su comparecencia a fin de que rinda su entrevista respecto de los hechos investigados. Ello implica que incumbe al órgano técnico decidir -si así lo estima conveniente para su investigación-, cuándo será citado el imputado para que tenga acceso a los registros que obran en la carpeta respectiva, puesto que los datos que existen en ésta, son de carácter "reservado" en tanto no se judicialice la misma. Sostener lo contrario, resultaría en una invasión a las facultades exclusivas del representante social y se correría el riesgo de entorpecer la investigación de los delitos, lo cual, es de interés de la sociedad. De lo que se sigue que es hasta ese momento que el gobernado a quien ya se le ha otorgado la calidad de imputado, cuando puede conocer si se sigue alguna investigación en su contra. Asimismo, los preceptos citados disponen que, una vez que obren en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo y exista la probabilidad de que una persona lo cometió o participó en su comisión, el Juez de Control, a solicitud del agente del Ministerio Público al ejercer acción penal, ordenará la citación de ésta en su calidad de imputada para que comparezca a la audiencia inicial, en la que se le hará de su conocimiento la imputación que obra en su contra, los datos de prueba que constan en la investigación y los derechos que le asisten como persona imputada, mismos que no son trastocados con el ejercicio de la acción penal y la citación para audiencia inicial para formular imputación, puesto que tales actos en el sistema procesal penal acusatorio, no traen aparejada una privación de la libertad ni una restricción a los derechos de defensa de los imputados, pues éstos quedan a salvo para que se puedan ejercer plenamente en la audiencia inicial y en su caso, en la investigación complementaria. Apoya a lo anterior la tesis XIII.P.A.54 P (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, Materia(s): Constitucional, Penal, Penal, Décima Época, visible en la página 2275, registro digital 2018142, que es del rubro y texto siguiente: CARPETA DE INVESTIGACIÓN. LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DAR ACCESO A ÉSTA A LA PERSONA INVESTIGADA Y A SU DEFENSOR, POR ACTUALIZARSE LOS SUPUESTOS LEGALES PARA MANTENER BAJO RESERVA LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN ELLA, ES ACORDE CON LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 218 Y 219 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El precepto constitucional citado prevé y regula el derecho del imputado a contar con una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en el proceso y requiera para su defensa. Para ello, el Poder Reformador de la Constitución estableció implícitamente, por una parte, que el Ministerio Público debe mantener bajo reserva los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación y, por otra, los momentos a partir de los cuales el imputado y su defensor pueden tener acceso a dicha información, al especificar las siguientes hipótesis, cuando: a) el imputado se encuentre detenido; b) pretenda recibirse su declaración o entrevistarlo; y, c) antes de que comparezca por primera vez ante el Juez de Control. Y, es a partir de que se actualice cualquiera de esos supuestos que se adquiere la calidad de imputado al ser detenido por la comisión de un hecho delictivo, o bien, el señalamiento que en su contra realice el Ministerio Público, ya sea al ser llamado a declarar ante éste como probable partícipe de un delito o en la audiencia de imputación efectuada ante el Juez de Control; momento en que desaparece la reserva, para que el imputado y su defensor puedan preparar una defensa adecuada a sus intereses, salvo los casos excepcionales que marque la ley secundaria para salvaguardar el éxito de la investigación. En congruencia, en los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el legislador estableció la reserva de los datos de prueba e información que obren en las carpetas de investigación, precisando que solamente las partes pueden tener acceso a ello, con las limitaciones establecidas en la propia ley; exceptuando de esa reserva, únicamente, a la víctima u ofendido y a su asesor jurídico, ya que éstos sí pueden tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento; y señaló, en términos similares al postulado constitucional, cuáles son los momentos en que el imputado y su defensor pueden tener acceso al legajo de investigación, a saber cuando: 1) el imputado se encuentre detenido; 2) sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; y, 3) una vez que el imputado y su defensor hayan sido convocados a la audiencia inicial. Por tanto, si no se presenta alguno de esos supuestos, la negativa de la Representación Social de dar acceso a la carpeta de investigación a la persona sujeta a investigación y a su defensor, es acorde con los artículos constitucional y legales mencionados. Lo que se robustece con las consideraciones plasmadas en la jurisprudencia 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, Materias: Común, Penal, visible en la página 