Marco Antonio Arellano Ortiz
Expediente 28/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 28/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/09/2019
Partes del expediente
- Marco Antonio Arellano Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ténganse por recibidos el oficio y anexos remitidos por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 28/2019 y copia certificada de la resolución de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de queja 96/2019 de su índice, de la que se advierte que dentro del aludido recurso se resolvió: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja." Providencias. Agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, glósense únicamente las actuaciones que contengan firmas en original del cuaderno de antecedentes, ello en virtud de que no es necesario adjuntar las copias certificadas que contiene dicho cuaderno, y acúsese recibo. Causa estado. Lo anterior permite concluir que el auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo; con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado estado. IV. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. V. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes.
- Principal
Téngase por recibido el oficio que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa; bajo el número de expediente 96/2019; lo que se ordena agregar a los autos para que surta los efectos legales correspondientes.
- Principal
Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: "[.]De no existir impedimento legal, acredite que emplazó a la parte demandada en el juicio laboral 2627/2017/15-D, o, en su caso, razone la imposibilidad que tenga para ello.[.].". En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la parte actora por su propio derecho, mediante auto de once de enero del año en curso, se le tuvo desistiendo lisa y llanamente de las acciones y prestaciones ejercitadas en contra de la demandada, dentro del juicio laboral de origen, motivo por el cual la responsable archivó el asunto como concluido. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo quedó sin materia. Vista a las partes. De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el término de quince días. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Sin que pase inadvertido para este Juzgado de Distrito la jurisprudencia por reiteración: "Época: Décima Época Registro: 2014210 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 44/2017 (10a.) Página: 490 "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo.". Es así, porque este asunto no se ubica en el supuesto que ese criterio establece, en la medida que el objeto y materia del amparo quedó sin efecto jurídico, en virtud de que el procedimiento laboral de origen existe un convenio entre las partes. Se cita como criterio orientador la resolución dictada en el incidente de inejecución de sentencia 90/2016, relacionado con el incidente de inejecución de sentencia 91/2016, el veinticuatro de agosto del año dos mil dieciséis, por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país. En esa resolución en lo cardinal se resolvió lo siguiente: [.] Por lo que estos actos son suficientes para demostrar que en este asunto no existe imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo y en consecuencia, fue incorrecta la determinación del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, de enviar los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante que su decisión la apoyara en la tesis número 2a. CXII/2013 (10a.), emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1578, del libro 2, enero de 2014, del tomo II, materia común, correspondiente a la décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Pues como se ha visto este asunto no se encuentra en el supuesto que este criterio establece, en la medida que el objeto y materia del amparo quedó sin efecto jurídico, en virtud de existir un acuerdo de voluntades entre los contendientes del juicio natural y ser cumplido en todos sus términos. Por lo que lo procedente es dejar sin efecto la resolución de dos de marzo de dos mil dieciséis, emitida por los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito y declarar infundado el presente incidente, pues ha dejado de existir la materia para la ejecución del fallo. Similar criterio fue asumido por esta Segunda Sala al resolver, en sesiones de veintiocho de mayo y ocho de julio de dos mil quince, respectivamente, por unanimidad de cinco votos, los incidentes de inejecución de sentencia 66/2015 y 142/2015 bajo la ponencia de la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos y 186/2015 bajo la Ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se declara infundado el incidente a que este toca se refiere. SEGUNDO. Se deja sin efectos la resolución de dos de marzo de dos mil dieciséis, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito. TERCERO. Dejó de existir la materia para la ejecución de la sentencia. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo.
- Principal
Se recibe el escrito signado por la apoderada de la parte quejosa; atento a su contenido, de conformidad con lo previsto por el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amaro, devuélvase los documentos que indica, previa toma de razón y recibo que de ello se otorgue en autos, a satisfacción de este juzgado, teniendo como autorizados para recogerlos a las personas que indica en el escrito de referencia. Notifíquese.
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