Marco Antonio Oros Molina

Expediente 742/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
742/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Marco Antonio Oros Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Parte quejosa realiza manifestaciones. Visto el escrito de cuenta que suscribe Miguel Hernández Peñaloza, apoderado de la parte quejosa, mediante el cual manifiesta que la responsable no ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, y por ese motivo solicita que se le requiera con los apercibimientos legales correspondientes. Cuenta con autos y requiere a la responsable. Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no obstante que había informado que citó a los integrantes de esa junta para la audiencia de discusión y votación del proyecto del laudo dentro del juicio laboral número 598/2021. En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que, dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita las constancias con las que acredite que dio cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en los presentes autos (dictado de laudo). Subsisten apercibimientos En el concepto de que subsisten los apercibimientos formulados en auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Por consiguiente, dado el tiempo que ha transcurrido entre la fecha que causó ejecutoria la sentencia y la que informó que citó para la discusión y votación del proyecto de laudo, en el caso de persistir en su conducta omisiva, este órgano jurisdiccional procederá a analizar sobre la aplicación de los medios de apremio que establece la Ley de Materia y que pudieran hacerse efectivos en su perjuicio, de una forma escalonada y progresiva, conforme a lo establecido en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Informa trámites. Visto el oficio de cuenta que suscribe el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que citó a los representantes que integran esa junta, para la audiencia de discusión y votación del proyecto de laudo emitido en el juicio laboral de origen y que una vez que sea aprobado, remitirá las constancias relativas a este juzgado. Con lo anterior, se le tiene informando los trámites que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Autoridad solicita ampliación para cumplir ejecutoria Visto el oficio de cuenta que suscribe el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual manifiesta que cuenta con un excesivo índice de requerimientos por parte de órganos jurisdiccionales federales, tanto en amparo directo como de amparo indirecto, relacionados con expedientes que se ventilan en esa junta, lo que hace imposible su cumplimiento en el término concedido y por ello, solicita una prórroga a efecto de dar cumplimiento al fallo protector. Se amplía término En mérito de lo anterior, como lo solicita la autoridad oficiante y por los motivos que refiere, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se amplía el plazo de cumplimiento concedido a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por el término de diez días hábiles, contados a partir de la legal notificación de este proveído, en el entendido de que deberá remitir a este juzgado copia certificada de las constancias con las que acredite el cumplimiento al fallo. Apercibimiento En el concepto de que subsisten los apercibimientos formulados en auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo IX-742/2023, promovido por ********************, por conducto de su apoderado Miguel Hernández Peñaloza, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el doce de junio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, ********************, por conducto de su apoderado Miguel Hernández Peñaloza, promovió demanda de amparo en la que señaló como autoridad responsable y acto reclamado el que precisa en el libelo constitucional. En ese ocurso, el promovente narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados los contenidos en los artículos 8°, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los numerales 837, 838 y demás relativos y aplicables a la Ley Federal del Trabajo. SEGUNDO. Returno por previo conocimiento. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho asunto al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, por lo que mediante acuerdo de trece de junio del año en curso, se registró bajo el número de expediente 759/2023. En dicho proveído, se ordenó returnar el presente juicio de amparo a este órgano jurisdiccional por actualizarse la hipótesis prevista en los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las direcciones generales de gestión judicial y de estadística judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil veintidós, por existir previo conocimiento de este Juzgado Federal respecto de diversos actos que derivan del mismo juicio natural de la demanda que nos ocupa. TERCERO. Radicación, admisión y trámite del juicio. En proveído de quince de junio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional radicó el asunto bajo el progresivo IX-742/2023, y determinó, avocarse y admitirlo a trámite; requirió a la autoridad responsable su respectivo informe con justificación y otorgó la intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Finalmente, tuvo lugar la audiencia constitucional la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de dictar laudo en el juicio laboral 598/2021. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por otro lado, del contenido del informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que expresamente aceptó la existencia de la omisión reclamada, consistente en la omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral número 598/2021. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otro lado, a efecto de acreditar sus aseveraciones, el Presidente de la Junta responsable remitió copia certificada de diversas constancias que integran el juicio laboral 598/2021, específicamente destaca el auto de once de abril de dos mil veintitrés, en el que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en diverso proveído de veintinueve de marzo del año actual, esto es, toda vez que transcurrió el término otorgado a las partes para realizar manifestaciones, se les tuvo por perdido tal derecho a quien no formuló alegatos, declarando cerrado el periodo de instrucción, y turnó los autos a proyecto de resolución. Documentales a las que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.´". QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin". De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". Sin embargo, de autos no se obtiene que se actualice alguna causa de improcedencia prevista por la ley de la materia, ni las partes alegaron lo anterior; por lo que se impone, es abordar el estudio del fondo del asunto. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, mismos que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. El único concepto de violación aducido es esencialmente fundado. Ahora bien, previo al pronunciamiento que este órgano de control realice, es preciso señalar que el estudio del acto reclamado en la demanda de amparo debe realizarse de manera exhaustiva en todos los apartados que contenga la demanda de amparo, esto a fin de que el órgano de control constitucional esté en aptitud de impartir una justicia completa e integral atendiendo a las solicitudes del gobernado, debiendo analizar el que la actuación de la autoridad responsable siempre sea en apego al respeto de los derechos humanos de la persona, y en caso de que se advierta alguna inconformidad que pueda vulnerarlos realizar el pronunciamiento respectivo. Precisado lo anterior, se tiene que la parte quejosa reclama medularmente la violación en su perjuicio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que efectivamente ha acontecido. Ahora bien, resulta correcta la apreciación del ahora solicitante de la tutela constitucional, pues efectivamente la actitud omisa de la autoridad responsable, resulta violatoria de la garantía de pronta impartición de justicia tutelada por el artículo 17 de la Constitución Federal, por lo siguiente: De la exégesis del precepto constitucional citado, se desprende la obligación para los tribunales encargados de la impartición de justicia de dictar sus resoluciones en forma pronta y expedita, imponiéndosele a la autoridad jurisdiccional sujetarse para ello a los términos que se establezcan en la ley que rija el acto. A su vez, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 883, 885, 886, 887, 889 y 890 señalan lo siguiente "Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días. (.) Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. (.) Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." En ese orden, el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, informó que es cierto el acto reclamado, toda vez que por actuación de once de abril de dos mil veintitrés, declaró cerrada la instrucción y turnó los autos a proyecto de resolución, quedando pendiente de emitir el laudo respectivo. En ese contexto, evidente resulta que la Junta responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 Constitucional en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta, ya que posterior a dicha actuación no obra ninguna otra, lo que trae como consecuencia una violación a la garantía establecida en el numeral 17 constitucional, pues los términos utilizados por la autoridad responsable para ir desarrollando el procedimiento exceden de los establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 32/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 57, septiembre de 1992, página 18, que establece: "TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO. El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia." Pues bien, como ya se indicó, el artículo 17 constitucional consagra la garantía de seguridad jurídica de acceso a la administración de justicia de manera pronta y expedita, esto es, dentro de los términos y plazos que fijen las leyes secundarias. En congruencia con dicha garantía, los preceptos legales secundarios transcritos, establecen que dentro de las veinticuatro horas siguientes de recibida la demanda, la Junta deberá proveer sobre ella y que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda; así como, al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes, que concluido el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos, de oficio se declarará cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes, se formulará por escrito el proyecto de laudo. Sin que obste a lo anterior que la responsable pueda justificar el retardo del trámite del juicio laboral en la cantidad excesiva de trabajo con que cuenta y la complejidad de éstos, toda vez que en este sumario constitucional no obra probanza alguna con la cual se corrobore tales circunstancias, por lo que los aspectos señalados no justificarían el retardo en la impartición de justicia detectado. Más aún, este órgano jurisdiccional federal como garante de la Constitución debe vigilar el irrestricto acatamiento a los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución Federal y, por su parte, las autoridades laborales deben proveer lo necesario a fin de tramitar y concluir el juicio dentro de los plazos y términos que establecen los cuerpos normativos a los que debe sujetarse, debiendo en su momento dictar laudo que resuelva la cuestión planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible en la página 1283, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establece: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional". En ese sentido, la abstención que se reclama en esta vía constitucional resulta violatoria de la garantía que pregona el artículo 17 Constitucional relativa a la impartición de justicia pronta y expedita. En las relatadas consideraciones, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para el efecto de que: Si a la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución, la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, no ha emitido el laudo respectivo, en ese sentido, siguiendo los lineamientos establecidos, de manera inmediata provea el dictado del laudo en el juicio laboral 598/2021. Lo anterior, a fin de restituir a la impetrante en el goce de la garantía individual violada, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la ley de la materia. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro y texto siguientes: Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2005150 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Página 732 Tesis Aislada (Común) "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto y fundado, se R ES U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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