Marco Antonio Beltrán Ramos

Expediente 435/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
435/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
28/11/2019

Partes del expediente

  • Marco Antonio Beltrán Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de quince de noviembre del año en curso, en relación con el oficio y documentales allegados por el Presidente de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó el diecinueve siguiente; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que por sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 121 a 130 de autos), se concedió al quejoso Marco Antonio Beltrán Ramos, la protección constitucional contra los actos reclamados a la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, consistentes en las omisiones de desahogar diversas pruebas en el expediente laboral 226/2012 de su índice, al estimarse que tales actos omisivos transgredían en perjuicio del impetrante el derecho humano de administración de justicia pronta y completa dentro de los plazos previstos por la ley, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resolución que causó ejecutoria el veintiuno de octubre del presente año, al no ser recurrida por las partes (foja 138 ídem). Pues bien, la concesión del amparo se hizo para el efecto de que la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en el término de tres días contado a partir de que el fallo protector causara ejecutoria, dictara las medidas pertinentes a fin de desahogar las pruebas pendientes en el juicio laboral 226/2012, para lo cual debía girar los oficios y exhortos respectivos, y realizar los requerimientos necesarios; hecho lo anterior, debía acreditar dicha circunstancia con las constancias certificadas relativas. Por su parte, mediante oficio 1046/2019 presentado el catorce de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 142 a 147 ídem), el Presidente de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, remitió copia del acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 226/2012 de origen, tendente a la preparación de las pruebas que se encontraban pendientes de desahogar consistentes en testimonial, inspección ocular y documental en vía de informe ofrecidas por el trabajador, aquí quejoso; así como testimonial e inspección ocular ofrecidas por las demandadas, aquí tercero interesadas. De igual modo, la Junta responsable allegó copia de los oficios girados a la Secretaria Auxiliar de Peritajes y Diligencias, con sede en la Ciudad de México, y al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, a fin de que coadyuven en el desahogo de las probanzas respectivas. Como se anticipó, por auto de quince de noviembre de dos mil diecinueve, se dio vista al quejoso con el oficio y documentales enviadas por la Junta laboral responsable para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; en el entendido de que, el amparista no se pronunció al respecto, aun cuando fue debidamente notificado. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, dictara las medidas pertinentes a fin de desahogar las pruebas pendientes en el juicio laboral 226/2012, para lo cual debía girar los oficios y exhortos respectivos, y realizar los requerimientos necesarios, lo cual ya aconteció; por ende, es claro que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida y se ha restituido al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos. Por último, intégrese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual informa el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo y remite las documentales que lo sustentan; en razón de que el quince de noviembre de dos mil diecinueve, el aludido oficio se glosó al expediente y se acordó lo conducente.

  2. Principal

    Visto el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual informa el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo y remite las documentales que lo sustentan; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En ese contexto, conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y documentales de cuenta para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo concedido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportado por la autoridad responsable.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, a fin de que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, mediante la cual se concedió la protección constitucional al quejoso Marco Antonio Beltrán Ramos, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, a fin de que en el término de tres días otorgue el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remita las constancias certificadas respectivas o, en su caso, manifieste el impedimento legal o material que para ello tuviere. En el entendido de que la concesión del amparo se hizo para el efecto de que la Junta responsable dicte las medidas pertinentes a fin de desahogar las pruebas pendientes en el juicio laboral 226/2012 de origen, para lo cual deberá girar los oficios y exhortos respectivos, y realizar los requerimientos necesarios; hecho lo anterior, deberá acreditar dicha circunstancia con las constancias certificadas relativas. De acuerdo a lo anterior, se apercibe a la citada autoridad responsable, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria en el plazo indicado, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  4. Principal

    Visto el telegrama de cuenta remitido por el Presidente de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, residente en Culiacán, mediante el cual acusa recibo del oficio 2206-4A con el que se le remitió copia de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo; glósese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes.

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