Marco Alonso Camargo Nava y Otros.

Expediente 304/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
304/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
16/05/2019

Partes del expediente

  • Marco Alonso Camargo Nava y Otros.
  • Martín Guapo Gasca

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajado del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, en contra del proveído de doce de abril del año en curso, el cual se radicó bajo el número 33/2019 de su estadística.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por **********, quien se ostenta como apoderado legal de los quejosos; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del auto de doce de abril de dos mil diecinueve. II. En razón de lo anterior y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, en turno, con residencia en la ciudad de Guanajuato, el original del escrito del recurso, copia certificada de la resolución recurrida, así como de las constancias solicitadas por la parte quejosa, para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente el suscrito el doce de abril pasado, determinó desechar la demanda de amparo promovida por la parte quejosa.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, quien se ostenta como apoderado legal de los quejosos **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, contra actos del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 304/2019-V. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto, la omisión o la norma general reclamados de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en: La resolución de veinte de marzo de dos mil diecinueve, emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, dentro del juicio laboral ************* promovido por la parte aquí quejosa en contra de **********, en la cual declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones que ésta promovió contra la practicada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Bajo las consideraciones anteriores, se estima que el referido acto reclamado no causa a la parte quejosa un agravio personal y directo, que para la procedencia del juicio de garantías establece el artículo 6º de la Ley de Amparo, ya que la determinación adoptada por la Junta responsable, de declarar improcedente el incidente de nulidad de notificaciones y, como consecuencia, determinar la validez de la determinación impugnada, no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que la legitime para solicitar la protección de la justicia federal, dado que no es contraria a sus intereses ni trasciende a su mundo fáctico. Es decir, si el acto del que se duele la parte quejosa no afecta su esfera de derechos, ya que de ningún modo se patentiza ni involucra a la recurrente en una situación jurídica concreta que se considere lesiva o que perjudique, dado que la Junta responsable declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por su parte contraria, entonces, es inconcuso que no le causa un agravio personal y directo y, por tanto, no está legitimado para acudir a solicitar el amparo al carecer de uno de los supuestos necesarios para su procedencia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. De igual forma, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Manuel Tovar González al no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, quien se ostenta como apoderado legal de los quejosos **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, contra actos del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 304/2019-V. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto, la omisión o la norma general reclamados de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en: La resolución de veinte de marzo de dos mil diecinueve, emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, dentro del juicio laboral ************* promovido por la parte aquí quejosa en contra de **********, en la cual declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones que ésta promovió contra la practicada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Bajo las consideraciones anteriores, se estima que el referido acto reclamado no causa a la parte quejosa un agravio personal y directo, que para la procedencia del juicio de garantías establece el artículo 6º de la Ley de Amparo, ya que la determinación adoptada por la Junta responsable, de declarar improcedente el incidente de nulidad de notificaciones y, como consecuencia, determinar la validez de la determinación impugnada, no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que la legitime para solicitar la protección de la justicia federal, dado que no es contraria a sus intereses ni trasciende a su mundo fáctico. Es decir, si el acto del que se duele la parte quejosa no afecta su esfera de derechos, ya que de ningún modo se patentiza ni involucra a la recurrente en una situación jurídica concreta que se considere lesiva o que perjudique, dado que la Junta responsable declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por su parte contraria, entonces, es inconcuso que no le causa un agravio personal y directo y, por tanto, no está legitimado para acudir a solicitar el amparo al carecer de uno de los supuestos necesarios para su procedencia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. De igual forma, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Manuel Tovar González al no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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