Marcelo Yépez Salinas
Expediente 430/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 430/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 19/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marcelo Yépez Salinas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil veintitrés.********************ADMITE RECURSO DE REVISIÓN.********************Agréguese únicamente a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio por el cual se remitieron los autos originales del juicio de amparo ********************, e informa que ese Tribunal Superior, en proveído de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra de la sentencia de treinta de mayo de dos mil veintitrés, dentro del juicio de amparo en cita; formándose el amparo en revisión administrativa número ********************, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. ********************Cúmplase.********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.svmCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.****************************************Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil veintitrés. INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN. Visto el escrito de cuenta signado por ******************** autorizado del quejoso ********************; atento a su contenido, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia de treinta de mayo de dos mil veintitrés; por lo tanto, distribúyanse entre las demás partes copia del escrito de agravios y, en su oportunidad, remítase el presente expediente, original del escrito de agravios y la copia correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con José Sierra Ortiz Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
. Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente del juicio de amparo 430/2023, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del treinta de mayo de dos mil veintitrés, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 430/2023 promovido por Marcelo Yépez Salinas contra actos del Secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Morelia y otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Morelia. Jefa de Departamento "A" de la Dirección de Orden Urbano de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Morelia. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obran en autos las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda; asimismo, obran las documentales que las autoridades señaladas como responsables adjuntaron como sustento de su informe justificado; pruebas que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo se tuvieron por ofrecidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formulo alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto VII-430/2023, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, promovido por Marcelo Yépez Salinas, contra actos del Secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Morelia y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de abril de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado Michoacán, con residencia en esta capital, y turnado en esa fecha a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Marcelo Yépez Salinas promovió demanda de amparo contra actos del Secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Morelia y otra autoridad. La promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de once de abril de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió la demanda registrada bajo el número VII-430/2023; se requirió a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado, en la presente instancia constitucional, consiste en: La intromisión al que aduce es su domicilio, así como el retiro y desposesión del anuncio publicitario ubicado en el inmueble sito en Periférico paseo de la República número 1256, colonia sin nomenclatura oficial de Morelia, Michoacán. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por el Secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad y la Jefa de Departamento "A" de la Dirección de Orden Urbano de la citada secretaría, ambos del Ayuntamiento de Morelia, se advierte que aceptan la existencia de los actos reclamados, a cuyo remitieron copia certificada de diversas actuaciones. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. Causales de improcedencia. Es innecesario analizar los conceptos de violación formulados por el quejoso, dado que este juzgador -de oficio- advierte, que se actualiza una causal de improcedencia del juicio, en atención a que el quejoso no acredita su interés jurídico, en la medida en que no demostró contar con licencia o autorización para la colocación del anuncio publicitario, tampoco acredita tener una causa originadora de la posesión que aduce tener respecto del bien inmueble de fecha cierta. Razón por la cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". Por su parte, la fracción I, del artículo 5° de la Ley de la materia establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De acuerdo con los artículos invocados, el juicio de amparo constituye un medio idóneo para controlar la constitucionalidad de los actos de autoridad y se sigue sólo a instancia de parte agraviada, es decir, únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto de autoridad. Consecuentemente, cuando se acude en demanda de amparo el quejoso debe acreditar fehaciente que el acto reclamado a la autoridad responsable vulnera algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, es decir, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio resultará improcedente. En ese sentido el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional que tiene por efecto resolver, entre otros supuestos, las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Mexicana, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sin embargo, no cualquier persona puede promover dicho medio de defensa, pues el quejoso debe cumplir con ciertos requisitos, a saber: a) Acreditar su interés jurídico, y b) Que se