Marco Antonio Armenta Ruiz

Expediente 436/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 26 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
436/2021
Año
2021
Actuaciones
26
Última actuación
25/03/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Armenta Ruiz
  • Congreso del Estado de Sinaloa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en el cual se declaró cumplido el fallo protector; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que, que por resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por este juzgado, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del Apartado Noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Procurador Fiscal del Estado de Sinaloa, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite diversas documentales; agréguese a los presentes autos únicamente para que obre, toda vez que el veintitrés de febrero del presente año, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo.

  3. Principal

    Vistos los oficios de cuenta suscritos por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, mediante los cuales informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite diversa documental; agréguese a los presentes autos únicamente para que obre, en virtud que se proveyó lo conducente el quince y diecisiete de febrero del año en curso, respectivamente, al haberse recibido dichos comunicados oficiales vía correo electrónico. Por otra parte, con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el licenciado Othoniel López Robles, autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual hace diversas manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; esto es, que ya le fue entregado al quejoso el cheque número 0001513, en la oficinas de la recaudación del Municipio de Guasave, Sinaloa, y solicita la devolución de documentos que señala en su escrito. Asimismo, como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, hágase la devolución de la documentación a que hace referencia y entréguese, previa copia certificada de los mismos a su costa y toma de razón que se deje en autos. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que la autoridad responsable Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, a través del oficio SATES-DJ-DAAP-185/2022, recibido en éste juzgado el dieciséis de febrero del año en curso, comunicó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, éste Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, visto el estado procesal de los autos, de los cuales se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo conducente respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsables, por lo que, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, corresponde a este Juzgador Federal asumir la responsabilidad de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora. Lo anterior, porque el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio. El reclamo de la parte quejosa esencialmente lo hizo consistir en: "ACTO RECLAMADO DE LAS ORDENADORAS "1.- La aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, específicamente el artículo 50, fracciones II, III, III BIS, III BIS-1, IV, IV BIS, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV BIS, XV, XVI, XVII, XVII BIS, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII Y XXXIII y demás relativos de dicha ley." DE LAS EJECUTORAS. Los pagos realizados el día veintitrés de junio de dos mil veintiuno, consistentes en las cantidades de $9,042.00 M.N (nueve mil cuarenta y dos pesos Moneda Nacional) y $ 3,014.00 M.N. (tres mil catorce pesos Moneda Nacional), respectivamente.". En segundo lugar, se advierte que mediante sentencia distada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, por una parte se sobreseyó el presente juicio de amparo y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "a). Se deje sin efecto el acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, contenida en los recibos de pago de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, expedidos por la Secretaría de Administración y Cobranzas del Estado de Sinaloa a nombre de la parte quejosa, con número de folio 0000468998 y 0000468999, y no aplique en el futuro, a Marco Antonio Armenta Ruiz, la porción normativa declarada inconstitucional. b) Por otra parte, tomando en consideración que lo dispuesto en el artículo 50 fracción II de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, en los términos expuestos en considerandos precedentes, lo que conlleva que no se afecta el mecanismo impositivo esencial, el efecto de la concesión de la protección constitucional respecto de los actos de aplicación que también resultaron viciados, es para que la parte quejosa, únicamente pague la cantidad mínima establecida para el cobro de los derechos por servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, esto es, sin considerar el monto de la operación ni valor del inmueble, para determinar dicha contribución; por tanto, se devuelva la cantidad erogada por la parte quejosa a la cual se deberá restar la cantidad fija mínima a pagar por el concepto de inscripción de documento en el Registro Público de la Propiedad, sin considerar el valor del inmueble o la operación respectiva. c) Igualmente, se debe devolver a la parte quejosa la cantidad que cubrió por el concepto de: "10% Pro- Educ", dado que dicho cobro fue determinado como consecuencia directa e inmediata de la aplicación del mencionado numeral 50, fracción II de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa, norma que, como ya se dijo, es contraria al artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió por su cumplimiento a la autoridad responsable Director de Recaudación de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa y como autoridad vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria Administrador de Recaudación de Los Mochis, Sinaloa, con residencia en ésta ciudad. Ahora bien, en relación a lo anterior, el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, remitió a éste Juzgado Federal oficio SATES-DJ-DAAP-185/2022, mismo que fue recibido el dieciséis de febrero del año en curso, registrándose en el libro de correspondencia bajo número 1508, en el cual informó que con fecha once de febrero del año en curso, a través de correo electrónico el oficio SATES-DJ-DAAP-171/2022, por medio del cual se adjuntó copia certificada del cheque de caja número 0001513, de fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós, emitido por la cantidad de $10,263.60 (diez mil doscientos sesenta y tres pesos 60/100 moneda nacional), expedido a nombre de Marco Antonio Armenta Ruíz, título de crédito emitido por institución bancaria BANORTE, ismo que se encontraría en las oficinas de recaudación para hacer entrega del mismo al quejoso, remitiendo copia debidamente certificada de dichas constancias para acreditarlo. Con lo anterior se dio vista a la parte quejosa en acuerdo de diecisiete de febrero del año en curso, por el término de tres días, con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, este juzgado resolvería sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obren en el presente juicio y los datos aportados por las autoridades responsables, a lo cual el autorizado legal del quejoso mediante escrito agregado en párrafos que antecede, manifestó que la autoridad responsable había acreditado haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se realizó la entrega al quejoso Marco Antonio Armenta Ruíz, del cheque número 0001513, antes descrito por la autoridad responsable. En consecuencia, si el amparo se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable, dejara sin efecto el acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, contenida en los recibos de pago de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, expedidos por la Secretaría de Administración y Cobranzas del Estado de Sinaloa a nombre de la parte quejosa, con número de folio 0000468998 y 0000468999 a Marco Antonio Armenta Ruiz, la porción normativa declarada inconstitucional, así como, para que se devolviera la cantidad erogada por la parte quejosa a la cual se debía restar la cantidad fija mínima a pagar por el concepto de inscripción de documento en el Registro Público de la Propiedad, sin considerar el valor del inmueble o la operación respectiva y se le devolviera a la parte quejosa la cantidad que cubrió por el concepto de: "10% Pro- Educ".; lo cual en la especie ya aconteció; por tanto, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, restituyéndose a la impetrante en el pleno goce de sus garantías violadas, en términos de lo que establecen los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales, el oficio de cuenta suscrito por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite diversa documental; en consecuencia, dese vista con el oficio de referencia a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta los efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Asimismo, requiérase a la parte quejosa para que manifieste si ya compareció ante la autoridad responsable a efecto de que le sea entregado el cheque número 0001513, mismo que la autoridad manifiesta que se encuentra en oficina de recaudación de Culiacán, Sinaloa, para hacerle entrega.

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