239, registro digital 2018828, cuya literalidad es: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese contexto normativo, es evidente que el acto reclamado en el presente asunto, no afecta de forma real, actual y directa algún derecho fundamental o sustantivo, toda vez que corresponde al Ministerio Público determinar cuando una persona tiene el carácter de imputado y en su caso citarlo para que intervenga en la carpeta de investigación, siempre que lo considere necesario cuidando el sigilo para asegurar el éxito de la actividad persecutora; ya que en el sistema procesal penal de corte acusatorio, la investigación inicial constituye una etapa en la que medularmente la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el juez, con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito. Dicho procedimiento administrativo-penal se traduce en el instrumento con el que cuenta el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales; razón por la cual, tradicionalmente se ha considerado que uno de los principios que de manera medular rige a dicho procedimiento es el de "sigilo". Así, del análisis de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señaló como antecedentes del acto reclamado los siguientes: Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los hechos y abstenciones que me constan, y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, son los que a continuación se indican, mismos que fueron conocidos por mi representado el 08 de agosto del 2022. a).- Se tuvo conocimiento de que agentes al servicio y bajo las ordenes de las autoridades señaladas como responsables, están realizando investigaciones criminales sobre mi representado, puesto que el mismo, se ha percatado de que dichos agentes se han estado presentando en su domicilio particular y lugares donde asiste con frecuencia, inquiriendo sobre su persona, con el propósito' de obtener información sobre él y sus actividades, argumentando que tienen la orden de investigarlo por hechos supuestamente delictuosos que dicen cometió en perjuicio de la Familia *********** {*********** y/o Sucesión a bienes del Sr. *********** y/o *********** y/o *********** y/o ***********), por una supuesta falsificación de una firma en cierto documento, lo cual es totalmente falso. b).- Ahora bien, luego de que mi representado se apersonara ante dichas !autoridades con el objeto de conocer a detalle la investigación en cuestión, le fue negado cualquier tipo de acceso a la misma investigación, por lo que las conductas previamente enunciadas violan en su perjuicio las Garantías Individuales que consagra nuestra constitución, puesto que mi representado no he cometido delito alguno que amerite su investigación, y, en todo caso, debe de respetársele su garantía de Audiencia y el Debido Proceso que debe de imperar en toda investigación, por lo que, ante tal situación, se ve obligado a solicitar el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, para efecto de que no se violenten sus garantías individuales y derechos fundamentales, y le sea respetado su acceso a la mencionada investigación, para que, en caso de ser necesario, pueda hacer valer los derechos que tiene dentro del procedimiento en cuestión. (.) De ahí que, se advierta es manifiesto que el acto reclamado no causa una afectación real, actual y directa a algún derecho fundamental o sustantivo de la parte quejosa, toda vez que corresponde al representante social investigador, en uso de su facultad exclusiva constitucional y legal, determinar si la parte quejosa, le reviste el carácter de imputado, siendo ese momento cuando podrá ser citado a comparecer para esclarecer los hechos investigados, o bien, cuando el Juez de Control, a petición del agente del Ministerio Público, lo cite en calidad de imputado a la audiencia inicial a fin de que se le hagan de su conocimiento los hechos que se le atribuyen, pues en estos dos momentos, se le dará acceso a los datos de prueba que constan en la investigación y se le reconocerá los derechos que le asisten en su calidad de imputado. En ese sentido, si hasta este momento, no se ha definido alguna imputación contra el hoy quejoso es manifiesto que no existe obligación de informarle si existe alguna investigación seguida en su contra conforme lo establece el artículo 266 Código Nacional de Procedimientos Penales, más aún que no ha sido citado, ni tampoco se ha dictado algún acto de molestia en su contra. Para robustecer lo anterior, cabe señalar que conforme con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los imputados y sus defensores únicamente podrán tener acceso a la investigación en tres momentos: 1) Cuando el imputado se encuentre detenido. 2) Cuando pretenda recibírsele su declaración; es decir, cuando sea citado a efecto de pretender recibir su declaración, precisamente con el carácter de imputado, o sea sujeto a un acto de molestia, como sería entrevistarlo; y, 3) Antes de su primera comparecencia ante el Juez, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En ese sentido, se considera que el acto reclamado no causa un agravio personal y directo al promovente de amparo, sin que sea procedente informarle si se ha iniciado alguna investigación en su contra, pues será hasta el momento en que se actualicen los supuestos a que se ha hecho referencia que podrá enterarse de la existencia de la misma. Por tanto, al no existir una afectación de forma directa e inmediata a los derechos de la parte quejosa, dado que aún no le asiste en su favor los derechos humanos que la Carta Magna y el Código Nacional de Procedimientos Penales consagra para las personas imputadas, no puede tener información sobre la existencia o no de alguna investigación mientras tanto no tenga el carácter de imputado o se realice un acto de molestia en su persona. Sirve de apoyo, por las razones que expone el contenido de la tesis I.1o.P.89 P (10a), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primero Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, Décima Época, Materias: Constitucional y Penal, visible en la página 2036, registro digital 2016068, cuyo contenido literal es el siguiente: ACCESO DEL IMPUTADO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. HASTA EN TANTO EL MINISTERIO PÚBLICO LO ESTIME CONVENIENTE PARA EL ÉXITO DE SU INVESTIGACIÓN, QUIENES TENGAN O NO RECONOCIDO AQUEL CARÁCTER DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL, NO TIENEN DERECHO A QUE SE LES PERMITA SU CONSULTA Y, POR ENDE, QUE SEAN CITADOS PARA COMPARECER, AL EXISTIR UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL AL RESPECTO. Conforme al artículo 20, apartado B, fracción VI, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho fundamental que al imputado, por la posible comisión de un delito, le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso; empero, tocante a los registros de la investigación, es específico en constreñir su acceso a tres momentos: 1) Cuando el imputado se encuentre detenido; 2) Cuando pretenda recibírsele su declaración o entrevistarlo; y, 3) Antes de su primera comparecencia ante el Juez, con la oportunidad debida para preparar la defensa. Las tres hipótesis aluden a situaciones jurídicas distintas que ocurren en diferentes momentos del proceso penal, pues mientras los supuestos 1) y 2) se refieren a acontecimientos que son dables de suceder en la etapa de investigación inicial, el diverso 3) apunta a un acto que debe verificarse en la etapa de investigación complementaria, es decir, en la fase judicializada de la investigación durante la celebración de la audiencia inicial (en la que se formula la imputación). Sin embargo, de una interpretación sistemática a tales hipótesis, se colige que las tres son coincidentes en apuntar a los registros de investigación que integra el Ministerio Público en la fase inicial y que aporta para la investigación complementaria, ya que en esta última etapa, al hallarse judicializada, todos los antecedentes y registros deben ser oportunamente hechos del conocimiento del imputado para su debida defensa y para la continuación del proceso, como lo dispone el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esa guisa, tratándose del supuesto 2), éste se refiere a una posición pasiva por parte del imputado, en la medida en que para que pueda tener acceso a los registros contenidos en la carpeta de investigación, se encuentra supeditado a la voluntad de un tercero en la que desee llevar a cabo diligencias como la de recibir declaraciones o entrevistas, las que -por antonomasia- son las que -de estimarlas necesarias- realiza el órgano persecutor (Ministerio Público) durante la investigación inicial, para el correcto esclarecimiento de los hechos denunciados. Por tanto, existe una restricción de índole constitucional que impide que quien tenga reconocido el carácter de imputado -y más aún, quien no tenga reconocida esa calidad- durante la etapa de investigación inicial, pueda acudir de manera libre y espontánea, es decir, en el momento en que así lo desee, incluso, sin necesidad de ser citado, a imponerse de los registros que obran en la carpeta de investigación, es decir, a tener acceso a ésta y así encontrarse en posibilidad de ejercer sus derechos conforme a sus intereses legales convenga. Sino que lejos de esto, ni en la Constitución Federal ni en el código mencionado se observa que el imputado tenga derecho a lo contrario, hasta en tanto el Ministerio Público así lo estime conveniente para el éxito de su investigación, tal como se advierte de los artículos 113, fracción VIII y 216 de la legislación nacional invocada. Sin que sea óbice a lo anterior, que la única condición que tiene la autoridad ministerial es que una vez que le dé el acceso condigno a los registros de la investigación al imputado, éstos ya no se podrán tener bajo reserva, salvo las excepciones previstas en la ley, pero en todos los casos deberán hacerse del conocimiento oportuno de aquél, a fin de no afectar su derecho de defensa. Incluso, la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional de este país ya se pronunció respecto a dicho tópico, en la jurisprudencia 