agravie o afecte ese interés. Dichos elementos derivan del artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, el cual dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De acuerdo con esos numerales, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, esto es, por la persona que invoca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. De lo que deriva que, de acuerdo a este principio, el juicio de amparo debe promoverlo aquella persona que, en su concepto, sufre un perjuicio en sus derechos humanos provocado por un acto de autoridad. No obstante, de conformidad con el precepto constitucional invocado, no basta con que una persona se ostente como agraviado, es decir, que aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, sino que es necesario que demuestre plenamente que ese acto afecta su esfera jurídica, es decir, acredite su interés. De manera que para acreditar el interés jurídico, el quejoso debe demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Con esas bases, cuando en el juicio de amparo se reclaman actos que afecten un bien inmueble respecto del cual el quejoso se ostenta como arrendatario, para acreditar su interés jurídico dicho promovente deberá demostrar con justo título la causa generadora de su posesión y la identidad entre el bien inmueble que se ha visto afectado y del cual es arrendatario. A más de que dicho título debe tener fecha cierta anterior a la emisión del acto, sea que se hubiera pasado ante la fe de un fedatario público o autoridad, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad, muerto alguno de los contratantes o los testigos que signaron el convenio relativo. Incluso, tratándose de actos emitidos por autoridades administrativas con base en sus facultades de revisión sobre el cumplimiento de disposiciones que regulen ciertas actividades o giros, por ejemplo, órdenes de visita o inspección y actos sancionadores por su incumplimiento; es menester que quien acude al amparo acredite fehacientemente que cuenta con la licencia o autorización correspondiente para realizar el giro o actividad respectivas para corroborar su interés jurídico. En el caso, el quejoso reclama la intromisión al que dice es su domicilio virtud al contrato de arrendamiento que al efecto acompañó a su demanda de garantías (foja 10 a 12 de autos) su domicilio, así como el retiro y desposesión del anuncio publicitario ubicado en dicho inmueble sito en Periférico Paseo de la República número 1256, colonia sin nomenclatura oficial de Morelia, Michoacán. No obstante, lo cierto es que tal medio de prueba resulta insuficiente para acreditar el interés jurídico con que se ostenta la parte solicitante de garantías, habida cuenta que la figura jurídica del arrendamiento, es un contrato traslativo de uso, previsto por el Código Civil para el Estado de Michoacán, cuyos elementos son: a) la concesión del uso o goce temporal de una cosa no fungible, b) que esa concesión se otorgue por tiempo definido o indefinido y, c) que por dicha concesión el arrendatario se obligue a pagar un precio cierto. En otro orden de ideas, como ya se dijo, a fin de acreditar su interés jurídico, el peticionario del amparo exhibió el original del contrato de arrendamiento, en el cual se aprecian las firmas autógrafas de los suscriptores, documento que entraña un acto traslativo de uso a título oneroso, de conformidad con lo dispuesto por la ley sustantiva civil; contrato de arrendamiento en el cual se hace manifiesta la voluntad del arrendador de conceder el uso y disfrute del mencionado bien inmueble a cambio de un precio cierto y por tiempo determinado. Bajo ese contexto, el derecho de posesión que dice ejercer el ahora quejoso sobre el bien inmueble y que trata de demostrar con el contrato de arrendamiento, debe cumplir con los requisitos que a continuación se precisan: Que por ser documentos de naturaleza privada, a fin de concederles valor probatorio, requieren no ser objetados por la contraparte de quien los ofrece; Que dichos documentos sean de fecha cierta. De lo hasta aquí expuesto, quedó establecido que sólo podrán considerarse de fecha cierta los documentos privados, cuando éstos hayan sido presentados a un registro público o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes. Ahora bien, este órgano jurisdiccional constitucional considera pertinente señalar que el contrato de arrendamiento carece de la legitimación que de su firma y contenido debe observar a fin de considerarse eficaz para efectos del presente juicio de amparo; esto se considera así, porque las firmas no fueron estampadas ante la fe de un notario público, ni han sido ratificadas ante éste; tampoco fue tal arrendamiento inscrito en las oficinas registrales correspondientes, ni mucho menos hay prueba de que se haya producido la muerte de alguno de sus suscriptores, para estar en aptitud de considerarlo como de fecha cierta; por tanto no puede corroborarse la veracidad de lo asentado en el contrato privado aludido. Por otra parte, es oportuno puntualizar que los contratos privados que carecen de los requisitos antes mencionados para poder considerarlos como de fecha cierta para efectos legales, también pueden adquirir tal carácter a través de su comprobación con otros medios de convicción aportados por sus suscriptores, los cuales deben ser bastantes e idóneos para demostrar los extremos requeridos, a efecto de producir la certeza de la fecha de celebración del mismo y que lo que en dicho contrato se consigna es cierto, como lo dispone el numeral 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo, como se advierte de las constancias que integran el juicio de amparo que se analiza, la parte peticionaria del amparo no ofreció medio de convicción alguno a efecto de demostrar que tiene la posesión del inmueble como producto del contrato de arrendamiento. Consecuentemente, no puede reconocerse la calidad de fecha cierta al contrato de arrendamiento exhibido, y por ello no es eficaz para demostrar