Marcelo Hernández González

Expediente 956/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
956/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
11/11/2019

Partes del expediente

  • Marcelo Hernández González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a **********, en proveídos de quince y dieciséis de los actuales, para que cumpliera con la prevención ahí efectuada, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el primer auto, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a **********, en proveídos de quince y dieciséis de los actuales, para que cumpliera con la prevención ahí efectuada, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el primer auto, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo.

  4. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por **********, mediante el cual aduce cumplir con la prevención efectuada el quince de los actuales, en la que se le requirió para que por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes: Acreditara con documento fehaciente el carácter que ostenta tener de representante legal del quejoso **********. Del escrito de cuenta se desprende que desahogó dicho requerimiento en los siguientes términos: Manifiesta que promueve la demanda de amparo en términos del primer párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, dado que el directo quejoso se encuentra privado de su libertad, siendo esa razón suficiente para acudir a esta instancia constitucional en su representación. De lo expuesto se advierte que la prevención efectuada no fue cabalmente cumplida, ya que si bien es cierto que del escrito constitucional se desprende que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro de Readaptación Social de esta urbe; también lo es que dicha circunstancia, por sí sola, no lo imposibilita materialmente para promover la demanda de amparo y, por tanto, no se actualiza el supuesto de excepción al principio de estricto derecho previsto en el artículo 15 de la ley de la materia. Se afirma lo anterior, porque las personas privadas de su libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, si bien estaban limitadas en sentido ambulatorio y suspendidos algunos de sus derechos como políticos y civiles, por regla general, no están impedidas para ejercer sus derechos fundamentales, incluso por propio derecho. Tan es así que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2017, estableció que las personas privadas de su libertad promuevan demanda de amparo indirecto, sin asistencia jurídica, debe requerírseles para que nombre a un abogado que las represente, a fin de que garantizarles una tutela jurisdiccional efectiva. La tesis de referencia puede consultarse en la página 1301, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Entonces, contario a lo señalado por el promovente, la única circunstancia de que el directo quejoso se encuentre privado de su libertad no implica, ni de suyo ni de facto, que esté imposibilitado para promover la demanda y, como consecuencia, no se actualiza el supuesto de excepción al principio de estricto derecho previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, para que lo haga a su favor. Máxime, que de lo narrado por el promovente en los antecedentes de la demanda, se desprende que el trece de los actuales tuvo contacto directo y personal con el impetrante, pues relató lo siguiente: "Sin embargo, mi representado le dijo al suscrito que el día de ayer habían dos custodios del centro carcelario donde se encuentra recluido le dijeron lo siguiente: "que no estuviera tan contento, que iba a valer madres, ya que al poner un pié fuera del cereso de Celaya lo iban a deportar a su país de origen." Circunstancias que denotan que el quejoso no se encuentra materialmente impedido para poder hacer valer sus derechos mediante esta vía constitucional. Por tal razón, como se dijo anteriormente, el hecho de que ********** se encuentre recluido no es un impedimento, per se, que actualice el supuesto de excepción al principio de estricto derecho previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo y, por tanto, para que promuevan la demanda a su favor. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, no se tiene por desahogada la prevención de que se trata, por lo que subsiste el apercibimiento decretado en el referido auto de quince de los actuales. Como atendió la prevención de marras antes de que comenzara a transcurrir el término de cinco días que se le otorgó para ello, dicho plazo se computará a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que de este auto se le practique.

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