Marco Antonio Arellano Ortiz
Expediente 1042/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1042/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/01/2022
Partes del expediente
- Marco Antonio Arellano Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiuno de enero de dos mil veintidós. I. Tribunal Colegiado declara infundado recurso de queja. Visto el oficio signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de seis de enero de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja ****, de su índice, cuyo punto resolutivo dice: "UNICO. Se declara infundado el recurso de queja.". II. Causa estado. Lo anterior permite concluir que el auto de siete de julio de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, ha causado estado. III. Orden de archivo. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. IV. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. V. Acuerdo de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. VI. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. VII. Devolución de documentos. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Zapopan, Jalisco; trece de septiembre de dos mil veintiuno. Se admite queja. Visto el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto, en contra del acuerdo dictado el siete de julio de dos mil veintiuno, misma que fue registrada como queja 185/2021; en consecuencia, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto lo de cuenta, y como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y última parte de dicho numeral, ambos Ley de Amparo, se tramita la petición de suspensión del acto reclamado en la ampliación de demanda del juicio de amparo número 589/2020, promovido por ..., por propio derecho, contra el acto de la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales previstos en los artículos constitucionales que refiere. II. Señalamiento de fecha y hora para celebrar la audiencia incidental. De igual forma, en términos de lo dispuesto por la fracción II del referido artículo 138 de la ley de la materia, se señalan las ONCE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Se hace saber a las partes que de continuar el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, la misma se llevará sin la presencia del público, no obstante, en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo, los alegatos pueden formularse por escrito y presentarse vía electrónica. III. Precisión de la autoridad responsable. Se precisa que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligaciones de los peticionarios de amparo, entre otras, el señalar con precisión a las autoridades responsables (incluso tratándose de asuntos en materia penal pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa de que, en caso de que la autoridad responsable no exista con la denominación que indica en su ampliación de demanda, previa vista a la parte quejosa, se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá el juicio conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, hasta antes de la audiencia incidental, al considerar que le corresponde a la parte impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; la anterior circunstancia guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. IV. Solicitud de informe previo. Con fundamento en la fracción III, del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, el cual deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, remitiéndole al efecto copia de la ampliación de demanda de derechos fundamentales, bajo apercibimiento que de no cumplir lo anterior, se procederá conforme a los artículos 142 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se le requiere para que remita el citado informe, ello en la vía electrónica al correo oficial de este Juzgado 6jdo3ctoal@correo.cjf.gob.mx. Cabe precisar que la remisión del oficio por el que se requiere el informe previo a la autoridad responsable, se realizará por los medios electrónicos disponibles, al tratarse de un asunto cuya naturaleza no encuadra en los supuestos de urgencia que establece el numeral 4 del Acuerdo General 13/2020, en relación con el 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ello a consideración del suscrito juzgador. V. Pruebas. Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la prueba documental exhibida con la ampliación de demanda de amparo, que en el juicio principal del que deriva este incidente de suspensión se ordenó remitir previo cotejo, sin perjuicio de relacionarla al momento de celebrarse la audiencia incidental. Previamente a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuál es el acto reclamado cuya suspensión solicita; por lo que del análisis acucioso de la ampliación de demanda de amparo, en conjunción con el libelo inicial de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como tal, esencialmente: Orden de desposesión y su ejecución de las fincas, la primera, marcada con el número seiscientos noventa y dos de la calle Cirujano, Fraccionamiento Lagos de Oriente, en Guadalajara, Jalisco; y, la segunda, con el número quinientos sesenta y siete de la calle General Melitón Albañez, Fraccionamiento Constitución, en Zapopan, Jalisco, en los autos del expediente 148/2019, del índice del Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de Chapala, Jalisco. Asimismo, se aprecia que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para que no se ejecute en su contra el acto reclamado. En consecuencia, se procede a estudiar la suspensión solicitada en la presente incidencia. Determinación sobre la suspensión. En primer término, debe decirse que, para proveer acerca de la suspensión provisional solicitada, se tomará en cuenta el contenido la fracción X, del artículo 107 constitucional, así como, el artículos 138 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable. Luego, el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: Que exista la solicitud del quejoso (interés suspensional y afectación); Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En esas condiciones, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a lo que debe entenderse por la figura de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, ha señalado que la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, el primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos para el otorgamiento de la suspensión, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por la parte quejosa sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión. Ahora bien, en el caso la parte quejosa no demostró ni de manera indiciaria ser propietaria o poseedora de los bienes inmuebles consistentes en las fincas marcadas con el número 692 (seiscientos noventa y dos), de la calle Cirujano, Fraccionamiento Lagos de Oriente, en Guadalajara, Jalisco, y número 567 (quinientos sesenta y siete), de la calle General Melitón Albañez, Fraccionamiento Constitución, en Zapopan, Jalisco, que señala como las que son materia de desposesión y su ejecución ordenada en los autos del expediente 148/2019, del índice del Juzgado Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial. Es así, como ya dijo en los autos del presente juicio, tanto la probanza aportada consistente en el acta de defunción de Alejandro Nieves Prieto, no es apta para acreditar de manera indicaría, la propiedad o posesión de los inmuebles que defiende en esta vía, tampoco de la documental agregada al presente expediente incidental, consistente en el recibo de pago, anexa al escrito de ampliación de demanda, pues no evidencia ni siquiera de manera indiciaria que los predios aludidos sean o esté en posesión el ahora quejoso, de ahí que, resultan insuficientes para acreditar el intereses suspensional. En tal virtud, el promovente no acredita, ni de manera indiciaria, ni presuntiva, que tenga un derecho incorporado a su esfera jurídica, como tampoco un interés legítimo, esto es, un daño inminente e irreparable a su pretensión. En ese sentido, a juicio de este órgano jurisdiccional el quejoso con la sola presentación de la demanda, no acredita su interés legítimo para acceder a la medida cautelar solicitada, ya que necesariamente es indispensable que demuestren tener un derecho o interés legítimo que defender. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la tesis P./J. 50/2014 (10a.), que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Entonces, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, los demandantes se encuentran en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aducen, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. En el caso, se considera que no se cumple con los requisitos que establece la propia ley de amparo, para conceder la suspensión provisional en términos del arábigo 131 de la ley de la materia, pues no demuestra de manera indiciaria daño inminente o irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, así como el interés social que justifique su otorgamiento, ya que no ofrece ningún elemento probatorio que llegue a inferir a este órgano jurisdiccional que efectivamente el no otorgar la suspensión cuestionada, le causara perjuicios de difícil reparación. Por tanto, se insiste, lo procedente es negar la suspensión provisional, de los actos reclamados, ya que no se cumple con el extremo contenido en el artículo 131, de la Ley de Amparo. ...Habilitación de días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Transparencia. Luego, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 9° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional protegerá los datos personales, salvo el consentimiento expreso de la parte correspondiente. Notifíquese y personalmente a la parte tercera interesada.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable no se ha manifestado con respecto al proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno; al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado de Jalisco, para que dentro de un plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente comunicado, informe que ya fue elaborado el proyecto de dictamen relativo a la suspensión del cargo respectivo. Pudiendo remitir constancia que acredite lo anterior, ello en la vía electrónica al correo oficial de este Juzgado 6jdo3ctoal@correo.cjf.gob.mx. II. Apercibimiento. Apercíbase a la autoridad responsable que de no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, aplicado en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. III. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, y 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad encargada del cumplimiento, para que le ordene cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados, además de que se incurrirá en las mismas responsabilidades que ésta. IV. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
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