Marco Antonio Soto Gamez
Expediente 153/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 153/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marco Antonio Soto Gamez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra del auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la abrogada Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, de lo que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el Artículo 18, fracción I del aludido acuerdo, en razón de haberse CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN DE PLANO; lo anterior, sin soslayar que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo fuera de audiencia; sin embargo, el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE al haberse concedido la medida cautelar solicitada; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los incidentes de suspensión, toda vez que los mismos no fueron formados. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil veintidós. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, del cual se desprende que el quejoso se encontraba en el centro terapéutico a su cargo, y hasta el momento de su liberación recibió terapias médicas y psicológicas; no obstante refirió su deseo de abandonar dicho recinto terapéutico. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado. Asimismo, se da cuenta con el acta levantada por el Actuario adscrito el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, de la que se advierte que en esa misma fecha, se constituyó en el domicilio ubicado en la calle Benito Rocha y Pardinas número 235, de la colonia Niños Héroes, donde se ubica la autoridad señalada como responsable "Comunidad Terapéutica del Artesano Casa del Artesano Asociación Civil", a fin de cumplimentar el auto de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno de dos mil veintidós, por lo que a las diecinueve horas con quince minutos de ese día, se procedió a dejar en libertad al quejoso Marco Antonio Soto Gámez, dejándolo afuera del establecimiento, sin que se apreciara ningún signo o huella de tortura, maltrato físico. Asimismo, a fin de resguardar su seguridad, acompañó al quejoso a su domicilio, dejando al quejoso en compañía de algunos de sus familiares, dando por concluida la diligencia encomendada. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA Bajo ese contexto, es pertinente señalar que el artículo 62, de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De lo narrado, resulta evidente que en el caso particular, sobrevino la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que han cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la ley en cita, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Lo hasta aquí expuesto pone de manifiesto que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de la Materia, pues han cesado los efectos de los actos reclamados, ya que éste se hizo consistir en: ".la libertad del quejoso fuera de procedimiento, tormento, tortura, incomunicación, y molestia en su persona." Del informe que remite la autoridad responsable y del acta levantada por el Actuario adscrito se aprecia que el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se constituyó en el domicilio ubicado en la calle Benito Rocha y Pardinas número 235, de la colonia Niños Héroes, donde se ubica la autoridad señalada como responsable "Comunidad Terapéutica del Artesano Casa del Artesano Asociación Civil", a fin de cumplimentar el auto de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno de dos mil veintidós, por lo que a las diecinueve horas con quince minutos de ese día, se procedió a dejar en libertad al quejoso Marco Antonio Soto Gámez, dejándolo afuera del establecimiento, sin que se apreciara ningún signo o huella de tortura, maltrato físico; asimismo, a fin de resguardar su seguridad, acompañó al quejoso a su domicilio, dejando al quejoso en compañía de algunos de sus familiares, dando por concluida la diligencia encomendada. Por lo tanto, se considera que han quedado destruidos todos los efectos de los actos reclamados, resarciendo a la parte quejosa en el derecho fundamental que consideró vulnerado, sin que tal acto afecte ya su esfera jurídica; de ahí que resulte ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, por lo que no podría resarcirse al impetrante del amparo con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Cobra vigencia la jurisprudencia 59/99, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así también, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, de la época y fuente en consulta, que refiere: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Ciertamente, resulta obvio que los efectos de los actos reclamados se destruyeron en forma total e incondicional, de modo tal que, con la diligencia llevada a cabo el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, los actos reclamados, ya no puede seguir surtiendo efectos en agravio de la parte quejosa. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado, es claro que se actualiza la causal de improcedencia invocada, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, haciéndose innecesario la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS DEL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; en su oportunidad, archívese el expediente. Finalmente se ordena agregar el oficio 2928, dirigido a la Policía Municipal de Morelia, mismo que no fue entregado, virtud a que no fue necesaria su intervención, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, a veintiuno de febrero de dos mil veintidós. PRETENDE SER AUTORIZADO Y SOLICITA ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Visto el escrito de cuenta signado por Héctor Rodríguez Pérez, mediante el cual manifiesta que el quejoso Marco Antonio Soto Gámez, lo autorizó en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la vez solicita le sean practicadas de manera electrónica las notificaciones que deriven del presente asunto, proporcionado al efecto el nombre del usuario Atento a su contenido, dígase al ocursante que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que el artículo 3 de la Ley de Amparo, por regla general establece que en el juicio de amparo las promociones deberán formularse por escrito y únicamente aquellas que se realicen en las audiencias podrán realizarse en forma oral Señala también que podrá promoverse en forma electrónica siempre y cuando se haga en los términos establecidos por el Consejo de la Judicatura y cada promoción sea firmada electrónicamente; ello porque la firma electrónica genera los mismos efectos que la firma autógrafa. Por esa razón, resulta indispensable que cada una de las promociones cuenten con un signo distintivo como puede ser la firma (autógrafa o electrónica) del promovente, el cual demuestre de manera fehaciente que el contenido del documento respectivo refleja la voluntad del signante, pues sólo de esta manera se tendrá certeza en torno a la persona que formula determinada solicitud o gestiona determinado acto. Cabe destacar que si bien en al escrito de cuenta se acompaña uno diverso en el que se asentó el nombre del quejoso, lo cierto es que dicho escrito se presentó sin que obre su firma autógrafa ni evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica, lo que conduce a considerar que no se encuentra plasmada su voluntad de realizar las solicitudes que pretender el promovente; de ahí que este juzgado se encuentre imposibilitado para actuar en los términos peticionados. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Marbella Juárez García, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargada del despacho por ministerio de Ley, en términos del artículo 44, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la licencia oficial concedida al titular de este órgano jurisdiccional por medio de oficio 0615/2022, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, actuando con Leonel López Pérez, secretario que autoriza. Doy fe.-
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Morelia, Michoacán, a diecisiete de febrero de dos mil veintidós. SE DA CUENTA CON ACTA LEVANTADA A QUEJOSO Vista el acta levantada en esta fecha por el actuario judicial de la adscripción, de la que se desprende que se constituyó en el domicilio ubicado en la calle Benito Rocha y Pardiñas, número 325, de la colonia Hacienda La Trinidad en esta ciudad de Morelia, Michoacán; lugar en el que se encuentra el Centro de Rehabilitación con razón social "Comunidad Terapéutica Casa del Artesano A.C."; ello, a efecto que el quejoso MARCO ANTONIO SOTO GÁMEZ le manifestara si es su deseo señalar como autoridad responsable a la "Comunidad Terapéutica Casa del Artesano A.C.", en lugar de la autoridad que previamente se había señalado; circunstancia que así aconteció, como se evidencia del contenido del acta de cuenta, en la que se precisó que si era su deseo señalarla con ese carácter. SE PRECISA LA AUTORIDAD RESPONSABLE En consecuencia, se tiene como autoridad responsable sustituta a la "Comunidad Terapéutica Casa del Artesano A.C.", en lugar de la que anteriormente se había precisado, esto es, Centro de Rehabilitación con razón social "Caristas" Diocesana, Morelia, Institución de Asistencia Privada. Sin que proceda solicitarle el informe sobre la suspensión de plano que en su momento fue decretada, toda vez que en auto de dieciséis de febrero en curso, se tuvo por recibido el mismo. SE SOLICITA INFORME JUSTIFICADO Por otro lado, como en auto de quince de febrero se tuvo por admitida la demanda de amparo presentada a favor del quejoso MARCO ANTONIO SOTO GÁMEZ y en esa data se ordenó pedir el informe justificado a diversa autoridad a la que a la fecha tiene el carácter de autoridad responsable; no obstante, y como se advierte del primer párrafo de este auto, ahora tiene ese carácter la "Comunidad Terapéutica Casa del Artesano A.C.", pídasele su informe con justificación en relación con el acto reclamado, consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento, tormentos, tortura, incomunicación y molestia en lo personal; el que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicite. Deberá acompañar en el término señalado las constancias necesarias para apoyar su informe en copia certificada completa y legible, en términos del arábigo 260, fracción II de la ley de la materia, así como remitir archivo electrónico del acto reclamado, esto último conforme la circular 5/1995 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase de su conocimiento que se encuentran señaladas las DIEZ HORAS DEL VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse ciertos los actos reclamados, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia. Se autoriza el envío del informe solicitado al correo electrónico 3jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, con la precisión que de hacerlo por este