Marco Antonio Hernández García

Expediente 1009/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1009/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Hernández García
  • Fiscal General del Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    En treinta de noviembre de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA: Que el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra el auto dictado en el juicio de amparo en que se actúa, en que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio dictada en este expediente transcurrió para la parte quejosa del veinticuatro de octubre al nueve de noviembre de dos mil veintidós, excluyendo de dicho término los días inhábiles correspondientes; y que una vez hecha una búsqueda en la correspondencia que se recibe en este Juzgado no se encontró promoción mediante la cual se interponga dicho recurso, al mismo tiempo, que en el presente juicio de amparo, no obra glosado documento original; que no existe documento original en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, que sí existe un disco óptico pendiente por devolver a la autoridad responsable; y que el presente juicio de amparo no se considera de relevancia documental, de igual forma SE HACE CONSTAR que sí se aperturó incidente de suspensión; y, que NO se exhibió billete de depósito o alguna otra garantía que amerite proveer sobre su devolución; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. GUSTAVO ALLFADIR BALANZÁ KIDNIE SECRETARIO En esta misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación de cuenta y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste.Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra del auto trece de octubre del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Practíquese la notificación del presente proveído mediante lista y a las autoridades responsables por oficio, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído fuera de audiencia el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, hágase devolución del disco compacto a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, el cual adjuntó a su informe. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con quince minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1009/2022, promovido por Marco Antonio Hernández García, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretario, dé cuenta con las actuaciones que integran el presente asunto. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes previos recibidos con antelación y rendidos por: 1.- JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DE LA REGIÓN MORELIA, MICHOACÁN. 2.- DIRECTOR DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE MORELIA, MICHOACÁN. 3.- ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 4.- TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 5.- DIRECTORA DE LITIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DE MORELIA, MICHOACÁN. 6.- FISCAL ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 7.- TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 8.- FISCAL REGIONAL DE MORELIA, MICHOACÁN. 9.- FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 10.- DIRECTOR DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE MORELIA, MICHOACÁN. 11.- ENCARGADO DE LA UNIDAD DE APREHENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Por otra parte se hace constar que mediante proveído de veintinueve de septiembre de la presente anualidad, dictado en el juicio de amparo de donde deriva este incidente, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que causara estado la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés conviniera, en torno a la razón levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado de veintiséis de septiembre pasado, en la que asentó la imposibilidad para notificar el auto en el que se requiere informe previo a las autoridades: "FISCAL DE LITIGACIÓN REGIÓN MORELIA"; "FISCAL ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN DE DELITOS SEXUALES"; "FISCAL ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR"; "FISCAL ESPECIALIZADA EN MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA"; "DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS EN MATERIA DE DELITOS VINCULADOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE MORELIA, MICHOACÁN"; "DIRECTOR REGIONAL DE FISCALÍAS DE DELITOS DE ALTO IMPACTO, REGIÓN MORELIA"; "DIRECTOR REGIONAL DE ATENCIÓN TEMPRANA REGIÓN MORELIA"; y, "DIRECTOR DE APREHENSIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE LA REGIÓN MORELIA", por resultar inexistentes. La parte quejosa nada manifestó al respecto razón por la cual en auto de trece de octubre de dos mil veintidós, emitido en el cuaderno de amparo principal, se tuvo a tales autoridades como inexistentes, lo cual constituye un hecho notorio para ser tomado en cuenta al resolver la presente incidencia. EL JUEZ: Dichos informes se recibieron en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. EL SECRETARIO: Hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de convicción. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Se tiene por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión III- 1009/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, remitido a este órgano jurisdiccional el mismo día, por razón de turno, Marco Antonio Hernández García, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La quejosa reclama en la presente vía de amparo la orden de aprehensión, presentación, detención o comparecencia en su contra, de manera ilegal, y su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables DIRECTOR DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE MORELIA, MICHOACÁN; ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN; TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN; DIRECTORA DE LITIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DE MORELIA, MICHOACÁN; FISCAL ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN; TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN; FISCAL REGIONAL DE MORELIA, MICHOACÁN; y, FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, negaron la existencia del acto reclamado. Por su parte, el quejoso no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, por lo que SE NIEGA la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada en contra de los referidos actos a las autoridades citadas, por resultar inexistentes. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la siguiente literalidad: "Época: Octava Época Registro: 231469 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 356 INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO." En efecto, ante la negativa de las autoridades responsables en cita, sobre la existencia de los actos reclamados, sin que el promovente del amparo haya ofertado prueba alguna para desvirtuar dicha aseveración, es indudable que cobra firmeza el contenido de su informe previo y, en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada por lo que ve a las referidas autoridades, toda vez que no hay materia sobre qué decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que enseguida se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 204855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Julio de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/19 Página: 133 "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO." CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por la autoridad responsable JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DE LA REGIÓN MORELIA, MICHOACÁN, se advierte la existencia del acto reclamado, ya que acepta haber girado orden de aprensión en contra del aquí quejoso, en la causa penal 371/2022, que se instruye en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso sexual en persona menor de dieciséis años, el cual amerita prisión preventiva oficiosa por estar comprendido en los supuestos a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, el ENCARGADO DE LA UNIDAD DE APREHENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, en su calidad de autoridad ejecutora, también aceptó el acto que se le reclama. Cebe resaltar que la diversa autoridad responsable DIRECTOR DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE MORELIA, MICHOACÁN al rendir su informe previo negó la existencia del acto de molestia; sin embargo, tal negativa queda desvirtuada habida cuenta que la autoridad ordenadora indicada en el párrafo que antecede aceptó el acto; y, tal director, en su calidad de autoridad ejecutara, en cualquier momento puede ejecutar la orden de aprehensión de que se trata, por ende, se tiene como cierto ese acto de molestia por lo que a tal autoridad compete. QUINTO. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Se reitera que la parte quejosa reclama la orden de aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución. Asimismo, se recuerda que la suspensión se solicitó para que no se le prive de su libertad en cumplimiento a la orden emitida en su contra, hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo. Por ende, este órgano jurisdiccional resolverá sobre la suspensión definitiva únicamente en relación con los actos reclamados y en torno a los efectos que se solicitan. Para ello, se procede a verificar en los siguientes apartados, que se cumplan todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, esto es, (i) que el quejoso la haya solicitado expresamente; (ii) que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; (iii) que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; (iv) que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y (v) que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.)4, y XXVII.3o. J/2 (10a.)5 de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013." (i) SOLICITUD EXPRESA. Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa. (ii) CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El acto reclamado consistente en la orden de aprehensión en comento es cierto, atendiendo a las manifestaciones que realizó la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, así como en lo informado por la autoridad ordenadora. (iii) POSIBILIDAD DE SUSPENSIÓN. En la especie, el quejoso solicita la suspensión para el efecto de que no se le prive de su libertad mediante orden de aprehensión dictada en su contra. Por su naturaleza se trata de un acto positivo, por lo que sí permite su paralización. (iv) INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO. En el caso, se advierte que la parte quejosa acude al presente juicio en defensa de un interés jurídico, dado en caso de ser detenido por una orden de aprehensión dictada en su contra, puede causar una afectación directa a su esfera jurídica, como lo es su libertad personal. (v) PONDERACIÓN ENTRE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL INTERÉS SOCIAL O EL ORDEN PÚBLICO. En el presente caso, no se advierte que, mediante el otorgamiento de la medida cautelar, se afecte el interés social o se contravenga el orden público. Lo anterior es así, porque si bien la sociedad está interesada en que se cumplan las disposiciones públicas, también le importa que previamente a cualquier acto de autoridad a los gobernados se les hayan respetado los derechos fundamentales, sobre todo tratándose de cuestiones relativas a la libertad personal; además, de no conceder la suspensión solicitada se ocasionaría al peticionario daños y perjuicios de difícil reparación, pues si se llevara a cabo se le afectaría en uno de los bienes jurídicos de mayor valía como lo es, precisamente la libertad personal. MEDIDA CAUTELAR. Por cumplirse con todos los requisitos analizados y atendiendo a que con las constancias que hasta el momento constan en autos, se acredita la presencia de la orden de captura; con fundamento en los artículos 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA para los siguientes efectos: Habida cuenta que la orden de aprehensión emana de una causa penal que se instruye en contra del quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación equiparada y abuso sexual en persona menor de dieciséis años, en el entendido de que este último ilícito amerita prisión preventiva oficiosa por estar comprendido en los supuestos a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión solo producirá el efecto de que quede a disposición de este Juzgado Tercero de Distrito, en el lugar donde deba ser recluido, en cuanto a su libertad personal y a la del juez de la causa, por lo que respecta a la secuela del procedimiento respectivo, en términos del artículo 166 de la Ley de Amparo. La concesión de la presente medida cautelar, no surtirá ningún efecto legal si los actos reclamados provienen de autoridades distintas de las señaladas como responsables; o bien, si se le sorprende en la comisión flagrante de delito, o se encuentre en alguno de los supuestos a que se refiere el párrafo sexto del artículo 16 constitucional. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. SE NIEGA a Marco Antonio Hernández García, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. SE CONCEDE a Marco Antonio Hernández García, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Incidental

