Marco Antonio González López
Expediente 1802/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1802/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/12/2018
Partes del expediente
- Marco Antonio González López
- Marco Antonio González López y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
i)Toluca, Estado de México; veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. De la certificación precedente, se advierte que la quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de cinco de diciembre del año en curso (foja 11), por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado. Por otra parte, vista la cuenta precedente y el estado que guarda este asunto, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. El presente asunto es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso III, párrafo segundo y cuarto del Acuerdo de referencia), pues, se concedió la suspensión de oficio y de plano en el presente asunto (fojas 4 a 6). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
i)Toluca, Estado de México; diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Se tienen por recibidas las piezas postales de cuenta, a través de la cual el Administrador de Correos de Toluca, Estado de México, devuelve los oficios 33922/2018, y 33924/2018 del índice estadístico de este Juzgado de Distrito, dirigidos al "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TENANGO DEL VALLE Y ELEMENTOS DE LA POLICIA MINISTERIAL ADSCRITOS A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TENANGO", con la leyenda: "NO CITA A QUE TURNO CORRESPNDE" y "NO EXISTE POLICIA MINISTERIAL". Por lo que hace a la diversas autoridades responsables se advierte que ya fueron recibidos en fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho por la Agente del Ministerio Público Tercer Turno, Tenango del Valle; por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales remítase los oficios 33922/2018 y 33924/2018, por conducto del Agente del Ministerio Público Tercer Turno, Tenango del Valle. En consecuencia, con fundamento en el artículo 28, fracción II, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción a fin de que entregue los oficios 33922/2018 y 33924/2018. Notifíquese.
- Principal
I)Toluca, Estado de México; siete de diciembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento el oficio de cuenta a signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de México, por medio del cual rinde informe en cumplimiento a la suspensión de plano pues en proveído de seis de diciembre pasado (foja 22), se acordó similar promoción. Notifíquese.
- Principal
vii)Toluca, Estado de México; cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida Anayali González López en representación de Marco Antonio González López y Gustavo Nava Serrano contra actos del Agente del Ministerio Público en Tenango del Valle, Estado de México, en turno y otras; fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el registro 1802/2018-I. Precisión Del Acto Reclamado. Se hace la precisión de que los actos reclamados en este asunto se hacen consistir en: La incomunicación y malos tratos. Suspensión de plano y de oficio. Acorde con los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo y ante la incertidumbre de que tal acto atente contra su persona, se concede a los impetrantes de amparo la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que cese de inmediato la incomunicación y malos tratos de los que aducen se encuentran, así como respecto de cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 constitucional y 126 del ordenamiento citado en primer término. Para el efecto que dichos actos reclamados cesen de inmediato; es decir, para que los quejosos puedan comunicarse con sus familiares, abogados y las demás personas que tengan el derecho legalmente de asistirlos. En el entendido que las autoridades responsables deberán dar cumplimiento de esta determinación de manera inmediata, haciendo de su conocimiento que, de no acatar esta medida suspensional, se harán acreedora a las sanciones a que se refiere el artículo 262 de la ley de la materia vigente. Cabe precisar que queda a cargo y bajo responsabilidad de la responsable la integridad de los quejosos; a fin de que estos no sufran algún atentado contra su persona. Para sustentar tal determinación se aplica por similitud jurídica la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, publicada en la página 951, del Semanario Judicial de la Federación, Enero a Junio de 1989, Tomo III, Segunda Parte-2, Octava Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por este, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Dicha suspensión no surtirá efecto jurídico alguno si el acto reclamado por el inconforme no constituye alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, o no produce algún efecto semejante al de aquéllos, independientemente como lo identifique el promovente. Se previene a la autoridad responsable para que en el término de veinticuatro horas, informe acerca de la forma y términos en que haya dado cumplimiento a esta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra. [.]". Ratificación. Con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano de control constitucional, para que se constituya en las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público en Tenango del Valle, Estado de México, en turno (y previa búsqueda en los registros de dicha autoridad), requiera a los quejosos Marco Antonio González López y Gustavo Nava Serrano, para que en el momento de la diligencia o en el plazo de tres días, manifiesten lo siguiente: Si ratifican o no la demanda promovida en su favor por Anayali González López. Si es su deseo autorizar a Anayali González López, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. - En caso de que los quejosos ratifiquen la demanda, dé fe del lugar y condiciones en que se encuentran. Apercibidos que de no ratificar la demanda, se tendrá por no presentada en términos del numeral 15 de la Ley de Amparo, quedando sin efectos las providencias que se han dictado en este proveído. Al respecto resulta ilustrativa la tesis publicada en la página 943, del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 1993, Tomo XII, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro es: "RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS PRESENTADA POR PERSONA DISTINTA DEL QUEJOSO. SOLO PROCEDE ORDENARLA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE AMPARO". Reserva. Se reserva acordar lo conducente respecto al domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, así como autorizados, hasta en tanto se de cumplimiento a la prevención formulada en párrafos precedentes. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión.
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