Marco Antonio Aguayo Barroso

Expediente 797/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
797/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
16/01/2023

Partes del expediente

  • Marco Antonio Aguayo Barroso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de enero de dos mil veintitrés.********************SE ACUSA RECIBO ********************Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por el secretario de acuerdos encargado del despacho por ministerio de ley de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 143, por el cual se le remitió el toca penal Xl-53/2022, así como de un disco compacto.********************Notifíquese.********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.********************Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de enero de dos mil veintitrés. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. VISTOS; por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa que es a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución de doce de diciembre del año en curso, en la que por una parte se sobreseyó y en otra se NEGÓ el juicio de amparo promovido por Marco Antonio Aguayo Barroso, por conducto de su defensor particular José Manuel Díaz Garduño; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase la devolución del tomo de pruebas a la autoridad responsable Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, que adjuntó a su informe, consistente en el toca Xl-53/2022 y un disco; asimismo, devuélvase diverso tomo de pruebas que se formó, al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, relativo a la copia certificada del juicio de amparo 505/2022-ll; y, al Juez de Control y Enjuiciamiento, del Sistema Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, un disco óptico; sin ser necesario acuse de recibo de las mismas, toda vez que el sello de recepción hace las veces de acuse de estilo. ARCHIVO. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo y el original del incidente de suspensión, son SUSCEPTIBLES DE DEPURARSE, en razón de haberse negado el amparo y protección de la justicia federal y concedido la suspensión provisional y definitiva solicitadas; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio principal y el original del incidente. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiéranse los expedientes a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  3. Principal

    . V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 797/2022-I, promovido por Marco Antonio Aguayo Barroso, a través de su defensor particular José Manuel Díaz Garduño, contra el acto del Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el veinte de julio del dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, remitido en esa misma data, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, José Manuel Díaz Garduño, en cuanto defensor particular de Marco Antonio Aguayo Barroso compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y por la autoridad que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Señalo con el carácter de autoridades responsable ordenadora: A). Al ciudadano Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán,. B). Al ciudadano Licenciada (sic) Félix Francisco Cortés Sánchez, Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, Michoacán,. En cuanto autoridad responsable ejecutora, señalo: C). Al ciudadano Director del Centro Penitenciario donde guarda reclusión el imputado". "IV. ACTOS RECLAMADOS.- De la autoridad responsable ordenadora enunciada con el inciso A), se reclama la resolución de fecha 29 de junio del año 2022, dictada dentro del toca de apelación número XI-53/2022, de su índice, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de plazo constitucional de fecha 18 de mayo del año corriente que determina confirmar la vinculación a proceso dictada dentro de la causa penal número 454/2022 por la autoridad responsable referida en el inciso B), instruida contra del quejoso directo. De la autoridad señalada como ejecutora reclamo la ejecución de tal resolución. ". En ese ocurso, el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como vulnerados en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante auto de veintidós de julio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional radicó y admitió a trámite el libelo bajo el expediente número I-797/2022, solicitó su informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables y ordenó dar intervención a la representación social adscrita a este juzgado. Asimismo, en proveído de doce de septiembre de dos mil veintidós, reconoció el carácter de terceros interesados en este juicio a las víctimas indirectas Graciela Marín Álvarez y Alejandra Hernández Marín, así como al Agente del Ministerio Público Litigante de la Fiscalía de Homicidio Doloso, de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidio Doloso y Feminicidio de esta ciudad, en términos de lo que dispone el artículo 5°, fracción III, incisos b) y e), de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó y efectúo su emplazamiento, a las dos primeras a través de la asesora jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal de la Comisión de Atención a Víctimas de esta ciudad Verónica Morales Ruiz, para todos los efectos legales conducentes. Finalmente, el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se impugnan actos emitidos por autoridades materialmente jurisdiccionales del orden penal, cuyos efectos se concretan dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal, con competencia mixta, tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, incluido el capítulo de conceptos de violación, y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: El auto de vinculación a proceso dictado el dieciocho de mayo del dos mil veintidós, dentro de la causa penal 454/2022, por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, Michoacán, en contra del ahora quejoso de iniciales M.A.A.B. y otro, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado en perjuicio de César Hernández Marín. La sentencia de veintinueve de junio del dos mil veintidós, emitida en el toca penal número XI-53/2022 del índice de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Resolución que confirmó el auto de vinculación a proceso, referido en el punto anterior. También reclama la ejecución de esta última sentencia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; así como al Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Director del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", toda vez que en sus respectivos informes con justificación así lo aceptaron. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las copias certificadas del toca de apelación XI-53/2022, la causa penal 454/2022 y dos discos compactos, en los que de manera particular obra la videograbación de la audiencia de dieciocho de mayo del dos mil veintidós y la sentencia de veintinueve de junio del mismo año. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido autenticadas por un funcionario judicial que con arreglo a la ley goza de fe pública. Resultan aplicables las tesis que se reproducen enseguida: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). LA CERTIFICACIÓN DE QUE SON COPIA AUTÉNTICA DEL REGISTRO AUDIOVISUAL NO REQUIERE QUE EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN EN LA MATERIALIDAD DEL DISCO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA. Las videograbaciones de las audiencias de referencia, conforme al artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contenidas en disco versátil digital (DVD), tienen el carácter de prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos relativos al proceso penal acusatorio, guardadas en un archivo digital y, por ende, son aptas para acreditar la existencia de un acto procesal. Por tanto, aun cuando dicho disco carezca del sello y la firma correspondientes como signo de certificación, no debe ponerse en duda su contenido, si existen otras circunstancias que le den certeza a éste, como pudieran ser, en el caso del trámite del recurso de apelación, que el disco fuera remitido al tribunal de alzada por la autoridad del Poder Judicial a quien corresponde su resguardo y esa remisión se hiciera por conducto de las oficinas que pertenecen precisamente a dicho Poder mediante un oficio que cumple con las formalidades de ley, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente y, sobre todo, ante el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto de que se trata, corrobore que la diligencia respectiva, en efecto se encuentra registrada en el disco; y en el caso del trámite de un juicio de amparo, en que el disco fuera remitido por la autoridad responsable junto con el informe justificado, mediante un oficio con la firma autógrafa de la autoridad emisora y el sello correspondiente, se tiene la presunción de autenticidad de su contenido, considerando además que las partes tienen la oportunidad de objetarlo una vez que se les da la vista correspondiente.". CUARTO. Antecedentes. Se destacan los siguientes que se desprenden de las constancias allegadas al sumario: A través de oficio datado el doce de mayo del dos mil veintidós, el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio, solicitó ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia, audiencia para pedir orden de aprehensión en contra de Marco Antonio Aguayo Barroso y otro por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado cometido en agravio de César Hernández Marín. En atención a la solicitud referida en el punto anterior, el juez ahora señalado como responsable, señaló las veinte horas con treinta minutos del doce de mayo del dos mil veintidós para que tuviera verificativo la audiencia solicitada. Así en el día y hora señalados se llevó a cabo la audiencia en cita, por lo que a las veintiún horas con treinta y cuatro minutos de ese día, el juez de origen dictó orden de aprehensión en contra de Marco Antonio Aguayo Barroso y otro, por su probable intervención en el hecho que la ley señala delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 117, 122 y 135 fracción I, inciso b) en relación con los preceptos 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción III del Código Penal del Estado de Michoacán, en agravio de César Hernández Marín. Una vez cumplimentada dicha orden de aprehensión, a través del oficio del trece de mayo del dos mil veintidós, el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidio Doloso y Feminicidio, dejó a disposición del Juez de Control en turno a los probables responsables, por lo que en esa misma fecha el Juez de Control Félix Francisco Cortés Sánchez, señaló las diez horas con treinta minutos del trece de mayo para la celebración de la audiencia de formulación de imputación. En el día y hora señalados en último término, se verificó la audiencia de formulación de imputación, en donde una vez que los acusados fueron comunicados de los cargos, tomaron la determinación de hacer uso de su derecho a guardar silencio y el ministerio público solicitó se les vinculara a proceso por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de César Hernández Marín, por lo cual el juez declaró en receso esa audiencia, a más de que acordó favorable la petición de ampliación del término constitucional que solicitaron los imputados; de ahí que se reanudó a las once horas con treinta minutos del dieciocho de mayo del dos mil veintidós. En la audiencia del dieciocho de mayo del dos mil veintidós, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, a las diecisiete horas con dos minutos, determinó que la información proporcionada por la fiscalía era idónea, apta pertinente y suficiente para establecer el cuadro fáctico que tiene la apariencia de delito de homicidio calificado, en perjuicio de César Hernández Marín, justificándose también la probabilidad de que el ahora quejoso y otros lo cometieron; así, por considerar actualizados los requisitos previstos por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las dieciocho horas con nueve minutos del día referido en último término, vinculó a proceso a N.C.A y a Marco Antonio Aguayo Barroso, por el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 117, 122 y 135, fracción I, inciso b) del Código Penal del Estado de Michoacán, en detrimento de la víctima directa ya referida, así mismo justificó la probabilidad de que los investigados, de entre los cuales se encuentra el hoy amparista, intervino, en base al siguiente hecho: Que el día veintiséis de abril del dos mil veintidós, aproximadamente a las ocho horas con treinta minutos horas Natanael Cruz Anguiano y Marco Antonio Aguado Barroso, acompañados de otra persona del género masculino hasta el momento sin identificar, se trasladaron a bordo de un vehículo conducido por Marco Antonio Aguayo Barroso, hasta el lugar donde vivía César Hernández Marín, llegaron al domicilio ubicado en la calle Rey Tizoc, número 139-A de la colonia Pascual Ortíz Ayala, de Morelia, Michoacán se posicionaron por fuera de un domicilio, tomando Natanael y el diverso sujeto armas de fuego que portaban o que se encontraban en el interior del propio vehículo, Natanael tocó la puerta del domicilio ya precisado, nadie atendió a ese llamado, pero momentos posteriores arribó al lugar un vehículo color banco, marca Mazda, tipo sedán, modelo 2022, con placas PMT 599-A, conducido por la víctima César Hernández Marín, ante ello Natanael se dirige hacia el lugar donde se encontraba el vehículo, se coloca del lado del conductor y realiza dos disparos con el arma de fuero que portaba, privándole de la vida a causa de laceración de encéfalo debido a fractura de bóveda y base de cráneo, derivado a la penetración de proyectil de arma de fuero penetrante a cráneo, para posteriormente huir del lugar. En esa misma audiencia el juez de control señalado como responsable les impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por el tiempo que durara el proceso sin que excediera de dos años, salvo que su prolongación se debiera al ejercicio del derecho de defensa. A través de escrito de veintitrés de mayo del dos mil veintidós, el defensor particular del aquí quejoso, interpuso recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso ya referido. En proveído de veintiséis de mayo del dos mil veintidós, el juez responsable, tuvo por interpuesto dicho recurso de apelación; del que tocó conocer al Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien en auto de veintidós de junio del dos mil veintidós, admitió ese recurso, formó el toca número XI-53/2022, para el veintinueve de ese mismo mes y año, dictar resolución en el sentido de declarar infundados los agravios y confirmar el auto de vinculación a proceso apelado