medio, será innecesario se emita vía tradicional, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten el acto reclamado. Requiérase a la autoridad responsable para que informe si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra de los actos reclamados, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa en los términos de los párrafos precedentes, en relación a los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO A TERCERO INTERESADA Ahora bien, de las constancias que la autoridad señalada como responsable adjuntó a su informe sobre suspensión de plano, se advierte que le resulta el carácter de tercero interesada a Karen Angelita Soto Guerrero, en cuanto hija del quejoso directo, dentro del juicio en que se actúa, por lo que con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se le reconoce dicho carácter en este acto para todos los efectos legales a que haya lugar. Y toda vez que tiene su domicilio ubicado en Circuito Alubia, edificio 24, interior 302, del fraccionamiento Campestre del Vergel en esta ciudad de Morelia, Michoacán; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5o., fracción III, inciso c), y 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona a alguno de los actuarios judiciales para que se constituya debidamente en el referido domicilio y proceda a emplazar a juicio a la aludida tercero interesada, por sí o por conducto de quien acredite ser su representante legal, debiendo acreditar esa circunstancia con documento idóneo; diligencia en la que se le deberá correr traslado con copia de la demanda, a fin de que si lo estima conveniente, comparezca a deducir los derechos que le corresponda, le haga de su conocimiento que se encuentran señaladas las DIEZ HORAS DEL VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional. Además, deberá requerirla para que en el acto de la misma o bien, dentro del término de tres días siguientes a dicha notificación o en el primer escrito que presente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2o., señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones en relación con este asunto, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, le correrán por lista, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor. SE ORDENA INMEDIATA LIBERTAD Por otro lado, como se desprende del sumario obran las constancias remitidas por el representante legal de "Comunidad Terapéutica del Artesano Casa del Artesano" A.C., en esta ciudad, de las que se desprende que refirió que el internamiento del quejoso MARCO ANTONIO SOTO GÁMEZ, es de carácter involuntario en atención a las siguientes documentales: Aviso de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; Solicitud de internamiento involuntario; Contrato de Prestación de Servicios; y, Datos de Ingreso y revisión médica del interno que nos ocupa. No obstante, quien esto provee determina que dicha internación no encuadra en la hipótesis señalada, toda vez que, atendiendo a lo establecido en los numerales 5.3.1, 5.3.2 y 5.3.3 Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, por las siguientes consideraciones: 1.- Si bien media la petición de su hija a fin de que fuera internado y diversas constancias que pretenden justificar el internamiento, lo cierto es que no basta con el aviso dado a la Fiscalía Regional de Morelia, toda vez que no se advierte que se haya recibido por parte de esa dependencia y menos aún las gestiones tendentes a esclarecer los hechos o bien, a que efectivamente tengan conocimiento de dicha circunstancia. 2.- Además, obra la valoración por parte de la doctora Rocío Aguilar Ortega; sin embargo, de la misma únicamente se advierte que se limitó a proporcionarle tratamiento médico, más no así una prescripción expresa de que el quejoso que nos ocupa debía ser internado en el lugar en que se encuentra a fin de tratar la adicción que padece. En consecuencia, con fundamento en el artículo 164, párrafo segundo y 169, ambos de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario Alberto Santana Hernández y/o Samir Reyna Maldonado, para que se constituyan en las instalaciones que ocupa la "Comunidad Terapéutica del Artesano Casa del Artesano" A.C., en esta ciudad, y requiera a la autoridad responsable para que PONGA EN INMEDIATA LIBERTAD AL QUEJOSO MARCO ANTONIO SOTO GÁMEZ, debiendo constatar el cumplimiento exacto y debido de dicha orden. Asimismo deberá levantar el acta correspondiente, en la que se asiente las circunstancias pormenorizadas de lo ocurrido, debiendo apercibir a la responsable que al incumplir con dicho mandato, se hará acreedor a uno de los medios de apremio a que refiere el artículo 237 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que la diligencia se deberá desahogar con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de la persona justiciable, incluyendo los documentos que en su caso deban de entregarse. USO DE LA FUERZA PÚBLICA Ahora bien, con fundamento en los artículos 21 constitucional, 237, fracción II1, de la Ley de Amparo, y 59, fracción II2, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, según su ordinal segundo, se faculta a dicho personal actuante Licenciados Alberto Santana Hernández y/o Samir Reyna Maldonado para que, en caso de encontrarse alguna negativa de entrevistarse con el directo quejoso efectivamente MARCO ANTONIO SOTO GÁMEZ o bien, la autoridad responsable se niegue expresamente a cumplir con la orden de libertad