95/2022 (11ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación (pendiente de sistematizar), con el registro digital 2025272, cuyo rubro y texto son: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en los artículos 5 fracción I y 61 fracción XII de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio de amparo, por lo que hace a la omisión y/o negativa de dar acceso a la carpeta de investigación que se integra contra el quejoso. Cabe precisar que el análisis de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, no constituye una denegación de justicia, pues por imperativo legal deben cumplir con los requisitos de procedencia establecidos en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues si bien los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia (acceso a una tutela judicial efectiva), lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance (como lo es el presente juicio de amparo). Puesto que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Es aplicable la jurisprudencia 98/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 909, registro digital 2007621, de contenido siguiente. DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Máxime que si bien, la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de diez de junio de dos mil once implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, dicha circunstancia no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa. Puesto que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 10/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, registro digital 2005717, de contenido siguiente: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***********, por conducto de su apoderado contra los actos reclamados y las autoridades que quedaron precisadas en el considerando tercero, atento a los razonamientos expuestos en el considerando cuarto. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 788/2022-V, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintinueve de agosto del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el día hábil siguiente, **********, en su carácter de apoderado del directamente agraviado **********, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Fiscal de Distrito, Coordinadores de las Unidades de Delitos Patrimoniales y de Investigación por Delitos Contra la Fe Pública y Agentes del Ministerio Público adscritos a las referidas unidades, todos de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua; de quienes, reclamó la omisión y/o negativa de permitir al directo quejoso, el acceso a los registros de la investigación iniciada con motivo de la denuncia y/o querella presentada por alguno de los integrantes de la familia ********** (********** y/o sucesión a bienes del señor ********** y/o ********** y/o ********** y/o**********), por una supuesta falsificación de una firma en cierto documento. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Previa aclaración de la demanda, mediante proveído de siete de septiembre del año en curso, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitó su informe previo a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual, después de diferirse, se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 49 en relación con el 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, Fiscal de Distrito, Coordinador de la Unidad de Delitos Patrimoniales, Coordinador de la Unidad que tenga a su cargo las Investigaciones por Delitos Contra la Fe Pública, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales y Agente del Ministerio Público de la Unidad que tenga a su cargo las investigaciones por delitos contra la fe pública, todos de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, fueron omisas en rendir su informe previo, no obstante haber sido debidamente requeridas para ello; en consecuencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Amparo, debe presumirse cierto el acto que se les reclama. TERCERO. Negativa de la suspensión solicitada. Al respecto, debe precisarse que el artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos que deben reunirse previo a conceder la medida suspensional, los cuales son los siguientes: I). Que la suspensión sea solicitada por el agraviado; y II). Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso en concreto, se niega la suspensión definitiva, toda vez que no se encuentran reunidos los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo. Ello en virtud de que la parte quejosa no exhibió algún documento con el que acredite tener algún interés, del que se pudiera advertir que le causa agravio la omisión y/o negativa de permitirle el acceso a la carpeta de investigación que el justiciable presume se instruye en su contra, pues de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se constriñó a señalar que tuvo conocimiento de que agentes al servicio y bajo las ordenes de las autoridades señaladas como responsables, están realizando investigaciones criminales, pues se han presentado en su domicilio particular y lugares donde asiste con frecuencia, inquiriendo