Marcelino Paniagua Pacheco

Expediente 424/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
424/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Marcelino Paniagua Pacheco
  • Juan Carlos Cabrera Felix
  • Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y oral Región Morelia, Mich
  • Juan Carlos Cabrera Felix y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por ********************; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la primera parte de la certificación que obra al rubro, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción I) del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio; por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el aludido numeral, dentro de los treinta días naturales siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. SE ORDENA DEVOLVER DISCO ÓPTICO A AUTORIDAD RESPONSABLE. Devuélvanse a la autoridad responsable Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, el sustento remitió en apoyo de su informe justificado, consistentes en un disco compacto relativo a la causa penal ******************** de su índice. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. RAZÓN ACTUARIAL. Vista la razón actuarial de cuenta realizada por el actuario adscrito a este juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar a las terceras interesadas Alondra Zavala Álvarez y Juana Heredia Brito Asesora Jurídica de las víctimas, la resolución de data de veintitrés de mayo del año en curso, por los diversos motivos que en la misma expone. ESTADO DE LOS AUTOS Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de tres días concedido a las terceras interesadas Alondra Zavala Álvarez y Juana Heredia Brito Asesora Jurídica de las víctimas, en proveído de veintiuno y veintisiete de abril de dos mil veintitrés, a efecto de que señalara domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones, transcurrió para la primera del dos al cuatro de mayo del año en curso (Foja 44 a 45) y para la segunda del once al trece de mayo de dos mil veintitrés (Foja 68 a 69), excluyendo de dicho término los días inhábiles correspondientes; sin que haya hecho manifestación alguna. SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Atento a lo anterior, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído en cita y con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo y se ordena notificar por lista la resolución de data de veintitrés de mayo del año en curso, y determinaciones subsecuentes, hasta en tanto comparezcan ante este órgano jurisdiccional a designar domicilio para tal efecto. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  3. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo I-424/2023, promovido por ********************y******************** a través de su defensor público ********************, contra actos del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en línea de Portal del Poder Judicial de la Federación, diez de abril del dos mil veintitrés y turnado en esa misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad ********************y******************** a través de su defensor público ********************, comparecieron a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; en los términos siguientes: "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Consistente en la NEGATIVA DE OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, dictada por el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro de la causa penal número ******************** de data 27 veintisiete de marzo del año 2023 dos mil veintitrés, violando dicha responsable principios constitucionales, sustantivos de mi representado tal como lo señalaré a lo largo del presente trabajo expositivo, situación que deja en estado de indefensión a mi representado, en el que se violan derecho humanos consagrados tanto en nuestro máximo código político, violaciones que ocasionan graves perjuicios en la certeza jurídica de mi representado". SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS. En ese ocurso, el promovente narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. En auto de once de abril del año que transcurre, se tuvo por admitida la demanda de amparo registrándose con el número I-424/2023; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En su momento, se ordenó emplazar a los terceros interesados ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, esta última en cuanto asesora jurídica de las víctimas, lo cual aconteció según se advierte de las respectivas constancias de emplazamiento que obran a fojas 36 a 39, 42 a 45, 58, 68 y 69 de este expediente. Finalmente, el veintidós de mayo del dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y los diversos 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto de naturaleza penal, cuyos efectos se materializan dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal tiene jurisdicción y competencia mixta. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: La determinación vertida el veintisiete de marzo del dos mil veintitrés, por el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,dentro de la causa penal número ********************, en el sentido de negar a los imputados la suspensión condicional del proceso. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, pues al rendir su informe justificado aceptó su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con dos discos compactos, en los que de manera particular obra la videograbación de la audiencia de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés y constancias digitalizadas de la causa penal ********************. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido autenticadas por un funcionario judicial que con arreglo a la ley goza de fe pública. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). LA CERTIFICACIÓN DE QUE SON COPIA AUTÉNTICA DEL REGISTRO AUDIOVISUAL NO REQUIERE QUE EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN EN LA MATERIALIDAD DEL DISCO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA. Las videograbaciones de las audiencias de referencia, conforme al artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contenidas en disco versátil digital (DVD), tienen el carácter de prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos relativos al proceso penal acusatorio, guardadas en un archivo digital y, por ende, son aptas para acreditar la existencia de un acto procesal. Por tanto, aun cuando dicho disco carezca del sello y la firma correspondientes como signo de certificación, no debe ponerse en duda su contenido, si existen otras circunstancias que le den certeza a éste, como pudieran ser, en el caso del trámite del recurso de apelación, que el disco fuera remitido al tribunal de alzada por la autoridad del Poder Judicial a quien corresponde su resguardo y esa remisión se hiciera por conducto de las oficinas que pertenecen precisamente a dicho Poder mediante un oficio que cumple con las formalidades de ley, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente y, sobre todo, ante el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto de que se trata, corrobore que la diligencia respectiva, en efecto se encuentra registrada en el disco; y en el caso del trámite de un juicio de amparo, en que el disco fuera remitido por la autoridad responsable junto con el informe justificado, mediante un oficio con la firma autógrafa de la autoridad emisora y el sello correspondiente, se tiene la presunción de autenticidad de su contenido, considerando además que las partes tienen la oportunidad de objetarlo una vez que se les da la vista correspondiente.". CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Examinada la certeza de los actos reclamados, se analizará la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, el juez responsable hace valer la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso debió agotar previamente al juicio de amparo, el recurso de apelación, conforme a lo dispuesto por el artículo 467, fracción VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, en estricto cumplimiento a la regla de derecho que deriva del principio de definitividad. La causa de improcedencia sí se actualiza. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional resulta improcedente respecto de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa por el cual puedan ser modificados, revocados o nulificados.. En la fracción citada se estatuye el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual es obligación del gobernado interponer, en contra de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que estima lesivos de sus derechos, los recursos establecidos en las leyes ordinarias antes de acudir a un medio de defensa extraordinario como lo es el juicio de amparo, salvo los casos de excepción que ahí se prevén. Debe decirse que los medios ordinarios de defensa son creados en las leyes para que el afectado los haga valer, sólo en caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales tiene la posibilidad de acudir al juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de dicha autoridad. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de contenido siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". Ahora bien, los preceptos legales 456, 457 y 467, fracción VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: Artículo 456. Reglas generales Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código. Para efectos de su impugnación, se entenderán como resoluciones judiciales, las emitidas oralmente o por escrito. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda. Artículo 457. Condiciones de interposición Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este Código, con indicación específica de la parte impugnada de la resolución recurrida. Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; (.)" De tales preceptos se advierte que contra la negativa de conceder la suspensión condicional del proceso por parte del Juez de Control, la legislación en comento prevé el recurso ordinario de apelación, de ahí que la negativa reclamada por la parte quejosa, puede ser modificada, revocada o nulificada a través de dicho medio de impugnación. En mérito de lo anterior es inequívoco que previo a la presentación de este juicio, los quejosos debieron cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo y combatir el acto reclamado, a través del recurso de apelación, pues, tal como quedó evidenciado de la normativa transcrita, es el medio de impugnación idóneo para modificar o revocar la determinación de negar la suspensión condicional del proceso solicitad por el ahora inconforme. Sirve de sustento a lo anterior el criterio que a continuación se transcribe: "Registro digital: 2025169 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: V.2o.P.A.1 P (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Agosto de 2022, Tomo V, página 4539 Tipo: Aislada SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. LA NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE CONCEDERLA DEBE IMPUGNARSE MEDIANTE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL EN FORMA DIRECTA Y, POR ENDE, NO CORRESPONDE A LAS ESTABLECIDAS EXPRESAMENTE EN EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, QUE IMPLICAN UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Un imputado fue vinculado a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En el transcurso del procedimiento penal solicitó la suspensión condicional del proceso, la que fue negada por el Juez de Control; determinación contra la cual promovió juicio de amparo indirecto, sin agotar previamente el recurso de apelación previsto en la ley procedimental de la materia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que contra la negativa del Juez de Control de conceder la suspensión condicional del proceso debe agotarse el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que dicha resolución no implica una afectación a la libertad en forma directa y, por ende, no corresponde a las establecidas expresamente en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, por la cual deba excepcionarse la interposición del recurso ordinario, en aras de cumplir con el principio de definitividad. Justificación: En el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, el legislador estableció un nuevo esquema y distinción en cuanto a las resoluciones que afectan en forma directa la libertad personal del quejoso e implican una excepción al principio de definitividad. En ese sentido, tratándose de aquellas resoluciones dictadas en el procedimiento penal acusatorio que no sean de las expresamente señaladas en el artículo invocado, es imperativo agotar el recurso ordinario respectivo por no ubicarse en la hipótesis de excepción aludida. Luego, si bien la negativa de conceder la suspensión condicional del proceso implicaría la expectativa de conceder la libertad del imputado en caso de que se resolviera sobre la procedencia de esa salida alternativa al procedimiento, ello no tiene como consecuencia la afectación directa de la libertad del imputado, ni se trata de actos de los señalados expresamente como aquellos que implican restricción de la libertad personal, por lo que previamente debe interponerse el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es el medio de impugnación especializado, rápido y eficaz para impugnar la negativa en comento". Máxime que el acto reclamado a través de esta vía excepcional no es de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, de algún auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; del mismo modo, en el caso que nos ocupa, no se advierte que los promoventes sean personas extrañas al procedimiento y no se reclama un auto de vinculación a proceso. Incluso, no es obstáculo para llegar a la anterior conclusión el hecho de que se pudiera considerar que el acto reclamado sea de imposible reparación, pues aún así, esa circunstancia no exime de la obligación de agotar el recurso o medio ordinario de defensa contra el acto reclamado. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 8 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, cuyo rubro y texto son: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.". Así es, en la especie, este juzgado no advierte motivo por el que la parte quejosa estuviera exenta de agotar el medio ordinario de defensa que, como ya se dijo, previamente a la promoción del juicio de amparo se encontraba en condiciones de interponer el recurso de apelación, el cual constituye un medio ordinario de defensa. Consecuentemente, conforme a lo expuesto, se materializa la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer el presente juicio conforme al artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. Finalmente, al decretar el sobreseimiento en el juicio, existe imposibilidad de estudiar los conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". No resta más que indicar que no se hará especial referencia a los alegatos del representante social adscrito, en virtud de que no forman parte de la litis, ni en ellos se invoca diversa causal de improcedencia. Ello en términos de la tesis 26/2018 consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************y******************** a través de su defensor público ********************, en contra de la autoridad responsable y acto precisado, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza, el veintitrés de mayo del dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRES, NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA ALONDRA ZAVALA ALVAREZ Y JUANA HEREDIA BRITO, ASESORA JURIDICA DE LAS VICTIMAS ALONDRA ZAVALA ÁLVAREZ, BLANCA LIZBETH TAPIA ESPINOZA, NATALIA MÚJICA ÁVALOS Y MARIO LECHUGA GÓMEZ, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo I-424/2023, promovido por ********************y******************** a través de su defensor público ********************, contra actos del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y... Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************y******************** a través de su defensor público ********************, en contra de la autoridad responsable y acto precisado, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza, el veintitrés de mayo del dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano