Marciano Rodríguez González

Expediente 303/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
303/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
28/03/2017

Partes del expediente

  • Marciano Rodríguez González

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio que remite la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual acusa recibo del oficio 4797/2017 del índice de este Juzgado, por el que se le notificó el proveído de dieciséis de marzo de la presente anualidad y se le enviaron dos tomos de prueba que contenían las constancias del toca 679/2016, así como del juicio ordinario civil C957/2015 de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato y un sobre amarillo.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de seis de marzo de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de los dos tomos de pruebas formados con las constancias del toca 679/2016, del juicio ordinario civil C957/2015 y un sobre amarillo, del índice de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y del Juzgado Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato, respectivamente, devuélvase al Magistrado de la sala mencionada y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado por proveído de uno de marzo de dos mil diecisiete, en el que el Magistrado Presidente del órgano de su adscripción declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, mandatario judicial de **********, remite: el original del escrito de demanda de amparo, dos copias del misma, escrito de presentación de demanda, certificación de veinte de febrero de dos mil diecisiete, constancia de emplazamiento del tercero interesado **********, dos escritos con firma autógrafa presentados por el citado tercero interesado, copia certificada del informe justificado rendido por la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, dos tomos de prueba que contienen las constancias del toca 679/2016 de la estadística de la autoridad citada y las relativas al juicio C957/2015 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato y un sobre cerrado; se acuerda: Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 303/2017-IV. El suscrito se avoca del conocimiento del asunto, lo cual hágase del conocimiento de la superioridad, a través del acuse de recibo correspondiente. Se reconoce a **********, la calidad de mandatario judicial de **********, ello, toda vez que dicho carácter lo tiene reconocido dentro del juicio C957/2015 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato, del que deriva el acto reclamado. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo las consideraciones anteriores, se precisa que del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama: La resolución de tres de enero de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en el toca de apelación 679/2016, mediante la cual revocó la sentencia de primer grado y ordenó reponer el procedimiento del juicio ordinario civil C957/2015 de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato, a fin de que **********, sea llamado a juicio en su calidad de vendedor del inmueble materia de litis. En ese orden, frente al acto que reclama la parte quejosa, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece, establece que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho sustantivo de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, bajo dicha guiza y con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo éstos los siguientes: 1. Ante el Juzgado Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato, ********** demando en la vía ordinaria civil a **********, sobre la reivindicación de una parte del terreno identificado como lote **********, manzana **********, zona ********** del poblado de ********** de Cortazar, Guanajuato y otras prestaciones. 2. En su oportunidad la parte reo dio contestación a la demanda, en la que hizo valer defensas y excepciones. 3. En sentencia de once de octubre de dos mil dieciséis, el Juez mencionado declaro procedente la acción reivindicatoria promovida por el actor y condenó a la parte demandada a la entrega del bien materia la litis así como al pago de costas procesales. 4. Inconforme con dicha determinación la parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual por razón de turno le correspondió conocer a la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, toca que quedó registrado con el número 679/2016. 5. Mediante resolución de tres de enero de dos mil diecisiete, la Magistrada responsable determinó revocar la sentencia combatida al considerar que debía emplazarse a ********** en calidad de vendedor del inmueble materia de la litis; acto que constituye el reclamado en esta instancia constitucional. En esa tesitura, dicha determinación reclamada no constituye un acto en el juicio cuyo efecto sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse sentencia que ponga fin al juicio, si ésta es favorable a los intereses del accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarlas en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos del artículo 172 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues en la especie, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se itera, si obtiene sentencia favorable en el juicio. Luego, al limitarse la reposición del procedimiento ordenada por la Sala responsable a que se proceda al llamamiento a juicio de Rogelio Rodríguez Tavares en calidad de vendedor del inmueble materia de la litis, a fin de darle oportunidad de participar en él con esa calidad haciendo valer todos los derechos que estime pertinentes para salvaguardar su derecho fundamental de audiencia, es que se considera que dicho acto no es de imposible reparación. Es aplicable al caso el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 1a./J. 37/2012 (10a.), de rubro: "EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL)"; ello, en razón de que el Alto Tribunal sostuvo, entre otras cosas, que la determinación judicial civil definitiva mediante la cual se declara nulo el emplazamiento realizado por edictos, y se ordena reponer el procedimiento, si bien constituye un acto que afecta derechos procesales al dejar insubsistente el llamamiento a juicio correspondiente, no afecta derechos sustantivos. Resta destacar, que el suscrito no inadvierte el criterio jurisprudencial ./J. 106/2004, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual medularmente se indicó que la resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo sentencia favorable. Sin embargo, a consideración del suscrito el mismo ya no resulta aplicable en la actualidad porque: Fue emitido conforme al texto de la Ley de Amparo actualmente abrogada, donde de acuerdo a la interpretación realizada por el Máximo Tribunal del país al precepto 114 fracción IV, el juicio de amparo no sólo era procedente contra actos dictados dentro de juicio que tuvieran sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, sino también contra aquéllos que afectaran a las partes en grado predominante o superior; Empero, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, la cual regula este controvertido, ya no prevé la procedencia del juicio de amparo contra actos dictados dentro de juicio que afecten a las partes en grado predominante o superior, sino sólo respecto de aquellos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y Con base en ello es que la misma ya no resulta aplicable por oponerse con lo establecido en la presente Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, dado que no puede ser considerado como de imposible reparación, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, dado lo voluminoso de las constancias que remitió la superioridad y para el mejor manejo del expediente, se ordena formar dos tomos de pruebas, los cuales contendrán las constancias del toca 679/2016 del índice de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, del juicio ordinario civil C957/2015 de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato y un sobre amarillo. Ahora, tomando en consideración que el promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, puesto que el gestionante del amparo quiso señalar los estrados del órgano jurisdiccional que por turno conociera del asunto; empero, ello no significa que por dirigirse la demanda a un Tribunal Colegiado con domicilio en la ciudad de Guanajuato, capital, se deba tener como lugar para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se fija en los estrados del tribunal al que inicialmente tocó conocer de la demanda, sino los estrados del que conoce de la demanda de amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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