Marcelo Uriel Bustillos Hernandez

Expediente 661/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
661/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
02/12/2021

Partes del expediente

  • Marcelo Uriel Bustillos Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de amparo 661/2021-1A, por el que se desechó la demanda de amparo interpuesta por Marcelo Uriel Bustillos Hernández; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, párrafo segundo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo interpuesta por Marcelo Uriel Bustillos Hernández; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación

  2. Principal

    Vista la demanda de cuenta, promovida por Marcelo Uriel Bustillos Hernández, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Distrito Judicial de Ahome, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 661/2021-1A. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con domicilio en esta ciudad. Secretaria Segunda adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa. ACTOS RECLAMADOS: "De ambas autoridades responsables se reclama la OMISIÓN de ordenar, sustanciar v acordar, respectivamente, la petición de las PROVIDENCIAS CAUTELARES fundadas en los artículos 678 y 679 de nuestro Código de Procedimientos Familiares, así como la aplicación efectiva de los medios de apremio que le fueran apercibidas a la tercero interesada WENDY YAZMIN GONZÁLEZ SALAZAR contenidas en el auto de admisión de la demanda número 106/2020 DEL INDICE DEL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE AROME de fecha 26 veintiséis de noviembre de 2020 dos mil veinte (específicamente en foja 18 reverso, último párrafo y 19 anverso primer párrafo) que se le solicitaron mediante escrito que obra en autos del juicio principal desde el día 14 catorce de octubre de 2021 dos mil veintiuno, siendo que hasta la fecha de la presentación de esta demanda constitucional las autoridades responsables han sido omisas en emitir el acuerdo respectivo en relacion a este escrito de petición, motivo suficiente para que dicha omisión sea señalada como inconstitucional. Ya que conforme a lo establecido en el artículo 171, fracción IV en relación con el diverso 379, ambos del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa la autoridad responsable tenía un término de 3 tres días para pronunciarse sobre tal petición entorpeciendo sin duda de forma injustificada y en evidente violación el derecho humano y fundamental al acceso a una tutela judicial efectiva de manera plena a través del sistema de PROVIDENCIAS CAUTELARES previsto en los artículos 678 y 679 de nuestro Código de Procedimientos Familiares.". Establecido lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Carta Magna, y con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia. Ciertamente, el precepto legal referido en primer término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)". De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. Asimismo, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De la interpretación literal de las porciones normativas transcritas, se advierte que el amparo indirecto es improcedente cuando, entre otras cosas, se actualiza alguna causal por disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Asimismo, de una interpretación en sentido contrario de dichas disposiciones, se observa que el amparo no procede cuando los actos no sean de imposible reparación, es decir, cuando no hay una afectación material a los derechos sustantivos contenidos en el bloque de constitucionalidad. Es pertinente señalar que la improcedencia en el juicio de amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para analizar el fondo del asunto, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Plenos de Circuito -en casos de contradicción de tesis de estos últimos-, la que se analiza de oficio de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Luego, de la lectura integral de la demanda de amparo, que se observa como un todo, se advierte que la parte quejosa reclama, en esencia lo siguiente: La omisión por parte de la autoridad responsable de acordar su escrito de catorce de octubre de dos mil veintiuno, en el que solicitó sustanciar y acordar, la petición de las providencias cautelares fundadas en los artículos 678 y 679 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, así como la aplicación efectiva de los medios de apremio que le fueran apercibidas a la tercero interesada contenidas en la admisión de la demanda número 106/2020, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa. Ahora, para evidenciar con claridad la causal de improcedencia a que se hizo referencia, es necesario destacar los antecedentes del acto reclamado, los cuales textualmente la parte quejosa los señaló bajo protesta de conducirse con verdad, siendo los siguientes: 1.