Marco Antonio Carrillo Fuentes
Expediente 3245/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 25 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 3245/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 20/08/2019
Partes del expediente
- Marco Antonio Carrillo Fuentes
- Recaudador Fiscal Número 125 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco
- Congreso del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA **** EL AUTO DE VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE EL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTIUNO SIGUIENTE, EL AUTO EN CITA SEÑALA: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve , se dio vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el trece de agosto posterior . Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho , misma que fue modificada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en los autos del toca de revisión 52/2019, por una parte, se sobreseyó en el juicio; y, por la otra, se concedió el amparo y la protección constitucional, para los efectos siguientes: a) Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, en la porción que resultó inconstitucional. (.) b) Por consiguiente, deberá devolverse a la parte quejosa la cantidad que, descontando el citado monto, se pagó por concepto de derechos por el registro de diversos actos jurídicos ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, mediante el recibo oficial A40702010, Asociado a lo precedente, debe señalarse que dicha devolución deberá actualizarse, de acuerdo con los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; y, deberá versar sólo en lo que exceda a la tarifa mínima prevista para los establecimientos de su género; para que, de esa manera, se restituya al impetrante del amparo en el pleno goce de las garantías que se consideraron transgredidas en su perjuicio. En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable , se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que mediante acuerdo dictado el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, dictado por el Procurador Fiscal del Estado, en el expediente interno 6741/2018, ordenó desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la aplicación del artículo 16, fracción I, incisos a) y h) de la ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, así mismo se desprende que mediante orden de pago 1815416, el dieciséis de julio pasado, devolvió a la parte quejosa la cantidad de $9,147.33 (nueve mil ciento cuarenta y siete pesos 33/100 moneda nacional), por concepto de devolución. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio; y, por la otra, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo.
- Principal
Visto el contenido del oficio de cuenta, que suscribe el Director de Amparo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, en representación del Gobernador del Estado de Jalisco, mediante el cual, remite el oficio en el que, en su carácter de superior jerárquico, ordenó cumplir con la ejecutoria de amparo al Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco; con fundamento en el párrafo tercero del artículo 193 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad informante, demostrando, en su carácter de superior jerárquico, que dio la orden para cumplir con la sentencia de amparo dictada en el presente juicio.
- Principal
Visto el oficio signado por el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, mediante el cual informa el cumplimiento al fallo protector y remite constancias; al respecto con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el veintinueve de julio posterior. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, misma que en fue modificada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del tercer Circuito, en los autos del toca de revisión 52/2019, por una parte, se sobreseyó en el juicio; y, por la otra, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: "se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación que le impone la fracción I, incisos a) y h), del referido artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho y, por ende, que no se le apliquen dichas porciones normativas en el presente y lo futuro, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad apuntado en el fallo recurrido y en la presente resolución. Además, la autoridad exactora, deberá devolver los montos de los pagos realizados por concepto de derechos previstos en dichos incisos, que obran en el recibo de pago A40702010 (folio 25 vuelta del juicio de amparo), en los términos siguientes: a) Por lo que respecta al pago de derechos efectuado en términos del artículo 16, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, deberá devolver el excedente del importe mínimo a pagar por concepto de registro de actos jurídicos ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco; y b) En cuanto al pago de derechos efectuado en términos del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, deberá devolver el importe de los $5,000.00 (cinco mil pesos) pagados por el registro de testimonios procedentes de otras entidades de la República. Sin que en este último caso sea dable exigir al impetrante que pague un monto mínimo, dado que la disposición declarada inconstitucional establece una tarifa única de $5,000.00 (cinco mil pesos) por el registro de documentos provenientes de una entidad federativa distinta; esto es, no fija los derechos a partir de porcentajes y por ende, no prevé una cantidad mínima a pagar. Lo anterior, en el entendido de que esos importes deberán devolverse actualizados aplicando en lo conducente, los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco". En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que mediante oficio PF-DC-JA-18115, de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, puso a disposición de la parte quejosa el título de crédito correspondiente, derivado de la protección constitucional en el presente juicio de amparo; sin embargo, no se advierte que dicho oficio haya sido notificado al impetrante de amparo, y mucho menos, que el cheque correspondiente se hubiere entregado. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo no ha quedado cumplida. Por otra parte, visto el estado de autos se advierte que en proveído de diecinueve de junio del presente año, se informó a la autoridad responsable Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, el domicilio procesal de la parte quejosa, siendo este el ubicado en la finca marcada con el número **** lo anterior a efecto de que estuviera en posibilidad jurídica de hacerle del conocimiento la disponibilidad del cheque emitido a su favor. Asimismo, que la aludida autoridad responsable fue notificada del proveído señalado en el párrafo que antecede el veintiuno de junio posterior, como se aprecia del acuse de recibo del oficio 25772/2019. Luego, en proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve, se tuvo a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, informando que no le fue posible notificar a la parte quejosa el contenido del oficio PF-DC-JN-21433, por los motivos expuestos en la constancia respectiva, razón por la cual este órgano de control constitucional informó a la Secretaría citada, el nuevo domicilio procesal de la parte quejosa, esto es, el ubicado en la finca marcada con el número **** Jalisco; proveído que fue notificado el diez de julio siguiente, como se aprecia del acuse de recibo del oficio 25772/2019. Posteriormente, mediante oficio PF-DC-JA-21434, de quince de julio del presente año, el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, remitió entre otras, la misma constancia recibida en proveído de cuatro de julio del presente año, esto es, la imposibilidad de notificación de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. En razón de lo anterior, es decir que la autoridad responsable Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, fue notificada desde el pasado diez de julio de dos mil diecinueve, del proveído en comento, sin que a la fecha haya remitido las constancias requeridas; se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere por última ocasión antes de remitir los autos en inejecución de sentencia, a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, para que dentro del término prudente de siete días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada de la notificación practicada a la parte quejosa del oficio PF-DC-JN-21433, en el domicilio ubicado en la finca marcada con el número **** De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá a su titular una nueva multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a ciento cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Tiene sustento lo anterior, en la siguiente jurisprudencia que reza de la siguiente manera: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Finalmente, se requiere al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado de Distrito, constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. En tales condiciones, dado el incumplimiento de las autoridades responsables, se reserva el pronunciamiento entorno a la ejecución de la imposición de la multa, con motivo del apercibimiento decretado en auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, hasta en tanto transcurra el plazo otorgado a las autoridades responsables, en párrafos precedentes, en el entendido de que, en caso de nuevo incumplimiento, eventualmente se le aplicarán y ejecutarán ambas medidas de apremio.
Quedan 21 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,820 expedientes
- Marco Antonio Arellano Ortiz28/2019
- Marco Antonio Arellano Ortiz1042/2021
- Marco Antonio Arellano Ortiz676/2020
- Marco Antonio Arellano Ortiz2142/2018
- Marco Antonio Benitez Martínez3310/2016
- Marco Antonio Carbajal Bernal1933/2018
- Marco Antonio Carvajal Bernal3153/2018
- Marco Antonio Carvajal Bernal746/2022
- Marco Antonio Carvajal Bernal1828/2023
- Marco Antonio Celis Gonzalez1458/2023
- Marco Antonio Curiel Rodríguez767/2020
- Marco Antonio Curiel Rodríguez859/2020