QUINTO. Causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. De igual forma, resulta aplicable al caso el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". En ese orden de ideas, este juzgador estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. Del artículo citado se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, cuando han cesado los efectos del acto que se reclama en la vía constitucional. En el caso, el primero de los actos reclamados se hace consistir en el auto de vinculación a proceso emitido dentro de la continuación de la audiencia inicial celebrada el dieciocho de mayo del dos mil veintidós, por la responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia, dentro de la causa penal número 454/2022, por estimar que existían datos de prueba suficientes para tener por demostrado el ilícito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 117, 122 y 135, fracción I, inciso b) del Código Penal del Estado de Michoacán, en detrimento de César Hernández Marín, así como la probabilidad de que los investigados, entre ellos el aquí quejoso, intervino en la comisión del mismo. Ahora, de los antecedentes ya narrados se advierte que si bien en la audiencia del dieciocho de mayo del dos mil veintidós, el juez responsable se pronunció sobre la vinculación a proceso referida, también es verdad que a través de escrito presentado el veintitrés de mayo del dos mil veintidós, el defensor particular del ahora peticionario del amparo interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en resolución dictada el veintinueve de junio del dos mil veintidós, en el sentido de confirmar el auto de vinculación a proceso apelado. En esa tesitura, es evidente que, como ya se adelantó, el presente juicio de garantías resulta improcedente acorde a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por actualizarse un cese de efectos respecto al acto reclamado. Lo anterior en consideración a que la determinación de no vinculación a proceso pronunciada por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, de la Región Zamora, fue confirmada en la ejecutoria dictada el veintinueve de junio del dos mil veintidós, por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, al resolver el toca de apelación número XI-53/2022. Es decir, la determinación pronunciada por el Juez de Primera Instancia fue sustituida procesalmente por la emitida por el tribunal superior; lo que conlleva como consecuencia que la primera dejó de tener efectos legales propios, ante la confirmación que realizó el Magistrado de apelación. Lo que es acorde a la Jurisprudencia emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, por identidad jurídica esencial, que dice: Época: Octava Época Registro: 221594 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Octubre de 1991 Materia(s): Común Tesis: VII.4o. J/1 Página: 115 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. CASO DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO EN CONTRA DE. Si en un amparo directo se impugna la sentencia de primer grado, respecto de la cual se pronunció otra que la sustituye procesalmente (la resolución que recayó al recurso de apelación), debe considerarse que han cesado los efectos de aquélla, y, por ende, el juicio de garantías interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia resulta improcedente y debe sobreseerse, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". Consecuentemente, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer el presente juicio de amparo, solo respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, en la audiencia del dieciocho de mayo del dos mil veintidós, dentro de la causa penal número 454/2022, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haber sobrevenido una causa de improcedencia. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de todos los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, respecto de dicho acto, donde sólo combate el referido auto de vinculación a proceso. Es de citarse la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". SEXTO. Análisis respecto del segundo de los actos reclamados, consistente la resolución dictada en apelación el veintinueve de junio del dos mil veintidós. En principio, cabe referir que la parte quejosa no formuló conceptos de violación en contra de la sentencia dictada el veintinueve de junio del dos mil veintidós dentro del toca de apelación XI-53/2022. Antes bien, sus argumentos reiteran, en lo esencial, lo que hizo valer y fue analizado por el tribunal de alzada a manera de agravios al resolver la apelación interpuesta contra la vinculación a proceso, en términos del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, conviene señalar que la fracción III del Artículo 79 de la Ley de Amparo, prevé que en los casos en los que el promovente del juicio de control constitucional tenga la calidad de imputado en un proceso de índole penal deberá suplirse la deficiencia de la queja en su favor. Por ese motivo, sólo en caso de observarse alguna vulneración a los derechos fundamentales del peticionario de la protección constitucional, este órgano jurisdiccional realizaría el pronunciamiento pertinente para que dicha violación sea subsanada, sin necesidad de hacer algún pronunciamiento expreso o de fondo, en caso de que tal violación no se advertida, en tanto ello sería en perjuicio del quejoso. Es aplicable, en lo conducente, la siguiente jurisprudencia: "Registro digital: 2024343 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal, Común Tesis: 1a./J. 1/2022 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Marzo de 2022, Tomo II, página 1719 Tipo: Jurisprudencia SUPLENCIA EN AUSENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO PENAL. CUANDO EL QUEJOSO ES EL INCULPADO, OPERA TAMBIÉN RESPECTO DE CUESTIONES DE PROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito determinaron si el sobreseimiento decretado en juicio de amparo promovido por el inculpado debe ser estudiado en la revisión -conforme a la suplencia de la queja- o si se requiere de impugnación para su análisis por el órgano de amparo que conozca de la revisión. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, la suplencia de la ausencia de la queja, en amparo en materia penal respecto del quejoso inculpado, opera también en relación con cuestiones de procedencia y sobreseimiento. Justificación: Cuando el quejoso en el amparo sea la persona inculpada, el órgano revisor de amparo, en suplencia de la queja, debe estudiar las cuestiones de sobreseimiento y procedencia que advierta contrarias a derecho y que, de subsanarse, representen un beneficio en la esfera jurídica del inculpado, conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo. Dicho numeral faculta al órgano jurisdiccional a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en diversos supuestos e, incluso, de manera total ante la falta de expresión de los mismos. Este deber se explica en tanto que la suplencia de queja responde a hipótesis normativas que se refieren a situaciones en las que está de por medio la vida, la libertad, la integridad personal y otros bienes jurídicos de capital importancia y que requieren, ante tales situaciones de riesgo, la protección judicial más amplia que pueda darse. Ahora bien, el deber de suplir la ausencia de la queja en amparo penal respecto de cuestiones de procedencia y sobreseimiento no tendrá que reflejarse siempre en la sentencia de revisión, sino únicamente en los casos en que, como expresamente lo dispone la Ley de Amparo, la suplencia derive en un beneficio". En efecto, de las documentales y discos audiovisuales, ya valorados se advierte que la orden de aprehensión dictada en audiencia del doce de mayo del dos mil veintidós por el juez responsable, fue cumplimentada el trece de ese mismo mes y año, y en audiencia de esa propia fecha iniciada a las once horas con diecinueve minutos, la fiscalía formuló su acusación en los términos siguientes: "Que el día 26 de abril del 2022, aproximadamente a las 8 horas con 30 minutos, Natanael Cruz Anguiano y Marco Antonio Aguayo Barroso, acompañados de otra persona del género masculino de identidad hasta ese momento sin identificar, portaban armas de fuego y se trasladaron a bordo de un vehículo conducido por el señor Marco Antonio Aguayo Barroso, quien les indicó en donde vivía la víctima y ordenó que lo mataran, se dirigieron a borde de ese vehículo hasta el lugar donde vivía César Hernández Marín, ubicado en la calle Rey Tizoc 139 letra A, de la colonia Pascual Ortiz Ayala, de Morelia, Michoacán, se posicionaron por fuera de un domicilio, Natanael tocó la puerta del domicilio y nadie atendió, pero momentos posteriores arribó al lugar un vehículo de color blanco, marca Mazda, tipo sedán, con placas de circulación PMT599A, conducido por la víctima; ante ello, Natanael dijo "ese es el cabrón por el que vinimos", se dirigió hacia donde se encontraba el vehículo se coloca del lado del conductor y realiza dos disparos con arma de fuego que portaba, privando de la vida a la víctima con motivo de laceración de encéfalo, debido a la fractura de bóveda y base de cráneo, derivado de la penetración de proyectil de arma de fuego, para posteriormente huir del lugar". Como sustento de lo anterior, el fiscal investigador dijo contar con los datos de prueba siguientes: Noticia criminal de fecha 26 de abril de 2022, suscrita por el licenciado Armando de Jesús Herrera Corzo, Ministerio Público Investigador (minuto 19:53 del video identificado como MORE_00454-2022_20220513_1), donde refiere que a las nueve horas con cincuenta y siete minutos, fue informado por Jairo Jonhatan Torres Puebla Agente de Investigación que había un lesionado por arma de fuero afuera del domicilio ubicado en la calle Rey Tizoc de esta ciudad de Morelia Informe policial de fecha 26 de abril del 2022, emitido por el agente de investigación Antonio Lemus Raya (minuto 20:23), quien manifestó que a las nueve horas con cincuenta y dos minutos recibió reporte de lesionado por arma de fuego en la calle ya mencionada, se reportó que a la persona le dispararon en la cabeza, quedó tirado debajo de un vehículo color blanco y se trasladó en compañía de la unidad de servicios periciales confirmando el fallecimiento. Dictamen pericial del levantamiento de cadáver de fecha 26 de abril del 2022, elaborado por la criminalista Carla Janet Arzola Maciel (minuto 21:23), quien se constituyó en la calle ya referida, en compañía de cuatro peritos más, encontrando a un cadáver del sexo masculino aproximadamente de cincuenta años y como indicios se registró un casquillo percutido de nueve milímetros y un teléfono celular. Necropsia médico legal de fecha 26 de abril del año 2022, realizada por la doctora María Iraní Arroyo Rendón (minuto 23:13), quien precisó que las lesiones que registró el cadáver son dos heridas producidas por arma de fuego, la primera con orificio de entrada en la región parietal izquierda, con orificio de salida en la región occipital derecha, y la segunda con orificio de entrada en la cara externa del hombro derecho y con orificio de salida en la cara posterior tercio proximal del brazo derecho, la muerte se debió a laceración de encéfalo, debido a la fractura de bóveda y base de cráneo, derivado de la penetración de proyectil de arma de fuego y que se clasifica mortal por sí misma. Dictámenes periciales en materia química de fecha veintiséis de abril de dos mil veintidós, realizados por el químico Samuel Miranda Quintero (minuto 24:14), uno de ellos fue un estudio químico para identificar la presencia de plomo y bario en las manos de la víctima, para lo que resultó negativo y que del estudio toxicológico se detectaron anfetaminas y marihuana, que este último se realizó el cinco de mayo del mismo año por el mismo químico. Acta de reconocimiento de cadáver, fecha 27 de abril de 2022, de quien en vida respondía al nombre de César Hernández Marín (minuto 25:07), para hacer este reconocimiento comparecieron Alejandra Hernández Marín y Graciela Marín Álvarez, en cuanto madre y hermana de la víctima y manifestaron su deseo de presentar denuncia en contra de quien resultara responsable por la comisión del hecho. Entrevista de Aidé Arellano Ayala de fecha 6 de mayo del 2022, (minuto 25:49), quien manifestó que es empleada doméstica y que hace como tres meses un amigo y vecino de la colonia donde ella vive Esteban Herrejón Ruíz, a quien le dicen "el apa" le dijo que era comerciante, que le pagaba a la entrevistada tres mil pesos a la semana, que le decía que buscara muchachos para que trabajaran sin saber en qué, que por lo que respecta al veintiséis de abril del dos mil veintidós aproximadamente a las ocho horas le entró una llamada a su celular, que ella se encontraba en su domicilio y que quien le llamó fue "el apa" que le dijo que en un "auto zone" que está en mil cumbres le entregara unas llaves a unos muchachos de nombres Natanael Cruz Anguiano y Marco Antonio Aguayo Barroso "el güero", a quienes "el apa", se los había presentado desde hacía aproximadamente tres meses, que ella llegó al lugar y les dio las llaves, la invitaron a desayunar y a echarse algo de cristal que ella aceptó y se subió a la parte posterior del vehículo, que "el güero" (Marco Antonio) iba manejando, que la entrevistada se subió atrás de él y de copiloto iba Natanael, y otra persona que no identifica también iba en el vehículo, que en dirección a la calle Rey Netzahualcoytl, como a dos cuadras de la calle Rey Tezozomoc se paró el conductor (Marco Antonio) y le dijo a Natanael, "es aquí a la vuelta vayan a quebrarse a este wey", a lo que Natanael contestó "simón carnal", por lo que sacó de la guantera dos pistolas cortas una de color negro y otra gris con cachas blancas, que tocaron la puerta de un domicilio de la calle Rey Tizoc, de donde nadie salió, pero que después llegó un carro blanco, después la entrevistada salió y alcanzó a ver que Natanael corrió al lado del vehículo blanco con la pistola en su mano derecho y después la entrevistada alcanzó a oír dos disparos, después todos regresaron al vehículo y la entrevistada se puso a llorar porque no vio por qué calle se fueron, que después llegaron a la calle Millonario número siete en el fraccionamiento Ruiseñores en Tarímbaro, Michoacán, donde Natanael se bajó del vehículo y dijo que solo iba a guardar el arma y al regresar les dijo que la había dejado en su cuarto; que de ahí fueron a dejar a la entrevistada a su domicilio y después ese día a la entrevistada le había tocado ver que ese vehículo daba rondines por su casa en diferentes horarios. Ampliación de entrevista de Aidé Arellano Ayala de fecha nueve de mayo del dos mil veintidós (minuto 30:06), donde manifestó que ese mismo día de la entrevista volvió a recibir llamada