que en este auto se expide, solicite el apoyo de elementos adscritos a la Policía Municipal de Morelia, ello para que en uso de la fuerza pública y haciendo uso de las facultades conferidas en la legislación que le es aplicable, realice las gestiones necesarias para que se posibilite el acceso al actuario adscrito a este juzgado a fin de que se entreviste con el referido quejoso. Gestiones que deberán realizarse con plena observancia al marco legal aplicable y sin exceder las facultades de dichas autoridades policiacas. Apoya lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial: Registro digital: 163121 Instancia: Pleno Novena Época Materia(s): Constitucional Tesis: P. L/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 52 Tipo: Aislada FUERZA PÚBLICA. LA ACTIVIDAD DE LOS CUERPOS POLICIACOS DEBE REGIRSE POR LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALISMO Y HONRADEZ. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los siguientes principios destinados a regir la actividad de los cuerpos policiacos: 1) Legalidad, consistente en que su actuación debe encontrar fundamento en la ley (Constitución, leyes o reglamentos, principalmente); además, existen casos en que, por disposición constitucional, el acto de policía en lo individual debe estar sujeto a una autorización u orden judicial; 2) Eficiencia, que exige que la actividad policial se desempeñe de manera que los objetivos perseguidos se realicen aprovechando y optimizando los recursos, de forma que se minimicen los riesgos que representa el ejercicio de actos de fuerza y que éstos no den lugar a más actos de riesgo o violencia y que el uso de la fuerza sea oportuno, lo que significa que deben procurarse el momento y lugar en que se reduzcan al máximo los daños y afectaciones tanto a la vida como a la integridad de las personas involucradas y, en general, la afectación de los derechos de las personas; 3) Profesionalismo, referido a que los elementos policiales tengan suficiente y amplia capacitación en las materias propias de la función pública, que les permita cumplir su actividad en las condiciones legales y de facto exigibles; distinguir entre las opciones de fuerza que están a su alcance y conocer el momento en que es necesario aplicar una u otra, de tal manera que puedan reaccionar de forma seria, acertada, proporcional y eficiente, a los estímulos externos relacionados con su actividad; y, 4) Honradez, estatuido como principio constitucional de la actividad policial que incide en la persona del policía; así, no basta para cumplir con el mandato constitucional que los policías sean profesionales en su actividad, sino que también deben ser personas honestas, cualidad que les permitirá cumplir sus deberes con apego a la ley y minimizar las posibilidades de corromperse en detrimento de la seguridad de la sociedad." Por tanto, gírese atento oficio a la autoridad Policía Municipal de Morelia, para que en auxilio a la justicia federal, de ser necesario, facilite la condiciones para que elementos adscritos a dicha dependencia auxilien a los actuarios adscritos a este juzgado Licenciados Alberto Santana Hernández y/o Samir Reyna Maldonado, para cumplir con lo ordenado en autos. Asimismo se hace del conocimiento de dicha dependencia que la presente solicitud guarda estrecha relación con un acto que probablemente constituye una privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento en perjuicio de MARCO ANTONIO SOTO GÁMEZ, lo cual en términos de lo señalado en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, merecen atención urgente, por lo que se les requiere para que la atención que presten al presente requerimiento sea inmediata. APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento a la autoridad responsable o su representante que de no hacerlo dentro de ese lapso, se le impondrá, en la sentencia que se dicte en el presente asunto, una multa por el equivalente a cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de la materia. De igual manera, se apercibe a las personas encargadas de autorizar la entrada del personal actuante adscrito a este Juzgado Federal, que en caso de no permitir el cumplimiento de la presente orden, podrá darse vista al Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, con la posible comisión de un delito, en términos del ordinal 237, fracción III, y 262, fracciones III y V, de la Ley de Amparo. SE REQUIERE A AUTORIDAD RESPONSABLE En atención a lo anterior, requiérase a la autoridad responsable a fin de que dentro del término de veinticuatro horas, remita copias certificadas de las constancias que acrediten el cumplimiento dado a lo ordenado en el presente proveído, esto es, lo tendente a la libertad del quejoso MARCO ANTONIO SOTO GÁMEZ; con el apercibimiento que le fue decretado en párrafos que anteceden para el caso de no hacerlo. SE AGREGA SIN MAYOR PROVEER Finalmente, en razón de que se reservó proveer respecto del escrito signado por Héctor Rodríguez Pérez, mediante el cual refiere que es deseo del quejoso directo señalar a la autoridad que precisa en el ocurso de cuenta como autoridad responsable; no procede realizar mayor pronunciamiento al respecto dado lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese y procédase a la inmediata liberación del quejoso. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, secretaria que autoriza. Doy fe.-
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