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: En Morelia, Michoacán, a las diez horas con quince minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1009/2022, promovido por Marco Antonio Hernández García, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretario, dé cuenta con las actuaciones que integran el presente asunto. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes previos recibidos con antelación y rendidos por: 1.- JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DE LA REGIÓN MORELIA, MICHOACÁN. 2.- DIRECTOR DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE MORELIA, MICHOACÁN. 3.- ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 4.- TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 5.- DIRECTORA DE LITIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DE MORELIA, MICHOACÁN. 6.- FISCAL ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 7.- TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 8.- FISCAL REGIONAL DE MORELIA, MICHOACÁN. 9.- FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 10.- DIRECTOR DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE MORELIA, MICHOACÁN. 11.- ENCARGADO DE LA UNIDAD DE APREHENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Por otra parte se hace constar que mediante proveído de veintinueve de septiembre de la presente anualidad, dictado en el juicio de amparo de donde deriva este incidente, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que causara estado la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés conviniera, en torno a la razón levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado de veintiséis de septiembre pasado, en la que asentó la imposibilidad para notificar el auto en el que se requiere informe previo a las autoridades: "FISCAL DE LITIGACIÓN REGIÓN MORELIA"; "FISCAL ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN DE DELITOS SEXUALES"; "FISCAL ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR"; "FISCAL ESPECIALIZADA EN MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA"; "DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS EN MATERIA DE DELITOS VINCULADOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE MORELIA, MICHOACÁN"; "DIRECTOR REGIONAL DE FISCALÍAS DE DELITOS DE ALTO IMPACTO, REGIÓN MORELIA"; "DIRECTOR REGIONAL DE ATENCIÓN TEMPRANA REGIÓN MORELIA"; y, "DIRECTOR DE APREHENSIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE LA REGIÓN MORELIA", por resultar inexistentes. La parte quejosa nada manifestó al respecto razón por la cual en auto de trece de octubre de dos mil veintidós, emitido en el cuaderno de amparo principal, se tuvo a tales autoridades como inexistentes, lo cual constituye un hecho notorio para ser tomado en cuenta al resolver la presente incidencia. EL JUEZ: Dichos informes se recibieron en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. EL SECRETARIO: Hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de convicción. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Se tiene por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión III- 1009/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, remitido a este órgano jurisdiccional el mismo día, por razón de turno, Marco Antonio Hernández García, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La quejosa reclama en la presente vía de amparo la orden de aprehensión, presentación, detención o comparecencia en su contra, de manera ilegal, y su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables DIRECTOR DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE MORELIA, MICHOACÁN; ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN; TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN; DIRECTORA DE LITIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DE MORELIA, MICHOACÁN; FISCAL ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN; TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN; FISCAL REGIONAL DE MORELIA, MICHOACÁN; y, FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, negaron la existencia del acto reclamado. Por su parte, el quejoso no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, por lo que SE NIEGA la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada en contra de los referidos actos a las autoridades citadas, por resultar inexistentes. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la siguiente literalidad: "Época: Octava Época Registro: 231469 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 356 INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO." En efecto, ante la negativa de las autoridades responsables en cita, sobre la existencia de los actos reclamados, sin que el promovente del amparo haya ofertado prueba alguna para desvirtuar dicha aseveración, es indudable que cobra firmeza el contenido de su informe previo y, en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada por lo que ve a las referidas autoridades, toda vez que no hay materia sobre qué decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que enseguida se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 204855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Julio de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/19 Página: 133 "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO." CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por la autoridad responsable JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DE LA REGIÓN MORELIA, MICHOACÁN, se advierte la existencia del acto reclamado, ya que acepta haber girado orden de aprensión en contra del aquí quejoso, en la causa penal 371/2022, que se instruye en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso sexual en persona menor de dieciséis años, el cual amerita prisión preventiva oficiosa por estar comprendido en los supuestos a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, el ENCARGADO DE LA UNIDAD DE APREHENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, en su calidad de autoridad ejecutora, también aceptó el acto que se le reclama. Cebe resaltar que la diversa autoridad responsable DIRECTOR DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE MORELIA, MICHOACÁN al rendir su informe previo negó la existencia del acto de molestia; sin embargo, tal negativa queda desvirtuada habida cuenta que la autoridad ordenadora indicada en el párrafo que antecede aceptó el acto; y, tal director, en su calidad de autoridad ejecutara, en cualquier momento puede ejecutar la orden de aprehensión de que se trata, por ende, se tiene como cierto ese acto de molestia por lo que a tal autoridad compete. QUINTO. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Se reitera que la parte quejosa reclama la orden de aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución. Asimismo, se recuerda que la suspensión se solicitó para que no se le prive de su libertad en cumplimiento a la orden emitida en su contra, hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo. Por ende, este órgano jurisdiccional resolverá sobre la suspensión definitiva únicamente en relación con los actos reclamados y en torno a los efectos que se solicitan. Para ello, se procede a verificar en los siguientes apartados, que se cumplan todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, esto es, (i) que el quejoso la haya solicitado expresamente; (ii) que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; (iii) que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; (iv) que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y (v) que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.)4, y XXVII.3o. J/2 (10a.)5 de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013." (i) SOLICITUD EXPRESA. Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa. (ii) CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El acto reclamado consistente en la orden de aprehensión en comento es cierto, atendiendo a las manifestaciones que realizó la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, así como en lo informado por la autoridad ordenadora. (iii) POSIBILIDAD DE SUSPENSIÓN. En la especie, el quejoso solicita la suspensión para el efecto de que no se le prive de su libertad mediante orden de aprehensión dictada en su contra. Por su naturaleza se trata de un acto positivo, por lo que sí permite su paralización. (iv) INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO. En el caso, se advierte que la parte quejosa acude al presente juicio en defensa de un interés jurídico, dado en caso de ser detenido por una orden de aprehensión dictada en su contra, puede causar una afectación directa a su esfera jurídica, como lo es su libertad personal. (v) PONDERACIÓN ENTRE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL INTERÉS SOCIAL O EL ORDEN PÚBLICO. En el presente caso, no se advierte que, mediante el otorgamiento de la medida cautelar, se afecte el interés social o se contravenga el orden público. Lo anterior es así, porque si bien la sociedad está interesada en que se cumplan las disposiciones públicas, también le importa que previamente a cualquier acto de autoridad a los gobernados se les hayan respetado los derechos fundamentales, sobre todo tratándose de cuestiones relativas a la libertad personal; además, de no conceder la suspensión solicitada se ocasionaría al peticionario daños y perjuicios de difícil reparación, pues si se llevara a cabo se le afectaría en uno de los bienes jurídicos de mayor valía como lo es, precisamente la libertad personal. MEDIDA CAUTELAR. Por cumplirse con todos los requisitos analizados y atendiendo a que con las constancias que hasta el momento constan en autos, se acredita la presencia de la orden de captura; con fundamento en los artículos 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA para los siguientes efectos: Habida cuenta que la orden de aprehensión emana de una causa penal que se instruye en contra del quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación equiparada y abuso sexual en persona menor de dieciséis años, en el entendido de que este último ilícito amerita prisión preventiva oficiosa por estar comprendido en los supuestos a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión solo producirá el efecto de que quede a disposición de este Juzgado Tercero de Distrito, en el lugar donde deba ser recluido, en cuanto a su libertad personal y a la del juez de la causa, por lo que respecta a la secuela del procedimiento respectivo, en términos del artículo 166 de la Ley de Amparo. La concesión de la presente medida cautelar, no surtirá ningún efecto legal si los actos reclamados provienen de autoridades distintas de las señaladas como responsables; o bien, si se le sorprende en la comisión flagrante de delito, o se encuentre en alguno de los supuestos a que se refiere el párrafo sexto del artículo 16 constitucional. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. SE NIEGA a Marco Antonio Hernández García, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. SE CONCEDE a Marco Antonio Hernández García, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintidós. SE DA CUENTA CON AUTOS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de la denominación de las autoridades responsables "FISCAL DE LITIGACIÓN REGIÓN MORELIA", "FISCAL ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN DE DELITOS SEXUALES", "FISCAL ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR", "FISCAL ESPECIALIZADA EN MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA", "DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS EN MATERIA DE DELITOS VINCULADOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE MORELIA, MICHOACÁN", "DIRECTOR REGIONAL DE FISCALÍAS DE DELITOS DE ALTO IMPACTO, REGIÓN MORELIA", "DIRECTOR REGIONAL DE ATENCIÓN TEMPRANA REGIÓN MORELIA" y "DIRECTOR DE APREHENSIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE LA REGIÓN MORELIA"", a la fecha ha fenecido, sin que hubiese hecho manifestación alguna. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído en cita y se ordena tener como inexistentes a las autoridades de mérito; lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. REMITE INFORME JUSTIFICADO Por otra parte, con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Morelia, rinde informe justificado como le fue solicitado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL Téngase por recibido el disco compacto el cual contiene la carpeta electrónica de la causa penal 371/2022, lo que con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; las documentales electrónicas que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado. Medio de prueba que se le otorga pleno valor al tener la misma naturaleza de la prueba documental pública, acorde con la jurisprudencia 43/2013 sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de datos de identificación siguientes: Registro digital: 2004362 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703 Tipo: Jurisprudencia "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." ANÁLISIS DEL INFORME JUSTIFICADO Se toma nota que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Morelia aceptó la existencia de la orden de aprehensión reclamada por el amparista, de igual manera, precisó que el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós a las trece horas con treinta minutos se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación cumplimiento de orden de aprehensión. También reconoció que el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, a las 14:42 horas, dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso Marco Antonio Hernández García, por los delitos de violación equiparada, previsto y sancionado en los artículos 164, primer y segundo párrafos, 165, fracción I, y 168, primer párrafo, fracción II, así como de abuso sexual en persona menor de dieciséis años, previsto y sancionado por los artículos 167 y 168, primer párrafo, fracción II, en relación con los artículos 19, fracción I, 20, fracción I, y 24, fracción II, del Código Penal del Estado, ambos en agravio de la menor de iniciales G.H.R. ANÁLISIS CAUSAL DE IMPROCEDENCIA En ese contexto, con los datos aportados y los obtenidos este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Se explica. El precepto legal indicado, en la parte que interesa, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)." (subrayado añadido) De lo dispuesto en el precepto transcrito se advierte que el juicio de amparo será improcedente, cuando concurran los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado; y, c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. Esto es, la acción constitucional es improcedente cuando se está en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de suerte tal que no es posible analizar lo reclamado sin que al hacerlo, se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio; resultando por tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas. En el caso, el auto de vinculación del que informó el Juez de Control y que se acredita con las constancias anexas en formato electrónico "PDF", remitiendo la videograbación de la audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, todo lo anterior en disco óptico, hace que opere un cambio de situación jurídica en la causa penal de la que se hace derivar el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión de veintiséis de abril de dos mil veintidós Lo anterior porque las violaciones cometidas en la orden de aprehensión reclamada deben considerarse irreparablemente consumadas, ya que no es posible decidir sobre éstas sin afectar la nueva situación jurídica, generada por la vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, dentro de la carpeta procesal de origen. Lo anterior toda vez que la resolución de la situación jurídica del quejoso constituye una nueva fase que se rige por sus propios fundamentos y motivos, de tal manera que lo que pudiera expresarse en torno a los actos de captura o aprehensión, en nada incidiría en el nuevo acto. Bajo esa óptica, se reitera, es evidente que tal determinación determina un cambio de situación jurídica del solicitante del amparo, y, en consecuencia, deviene incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, por lo que resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Tienen aplicación al caso la jurisprudencia y criterio jurisprudencial siguientes Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 169410 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 17/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto.". Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2017544 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: XVII.1o.P.A. J/18 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482 Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada).". No es obstáculo llegar a esta determinación, el hecho de que no se haya llegado a la celebración de la audiencia de ley, ya que de autos se advirtió la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constituí- Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma fue notoria e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba se puede desvirtuar. Sustenta lo que antecede, la jurisprudencia por contradicción que enseguida se enuncia: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional a las diez horas del dieciocho de octubre de dos mil veintidós y hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables el presente proveído. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.

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