del "apa" quien le pidió acompañara a "el güero" y a Natanael a casa de este último, que los acompañó y al salir de su domicilio vio que traía un arma y "el güero" le dijo que la dejara, por lo que regresó a su casa y la dejó en su domicilio. Retratos hablados de las personas Natanael Cruz Anguiano y Marco Antonio Aguayo Barroso, elaborados por el perito Agustín Cerezo Leiva de fecha 6 de mayo del 2022 (minuto 30:52), con la información proporcionada por Aidé Arellano Ayala. Informe de Investigación de fecha 11 de mayo de dos mil veintidós, elaborado por los policías de investigación Freddy Vásquez Morales y Diego Antonio Villa Hernández (minuto 31:3), en donde informaron que se constituyeron en la calle Millonario número siete en el fraccionamiento Ruiseñores en Tarímbaro, Michoacán, y en ese domicilio se entrevistaron con una persona del sexo femenino que no quizo proporcionar su datos generales, y se le preguntó por Natanael; y les refirió que sí lo conoce, que es su vecino, y que vive al lado de su casa, pero que durante el día no lo había visto; que los agentes policiales tocaron en dicho domicilio ubicado en la calle Millonario número siete en el fraccionamiento Ruiseñores, sin obtener respuesta. Inspección ocular de un inmueble de fecha once de mayo del dos mil veintidós, realizada por la perito Damaris Paz Rodríguez (minuto 32:35), quien manifestó que a las veinte horas del mismo día se constituyó en la calle Millonario número siete en el fraccionamiento Ruiseñores de Tarímbaro, Michoacán, describió la calle que es con una superficie de terracería y la vivienda ya mencionada. Dictamen de balística forense de fecha once de mayo del dos mil veintidós, suscrita por el perito Alonso Vera Regalado (minuto 33:15), donde analizó el casquillo percutido de nueve milímetros encontrado en el lugar de los hechos en el pavimento y que generalmente es usado en armas de fuego tipo pistola. Acta de cateo llevada a cabo por el Ministerio Público Armando de Jesús Herrera Corsa, de fecha doce de mayo del dos mil veintidós, a las doce horas con cuatro minutos (minuto 33:48), en el inmueble ya mencionado anteriormente, donde en una de las habitaciones localizó un arma de fuego tipo pistola marca start, de modelo no visible, de calibre nueve milímetros, con su respectivo cargador, diseñado para abastecer cartuchos de nueve milímetros. Dictamen en materia de balística realizado por el perito Alonso Vera Regalado, de fecha doce de mayo del dos mil veintidós (minuto 34:46), en el que realizó un comparativo del casquillo encontrado en el lugar del hecho contra el arma recolectada en la diligencia de cateo, por lo que concluyó que el arma en cita sí disparó el casquillo encontrado en el lugar de los hechos. Dictamen en materia de análisis de video, elaborado el once de mayo del dos mil veintidós, por la perito Agustina Adriana Ayala Orozco, (minuto 35:12), en el que se analizaron dos videos obtenidos en dos diversas cámaras de seguridad en la en la calle donde ocurrieron los hechos, en la colonia Pascual Ortiz Ayala el veintiséis de abril del dos mil veintidós, en un periodo comprendido de las ocho horas a las once horas, en donde se observó a tres personas acercarse a un vehículo blanco marca sedan, que una de las tres personas se acercó y le disparó al conductor. Dictamen en materia de química, de fecha doce de mayo del dos mil veintidós, elaborado por Jesús Vázquez Coutinho (minuto 36:05), donde concluyó que sí se detectaron nitritos en el arma recolectada en la diligencia de cateo. Paquete de fotografías de la oficina de lofoscopía forense, de fecha doce de mayo del dos mil veintidós, emitido por Jacaranda Yunuén García Bastida (minuto 00:18 del video identificado como VIDEO MORE_00454-2022_20220513_2), donde emitió una fotografía de Marco Antonio Aguayo Barros y de tres personas más con características similares. Identificación por video elaborada por la perito Olimpia Badillo Martínez, de fecha once de mayo del dos mil veintidós (minuto 00:53) con la información de la testigo Aide Arellano Ayala, donde se le ponen a las vista dos videos y en ambos reconoce sin temor a equivocarse a las dos personas con las que iba en el vehículo el día de los hechos. Mientras que los datos de prueba allegados por la defensa pública en la continuación de audiencia inicial, verificada el dieciocho de mayo del dos mil veintidós, son los siguientes (todos localizados dentro del video identificado como VIDEO MORE_00454-2022_20220518_2): Cuadernillo relativo a las copias certificadas, solicitadas por el autorizado en términos amplios del quejoso en el juicio de amparo 505/2022, que se tramita en el Juzgado Cuarto de Distrito de esta entidad (minuto 03:13), Memorandum SDUM-DOU-FN-N-1688/2022, relativo a la aclaración de nomenclatura, emitido por el Departamento del Fraccionamiento y Nomenclaturas de la Dirección de Orden Urbano del municipio de Morelia, Michoacán, fecha el dieciocho de mayo del dos mil veintidós, (minuto 05:25), Queja que por comparecencia presenta Susana Mariela Aguayo Barroso, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el día trece de mayo del año en curso, (minuto 07:22), Queja que por comparecencia presenta Irma Amanda Anguiano Fuentes, ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con fecha dieciséis de mayo del año en curso, (minuto 08:50), II. Los imputados previamente asesorados por su defensa se reservaron su derecho a declarar y solicitaron se resolviera su situación jurídica en el término de ciento cuarenta y cuatro horas. III. El dieciocho de mayo del dos mil veintidós, tuvo lugar la continuación de la mencionada audiencia, en la que, después de escuchar a las partes, el juzgador consideró que se justificaron todos los requisitos previstos por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que a las dieciocho horas con nueve minutos se vinculó a proceso a Natanael Cruz Anguiano y a Marco Antonio Aguayo Barroso, por el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 117, 122 y 135, fracción I, inciso b) del Código Penal del Estado de Michoacán, en detrimento de César Hernández Marín, así como también justificó la probabilidad de que los investigados intervinieron, en base al siguiente hecho fáctico: "Que el día 26 de abril del 2022, aproximadamente a las 8 horas con 30 minutos, Natanael Cruz Anguiano y Marco Antonio Aguayo Barroso, acompañados de otra persona del género masculino de identidad hasta ese momento sin identificar, portaban armas de fuego y se trasladaron a bordo de un vehículo conducido por el señor Marco Antonio Aguayo Barroso, quien les indicó en donde vivía la víctima y ordenó que lo mataran, se dirigieron a borde de ese vehículo hasta el lugar donde vivía César Hernández Marín, ubicado en la calle Rey Tizoc 139 letra A, de la colonia Pascual Ortiz Ayala, de Morelia, Michoacán, se posicionaron por fuera de un domicilio, Natanael tocó la puerta del domicilio y nadie atendió, pero momentos posteriores arribó al lugar un vehículo de color blanco, marca Mazda, tipo sedán, con placas de circulación PMT599A, conducido por la víctima; ante ello, Natanael dijo "ese es el cabrón por el que vinimos", se dirigió hacia donde se encontraba el vehículo se coloca del lado del conductor y realiza dos disparos con arma de fuego que portaba, privando de la vida a la víctimas con motivo de laceración de encéfalo, debido a la fractura de bóveda y base de cráneo, derivado de la penetración de proyectil de arma de fuego, para posteriormente huir del lugar". Por ello, atento a las manifestaciones de las partes y la valoración de los medios de prueba que ofertaron, el juez primigenio dictó auto de vinculación a proceso en contra de los aquí quejosos, por su participación y probable responsabilidad en el hecho que les imputó la fiscalía. Al respecto se estima necesario reproducir las consideraciones esenciales expuestas por las responsables: Al emitir el auto de vinculación a proceso, el juez, de acuerdo a lo peticionado por el órgano acusador, les impuso a los mencionados imputados la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso, sin que exceda de dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa y que dicha medida cautelar la cumplirían en el Centro Penitenciario "David Franco Rodríguez", bajo la vigilancia del director de dicho centro y el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la región judicial, conforme a lo establecido en el artículo 103 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y en un lugar destinado para los procesados, en condiciones dignas a su persona para preservar sus derechos humanos y el principio de presunción de inocencia, por lo que ordenó dar vista al referido juez de ejecución. IV. Inconforme, el defensor del imputado Marco Antonio Aguayo Barroso interpuso recurso de apelación cuyo conocimiento correspondió a la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en el toca de apelación XI-53/2022, que se resolvió el veintinueve de junio del dos mil veintidós, en el sentido de confirmar el auto de vinculación a proceso impugnado. Ello, expuso, virtud de lo infundado los agravios propuestos. Al respecto, el Magistrado responsable refirió que en el primero de los agravios se hizo alusión de manera literal a parte del contenido del amparo directo en revisión 2464/2015, aunque es verdad que como acertadamente lo advirtió el Ad quem, el apelante, hoy quejoso, pasó por alto que dicho amparo versa sobre un asunto del sistema tradicional y fue omiso en precisar porqué razón esos argumentos aplican también para el sistema de justicia penal acusatorio y oral; así como citar, en su caso, los preceptos legales aplicables para sostener, como lo hizo en vía de agravios, que era deber del Ministerio Público al formular imputación hacer del conocimiento del acusado los datos de prueba sustento de la imputación en forma expresa, clara, integral, completa y suficiente detallada. En relación con lo anterior, en forma fundada y motivada resolvió el Magistrado responsable que la defensa pasó por alto que de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras cuestiones, las audiencias se desarrollarán de forma oral, pudiendo auxiliarse las partes con documentos o con cualquier otro medio, que en la práctica las actuaciones procesales se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan darle mayor agilidad, exactitud y autenticidad a las mismas, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido; que el órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto, que sólo se podrán leer registros de la investigación para apoyo de memoria, así como para demostrar o superar contradicciones. En base a ello, acertadamente resolvió el Ad quem, que atendiendo al principio de oralidad, adverso a lo sostenido por la defensa, la fiscalía no privó a su patrocinado del derecho de defensa, puesto que hizo del conocimiento de su patrocinado y de otro, que se estaba integrando una carpeta de investigación en su contra por el hecho fáctico ya narrado. Asimismo, como acertadamente lo refiere el magistrado responsable, el juez de control citó la referencia del contenido de los datos de prueba que consideró relevantes, como se advierte de la audiencia de data trece de mayo del dos mil veintidós, minutos 15:45-37:11, del video MORE_00454-2022_20220513_1 y video MORE_00454-2022_20220513_2; por ende, como lo confirmó la responsable, no puede arribarse a la consideración que pretende la defensa de que en el instante en que se le concedió derecho a rendir declaración, éste desconocía en forma expresa, clara, integral, completa y suficientemente detallada, los datos que hasta ese momento se tenían en su contra y, por ello, este juzgado de Distrito concuerda en que entonces el hoy amparista no puede afirmar que al momento de declarar no estuvo en condiciones de oponerse a los mismos, pues en efecto, como lo refiere la responsable, no se advierte que su patrocinado, hoy quejoso hubiere declarado, pues se reservó el derecho de hacerlo. Por otra parte, como bien lo mencionó el Ad quem, si bien es cierto que el juez de control cuestionó a la fiscalía en relación a si no se habían omitido datos de prueba, que concedió un receso, y transcurrido éste la fiscalía citó otros dos datos de prueba, esa circunstancia, como lo aduce el magistrado responsable, no pone de manifiesto el desconocimiento del sistema, tanto de la fiscal como de la entonces defensora pública del imputado, hoy quejoso, por esa razón, en efecto, como lo afirma el Ad quem, no podía decirse que el imputado no contó con un debido proceso. Además, en ese aspecto, como bien lo determinó el magistrado en cita, del minuto 03:49 de la audiencia del trece de mayo del dos mil veintidós, video MORE_00454-2022_20220513_2, se observa que la fiscalía dijo que ello obedeció "a falta de tiempo para la preparación", pero como lo resolvió el magistrado responsable, el apelante no hizo del conocimiento esa circunstancia al juez de control en la audiencia del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en la cual el inconforme y otro colitigante ya tenían a su cargo la defensa del imputado hoy peticionario del amparo, para que el juez en ese momento pudiera hacer el análisis, en su caso, de la vulneración de debido proceso y así en apelación el magistrado pudiese analizar, lo que el juez pudiere haber expuesto. Asimismo, como bien lo refiere el Ad quem, si bien la defensa afirmó que la defensora de oficio que entabló comunicación con el imputado, hoy amparista, desconocía el contenido de la carpeta, también es verdad que no precisa el defensor particular, apelante, de donde obtuvo esa información y de ser cierta cuál sería la trascendencia de ello, tomando en cuenta que el aquí quejoso se reservó el derecho a declarar, solicitó la duplicidad del término y en la audiencia donde se dictó auto de vinculación a proceso ya fungía, entre otros, como defensor, el que ahora representa al quejoso, que de acuerdo a lo que manifestó la defensa en la audiencia del dieciocho de mayo, se advierte sí tenía pleno conocimiento del contenido de la carpeta de investigación en concreto del hecho factico atribuido a su defendido, hoy quejoso. De igual forma como bien lo determinó el magistrado responsable, si bien la defensa en audiencia de dieciocho de mayo del dos mil veintidós hizo saber al juez de control la existencia de dos datos de prueba omitidos por la fiscalía (entrevista de Irma Anguiano Fuentes y de un dictamen pericial sobre inspección), también es verdad, que, como lo aduce el juzgador de segundo grado, que la defensa no hizo concretamente del conocimiento del juzgador que tales datos de prueba fueron omitidos por la fiscalía, ni solicitaron lo que en vía de agravios pretende, esto es que se ordenara la reposición del