- Que con fecha 14 catorce de octubre de 2021 dos mil veintiuno, se presentó escrito ante la autoridad responsable solicitando Que aplique las PROVIDENCIAS CAUTELARES a que hacen referencia los artículos 678 y 679 de nuestro Código de Procedimientos Familiares, debido a que la demandada en el juicio principal -ahora tercero interesada- WENDY YAZMIN GONZÁLEZ SALAZAR de manera ilegal e indebida, sin haber recibido autorización de este juzgador y sin tomar en cuenta al suscrito hoy quejoso sacó de esta ciudad al menor M. I. B. G. (con resguardo de identidad) trasladándolo a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, del 14 catorce al 21 veintiuno de septiembre de este año (ver fajas 104, 105 y 106 del juicio 106/2020), no obstante que la tercero interesada fue prevenida por el juzgador primigenio que se abstuviera de sacar al menor del Estado de Sinaloa, al dictar el auto de admisión de la demanda en fecha 26 veintiséis de noviembre de 2020 dos mil veinte (ver específicamente fojas 18 reverso, último párrafo y 19 anverso primer párrafo del juicio 106/2020), solicitando además el suscrito que ordenara a la demandada en el juicio principal WENDY YAZMIN GONZÁLEZ SALAZAR que en lo sucesivo: a).- se abstenga de volver a trasladar fuera del estado de Sinaloa , así como de la ciudad, sin previo consentimiento de esta Autoridad, a mi menor hijo M. I. B. G. (con resguardo de identidad) previniéndosele que en caso de incumplir con el requerimiento mencionado se hará acreedora a cualquiera de las medidas de apremio que se encuentran contenidas en el Código Procesal Familiar vigente en el Estado, amén de las sanciones penales establecidas para estos casos; b).- se abstenga de seguir entorpeciendo la convivencia del quejoso para con mi menor hijo M. I. B. G. (con resguardo de identidad) así como para con mi familia extensa o ampliada (abuelos, tíos y primos paternos, etcétera) y solicitando que de manera provisional se me otorgara el derecho de visita y convivencia sin limitación alguna, incluso de mi familia extensa o ampliada (abuelos, tíos y primos paternos, etcétera); c).- que se requiera de inmediato a la tercero interesada para que permita al quejoso ver y recoger a mi menor hijo en la escuela cualquier día de la semana y llevarlo a comer por lo menos tres días de cada semana cuando me encuentre en esta ciudad de Los Mochis, regresando el suscrito a mi menor hijo a la casa en donde habita con su madre en un horario prudente para su regularización y la elaboración de tareas escolares; y, d).- que ordene a la tercero interesada que de manera provisional entregue al quejoso mi menor hijo cuando menos un día de cada fin de semana a partir de las 09:00 horas del día sábado para regresado a las 18:00 horas del día siguiente, lo anterior para llevar al niño con sus abuelos y a pasear con la finalidad de reforzar los vínculos familiares, así como la sana convivencia que debe de existir entre padres e hijos, fortaleciendo así la familia y las sanas relaciones paternales. Las PROVIDENCIAS CAUTELARES, solicitadas fueron por la apreciación de la existencia del peligro y de todas las circunstancias que rodean este caso que motivan la petición de la providencia cautelar, debiendo acordarla el juez primigenio sin sustanciación alguna, ni audiencia de la tercero interesada y sólo con vista de las alegaciones y justificación documental que le presenté adjuntas al escrito y debió decretar la medida con la urgencia necesaria para su eficacia, acorde a lo establecido en los artículos 678 y 679 de nuestro Código de Procedimientos Familiares, 2.- Que aplicara a la demandada en el juicio principal WENDY YAZMIN GONZÁLEZ SALAZAR el apercibimiento contenido en el auto de admisión de la demanda de fecha 26 veintiséis de noviembre de 2020 dos mil veinte (ver específicamente en foja 18 reverso, último párrafo y 19 anverso primer párrafo del juicio 106/2020) consistente en una multa equivalente a 20 veinte veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y hacerla efectiva por conducto del recaudador de rentas de esta ciudad, por su negativa de proporcionar a este juzgador y al suscrito un número de teléfono que contenga plataforma de WhatsApp, Skype, Zoom y/o Messenger; que ha dado como consecuencia que el juez primigenio no haya dictado un horario de convivencia provisional para garantizar el derecho de convivencia del quejoso y de mi menor hijo, dejándolos a ambos en estado de indefensión jurídica y por seguir entorpeciendo de manera continua, sistemática y reiterada la convivencia del hoy quejoso para con mi menor hijo M. I. B. G. (con resguardo de identidad) así como para con su familia extensa o ampliada (abuelos, tíos y primos paternos, etcétera). 3.