Marco Antonio Gonzalez Rivera
Expediente 572/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 572/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 12/12/2019
Partes del expediente
- Marco Antonio Gonzalez Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
I) Toluca, Estado de México; doce de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, por conducto de la Directora Técnico-Jurídica y de Igualdad de Género de dicho instituto dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia correspondiente en lo relativo a los efectos del amparo, se determinó lo siguiente "(.) En consecuencia, procede conceder a la parte quejosa la protección federal solicitada, en los términos siguientes: a) En lo sucesivo, no se aplique a la parte quejosa el artículo 95, fracción II, rango 6 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. b) Dicha protección constitucional se hace extensiva al cobro y liquidación del derecho combatido que le fueron efectuados a la quejosa, es decir dos pagos de $19, 718.00 (diecinueve mil setecientos dieciocho pesos) por concepto de pago de derechos por la anotación preventiva respecto del embargo realizado en el inmueble con folio real electrónico 0011757, realizado en la diligencia de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, derivado del juicio ejecutivo mercantil 167/2019, del índice del Juzgado Segundo Mercantil de Primera instancia, del Distrito Judicial de Toluca, México; por ende se deberá devolver, actualizada en forma debida, la cantidad que resulte de la diferencia de la cantidad señalada y la cuota mínima establecida en la porción normativa aplicada. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar en su totalidad al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral, pues, ello implicaría un despropósito; sino que la protección constitucional tiende a desincorporar de la esfera de la parte quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 29/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siguiente contenido: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicios proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.". Así como en lo sustentado en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DEL AMPARO CUANDO SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDÓ EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). La declaratoria de inconstitucionalidad de las normas que rigen un tributo, derivada del juicio de garantías, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la respectiva obligación tributaria, y devolverle el saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Ahora bien, aun cuando la actualización del monto respectivo para este supuesto no esté expresamente previsto en la norma, el derecho del contribuyente a recibirla deviene de la propia naturaleza del sistema que rige las relaciones entre el fisco y el contribuyente, del que deriva que el monto pagado debe efectuarse en valor presente, pues de otra manera no podría restituirse al gobernado en el pleno goce de la garantía violada en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo." Cabe precisar que la concesión de amparo no tiene ningún efecto para las autoridades que participaron en la formación de la norma de observancia general, esto es, no alcanza a vincularlas ni las obliga a dejar insubsistentes sus actos, pues, el amparo otorgado no afecta a la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de su eficacia general. Lo anterior se sustenta en la tesis 1664, emitida por la Suprema Corte Justicia de la Nación en Pleno, cuyo texto y rubro son al tenor siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." Los criterios citados en esta sentencia en los que se analizó lo dispuesto en la Ley de Amparo abrogada, se consideran aplicables al caso, pues las figuras jurídicas estudiadas siguen vigentes conforme a la actual Ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 63, 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Marco Antonio González Rivera, por las razones y para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo. Notifíquese. (.)" Inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión a quien por razón de turno y materia le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, registrándolo con el número de revisión principal 255/2019 y mediante ejecutoria pronunciada en sesión ordinaria de siete de noviembre de dos mil diecinueve, resolvió lo siguiente: "Acorde con lo expuesto, lo procedente es, modificar la sentencia recurrida y conceder la protección federal solicitada, para los efectos siguientes: I. En lo sucesivo, no se aplique al quejoso el numeral fracción II, rango 6 rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en dos mil diecinueve. II. El Instituto de la Fruición Registral del Estado de México deberá restituir al quejoso, debidamente actualizada, la cantidad de $17,751.00 (diecisiete mil setecientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional), que constituye la .diferencia entre la cantidad total que pagó por el cobro del servicio registral y la suma de la cuota mínima establecida en el precepto declarado inconstitucional. (.) PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Joseph Gerardo Sotelo Arizmendi, por conducto de su endosatario Marco Antonio González Rivera, en contra del numeral 95, fracción II, rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en dos mil diecinueve, así como en contra del cobro por concepto de derechos por el asiento registral del gravamen consistente en un embargo de un bien inmueble, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria. (.)" Atento a lo anterior y a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo de referencia, mediante proveído de veintinueve noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por la Directora Técnico-Jurídica y de Igualdad de Género, así como representante legal de la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, mediante el cual comunicó la forma en que dio a cumplimiento a la ejecutoria de amparo; es decir, informó que se emitió el cheque número 0005681, por la cantidad de $18,317.61 (dieciocho mil trescientos diecisiete pesos 61/100 moneda nacional), expedido a favor de la parte quejosa. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
I) Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta signado por la Directora Técnico-Jurídica y de Igualdad de Género, así como representante legal de la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, mediante el cual comunica la forma en que da cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; es decir, informa que se emitió el cheque número 0005681, por la cantidad de $18,317.61 (dieciocho mil trescientos diecisiete pesos 61/100 moneda nacional), expedido a favor de la parte quejosa. Asimismo, informa que el cheque de referencia se encuentra a disposición de la parte quejosa para su entrega y recepción en las oficinas de la Tesorería de dicho Instituto. Por tanto, téngase por cumplido el requerimiento formulado a la autoridad oficiante en proveído de veintiuno de noviembre pasado y déjese sin efectos el apercibimiento respectivo. En consecuencia, dese vista a la parte quejosa con las constancias de referencia de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento de mérito, para el caso de omisión se resolverá con base en los elementos aportados por la autoridad responsable y las constancias de autos. Con apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido y de conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 572/2019-I; así como una copia certificada de la ejecutoria pronunciada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, en el recurso de revisión 255/2019, donde resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Joseph Gerardo Sotelo Arizmendi, por conducto de su endosatario Marco Antonio González Rivera, en contra del numeral 95, fracción II, rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en dos mil diecinueve, así como en contra del cobro por concepto de derechos por el asiento registral del gravamen consistente en un embargo de un bien inmueble, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria. (.)" En atención a lo anterior, acúsese el recibo correspondiente a la superioridad oficiante y realícense en el Libro de Gobierno, las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la revisión interpuesta desglósense las actuaciones posteriores a la remisión del presente expediente al Tribunal Colegiado citado, para la substanciación del referido medio de impugnación y, una vez hecho lo anterior, agréguense éstas al sumario constitucional en el cual se actúa y, el citado cuaderno de antecedentes manténgase por separado. Por tanto, remítase a las autoridades responsables copia autorizada de la ejecutoria de referencia. Atento a lo anterior y a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Instituto de la Función Registral del Estado de México, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo; es decir, deberá realizar lo siguiente:
- Principal
Toluca, Estado de México; cuatro de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta remitido a través de la plataforma virtual del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual hace del conocimiento el contenido del proveído de dos de julio de dos mil diecinueve, donde se advierte la admisión del recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable, contra la sentencia emitida en el presente asunto, medio de impugnación que fue registrado con el número amparo en revisión 255/2019. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, por lo que, estese en espera de la determinación que al respecto emita el Tribunal Colegiado oficiante. Notifíquese.
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