Marco Antonio Hernandez Garcia

Expediente 1163/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 34 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1163/2016
Año
2016
Actuaciones
34
Última actuación
05/06/2017

Partes del expediente

  • Marco Antonio Hernandez Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    VII.- El estado procesal de los presentes autos evidencia que no obra en autos el acuse de recibo que acredite que las autoridades responsables hayan sido notificadas del proveído de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete por el cual este órgano de control constitucional tuvo por consentido el diverso en que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, por lo tanto, en obvio de evitar dilaciones procesales, expídase el oficio correspondiente con copia del proveído de mérito a efecto de notificar tal determinación.

  2. Principal

    VII.- La certificación de cuenta evidencia que el quejoso Marco Antonio Hernández García, no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de diecinueve de abril de dos mil diecisiete (fojas 143 a la 145), en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de tres de abril de la presente anidad (foja 139). En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo en este juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I,). El cuaderno original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, primer párrafo de dicho Acuerdo), al haberse negado la suspensión definitiva de los actos reclamados. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la depuración del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o bien, en el lugar de su reclusión; la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional, a fin de que éste se encuentre en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal convenga, y no hacer nugatorio su derecho de acceso a la justicia, por tanto, ante determinaciones que no tengan la finalidad de impulsar el procedimiento (como en la especie), o tratándose de la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario ordenar la notificación de manera personal.

  3. Principal

    VII.- De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa en proveído de tres de abril del año en curso (foja 139), para manifestar lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento que dio al fallo protector la autoridad responsable. Por ende, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran el juicio para verificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyos rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: 1. El quejoso Marco Antonio Hernández García en el presente juicio de amparo, señaló como acto reclamado: "LA ORDEN DE TRASLADO DICTADA PARA QUE EL SUSCRITO QUEJOSO SEA LLEVADO A UN DIVERSO CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL DEL QUE ACTUALMENTE ME ENCUENTRO, LA CUAL LAS AUTORDADES ADMINISTRATIVAS QUE SEÑALO COMO RESPONSABLES PRETENDEN EJECUTAR SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES A LAS QUE ME ENCUENTRO A DISPOSICION (SIC)" 2. En sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 74 a 79), este Juzgado de Distrito resolvió: "ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1163/2016-VII, promovido por Marco Antonio Hernández García, por los motivos expuestos en el considerando de este fallo. 3. Inconforme con la anterior determinación el quejoso interpuso en su contra recurso de revisión, la cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien lo registró con el amparo en revisión 371/2016 y, en ejecutoria emitida en sesión de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete (fojas 101 a 113)), resolvió: "PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Marco Antonio Hernández García, contra las autoridades y los actos precisados en el considerando cuarto de esta ejecutoria, por las razones que ahí mismo se precisan. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Marco Antonio Hernández García, contra el acto de la autoridad a que se contrae el considerando quinto de la presente determinación, conforme a lo expuesto en dicho apartado." Los efectos de la concesión de amparo puntualizados por el tribunal revisor fueron para que el Comisionado General de la Policía Federal dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad (obligada al cumplimiento), emitiera una determinación en la que declarara la insubsistencia o anulación total del acto reclamado, consistente en la orden de traslado del quejoso a un diverso centro federal y su ejecución. 4. En acuerdo de seis de marzo de este año se recibió la ejecutoria de mérito y se requirió a la autoridad responsable Comisionado General de la Policía Federal dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, informara sobre el cumplimiento del fallo protector (fojas 114 a 116). 5. Mediante oficio número PF/DGAJ/DGAAC/DA/1617/2017, de veinticuatro de marzo de este año (foja 136), la Subdirectora de Área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en ausencia del Director General, éste a su vez en representación del Comisionado General de la Policía Federal, comunicó la forma en que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al efecto expresó que en su carácter de ejecutora está imposibilitada para emitir una determinación que declare la insubsistencia o anulación del acto reclamado y que no ha ejecutado ninguna orden de traslado. Ahora, del análisis de los lineamientos del fallo protector y de las constancias remitidas evidencian que el fallo protector se cumplió pues de lo expresado por la autoridad responsable (constreñida al cumplimiento del fallo protector), se colige la insubsistencia de la orden de traslado reclamada; circunstancia que colman los efectos de la concesión protectora de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Por tanto, en términos del artículo 196, párrafo segundo y tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia publicada con el número 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."

  4. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; tres de abril de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual la Subdirectora de Área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en ausencia del Director General, éste a su vez en representación del Comisionado General de la Policía Federal, comunica la forma en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el precepto legal 196 de la Ley de Amparo, con copia simple del oficio, dese vista al quejoso para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibido que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

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