- Que apercibiera a la demandada -hoy tercero interesada- en el juicio principal WENDY YAZMIN GONZÁLEZ SALAZAR que puede haber cambio de guarda y custodia si el progenitor custodio -que en este caso lo es la demandada en el juicio principal -hoy tercero interesada- WENDY YAZMIN GONZÁLEZ SALAZAR- si sigue impidiendo y obstaculizando las convivencias entre el hoy quejoso y mi menor hijo M. I. B. G. (con resguardo de identidad) de manera continua, sistemática y reiterada sin causa justificada. Así lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo Directo en Revisión 2710/2017; y, 4.- Que aperciba a la demandada en el juicio principal -hoy tercero interesada- WENDY YAZMIN GONZÁLEZ SALAZAR que se abstenga de seguir molestando al suscrito hoy quejoso por medio de un supuesto abogado quien cuando me ha llamado a mi celular se ha identificado con el nombre de Alejandro Quijada Baldenebro, quien sin estar debidamente autorizado por la hoy tercero interesada en el juicio principal número 106/2020 del cual emana el acto reclamado me ha realizado diversas llamadas intimidantes, amenazantes y en tono autoritario, tratando de coaccionarme para llevar a cabo un convenio con la hoy tercero interesada, siendo más grave aún, que se me estén realizando llamadas directas a mi celular estando el asunto judicializado, además de que el suscrito hoy quejoso tengo a mis procuradores judiciales con quienes este abogado podría tener un acercamiento para convenir toda vez que el suscrito hoy quejoso tengo el derecho de procurar ante el juez primigenio que me sean otorgados y respetados los derechos familiares que tengo respecto de mi menor hijo, así como los derechos de mi menor hijo hacia mí y de la misma manera a que el juez primigenio respete mi derecho de privacidad personal y otorgarle acceso al expediente 106/2020 a quien tenga la autorización legal de las partes para acceder a dicho expediente, acorde con lo dispuesto con los numerales 1, párrafo cuarto, 2, fracciones IV, V, VI, 3 fracciones IX, XVII, XXVIII, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 32 fracciones II, 33 fracción I, 37, 38 fracción III, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se atienda el acceso al expediente citado al rubro. Sin que hasta la fecha de la presentación de esta demanda las autoridades responsables se hayan pronunciado ante tal petición de las PROVIDENCIAS CAUTELARES que fundadas en los artículos 678 y 679 de nuestro Código de Procedimientos Familiares así como la aplicación efectiva de los medios de apremio que le fueran apercibidas a la tercero interesada WENDY YAZMIN GONZÁLEZ SALAZAR contenidas en el auto de admisión de la demanda número 106/2020 DEL ÍNDICE DEL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME de fecha 26 veintiséis de noviembre de 2020 dos mil veinte (ver específicamente en foja 18 reverso, último párrafo y 19 anverso primer párrafo del juicio 106/2020).". En ese contexto, resulta incuestionable que el acto reclamado por la parte quejosa no ocasiona un perjuicio de imposible reparación, pues no hay ninguna afectación material -directa e inmediata- a su derecho fundamental. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 56, agosto de 1992, página 11, registro digital 205651, que en su rubro y texto dicen: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Máxime que, en su caso, la violación que alega la parte agraviada a su derecho de impartición de justicia, únicamente tiene consecuencias de carácter adjetivo o procesal dentro del juicio de origen, que por sí misma no afecta su esfera jurídica. Aplica al presente caso, la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, mayo de 2003, página 1186, registro digital 184249, que en su rubro y texto rezan: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos". El significado "ejecución de imposible reparación", fue sintetizado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la siguiente manera: "(.) El espíritu que siempre ha animado las reformas tanto al artículo 107 constitucional, en su fracción III, como a la Ley de Amparo, ha sido en el sentido de limitar, en la medida de lo posible, la procedencia del juicio de garantías respecto de los actos dentro del procedimiento, evitando así la proliferación inútil de amparos y el abuso de su interposición. A ello obedece el que, conforme a las disposiciones legales vigentes, el amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio sólo proceda en dos casos de excepción, a saber: a) cuando se trate de actos cuya ejecución sea de imposible reparación; y b) cuando afecten a personas extrañas al juicio.- Dado lo anterior, debe establecerse una interpretación congruente con el texto constitucional de lo que debe entenderse por actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.- Al efecto, este Tribunal Pleno estima que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando como consecuencia de ello se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito, sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, pues, como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometidas no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses.- Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo.- Efectivamente, estos actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino que tan solo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sea tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso.". Esto es, la característica de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, ejemplo: 1) el embargo; 2) la imposición de multas; 3) el decreto de alimentos provisionales o definitivos; 4) el arresto; 5) el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos; 6) el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo; 7) el arraigo, etcétera. Ello, pues en los tres primeros casos, se puede afectar la propiedad y posesión; en el cuarto, la libertad personal; en el quinto, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia; en el sexto, la libertad de trabajo; y, en el séptimo, el de tránsito; es decir, afectaciones que no podrían repararse en ninguna actuación posterior del juicio. En tanto que el supuesto de los actos reparables, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del ciudadano, lo que se traduce en que, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga la resolución favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y solo trascenderán en el caso de que la resolución fuese contraria afectando de esta manera sus derechos sustantivos y en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla en su caso mediante el juicio de amparo directo. Además, lo anterior encuentra sustento en la contradicción de tesis 325/2015, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que estableció esencialmente que los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". De ahí que se haya considerado que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, en tanto que no se trata de una "dilación" autónoma al procedimiento en el que se encuentra la parte quejosa, sino que se da justamente dentro del mismo. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17° constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que la demanda de amparo es improcedente. Lo anterior, quedó establecido en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, mayo de 2016, Tomo II, página 1086, registro digital 2011580, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. De la misma forma, sirve de apoyo a lo anterior, las tesis jurisprudenciales 1a./J. 7/2015 (10a.), de registro 2008884 y 1a./J. 8/2015 (10a.), de registro 2008883, ambas sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de títulos y subtítulos: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA." y "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA)."; en las cuales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el amparo indirecto será improcedente cuando el acto reclamado propiamente verse respecto a la petición que el gobernado eleve a la autoridad dentro de un procedimiento judicial, sin que previamente sea subsanada a través de instar al órgano jurisdiccional para que se emita alguna determinación al respecto y se agoten previamente los medios de impugnación, que en su caso, prevea la ley. Aunado a lo anterior, debe decirse que en el caso concreto no se actualizan los supuestos de excepción a que se refiere la tesis recién invocada, toda vez que, en principio, no se advierte que exista una paralización total del procedimiento de origen que derive de la omisión de acordar el escrito de catorce de octubre de dos mil veintiuno; ello, pues tal conducta omisiva no constituye en sí misma una suspensión de dicho juicio, sino que se traduce en la inacción por parte de la autoridad responsable dentro del plazo que la legislación aplicable establece para dictar el acuerdo respectivo. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte materialmente derechos sustantivos ni que constituya el supuesto de excepción previsto por la norma, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda) a la cual debe darse el tramite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia puesto que el Acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 525, publicada en el Semanario de la Federación y su gaceta Libro, XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, de la Décima Época, de registro 2002286, que a la letra: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones ubicado en Boulevard Canuto Ibarra, número 1379, Interior 6, Fraccionamiento Las Palmas, de esta ciudad, y como sus autorizados en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados Ana Bertha Castellanos Bautista y Jesús Enrique Becerra Elizalde y únicamente para imponerse de autos a Andrés Nicolás Flores Castellanos, en razón de que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito.

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