sobre su persona, con el propósito de obtener información sobre él y sus actividades, argumentando que tienen la orden de investigarlo por hechos supuestamente delictuosos que dicen cometió en perjuicio de la familia **********, y una vez que compareció ante dichas autoridades le fue negado el acceso a la indagatoria. Sin embargo, no basta que bajo protesta de decir verdad manifestara que es sujeto de una investigación penal, pues al no haber sido detenido o citado a comparecer, carece de interés suspensional, al no ser titular de un derecho subjetivo y no haber afectación; pues como ya se dijo, no exhibió una prueba que acredite su interés jurídico. En este sentido, destaca que el numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece el principio de reserva en los actos de investigación, que implica que el Ministerio Público debe reservar los datos de investigación hasta en tanto el imputado sea detenido o citado a comparecer. Así, el fiscal al tener el conocimiento de un hecho delictivo, está obligado a explorar todas las líneas de investigación posibles que le permitan el esclarecimiento de los hechos, lo cual no implica necesariamente que esté obligado a citar al inculpado, ya que inclusive el artículo 129, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la comparecencia del imputado es opcional en esa etapa del proceso. Por consiguiente, al no contar con pruebas idóneas que acrediten que el justiciable es sujeto de un acto de molestia, lo procedente es negar la suspensión definitiva peticionada. Cobra aplicación la tesis jurisprudencial número III.2º. A.J/6, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, la que puede ser consultada en la página 46, del tomo 52, del mes de abril de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo texto es el siguiente: SUSPENSION. PROTESTA DE DECIR VERDAD, VALOR Y EFECTO EN EL INCIDENTE DE. El que la parte quejosa en la demanda de amparo haya indicado, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que le consten, no significa que por ello sea procedente la medida suspensional que solicita, pues el hecho de que haya manifestado tal circunstancia, no le eximía de la obligación de acompañar al cuaderno incidental, algún elemento de convicción que en forma indiciaria robusteciera su aserto. Ello es así, porque las declaraciones que realizó la quejosa en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, únicamente tiene como efecto dar cumplimiento a uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener, conforme lo dispone el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, más desde luego ello no implica la veracidad de lo afirmado, lo cual debe ser demostrado indiciariamente en el cuaderno incidental; por tanto la mencionada protesta, es insuficiente para acreditar presuntivamente el interés jurídico de la quejosa. Así como la jurisprudencia 1a./J. 95/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Materia Común, Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, de septiembre de 2022, Tomo III, página 2817, registro digital 2025272, que a la letra dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE ÚNICO. Se NIEGA a **********, la suspensión definitiva respecto de los actos y autoridades que precisados quedaron en el considerando segundo, por los razonamientos expuestos en el considerando tercero. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que no se cuenta con los informes justificados de las autoridades responsables, 1) Fiscal de Distrito Zona Noroeste, 2) Coordinador de la Unidad de Delitos Patrimoniales, de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, 3) Coordinador de la Unidad que tenga a su cargo las investigaciones por delitos contra la fe pública, de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, 4) Agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales, de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste y 5) Agente del Ministerio Público de la Unidad que tenga a su cargo las investigaciones por delitos contra la fe pública, de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, todos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, no obstante que desde el quince de septiembre del año en curso, se encuentra notificados del requerimiento de dicho informe, según se advierte de los acuses postales respectivos. Cuestión que si bien, hace presumir cierto el acto reclamado conforme al numeral 142 de la Ley de Amparo, resulta necesario contar con las constancias relativas a la omisión reclamada. Por tanto, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, requiérase a las referidas autoridades, para que dentro del término de tres días, remitan las constancias relativas a la omisión reclamada. Ello, bajo el entendido que de incumplir con lo que aquí se ordena, en términos de lo dispuesto por el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se le sancionará con multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional). Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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