plenamente el interés jurídico para acudir en reclamo de la protección de la justicia federal. Bajo ese contexto, el contrato de arrendamiento exhibido en autos resulta insuficiente para demostrar, que el quejoso es poseedor del inmueble en comento, si se toma en consideración que en términos del artículo 76 del Código Civil del Estado de Michoacán, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. De manera que, resulta incuestionable que la prueba reseñada no demuestra fehacientemente que el quejoso ejerza un poder de hecho sobre el inmueble que pretende defender de la intromisión reclamada. Máxime que en el particular la demanda de amparo se promovió sobre el inmueble ubicado en Periférico Paseo de la República número 1256, colonia "sin nomenclatura oficial" en esta ciudad; mientras que el contrato de arrendamiento alude al bien raíz situado en Periférico Paseo de la República número 1256, de la colonia "El Abrojal" en esta ciudad. De ahí que era menester que también se acreditara que se trata del mismo inmueble. La misma causa de improcedencia se actualiza respecto del retiro y desposesión del anuncio publicitario ubicado en el inmueble sito en Periférico Paseo de la República número 1256, colonia sin nomenclatura oficial de Morelia, Michoacán, ello en atención a que el interés jurídicamente tutelado a que hace referencia la Ley de Amparo debe ser acreditado con la licencia expedida por el Ayuntamiento, a efecto de autorizar el anuncio referido en el domicilio en cita. Sirven de apoyo los criterios jurisprudenciales que a continuación se transcriben: Registro digital: 185827 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: I.6o.A.38 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1328 Tipo: Aislada ANUNCIOS COMERCIALES COLOCADOS HACIA LA VÍA PÚBLICA, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE. PARA SU PROCEDENCIA ES NECESARIO DEMOSTRAR EL INTERÉS SUSPENSIONAL CON LA LICENCIA CORRESPONDIENTE. Para tener por existente el derecho al otorgamiento de la suspensión de la parte quejosa, tratándose de colocación de anuncios comerciales hacia la vía pública, es necesario que aquélla demuestre que cuenta con un derecho jurídicamente tutelado que estime afectado, para lo cual no basta justificar que es arrendador del bien inmueble donde se encuentra el anuncio publicitario, ya que su interés en ese aspecto es de carácter meramente económico, que no puede llevar a conceder la medida suspensional, ya que la licencia respectiva es la que engendra la titularidad del derecho correspondiente, en términos del artículo 53 del Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal. Registro digital: 196790 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XXI.1o.65 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 474 Tipo: Aislada ANUNCIOS COMERCIALES COLOCADOS HACIA LA VÍA PÚBLICA, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE. PARA SU PROCEDENCIA ES NECESARIO DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO CON LA LICENCIA CORRESPONDIENTE. Para tener por existente la afectación del interés jurídico de la parte quejosa, tratándose de colocación de anuncios comerciales luminosos hacia la vía pública, es necesario que ésta demuestre el derecho jurídicamente tutelado que estime afectado, para lo cual no basta justificar que es arrendadora de una estructura metálica, ya que su interés es económico, mas no jurídico, por lo que la licencia respectiva es la que engendra la titularidad del derecho correspondiente. Máxime que el artículo 13 del Reglamento de Anuncios Publicitarios del Municipio de Morelia exigen dicha licencia o autorización para efectos de colocar anuncios adosados a los inmuebles. Dicho precepto legal dispone: "Artículo 13. Los anuncios visibles desde la vía pública deberán contar con la autorización, sea Licencia o Permiso que se requiera el presente Reglamento, y todos deben cumplir además con cualquier otra disposición que exijan otros ordenamientos legales aplicables." No obstante que es al quejoso a quien corresponde demostrar que los actos reclamados afectan su interés jurídico, en el presente asunto el quejoso no acreditó tal extremo, ya que si bien exhibió el contrato de arrendamiento respecto del inmueble en el que se ubicaba el anuncio retirado, como ya se dijo, dicho documento al no ser de fecha cierta es insuficiente para el fin pretendido, máxime que el quejoso no exhibió la licencia o autorización para la colocación del anuncio respectivo. De ahí que aunque en las documentales exhibidas por las autoridades responsables aparezcan dirigidas a quien resulte propietario o responsable del inmueble, ello no es razón suficiente para estimar que el quejoso acreditó el interés jurídico que le asiste, dado que tenía la obligación de exhibir la licencia de construcción correspondiente, razones por las cuales es de concluirse que carece de interés jurídico para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados. De tal modo que al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, se impone sobreseer en el juicio, acorde con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Dado el sentido del presente fallo resulta innecesario pronunciarse que este juzgado se pronuncie sobre el resto de las causales de improcedencia propuestas, al haberse actualizado una de ellas. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Marcelo Yépez Salinas, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que precisadas quedaron, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que las autoridades que lo suscriben rinden el informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; las documentales que las autoridades responsables envían como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. DESIGNAN DELEGADOS. Se tiene a las autoridades en oficiantes designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.svmCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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