procedimiento a partir del auto de imputación, para que de esa forma el juzgador primigenio hubiere estado en condiciones de pronunciarse sobre ese tema y así en segunda instancia el magistrado hubiere estado en condiciones, en su caso, de pronunciarse al respecto, motivos por los cuales legalmente el Ad quem consideró, el primer agravio como infundado. Ahora respecto del segundo agravio, también se considera que fue acertada la apreciación del Magistrado responsable vertida en el sentido de que no se traduce en una falta de respeto el actuar del juez al decirle a la defensa que estaba repitiendo información que ya se había dado a conocer al juez, que atendiendo al principio de oralidad la defensa no estaba cumpliendo con el mismo (minuto 38:38 del video MORE_00454-2022_20220513_2). De igual forma como lo refirió el magistrado responsable durante el transcurso de la referida audiencia del dieciocho de mayo del dos mil veintidós, el juez de control en diversos momento golpeteo el escritorio, pero en efecto, como también lo advirtió el Ad quem, esa actitud también se observó en uno de los defensores privados (minuto 50:33 de la audiencia en cita), por ello se concuerda en que esa actitud no era motivo para que la defensa omitiera datos que consideraba importantes, máxime que en efecto de los minutos 38:51 al 52:21 de ese mismo video relativo a la audiencia en cita, se observa que después de que el juez expresa "déjeme adivinar", la defensa continuó su intervención, formulando argumentos en favor del imputado, hoy amparista (video MORE_00454-2022_20220518_3, minuto 00:36 al 29:26 y video MORE_00454-2022_20220518_4 minuto 7:30 al 13:57 y 19:55). Asimismo, el Ad quem determinó que carecía de sustento el agravio vertido por el defensor del ahora quejoso en el sentido de que el A quo dejó de ser imparcial porque en la audiencia del trece de mayo del dos mil veintidós, otorgó a la fiscalía un receso para que se impusiera del contenido de la carpeta de investigación y que ello, a consideración de la defensa, evidenciaba que el juez ya conocía el contenido de la misma. Sin embargo, en relación con dicho agravio, fue correcta la apreciación del Magistrado responsable al considerar dicho agravio sin sustento, pues en efecto de la parte de la audiencia contenida en el video MORE_00454-2022_20220513_2, en el minuto 1:51 a la 3:49, donde el juez hace la prevención a los Agentes del Ministerio Público, recordándoles que en términos del artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenían la obligación de proporcionarle al tribunal toda la información sin omitir nada y lo hizo por la cuestión de que al cuestionar a los Agentes acerca de si tenían algún otro dato de prueba, si mencionaron un dato de prueba más, lo cual precisó el juez le daba a pensar que entonces dichos Agentes, si no los prevenía, no se lo proporcionarían, todo lo cual, en forma alguna indica parcialidad por parte de juzgador; además de que como bien lo refirió el magistrado responsable, el defensor pudo alegar en la audiencia del dieciocho de mayo del dos mil veintidós esa circunstancia y no lo hizo. Por otra parte, en el minuto 37:12 al 40:17 del video MORE_00454-2022_20220518_5 relativo a la audiencia del dieciocho de mayo del dos mil veintidós, como bien lo apreció el magistrado responsable, el juez de control sí alude a prácticas que en su opinión no deben ser realizadas por la fiscalía, pero enfatiza que el imputado y otro no participaron en algún acto de investigación y que sobre el particular, la defensa en vía de agravios, en efecto, fue omisa en precisar en cuáles actos de investigación participó su defendido, hoy quejoso. En efecto, se converge con el Magistrado responsable en la consideración sustancial de que, como lo precisó el juez responsable en el auto impugnado, si bien de la referencia de los datos de prueba consistentes en las entrevistas de Aidé Arellano Ayala, a decir de la defensa, fueron llevadas a cabo en un domicilio que no existe, esto es, en la calle Pino Real, sin número, colonia Mil Cumbres de Morelia, Michoacán, y para justificar su afirmación la defensa citó el dato de prueba consistente en el memorándum SDNM-DOM-FM-M-1688/2022, remitidos por el Director de Orden Urbano del Municipio de Morelia, en el que infirió que dicha calle no existe en ningún asentamiento oficial del Municipio de Morelia, pero como bien lo determinó el juez de primer grado, y lo confirma el magistrado responsable, no se referenció nada con relación a si en los asentamientos irregulares, en los que no son oficiales, no existe una calle Pino Real. Por tanto, como lo confirmó la sala de apelación, tal circunstancia no afecta las entrevistas de Aidé Arellano Ayala, asimismo se concuerda en que tampoco afecta dicha entrevista la circunstancia referida por la defensa en cuanto a que esta deponente se encontraba bajo los efectos de droga sintética (cristal), pues como bien lo confirmó el magistrado responsable de la certificación médica del diez de mayo del dos mil veintidós, se infería que en efecto aquélla presentaba datos de intoxicación por anfetaminas, pero que las entrevistas a que aludía la defensa, eran de datas seis y nueve de mayo del dos mil veintidós y, en efecto, hasta el momento no existía algún dato objetivo que le hubiere permitido establecer que en esas fechas la entrevistada se hubiere encontrado bajo los efectos de esa sustancia. Máxime que este juzgador considera que lo manifestado por la entrevistada se encuentra corroborado, en lo esencial del hecho (que el veintiséis de abril de dos mil veintidós, aproximadamente a las ocho horas con treinta minutos, el quejoso y otro acudieron al domicilio ubicado en calle Rey Tizoc número 139-A, de la colonia Pascual Ortiz Ayala, en Morelia, donde el coimputado disparó al ocupante de un vehículo blanco en dos ocasiones, con un arma de nueve milímetros, en el hombro y el cráneo, y este perdió la vida por ello, resultando ser César Hernández Marín); con el informe policial, el dictamen pericial del levantamiento de cadáver (respecto de la existencia del cuerpo sin vida); la referida necropsia médico legal (sobre la causa del deceso por dos disparos); el acta de reconocimiento de cadáver (vinculada a la identificación del pasivo). De igual forma, como legalmente lo manifestó el magistrado responsable, la defensa es omisa en precisar porqué en la entrevista de Aidé Arellano Ayala se apreciaba que ésta se auto incriminaba, porque, en efecto, de la audiencia donde se dictó el auto de vinculación a proceso no se observa que ésta hubiere participado materialmente en el hecho con apariencia de delito de homicidio. Asimismo, en cuanto a la diligencia de cateo, las irregularidades o inconsistencias a que alude la defensa, como acertadamente lo confirmó el magistrado responsable, fueron hechos valer a través de un mecanismo de queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero como bien lo confirmó el Ad quem, dicha queja no tiene el alcance procesal de nulificar o excluir ese dato de prueba en la causa penal de origen, pues en efecto, como lo determinaron ambos juzgadores (primera y segunda instancia), tomando en consideración lo establecido en el artículo 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la nulidad es una sanción procesal que se genera cuando un acto de investigación o acto procesal se lleva a cabo sin las formalidades establecidas por la ley, y que debe hacerse valer por la persona que se considere perjudicada dentro de los dos días siguientes a que se tenga conocimiento cierto de ese acto y que si bien Irma Amanda Anguiano Fuentes, hizo valer su derecho de queja ante la referida comisión, ese no era el medio idóneo para lograr la nulidad de ese acto de investigación pues como bien lo indicó el Ad quem, lo procedente era hacer valer esa nulidad y todos los defectos referidos por la defensa, pero ante el juez de control y dentro de los dos días siguientes a la práctica del cateo. Por tanto, como bien lo refirió el magistrado responsable, no se advierte que el auto de vinculación a proceso impugnado sea violatorio de derechos humanos, ni que existan violaciones procesales, menos aún que el juez de control se haya apartado de los lineamientos establecidos en los artículos 10, 11 355 y 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así pues, como legalmente lo resolvió el Ad quem, el juez de control a partir de la referencia del contenido de los datos de prueba reseñados y justipreciados, acertadamente lo llevó a la conclusión de que probablemente el imputado hoy quejoso MARCO ANTONIO AGUAYO BARROSO y otro, fueron quienes cometieron el hecho con apariencia de delito de homicidio calificado, lo cual en efecto se ajustó a los principios de la valoración lógica y libre del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que, como también lo determinó el magistrado responsable, es sabido que para emitir un auto de vinculación a proceso, no se requiere de un cúmulo de evidencias amplio, debido a que el ministerio público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y la responsabilidad del imputado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan un grado de suposición que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión. Así, fue acertada la conclusión del Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, de confirmar el auto de vinculación a proceso pronunciado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia, en la audiencia del dieciocho de marzo del dos mil veintidós, dentro de la causa penal 454/2022, iniciada en contra del imputado, hoy quejoso M.A.A.B, y otro, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en perjuicio de César Hernández Marín. Por todos los motivos expuestos, se concluye que fue correcto que la sala confirmara el auto de vinculación a proceso, virtud de estar satisfechos los requisitos para su emisión, esto es: Existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho; se precisó de la siguiente forma: "Que el día 26 de abril del 2022, aproximadamente a las 8 horas con 30 minutos, Natanael Cruz Anguiano y Marco Antonio Aguayo Barroso, acompañados de otra persona del género masculino de identidad hasta ese momento sin identificar, portaban armas de fuego y se trasladaron a bordo de un vehículo conducido por el señor Marco Antonio Aguayo Barroso, quien les indicó en donde vivía la víctima y ordenó que lo mataran, se dirigieron a borde de ese vehículo hasta el lugar donde vivía César Hernández Marín, ubicado en la calle Rey Tizoc 139 letra A, de la colonia Pascual Ortiz Ayala, de Morelia, Michoacán, se posicionaron por fuera de un domicilio, Natanael tocó la puerta del domicilio y nadie atendió, pero momentos posteriores arribó al lugar un vehículo de color blanco, marca Mazda, tipo sedán, con placas de circulación PMT599A, conducido por la víctima; ante ello, Natanael dijo "ese es el cabrón por el que vinimos", se dirigió hacia donde se encontraba el vehículo se coloca del lado del conductor y realiza dos disparos con arma de fuego que portaba, privando de la vida a la víctimas con motivo de laceración de encéfalo, debido a la fractura de bóveda y base de cráneo, derivado de la penetración de proyectil de arma de fuego, para posteriormente huir del lugar". La ley señale como delito a ese hecho. Los numerales 117, 122 y 135, fracción I, inciso b), todos del Código Penal del Estado de Michoacán. Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Conforme a los razonamientos expuestos en el cuerpo de esta sentencia, también se justificó en la resolución reclamada. Asimismo, cabe reiterar que basta con que el imputado posiblemente haya tenido intervención en los hechos delictuosos y se cuente con elementos suficientes que lo justifiquen, lo que en la especie así se presenta, dado que es materia de la continuación de la investigación la determinación de las causas exactas y directas del injusto penal, a fin de fincar o no responsabilidad en definitiva a imputado. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley.". Corolario a lo anterior, quien resuelve concluye que la resolución reclamada contra lo afirmado por el quejoso, no es parcial; sino que se encuentra ajustada al orden normativo, pues se analizaron los argumentos expuestos vía apelación y sustancialmente se estimaron colmados los requisitos necesarios para confirmar la vinculación a proceso apelada. Finalmente, debe precisarse que con esta determinación en modo alguno se coarta del derecho del imputado para comprobar una causal excluyente de responsabilidad, pues, como se expone, ello depende de las pruebas que se desahoguen durante el proceso. De ahí que la vinculación a proceso no afecte sus derechos tutelados en el artículo 20 Constitucional, pues dicha resolución únicamente implica la prosecución de la secuela procedimental por los hechos e injusto que reprocha la representación social. Por ello la determinación reclamada tampoco es contraria a las tesis que invoca el quejoso, vinculadas al principio de imparcialidad judicial. Así, al haber quedado atendidos los planteamientos del quejoso, los cuales resultaron ineficaces, lo que se impone es negar la protección constitucional solicitada. La anterior negativa se hace extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados al Director de Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez" señalado como ejecutor, al no impugnarse por vicios propios. Es de invocarse la tesis siguiente: "Registro digital: 231063 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 146 Tipo: Aislada AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGATIVA DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si se niega el amparo contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, esa negativa deberá hacerse extensiva a las diversas autoridades señaladas como ejecutoras del acto reclamado por razón de su jerarquía". Es innecesario que este juzgado se pronuncie sobre el pedimento del Ministerio Público Federal adscrito, pues no forma parte de Litis, ni hace valer causas de improcedencia diversas. En tanto los criterios jurisprudenciales aquí citados son acordes a la Ley de Amparo vigente, según su artículo sexto transitorio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Marco Antonio Aguayo Barroso, contra el acto y autoridad que precisadas quedaron en el considerando quinto del presente fallo, por las razones expuestas en el mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Marco Antonio Aguayo Barroso, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables precisadas en el último considerando del presente fallo, por los motivos expuestos en el mismo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza, hasta hoy doce de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.- Doy fe.

  4. Principal

    Por medio de lista notifico a la parte quejosa lo siguiente; V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 797/2022-I, promovido por Marco Antonio Aguayo Barroso, a través de su defensor particular José Manuel Díaz Garduño, contra el acto del Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el veinte de julio del dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, remitido en esa misma data, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, José Manuel Díaz Garduño, en cuanto defensor particular de Marco Antonio Aguayo Barroso compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y por la autoridad que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Señalo con el carácter de autoridades responsable ordenadora: A). Al ciudadano Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán,. B). Al ciudadano Licenciada (sic) Félix Francisco Cortés Sánchez, Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, Michoacán,. En cuanto autoridad responsable ejecutora, señalo: C). Al ciudadano Director del Centro Penitenciario donde guarda reclusión el imputado". "IV. ACTOS RECLAMADOS.- De la autoridad responsable ordenadora enunciada con el inciso A), se reclama la resolución de fecha 29 de junio del año 2022, dictada dentro del toca de apelación número XI-53/2022, de su índice, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de plazo constitucional de fecha 18 de mayo del año corriente que determina confirmar la vinculación a proceso dictada dentro de la causa penal número 454/2022 por la autoridad responsable referida en el inciso B), instruida contra del quejoso directo. De la autoridad señalada como ejecutora reclamo la ejecución de tal resolución. ". En ese ocurso, el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como vulnerados en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante auto de veintidós de julio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional radicó y admitió a trámite el libelo bajo el expediente número I-797/2022, solicitó su informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables y ordenó dar intervención a la representación social adscrita a este juzgado. Asimismo, en proveído de doce de septiembre de dos mil veintidós, reconoció el carácter de terceros interesados en este juicio a las víctimas indirectas Graciela Marín Álvarez y Alejandra Hernández Marín, así como al Agente del Ministerio Público Litigante de la Fiscalía de Homicidio Doloso, de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidio Doloso y Feminicidio de esta ciudad, en términos de lo que dispone el artículo 5°, fracción III, incisos b) y e), de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó y efectúo su emplazamiento, a las dos primeras a través de la asesora jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal de la Comisión de Atención a Víctimas de esta ciudad Verónica Morales Ruiz, para todos los efectos legales conducentes. Finalmente, el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se impugnan actos emitidos por autoridades materialmente jurisdiccionales del orden penal, cuyos efectos se concretan dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal, con competencia mixta, tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, incluido el capítulo de conceptos de violación, y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: El auto de vinculación a proceso dictado el dieciocho de mayo del dos mil veintidós, dentro de la causa penal 454/2022, por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, Michoacán, en contra del ahora quejoso de iniciales M.A.A.B. y otro, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado en perjuicio de César Hernández Marín. La sentencia de veintinueve de junio del dos mil veintidós, emitida en el toca penal número XI-53/2022 del índice de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Resolución que confirmó el auto de vinculación a proceso, referido en el punto anterior. También reclama la ejecución de esta última sentencia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; así como al Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Director del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", toda vez que en sus respectivos informes con justificación así lo aceptaron. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las copias certificadas del toca de apelación XI-53/2022, la causa penal 454/2022 y dos discos compactos, en los que de manera particular obra la videograbación de la audiencia de dieciocho de mayo del dos mil veintidós y la sentencia de veintinueve de junio del mismo año. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido autenticadas por un funcionario judicial que con arreglo a la ley goza de fe pública. Resultan aplicables las tesis que se reproducen enseguida: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). LA CERTIFICACIÓN DE QUE SON COPIA AUTÉNTICA DEL REGISTRO AUDIOVISUAL NO REQUIERE QUE EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN EN LA MATERIALIDAD DEL DISCO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA. Las videograbaciones de las audiencias de referencia, conforme al artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contenidas en disco versátil digital (DVD), tienen el carácter de prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos relativos al proceso penal acusatorio, guardadas en un archivo digital y, por ende, son aptas para acreditar la existencia de un acto procesal. Por tanto, aun cuando dicho disco carezca del sello y la firma correspondientes como signo de certificación, no debe ponerse en duda su contenido, si existen otras circunstancias que le den certeza a éste, como pudieran ser, en el caso del trámite del recurso de apelación, que el disco fuera remitido al tribunal de alzada por la autoridad del Poder Judicial a quien corresponde su resguardo y esa remisión se hiciera por conducto de las oficinas que pertenecen precisamente a dicho Poder mediante un oficio que cumple con las formalidades de ley, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente y, sobre todo, ante el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto de que se trata, corrobore que la diligencia respectiva, en efecto se encuentra registrada en el disco; y en el caso del trámite de un juicio de amparo, en que el disco fuera remitido por la autoridad responsable junto con el informe justificado, mediante un oficio con la firma autógrafa de la autoridad emisora y el sello correspondiente, se tiene la presunción de autenticidad de su contenido, considerando además que las partes tienen la oportunidad de objetarlo una vez que se les da la vista correspondiente.". CUARTO. Antecedentes. Se destacan los siguientes que se desprenden de las constancias allegadas al sumario: A través de oficio datado el doce de mayo del dos mil veintidós, el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio, solicitó ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia, audiencia para pedir orden de aprehensión en contra de Marco Antonio Aguayo Barroso y otro por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado cometido en agravio de César Hernández Marín. En atención a la solicitud referida en el punto anterior, el juez ahora señalado como responsable, señaló las veinte horas con treinta minutos del doce de mayo del dos mil veintidós para que tuviera verificativo la audiencia solicitada. Así en el día y hora señalados se llevó a cabo la audiencia en cita, por lo que a las veintiún horas con treinta y cuatro minutos de ese día, el juez de origen dictó orden de aprehensión en contra de Marco Antonio Aguayo Barroso y otro, por su probable intervención en el hecho que la ley señala delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 117, 122 y 135 fracción I, inciso b) en relación con los preceptos 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción III del Código Penal del Estado de Michoacán, en agravio de César Hernández Marín. Una vez cumplimentada dicha orden de aprehensión, a través del oficio del trece de mayo del dos mil veintidós, el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidio Doloso y Feminicidio, dejó a disposición del Juez de Control en turno a los probables responsables, por lo que en esa misma fecha el Juez de Control Félix Francisco Cortés Sánchez, señaló las diez horas con treinta minutos del trece de mayo para la celebración de la audiencia de formulación de imputación. En el día y hora señalados en último término, se verificó la audiencia de formulación de imputación, en donde una vez que los acusados fueron comunicados de los cargos, tomaron la determinación de hacer uso de su derecho a guardar silencio y el ministerio público solicitó se les vinculara a proceso por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de César Hernández Marín, por lo cual el juez declaró en receso esa audiencia, a más de que acordó favorable la petición de ampliación del término constitucional que solicitaron los imputados; de ahí que se reanudó a las once horas con treinta minutos del dieciocho de mayo del dos mil veintidós. En la audiencia del dieciocho de mayo del dos mil veintidós, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, a las diecisiete horas con dos minutos, determinó que la información proporcionada por la fiscalía era idónea, apta pertinente y suficiente para establecer el cuadro fáctico que tiene la apariencia de delito de homicidio calificado, en perjuicio de César Hernández Marín, justificándose también la probabilidad de que el ahora quejoso y otros lo cometieron; así, por considerar actualizados los requisitos previstos por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las dieciocho horas con nueve minutos del día referido en último término, vinculó a proceso a N.C.A y a Marco Antonio Aguayo Barroso, por el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 117, 122 y 135, fracción I, inciso b) del Código Penal del Estado de Michoacán, en detrimento de la víctima directa ya referida, así mismo justificó la probabilidad de que los investigados, de entre los cuales se encuentra el hoy amparista, intervino, en base al siguiente hecho: Que el día veintiséis de abril del dos mil veintidós, aproximadamente a las ocho horas con treinta minutos horas Natanael Cruz Anguiano y Marco Antonio Aguado Barroso, acompañados de otra persona del género masculino hasta el momento sin identificar, se trasladaron a bordo de un vehículo conducido por Marco Antonio Aguayo Barroso, hasta el lugar donde vivía César Hernández Marín, llegaron al domicilio ubicado en la calle Rey Tizoc, número 139-A de la colonia Pascual Ortíz Ayala, de Morelia, Michoacán se posicionaron por fuera de un domicilio, tomando Natanael y el diverso sujeto armas de fuego que portaban o que se encontraban en el interior del propio vehículo, Natanael tocó la puerta del domicilio ya precisado, nadie atendió a ese llamado, pero momentos posteriores arribó al lugar un vehículo color banco, marca Mazda, tipo sedán, modelo 2022, con placas PMT 599-A, conducido por la víctima César Hernández Marín, ante ello Natanael se dirige hacia el lugar donde se encontraba el vehículo, se coloca del lado del conductor y realiza dos disparos con el arma de fuero que portaba, privándole de la vida a causa de laceración de encéfalo debido a fractura de bóveda y base de cráneo, derivado a la penetración de proyectil de arma de fuero penetrante a cráneo, para posteriormente huir del lugar. En esa misma audiencia el juez de control señalado como responsable les impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por el tiempo que durara el proceso sin que excediera de dos años, salvo que su prolongación se debiera al ejercicio del derecho de defensa. A través de escrito de veintitrés de mayo del dos mil veintidós, el defensor particular del aquí quejoso, interpuso recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso ya referido. En proveído de veintiséis de mayo del dos mil veintidós, el juez responsable, tuvo por interpuesto dicho recurso de apelación; del que tocó conocer al Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien en auto de veintidós de junio del dos mil veintidós, admitió ese recurso, formó el toca número XI-53/2022, para el veintinueve de ese mismo mes y año, dictar resolución en el sentido de declarar infundados los agravios y confirmar el auto de vinculación a proceso apelado QUINTO. Causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. De igual forma, resulta aplicable al caso el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". En ese orden de ideas, este juzgador estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. Del artículo citado se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, cuando han cesado los efectos del acto que se reclama en la vía constitucional. En el caso, el primero de los actos reclamados se hace consistir en el auto de vinculación a proceso emitido dentro de la continuación de la audiencia inicial celebrada el dieciocho de mayo del dos mil veintidós, por la responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia, dentro de la causa penal número 454/2022, por estimar que existían datos de prueba suficientes para tener por demostrado el ilícito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 117, 122 y 135, fracción I, inciso b) del Código Penal del Estado de Michoacán, en detrimento de César Hernández Marín, así como la probabilidad de que los investigados, entre ellos el aquí quejoso, intervino en la comisión del mismo. Ahora, de los antecedentes ya narrados se advierte que si bien en la audiencia del dieciocho de mayo del dos mil veintidós, el juez responsable se pronunció sobre la vinculación a proceso referida, también es verdad que a través de escrito presentado el veintitrés de mayo del dos mil veintidós, el defensor particular del ahora peticionario del amparo interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en resolución dictada el veintinueve de junio del dos mil veintidós, en el sentido de confirmar el auto de vinculación a proceso apelado. En esa tesitura, es evidente que, como ya se adelantó, el presente juicio de garantías resulta improcedente acorde a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por actualizarse un cese de efectos respecto al acto reclamado. Lo anterior en consideración a que la determinación de no vinculación a proceso pronunciada por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, de la Región Zamora, fue confirmada en la ejecutoria dictada el veintinueve de junio del dos mil veintidós, por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, al resolver el toca de apelación número XI-53/2022. Es decir, la determinación pronunciada por el Juez de Primera Instancia fue sustituida procesalmente por la emitida por el tribunal superior; lo que conlleva como consecuencia que la primera dejó de tener efectos legales propios, ante la confirmación que realizó el Magistrado de apelación. Lo que es acorde a la Jurisprudencia emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, por identidad jurídica esencial, que dice: Época: Octava Época Registro: 221594 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Octubre de 1991 Materia(s): Común Tesis: VII.4o. J/1 Página: 115 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. CASO DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO EN CONTRA DE. Si en un amparo directo se impugna la sentencia de primer grado, respecto de la cual se pronunció otra que la sustituye procesalmente (la resolución que recayó al recurso de apelación), debe considerarse que han cesado los efectos de aquélla, y, por ende, el juicio de garantías interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia resulta improcedente y debe sobreseerse, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". Consecuentemente, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer el presente juicio de amparo, solo respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, en la audiencia del dieciocho de mayo del dos mil veintidós, dentro de la causa penal número 454/2022, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haber sobrevenido una causa de improcedencia. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de todos los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, respecto de dicho acto, donde sólo combate el referido auto de vinculación a proceso. Es de citarse la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". SEXTO. Análisis respecto del segundo de los actos reclamados, consistente la resolución dictada en apelación el veintinueve de junio del dos mil veintidós. En principio, cabe referir que la parte quejosa no formuló conceptos de violación en contra de la sentencia dictada el veintinueve de junio del dos mil veintidós dentro del toca de apelación XI-53/2022. Antes bien, sus argumentos reiteran, en lo esencial, lo que hizo valer y fue analizado por el tribunal de alzada a manera de agravios al resolver la apelación interpuesta contra la vinculación a proceso, en términos del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, conviene señalar que la fracción III del Artículo 79 de la Ley de Amparo, prevé que en los casos en los que el promovente del juicio de control constitucional tenga la calidad de imputado en un proceso de índole penal deberá suplirse la deficiencia de la queja en su favor. Por ese motivo, sólo en caso de observarse alguna vulneración a los derechos fundamentales del peticionario de la protección constitucional, este órgano jurisdiccional realizaría el pronunciamiento pertinente para que dicha violación sea subsanada, sin necesidad de hacer algún pronunciamiento expreso o de fondo, en caso de que tal violación no se advertida, en tanto ello sería en perjuicio del quejoso. Es aplicable, en lo conducente, la siguiente jurisprudencia: "Registro digital: 2024343 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal, Común Tesis: 1a./J. 1/2022 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Marzo de 2022, Tomo II, página 1719 Tipo: Jurisprudencia SUPLENCIA EN AUSENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO PENAL. CUANDO EL QUEJOSO ES EL INCULPADO, OPERA TAMBIÉN RESPECTO DE CUESTIONES DE PROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito determinaron si el sobreseimiento decretado en juicio de amparo promovido por el inculpado debe ser estudiado en la revisión -conforme a la suplencia de la queja- o si se requiere de impugnación para su análisis por el órgano de amparo que conozca de la revisión. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, la suplencia de la ausencia de la queja, en amparo en materia penal respecto del quejoso inculpado, opera también en relación con cuestiones de procedencia y sobreseimiento. Justificación: Cuando el quejoso en el amparo sea la persona inculpada, el órgano revisor de amparo, en suplencia de la queja, debe estudiar las cuestiones de sobreseimiento y procedencia que advierta contrarias a derecho y que, de subsanarse, representen un beneficio en la esfera jurídica del inculpado, conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo. Dicho numeral faculta al órgano jurisdiccional a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en diversos supuestos e, incluso, de manera total ante la falta de expresión de los mismos. Este deber se explica en tanto que la suplencia de queja responde a hipótesis normativas que se refieren a situaciones en las que está de por medio la vida, la libertad, la integridad personal y otros bienes jurídicos de capital importancia y que requieren, ante tales situaciones de riesgo, la protección judicial más amplia que pueda darse. Ahora bien, el deber de suplir la ausencia de la queja en amparo penal respecto de cuestiones de procedencia y sobreseimiento no tendrá que reflejarse siempre en la sentencia de revisión, sino únicamente en los casos en que, como expresamente lo dispone la Ley de Amparo, la suplencia derive en un beneficio". En efecto, de las documentales y discos audiovisuales, ya valorados se advierte que la orden de aprehensión dictada en audiencia del doce de mayo del dos mil veintidós por el juez responsable, fue cumplimentada el trece de ese mismo mes y año, y en audiencia de esa propia fecha iniciada a las once horas con diecinueve minutos, la fiscalía formuló su acusación en los términos siguientes: "Que el día 26 de abril del 2022, aproximadamente a las 8 horas con 30 minutos, Natanael Cruz Anguiano y Marco Antonio Aguayo Barroso, acompañados de otra persona del género masculino de identidad hasta ese momento sin identificar, portaban armas de fuego y se trasladaron a bordo de un vehículo conducido por el señor Marco Antonio Aguayo Barroso, quien les indicó en donde vivía la víctima y ordenó que lo mataran, se dirigieron a borde de ese vehículo hasta el lugar donde vivía César Hernández Marín, ubicado en la calle Rey Tizoc 139 letra A, de la colonia Pascual Ortiz Ayala, de Morelia, Michoacán, se posicionaron por fuera de un domicilio, Natanael tocó la puerta del domicilio y nadie atendió, pero momentos posteriores arribó al lugar un vehículo de color blanco, marca Mazda, tipo sedán, con placas de circulación PMT599A, conducido por la víctima; ante ello, Natanael dijo "ese es el cabrón por el que vinimos", se dirigió hacia donde se encontraba el vehículo se coloca del lado del conductor y realiza dos disparos con arma de fuego que portaba, privando de la vida a la víctima con motivo de laceración de encéfalo, debido a la fractura de bóveda y base de cráneo, derivado de la penetración de proyectil de arma de fuego, para posteriormente huir del lugar". Como sustento de lo anterior, el fiscal investigador dijo contar con los datos de prueba siguientes: Noticia criminal de fecha 26 de abril de 2022, suscrita por el licenciado Armando de Jesús Herrera Corzo, Ministerio Público Investigador (minuto 19:53 del video identificado como MORE_00454-2022_20220513_1), donde refiere que a las nueve horas con cincuenta y siete minutos, fue informado por Jairo Jonhatan Torres Puebla Agente de Investigación que había un lesionado por arma de fuero afuera del domicilio ubicado en la calle Rey Tizoc de esta ciudad de Morelia Informe policial de fecha 26 de abril del 2022, emitido por el agente de investigación Antonio Lemus Raya (minuto 20:23), quien manifestó que a las nueve horas con cincuenta y dos minutos recibió reporte de lesionado por arma de fuego en la calle ya mencionada, se reportó que a la persona le dispararon en la cabeza, quedó tirado debajo de un vehículo color blanco y se trasladó en compañía de la unidad de servicios periciales confirmando el fallecimiento. Dictamen pericial del levantamiento de cadáver de fecha 26 de abril del 2022, elaborado por la criminalista Carla Janet Arzola Maciel (minuto 21:23), quien se constituyó en la calle ya referida, en compañía de cuatro peritos más, encontrando a un cadáver del sexo masculino aproximadamente de cincuenta años y como indicios se registró un casquillo percutido de nueve milímetros y un teléfono celular. Necropsia médico legal de fecha 26 de abril del año 2022, realizada por la doctora María Iraní Arroyo Rendón (minuto 23:13), quien precisó que las lesiones que registró el cadáver son dos heridas producidas por arma de fuego, la primera con orificio de entrada en la región parietal izquierda, con orificio de salida en la región occipital derecha, y la segunda con orificio de entrada en la cara externa del hombro derecho y con orificio de salida en la cara posterior tercio proximal del brazo derecho, la muerte se debió a laceración de encéfalo, debido a la fractura de bóveda y base de cráneo, derivado de la penetración de proyectil de arma de fuego y que se clasifica mortal por sí misma. Dictámenes periciales en materia química de fecha veintiséis de abril de dos mil veintidós, realizados por el químico Samuel Miranda Quintero (minuto 24:14), uno de ellos fue un estudio químico para identificar la presencia de plomo y bario en las manos de la víctima, para lo que resultó negativo y que del estudio toxicológico se detectaron anfetaminas y marihuana, que este último se realizó el cinco de mayo del mismo año por el mismo químico. Acta de reconocimiento de cadáver, fecha 27 de abril de 2022, de quien en vida respondía al nombre de César Hernández Marín (minuto 25:07), para hacer este reconocimiento comparecieron Alejandra Hernández Marín y Graciela Marín Álvarez, en cuanto madre y hermana de la víctima y manifestaron su deseo de presentar denuncia en contra de quien resultara responsable por la comisión del hecho. Entrevista de Aidé Arellano Ayala de fecha 6 de mayo del 2022, (minuto 25:49), quien manifestó que es empleada doméstica y que hace como tres meses un amigo y vecino de la colonia donde ella vive Esteban Herrejón Ruíz, a quien le dicen "el apa" le dijo que era comerciante, que le pagaba a la entrevistada tres mil pesos a la semana, que le decía que buscara muchachos para que trabajaran sin saber en qué, que por lo que respecta al veintiséis de abril del dos mil veintidós aproximadamente a las ocho horas le entró una llamada a su celular, que ella se encontraba en su domicilio y que quien le llamó fue "el apa" que le dijo que en un "auto zone" que está en mil cumbres le entregara unas llaves a unos muchachos de nombres Natanael Cruz Anguiano y Marco Antonio Aguayo Barroso "el güero", a quienes "el apa", se los había presentado desde hacía aproximadamente tres meses, que ella llegó al lugar y les dio las llaves, la invitaron a desayunar y a echarse algo de cristal que ella aceptó y se subió a la parte posterior del vehículo, que "el güero" (Marco Antonio) iba manejando, que la entrevistada se subió atrás de él y de copiloto iba Natanael, y otra persona que no identifica también iba en el vehículo, que en dirección a la calle Rey Netzahualcoytl, como a dos cuadras de la calle Rey Tezozomoc se paró el conductor (Marco Antonio) y le dijo a Natanael, "es aquí a la vuelta vayan a quebrarse a este wey", a lo que Natanael contestó "simón carnal", por lo que sacó de la guantera dos pistolas cortas una de color negro y otra gris con cachas blancas, que tocaron la puerta de un domicilio de la calle Rey Tizoc, de donde nadie salió, pero que después llegó un carro blanco, después la entrevistada salió y alcanzó a ver que Natanael corrió al lado del vehículo blanco con la pistola en su mano derecho y después la entrevistada alcanzó a oír dos disparos, después todos regresaron al vehículo y la entrevistada se puso a llorar porque no vio por qué calle se fueron, que después llegaron a la calle Millonario número siete en el fraccionamiento Ruiseñores en Tarímbaro, Michoacán, donde Natanael se bajó del vehículo y dijo que solo iba a guardar el arma y al regresar les dijo que la había dejado en su cuarto; que de ahí fueron a dejar a la entrevistada a su domicilio y después ese día a la entrevistada le había tocado ver que ese vehículo daba rondines por su casa en diferentes horarios. Ampliación de entrevista de Aidé Arellano Ayala de fecha nueve de mayo del dos mil veintidós (minuto 30:06), donde manifestó que ese mismo día de la entrevista volvió a recibir llamada del "apa" quien le pidió acompañara a "el güero" y a Natanael a casa de este último, que los acompañó y al salir de su domicilio vio que traía un arma y "el güero" le dijo que la dejara, por lo que regresó a su casa y la dejó en su domicilio. Retratos hablados de las personas Natanael Cruz Anguiano y Marco Antonio Aguayo Barroso, elaborados por el perito Agustín Cerezo Leiva de fecha 6 de mayo del 2022 (minuto 30:52), con la información proporcionada por Aidé Arellano Ayala. Informe de Investigación de fecha 11 de mayo de dos mil veintidós, elaborado por los policías de investigación Freddy Vásquez Morales y Diego Antonio Villa Hernández (minuto 31:3), en donde informaron que se constituyeron en la calle Millonario número siete en el fraccionamiento Ruiseñores en Tarímbaro, Michoacán, y en ese domicilio se entrevistaron con una persona del sexo femenino que no quizo proporcionar su datos generales, y se le preguntó por Natanael; y les refirió que sí lo conoce, que es su vecino, y que vive al lado de su casa, pero que durante el día no lo había visto; que los agentes policiales tocaron en dicho domicilio ubicado en la calle Millonario número siete en el fraccionamiento Ruiseñores, sin obtener respuesta. Inspección ocular de un inmueble de fecha once de mayo del dos mil veintidós, realizada por la perito Damaris Paz Rodríguez (minuto 32:35), quien manifestó que a las veinte horas del mismo día se constituyó en la calle Millonario número siete en el fraccionamiento Ruiseñores de Tarímbaro, Michoacán, describió la calle que es con una superficie de terracería y la vivienda ya mencionada. Dictamen de balística forense de fecha once de mayo del dos mil veintidós, suscrita por el perito Alonso Vera Regalado (minuto 33:15), donde analizó el casquillo percutido de nueve milímetros encontrado en el lugar de los hechos en el pavimento y que generalmente es usado en armas de fuego tipo pistola. Acta de cateo llevada a cabo por el Ministerio Público Armando de Jesús Herrera Corsa, de fecha doce de mayo del dos mil veintidós, a las doce horas con cuatro minutos (minuto 33:48), en el inmueble ya mencionado anteriormente, donde en una de las habitaciones localizó un arma de fuego tipo pistola marca start, de modelo no visible, de calibre nueve milímetros, con su respectivo cargador, diseñado para abastecer cartuchos de nueve milímetros. Dictamen en materia de balística realizado por el perito Alonso Vera Regalado, de fecha doce de mayo del dos mil veintidós (minuto 34:46), en el que realizó un comparativo del casquillo encontrado en el lugar del hecho contra el arma recolectada en la diligencia de cateo, por lo que concluyó que el arma en cita sí disparó el casquillo encontrado en el lugar de los hechos. Dictamen en materia de análisis de video, elaborado el once de mayo del dos mil veintidós, por la perito Agustina Adriana Ayala Orozco, (minuto 35:12), en el que se analizaron dos videos obtenidos en dos diversas cámaras de seguridad en la en la calle donde ocurrieron los hechos, en la colonia Pascual Ortiz Ayala el veintiséis de abril del dos mil veintidós, en un periodo comprendido de las ocho horas a las once horas, en donde se observó a tres personas acercarse a un vehículo blanco marca sedan, que una de las tres personas se acercó y le disparó al conductor. Dictamen en materia de química, de fecha doce de mayo del dos mil veintidós, elaborado por Jesús Vázquez Coutinho (minuto 36:05), donde concluyó que sí se detectaron nitritos en el arma recolectada en la diligencia de cateo. Paquete de fotografías de la oficina de lofoscopía forense, de fecha doce de mayo del dos mil veintidós, emitido por Jacaranda Yunuén García Bastida (minuto 00:18 del video identificado como VIDEO MORE_00454-2022_20220513_2), donde emitió una fotografía de Marco Antonio Aguayo Barros y de tres personas más con características similares. Identificación por video elaborada por la perito Olimpia Badillo Martínez, de fecha once de mayo del dos mil veintidós (minuto 00:53) con la información de la testigo Aide Arellano Ayala, donde se le ponen a las vista dos videos y en ambos reconoce sin temor a equivocarse a las dos personas con las que iba en el vehículo el día de los hechos. Mientras que los datos de prueba allegados por la defensa pública en la continuación de audiencia inicial, verificada el dieciocho de mayo del dos mil veintidós, son los siguientes (todos localizados dentro del video identificado como VIDEO MORE_00454-2022_20220518_2): Cuadernillo relativo a las copias certificadas, solicitadas por el autorizado en términos amplios del quejoso en el juicio de amparo 505/2022, que se tramita en el Juzgado Cuarto de Distrito de esta entidad (minuto 03:13), Memorandum SDUM-DOU-FN-N-1688/2022, relativo a la aclaración de nomenclatura, emitido por el Departamento del Fraccionamiento y Nomenclaturas de la Dirección de Orden Urbano del municipio de Morelia, Michoacán, fecha el dieciocho de mayo del dos mil veintidós, (minuto 05:25), Queja que por comparecencia presenta Susana Mariela Aguayo Barroso, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el día trece de mayo del año en curso, (minuto 07:22), Queja que por comparecencia presenta Irma Amanda Anguiano Fuentes, ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con fecha dieciséis de mayo del año en curso, (minuto 08:50), II. Los imputados previamente asesorados por su defensa se reservaron su derecho a declarar y solicitaron se resolviera su situación jurídica en el término de ciento cuarenta y cuatro horas. III. El dieciocho de mayo del dos mil veintidós, tuvo lugar la continuación de la mencionada audiencia, en la que, después de escuchar a las partes, el juzgador consideró que se justificaron todos los requisitos previstos por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que a las dieciocho horas con nueve minutos se vinculó a proceso a Natanael Cruz Anguiano y a Marco Antonio Aguayo Barroso, por el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 117, 122 y 135, fracción I, inciso b) del Código Penal del Estado de Michoacán, en detrimento de César Hernández Marín, así como también justificó la probabilidad de que los investigados intervinieron, en base al siguiente hecho fáctico: "Que el día 26 de abril del 2022, aproximadamente a las 8 horas con 30 minutos, Natanael Cruz Anguiano y Marco Antonio Aguayo Barroso, acompañados de otra persona del género masculino de identidad hasta ese momento sin identificar, portaban armas de fuego y se trasladaron a bordo de un vehículo conducido por el señor Marco Antonio Aguayo Barroso, quien les indicó en donde vivía la víctima y ordenó que lo mataran, se dirigieron a borde de ese vehículo hasta el lugar donde vivía César Hernández Marín, ubicado en la calle Rey Tizoc 139 letra A, de la colonia Pascual Ortiz Ayala, de Morelia, Michoacán, se posicionaron por fuera de un domicilio, Natanael tocó la puerta del domicilio y nadie atendió, pero momentos posteriores arribó al lugar un vehículo de color blanco, marca Mazda, tipo sedán, con placas de circulación PMT599A, conducido por la víctima; ante ello, Natanael dijo "ese es el cabrón por el que vinimos", se dirigió hacia donde se encontraba el vehículo se coloca del lado del conductor y realiza dos disparos con arma de fuego que portaba, privando de la vida a la víctimas con motivo de laceración de encéfalo, debido a la fractura de bóveda y base de cráneo, derivado de la penetración de proyectil de arma de fuego, para posteriormente huir del lugar". Por ello, atento a las manifestaciones de las partes y la valoración de los medios de prueba que ofertaron, el juez primigenio dictó auto de vinculación a proceso en contra de los aquí quejosos, por su participación y probable responsabilidad en el hecho que les imputó la fiscalía. Al respecto se estima necesario reproducir las consideraciones esenciales expuestas por las responsables: Al emitir el auto de vinculación a proceso, el juez, de acuerdo a lo peticionado por el órgano acusador, les impuso a los mencionados imputados la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso, sin que exceda de dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa y que dicha medida cautelar la cumplirían en el Centro Penitenciario "David Franco Rodríguez", bajo la vigilancia del director de dicho centro y el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la región judicial, conforme a lo establecido en el artículo 103 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y en un lugar destinado para los procesados, en condiciones dignas a su persona para preservar sus derechos humanos y el principio de presunción de inocencia, por lo que ordenó dar vista al referido juez de ejecución. IV. Inconforme, el defensor del imputado Marco Antonio Aguayo Barroso interpuso recurso de apelación cuyo conocimiento correspondió a la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en el toca de apelación XI-53/2022, que se resolvió el veintinueve de junio del dos mil veintidós, en el sentido de confirmar el auto de vinculación a proceso impugnado. Ello, expuso, virtud de lo infundado los agravios propuestos. Al respecto, el Magistrado responsable refirió que en el primero de los agravios se hizo alusión de manera literal a parte del contenido del amparo directo en revisión 2464/2015, aunque es verdad que como acertadamente lo advirtió el Ad quem, el apelante, hoy quejoso, pasó por alto que dicho amparo versa sobre un asunto del sistema tradicional y fue omiso en precisar porqué razón esos argumentos aplican también para el sistema de justicia penal acusatorio y oral; así como citar, en su caso, los preceptos legales aplicables para sostener, como lo hizo en vía de agravios, que era deber del Ministerio Público al formular imputación hacer del conocimiento del acusado los datos de prueba sustento de la imputación en forma expresa, clara, integral, completa y suficiente detallada. En relación con lo anterior, en forma fundada y motivada resolvió el Magistrado responsable que la defensa pasó por alto que de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras cuestiones, las audiencias se desarrollarán de forma oral, pudiendo auxiliarse las partes con documentos o con cualquier otro medio, que en la práctica las actuaciones procesales se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan darle mayor agilidad, exactitud y autenticidad a las mismas, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido; que el órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto, que sólo se podrán leer registros de la investigación para apoyo de memoria, así como para demostrar o superar contradicciones. En base a ello, acertadamente resolvió el Ad quem, que atendiendo al principio de oralidad, adverso a lo sostenido por la defensa, la fiscalía no privó a su patrocinado del derecho de defensa, puesto que hizo del conocimiento de su patrocinado y de otro, que se estaba integrando una carpeta de investigación en su contra por el hecho fáctico ya narrado. Asimismo, como acertadamente lo refiere el magistrado responsable, el juez de control citó la referencia del contenido de los datos de prueba que consideró relevantes, como se advierte de la audiencia de data trece de mayo del dos mil veintidós, minutos 15:45-37:11, del video MORE_00454-2022_20220513_1 y video MORE_00454-2022_20220513_2; por ende, como lo confirmó la responsable, no puede arribarse a la consideración que pretende la defensa de que en el instante en que se le concedió derecho a rendir declaración, éste desconocía en forma expresa, clara, integral, completa y suficientemente detallada, los datos que hasta ese momento se tenían en su contra y, por ello, este juzgado de Distrito concuerda en que entonces el hoy amparista no puede afirmar que al momento de declarar no estuvo en condiciones de oponerse a los mismos, pues en efecto, como lo refiere la responsable, no se advierte que su patrocinado, hoy quejoso hubiere declarado, pues se reservó el derecho de hacerlo. Por otra parte, como bien lo mencionó el Ad quem, si bien es cierto que el juez de control cuestionó a la fiscalía en relación a si no se habían omitido datos de prueba, que concedió un receso, y transcurrido éste la fiscalía citó otros dos datos de prueba, esa circunstancia, como lo aduce el magistrado responsable, no pone de manifiesto el desconocimiento del sistema, tanto de la fiscal como de la entonces defensora pública del imputado, hoy quejoso, por esa razón, en efecto, como lo afirma el Ad quem, no podía decirse que el imputado no contó con un debido proceso. Además, en ese aspecto, como bien lo determinó el magistrado en cita, del minuto 03:49 de la audiencia del trece de mayo del dos mil veintidós, video MORE_00454-2022_20220513_2, se observa que la fiscalía dijo que ello obedeció "a falta de tiempo para la preparación", pero como lo resolvió el magistrado responsable, el apelante no hizo del conocimiento esa circunstancia al juez de control en la audiencia del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en la cual el inconforme y otro colitigante ya tenían a su cargo la defensa del imputado hoy peticionario del amparo, para que el juez en ese momento pudiera hacer el análisis, en su caso, de la vulneración de debido proceso y así en apelación el magistrado pudiese analizar, lo que el juez pudiere haber expuesto. Asimismo, como bien lo refiere el Ad quem, si bien la defensa afirmó que la defensora de oficio que entabló comunicación con el imputado, hoy amparista, desconocía el contenido de la carpeta, también es verdad que no precisa el defensor particular, apelante, de donde obtuvo esa información y de ser cierta cuál sería la trascendencia de ello, tomando en cuenta que el aquí quejoso se reservó el derecho a declarar, solicitó la duplicidad del término y en la audiencia donde se dictó auto de vinculación a proceso ya fungía, entre otros, como defensor, el que ahora representa al quejoso, que de acuerdo a lo que manifestó la defensa en la audiencia del dieciocho de mayo, se advierte sí tenía pleno conocimiento del contenido de la carpeta de investigación en concreto del hecho factico atribuido a su defendido, hoy quejoso. De igual forma como bien lo determinó el magistrado responsable, si bien la defensa en audiencia de dieciocho de mayo del dos mil veintidós hizo saber al juez de control la existencia de dos datos de prueba omitidos por la fiscalía (entrevista de Irma Anguiano Fuentes y de un dictamen pericial sobre inspección), también es verdad, que, como lo aduce el juzgador de segundo grado, que la defensa no hizo concretamente del conocimiento del juzgador que tales datos de prueba fueron omitidos por la fiscalía, ni solicitaron lo que en vía de agravios pretende, esto es que se ordenara la reposición del procedimiento a partir del auto de imputación, para que de esa forma el juzgador primigenio hubiere estado en condiciones de pronunciarse sobre ese tema y así en segunda instancia el magistrado hubiere estado en condiciones, en su caso, de pronunciarse al respecto, motivos por los cuales legalmente el Ad quem consideró, el primer agravio como infundado. Ahora respecto del segundo agravio, también se considera que fue acertada la apreciación del Magistrado responsable vertida en el sentido de que no se traduce en una falta de respeto el actuar del juez al decirle a la defensa que estaba repitiendo información que ya se había