Marcelo Cruz o Marcelo Cruz González
Expediente 1871/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1871/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Marcelo Cruz o Marcelo Cruz González
- Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán, Oaxaca
Actuaciones
- Incidental
MESA V A De los autos se advierte que se concedió la medida cautelar solicitada por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
MESA V A Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte legitimada interpusiera recurso de revisión contra el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase al Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán, Oaxaca, las copias certificadas de la causa penal 11/2012 que anexo a su informe justificado, con lo que se ordenó formar, por separado, el anexo I. En otro orden, en virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Notifíquese.
- Principal
MESA V A Por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por el que remite el juicio de amparo 918/2015, promovido por MARCELO CRUZ o MARCELO CRUZ GONZÁLEZ, contra actos del Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán, Oaxaca, y otras autoridades, y sus anexos; toda vez que ese órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal por razón de turno para conocer y resolver el asunto y declinó competencia a este Juzgado por encontrarse relacionada con el diverso juicio de amparo 1331/2012 del índice de este Juzgado Primero de Distrito; expediente del cual se ordena deducir copia certificada de las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector que se dio en el mismo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada, por lo que este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto para seguir conociendo del juicio; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 1871/2015. Hágase lo anterior del conocimiento del Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, así como de las partes en el presente juicio, para los efectos legales correspondientes. Por lo que respecta al cuaderno de pruebas (anexo I) consérvese por separado, a efecto de facilitar su manejo; así también, a los cuadernos incidentales identifíqueseles con el número relativo a este expediente. Sin que haya lugar a señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional atento a las siguientes consideraciones: Apareciendo de la demanda origen del juicio de amparo 918/2015 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado (ahora 1871/2015), que el quejoso MARCELO CRUZ o MARCELO CRUZ GONZÁLEZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las siguientes autoridades: NÚM. AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DE INFORME FOJA 1 JUEZ PRIMERO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE MIAHUATLÁN, OAXACA. NIEGA 21 2 JUEZ SEGUNDO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE MIAHUATLÁN, OAXACA. ACEPTA 26 3 PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. ACEPTA 17 4 COORDINADOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES. ACEPTA 20 5 COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL. NIEGA 19 6 AGENTE ESTATAL DE INVESTIGACIONES ENCARGADO DEL SERVICIO EN MIAHUATLÁN, OAXACA. ACEPTA 24 7 AGENTE ESTATAL DE INVESTIGACIONES EN POCHUTLA, OAXACA (Denominación exacta de ésta). NIEGA 30 De quienes reclamó la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución, en sus respectivos ámbitos de competencia. El Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán, Oaxaca, el Comisionado de la Policía Estatal y el Agente Estatal de Investigaciones en Pochutla, Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado, como se adelantó, negaron categóricamente los actos atribuidos, sin que la parte quejosa hubiere ofrecido prueba para desvirtuar tal negativa; en consecuencia, ante la negativa no desvirtuada de los actos reclamados de las autoridades citadas, procede sobreseer en el presente juicio respecto de tales autoridades y por los actos antes mencionados, con fundamento en lo que previene el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por su parte, el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán, Oaxaca, el Agente Estatal de Investigaciones Encargado del Servicio en ese distrito, el Procurador General de Justicia del Estado y el Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron la existencia del acto atribuido, agregando la primera, que el dieciséis de abril de dos mil trece, dentro de la causa penal 11/2012, se libró orden de aprehensión en contra de MARCELO CRUZ o MARCELO CRUZ GONZÁLEZ, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado con la agravante de ventaja, cometido en agravio de la persona que en vida respondió al nombre de Jesús Martínez Ramírez; resolución que fue emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el expediente 1331/2012 del índice de este juzgado. De actuaciones de dicho juicio de amparo 1331/2012, del índice de este Juzgado, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se advierte que mediante sentencia de quince de marzo de dos mil trece, se concedió al quejoso MARCELO CRUZ o MARCELO CRUZ GONZÁLEZ, el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la orden de aprehensión librada en su contra el veinticinco de enero de dos mil doce, en la causa penal 11/2012; una vez que se declaró ejecutoriada, se requirió a la responsable su cumplimiento, por lo que el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán, Oaxaca, en cumplimiento a dicho fallo emitió nueva resolución el dieciséis de abril de dos mil trece, en la que de nueva cuenta libró orden de captura en contra del quejoso; con tales constancias se dio vista al peticionario en auto de veintidós de abril de dos mil trece, lo que se le notificó el veintinueve de abril de ese año; posteriormente, con fecha ocho de mayo de dos mil trece, se declaró cumplida dicha sentencia. De lo expuesto se advierte que contra el acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora bien, es importante mencionar que la Ley de Amparo abrogada, establecía en su artículo 22, fracción II, lo siguiente: Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales.- - - En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo. (.). Conforme a la legislación abrogada, era posible promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, cuando se tratara de ataques a la libertad personal. Sin embargo, en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador determinó, al establecer el plazo de impugnación de actos que impliquen ataques a la libertad personal, que éstos tengan lugar fuera de procedimiento, como condición básica y necesaria para que el amparo en su contra pueda promoverse en cualquier tiempo; por tanto, una interpretación en sentido negativo implica que la excepción en el plazo general de quince días aplica únicamente en el supuesto de que el acto reclamado se haya dictado fuera de un procedimiento porque de lo contrario debe regir la regla general (quince días). Lo anterior significa que si se afecta a la libertad personal de un gobernado dentro de un procedimiento (sea este penal, civil, laboral o administrativo), el término para promover la demanda de amparo será de quince días, que se computará desde el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto o resolución que reclame, al en que el quejoso haya tenido conocimiento o se haya ostentado sabedor de los actos que reclama. Luego, aunque la actual legislación de amparo mantiene entre los supuestos de excepción al plazo genérico de quince días, a los actos que afecten la libertad personal; sin embargo, se advierte un cambio sustancial, en tanto que exige como condición básica y necesaria que tales actos privativos de libertad se hayan emitido fuera de procedimiento. Sobre esa base, al interpretar el artículo 17 de la actual Ley de Amparo, en sentido contrario se tiene que todos los actos emitidos dentro de un procedimiento (civil, penal, laboral, administrativo, etcétera), están sujetos al término genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo, a pesar de que tiendan a limitar la libertad deambulatoria del individuo o su acceso a determinados beneficios, de acuerdo a la naturaleza de su condición particular frente a la norma. En el caso, el acto reclamado en esta instancia constitucional lo constituye la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso el dieciséis de abril de dos mil trece, en la causa penal 11/2012, esto es, en un procedimiento penal; por tanto, es evidente que la impugnación de su constitucionalidad a través del juicio de amparo está sujeta al plazo genérico de quince días, previsto en el artículo 17 de la actual Ley de Amparo. Ahora, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Como es evidente, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se concluye que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido así el legislador hubiese señalado su orden de prelación. De las constancias de autos, mismas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que el quejoso MARCELO CRUZ o MARCELO CRUZ GONZÁLEZ, el veintinueve de abril de dos mil trece, quedó notificado de la orden de aprehensión reclamada; de ahí que resulta evidente que a partir de que surtió efectos la citada notificación, estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo. Por tanto, el plazo para promover la demanda de amparo, en todo caso, transcurrió del treinta de abril al diecinueve de mayo de dos mil trece, sin contar los días sábados y domingos, ni el uno y cinco de mayo, por ser inhábiles de conformidad con lo previsto en el numeral 19 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, como la demanda de amparo fue presentada hasta el veintinueve de junio de dos mil quince (fojas 4 y 7), ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, según el sello fechador de recibido, siendo turnada el mismo día al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, es claro que fue presentada cuando ya había fenecido el término legal de quince días con el que contaba el quejoso MARCELO CRUZ o MARCELO CRUZ GONZÁLEZ, para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor; y en esa virtud, tal conducta jurídicamente revela conformidad con el acto reclamado, por así estar dispuesto en el artículo 61 fracción XIV de la ley de la materia, lo que hace imposible encausar la inconformidad del quejoso en este medio de control, si previamente consintió. Por las relacionadas consideraciones, es evidente que se actualizan las causas de improcedencia analizadas; por lo que procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio respecto de los aludidos actos reclamados a los Jueces y autoridades ejecutoras responsables, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, pues no es necesario esperar hasta la fecha de la audiencia constitucional, ya que con ningún medio de prueba se desvirtuaría la improcedencia del juicio y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por otra parte, con apoyo en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones personales el que indica en la demanda y a las personas que precisa, por autorizadas con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto en materia penal. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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