dado a conocer al juez, que atendiendo al principio de oralidad la defensa no estaba cumpliendo con el mismo (minuto 38:38 del video MORE_00454-2022_20220513_2). De igual forma como lo refirió el magistrado responsable durante el transcurso de la referida audiencia del dieciocho de mayo del dos mil veintidós, el juez de control en diversos momento golpeteo el escritorio, pero en efecto, como también lo advirtió el Ad quem, esa actitud también se observó en uno de los defensores privados (minuto 50:33 de la audiencia en cita), por ello se concuerda en que esa actitud no era motivo para que la defensa omitiera datos que consideraba importantes, máxime que en efecto de los minutos 38:51 al 52:21 de ese mismo video relativo a la audiencia en cita, se observa que después de que el juez expresa "déjeme adivinar", la defensa continuó su intervención, formulando argumentos en favor del imputado, hoy amparista (video MORE_00454-2022_20220518_3, minuto 00:36 al 29:26 y video MORE_00454-2022_20220518_4 minuto 7:30 al 13:57 y 19:55). Asimismo, el Ad quem determinó que carecía de sustento el agravio vertido por el defensor del ahora quejoso en el sentido de que el A quo dejó de ser imparcial porque en la audiencia del trece de mayo del dos mil veintidós, otorgó a la fiscalía un receso para que se impusiera del contenido de la carpeta de investigación y que ello, a consideración de la defensa, evidenciaba que el juez ya conocía el contenido de la misma. Sin embargo, en relación con dicho agravio, fue correcta la apreciación del Magistrado responsable al considerar dicho agravio sin sustento, pues en efecto de la parte de la audiencia contenida en el video MORE_00454-2022_20220513_2, en el minuto 1:51 a la 3:49, donde el juez hace la prevención a los Agentes del Ministerio Público, recordándoles que en términos del artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenían la obligación de proporcionarle al tribunal toda la información sin omitir nada y lo hizo por la cuestión de que al cuestionar a los Agentes acerca de si tenían algún otro dato de prueba, si mencionaron un dato de prueba más, lo cual precisó el juez le daba a pensar que entonces dichos Agentes, si no los prevenía, no se lo proporcionarían, todo lo cual, en forma alguna indica parcialidad por parte de juzgador; además de que como bien lo refirió el magistrado responsable, el defensor pudo alegar en la audiencia del dieciocho de mayo del dos mil veintidós esa circunstancia y no lo hizo. Por otra parte, en el minuto 37:12 al 40:17 del video MORE_00454-2022_20220518_5 relativo a la audiencia del dieciocho de mayo del dos mil veintidós, como bien lo apreció el magistrado responsable, el juez de control sí alude a prácticas que en su opinión no deben ser realizadas por la fiscalía, pero enfatiza que el imputado y otro no participaron en algún acto de investigación y que sobre el particular, la defensa en vía de agravios, en efecto, fue omisa en precisar en cuáles actos de investigación participó su defendido, hoy quejoso. En efecto, se converge con el Magistrado responsable en la consideración sustancial de que, como lo precisó el juez responsable en el auto impugnado, si bien de la referencia de los datos de prueba consistentes en las entrevistas de Aidé Arellano Ayala, a decir de la defensa, fueron llevadas a cabo en un domicilio que no existe, esto es, en la calle Pino Real, sin número, colonia Mil Cumbres de Morelia, Michoacán, y para justificar su afirmación la defensa citó el dato de prueba consistente en el memorándum SDNM-DOM-FM-M-1688/2022, remitidos por el Director de Orden Urbano del Municipio de Morelia, en el que infirió que dicha calle no existe en ningún asentamiento oficial del Municipio de Morelia, pero como bien lo determinó el juez de primer grado, y lo confirma el magistrado responsable, no se referenció nada con relación a si en los asentamientos irregulares, en los que no son oficiales, no existe una calle Pino Real. Por tanto, como lo confirmó la sala de apelación, tal circunstancia no afecta las entrevistas de Aidé Arellano Ayala, asimismo se concuerda en que tampoco afecta dicha entrevista la circunstancia referida por la defensa en cuanto a que esta deponente se encontraba bajo los efectos de droga sintética (cristal), pues como bien lo confirmó el magistrado responsable de la certificación médica del diez de mayo del dos mil veintidós, se infería que en efecto aquélla presentaba datos de intoxicación por anfetaminas, pero que las entrevistas a que aludía la defensa, eran de datas seis y nueve de mayo del dos mil veintidós y, en efecto, hasta el momento no existía algún dato objetivo que le hubiere permitido establecer que en esas fechas la entrevistada se hubiere encontrado bajo los efectos de esa sustancia. Máxime que este juzgador considera que lo manifestado por la entrevistada se encuentra corroborado, en lo esencial del hecho (que el veintiséis de abril de dos mil veintidós, aproximadamente a las ocho horas con treinta minutos, el quejoso y otro acudieron al domicilio ubicado en calle Rey Tizoc número 139-A, de la colonia Pascual Ortiz Ayala, en Morelia, donde el coimputado disparó al ocupante de un vehículo blanco en dos ocasiones, con un arma de nueve milímetros, en el hombro y el cráneo, y este perdió la vida por ello, resultando ser César Hernández Marín); con el informe policial, el dictamen pericial del levantamiento de cadáver (respecto de la existencia del cuerpo sin vida); la referida necropsia médico legal (sobre la causa del deceso por dos disparos); el acta de reconocimiento de cadáver (vinculada a la identificación del pasivo). De igual forma, como legalmente lo manifestó el magistrado responsable, la defensa es omisa en precisar porqué en la entrevista de Aidé Arellano Ayala se apreciaba que ésta se auto incriminaba, porque, en efecto, de la audiencia donde se dictó el auto de vinculación a proceso no se observa que ésta hubiere participado materialmente en el hecho con apariencia de delito de homicidio. Asimismo, en cuanto a la diligencia de cateo, las irregularidades o inconsistencias a que alude la defensa, como acertadamente lo confirmó el magistrado responsable, fueron hechos valer a través de un mecanismo de queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero como bien lo confirmó el Ad quem, dicha queja no tiene el alcance procesal de nulificar o excluir ese dato de prueba en la causa penal de origen, pues en efecto, como lo determinaron ambos juzgadores (primera y segunda instancia), tomando en consideración lo establecido en el artículo 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la nulidad es una sanción procesal que se genera cuando un acto de investigación o acto procesal se lleva a cabo sin las formalidades establecidas por la ley, y que debe hacerse valer por la persona que se considere perjudicada dentro de los dos días siguientes a que se tenga conocimiento cierto de ese acto y que si bien Irma Amanda Anguiano Fuentes, hizo valer su derecho de queja ante la referida comisión, ese no era el medio idóneo para lograr la nulidad de ese acto de investigación pues como bien lo indicó el Ad quem, lo procedente era hacer valer esa nulidad y todos los defectos referidos por la defensa, pero ante el juez de control y dentro de los dos días siguientes a la práctica del cateo. Por tanto, como bien lo refirió el magistrado responsable, no se advierte que el auto de vinculación a proceso impugnado sea violatorio de derechos humanos, ni que existan violaciones procesales, menos aún que el juez de control se haya apartado de los lineamientos establecidos en los artículos 10, 11 355 y 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así pues, como legalmente lo resolvió el Ad quem, el juez de control a partir de la referencia del contenido de los datos de prueba reseñados y justipreciados, acertadamente lo llevó a la conclusión de que probablemente el imputado hoy quejoso MARCO ANTONIO AGUAYO BARROSO y otro, fueron quienes cometieron el hecho con apariencia de delito de homicidio calificado, lo cual en efecto se ajustó a los principios de la valoración lógica y libre del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que, como también lo determinó el magistrado responsable, es sabido que para emitir un auto de vinculación a proceso, no se requiere de un cúmulo de evidencias amplio, debido a que el ministerio público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y la responsabilidad del imputado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan un grado de suposición que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión. Así, fue acertada la conclusión del Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, de confirmar el auto de vinculación a proceso pronunciado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia, en la audiencia del dieciocho de marzo del dos mil veintidós, dentro de la causa penal 454/2022, iniciada en contra del imputado, hoy quejoso M.A.A.B, y otro, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en perjuicio de César Hernández Marín. Por todos los motivos expuestos, se concluye que fue correcto que la sala confirmara el auto de vinculación a proceso, virtud de estar satisfechos los requisitos para su emisión, esto es: Existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho; se precisó de la siguiente forma: "Que el día 26 de abril del 2022, aproximadamente a las 8 horas con 30 minutos, Natanael Cruz Anguiano y Marco Antonio Aguayo Barroso, acompañados de otra persona del género masculino de identidad hasta ese momento sin identificar, portaban armas de fuego y se trasladaron a bordo de un vehículo conducido por el señor Marco Antonio Aguayo Barroso, quien les indicó en donde vivía la víctima y ordenó que lo mataran, se dirigieron a borde de ese vehículo hasta el lugar donde vivía César Hernández Marín, ubicado en la calle Rey Tizoc 139 letra A, de la colonia Pascual Ortiz Ayala, de Morelia, Michoacán, se posicionaron por fuera de un domicilio, Natanael tocó la puerta del domicilio y nadie atendió, pero momentos posteriores arribó al lugar un vehículo de color blanco, marca Mazda, tipo sedán, con placas de circulación PMT599A, conducido por la víctima; ante ello, Natanael dijo "ese es el cabrón por el que vinimos", se dirigió hacia donde se encontraba el vehículo se coloca del lado del conductor y realiza dos disparos con arma de fuego que portaba, privando de la vida a la víctimas con motivo de laceración de encéfalo, debido a la fractura de bóveda y base de cráneo, derivado de la penetración de proyectil de arma de fuego, para posteriormente huir del lugar". La ley señale como delito a ese hecho. Los numerales 117, 122 y 135, fracción I, inciso b), todos del Código Penal del Estado de Michoacán. Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Conforme a los razonamientos expuestos en el cuerpo de esta sentencia, también se justificó en la resolución reclamada. Asimismo, cabe reiterar que basta con que el imputado posiblemente haya tenido intervención en los hechos delictuosos y se cuente con elementos suficientes que lo justifiquen, lo que en la especie así se presenta, dado que es materia de la continuación de la investigación la determinación de las causas exactas y directas del injusto penal, a fin de fincar o no responsabilidad en definitiva a imputado. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley.". Corolario a lo anterior, quien resuelve concluye que la resolución reclamada contra lo afirmado por el quejoso, no es parcial; sino que se encuentra ajustada al orden normativo, pues se analizaron los argumentos expuestos vía apelación y sustancialmente se estimaron colmados los requisitos necesarios para confirmar la vinculación a proceso apelada. Finalmente, debe precisarse que con esta determinación en modo alguno se coarta del derecho del imputado para comprobar una causal excluyente de responsabilidad, pues, como se expone, ello depende de las pruebas que se desahoguen durante el proceso. De ahí que la vinculación a proceso no afecte sus derechos tutelados en el artículo 20 Constitucional, pues dicha resolución únicamente implica la prosecución de la secuela procedimental por los hechos e injusto que reprocha la representación social. Por ello la determinación reclamada tampoco es contraria a las tesis que invoca el quejoso, vinculadas al principio de imparcialidad judicial. Así, al haber quedado atendidos los planteamientos del quejoso, los cuales resultaron ineficaces, lo que se impone es negar la protección constitucional solicitada. La anterior negativa se hace extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados al Director de Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez" señalado como ejecutor, al no impugnarse por vicios propios. Es de invocarse la tesis siguiente: "Registro digital: 231063 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 146 Tipo: Aislada AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGATIVA DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si se niega el amparo contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, esa negativa deberá hacerse extensiva a las diversas autoridades señaladas como ejecutoras del acto reclamado por razón de su jerarquía". Es innecesario que este juzgado se pronuncie sobre el pedimento del Ministerio Público Federal adscrito, pues no forma parte de Litis, ni hace valer causas de improcedencia diversas. En tanto los criterios jurisprudenciales aquí citados son acordes a la Ley de Amparo vigente, según su artículo sexto transitorio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Marco Antonio Aguayo Barroso, contra el acto y autoridad que precisadas quedaron en el considerando quinto del presente fallo, por las razones expuestas en el mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Marco Antonio Aguayo Barroso, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables precisadas en el último considerando del presente fallo, por los motivos expuestos en el mismo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza, hasta hoy doce de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.- Doy fe.

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