Marcelo Paredes García y Otros.
Expediente 296/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Marcelo Paredes García y Otros.
Actuaciones
- Incidental
MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 296/2017, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió en parte la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, en parte, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el tres de marzo de dos mil diecisiete (fojas 216 a 221), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Por lo anterior, devuélvase a la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, la documental que remitió en apoyo a su informe justificado, en auto de diez de febrero de dos mil diecisiete, donde se ordenó formar el tomo de pruebas (foja 75). Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de marzo de dos mil diecisiete. Vistos los autos originales del juicio de amparo 82/2017 que remite el Juez Cuarto de Distrito de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, promovido por.... ; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 296/2017, y acúsese recibo. Ahora, del contenido del acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, transcrito en el oficio 8059/2017 (por el que se remite el aludido juicio de amparo, dos cuadernos incidentales y un cuaderno de pruebas consistente en copia certificada de la causa penal 192/2013 del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro), se advierte que dicho órgano constitucional estimó que a este juzgado corresponde el conocimiento del referido juicio de amparo, toda vez que el acto reclamado en ese juicio se emitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el diverso 293/2014 del registro de este Juzgado, por lo que las determinaciones reclamadas en ambos juicios derivan de la misma causa penal, razones por las cuales estimó actualizadas las hipótesis previstas en el artículo 46, fracciones II y V del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común a los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, modificado mediante el Acuerdo General 48/2008. En tal virtud, al compartirse esencialmente los motivos expuestos por la autoridad oficiante, este juzgado se avoca al conocimiento del presente asunto, por conocimiento previo. Por consiguiente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales en relación con el funcionamiento de las Oficinas de Correspondencia Común, vigente a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis; mediante oficio que al efecto se gire, remítase el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, para que realice la compensación respectiva a fin de equilibrar las cargas de trabajo y posteriormente lo devuelva a este juzgado. Hágase del conocimiento de las partes la anterior determinación, para los efectos legales correspondientes. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde; para ello, entréguesele copia de la demanda de amparo En otro orden, se determina que no ha lugar a solicitar a las autoridades responsables su informe justificado, toda vez que éstos ya fueron requeridos y rendidos en autos. Asimismo, no procede tramitar el incidente de suspensión respectivo, en virtud de que mediante interlocutoria dictada el tres de febrero de dos mil diecisiete, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, por una parte negó la medida cautelar a los quejosos, y por otra, declaró sin materia el indicado incidente de suspensión (fojas 170 a 173 del incidente de suspensión); por tal motivo, a los cuadernos incidentales que se remiten, únicamente asígneseles el número que les corresponde. Por otra parte, con las constancias relativas de la causa penal 192/2013 del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, a efecto de facilitar su manejo, fórmese el tomo uno del cuaderno de pruebas, respetándose folio, rúbrica y entresello. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se estima que en el caso no es procedente señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, en virtud de que la suscrita juzgadora advierte que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Al respecto, es importante mencionar que la Ley de Amparo abrogada establecía en su artículo 22, fracción II, lo siguiente: "Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales.- - - En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo. (.)." Conforme a la legislación abrogada, era posible promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, cuando se tratara de ataques a la libertad personal. Sin embargo, en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador determinó, al establecer el plazo de impugnación de actos que impliquen ataques a la libertad personal, que éstos tengan lugar fuera de procedimiento, como condición básica y necesaria para que el amparo en su contra pueda promoverse en cualquier tiempo; por tanto, una interpretación en sentido negativo implica que la excepción en el plazo general de quince días aplica únicamente en el supuesto de que el acto reclamado se haya dictado fuera de un procedimiento porque de lo contrario debe regir la regla general (quince días). Lo anterior significa que si se afecta la libertad personal de un gobernado dentro de un procedimiento (sea este penal, civil, laboral o administrativo), el término para promover la demanda de amparo será de quince días, que se computará desde el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto o resolución que reclame, al en que el quejoso haya tenido conocimiento o se haya ostentado sabedor de los actos que reclama. Luego, aunque la actual legislación de amparo mantiene entre los supuestos de excepción al plazo genérico de quince días, a los actos que afecten la libertad personal; sin embargo, se advierte un cambio sustancial, en tanto que exige como condición básica y necesaria que tales actos privativos de libertad se hayan emitido fuera de procedimiento. Sobre esa base, al interpretar el artículo 17 de la actual Ley de Amparo, en sentido contrario se tiene que todos los actos emitidos dentro de un procedimiento (civil, penal, laboral, administrativo, etcétera), están sujetos al término genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo, a pesar de que tiendan a limitar la libertad deambulatoria del individuo o su acceso a determinados beneficios, de acuerdo a la naturaleza de su condición particular frente a la norma. En el caso, de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que el acto reclamado en esta instancia lo constituye la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil catorce, emitida en la causa penal 192/2013 del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, por la que se libró orden de aprehensión contra ... como probables responsables en la comisión del delito de robo con violencia por equiparación, en perjuicio patrimonial de Dulce Dolores Cruz Zárate, y su ejecución, respectivamente; por tanto, es evidente que la impugnación de su constitucionalidad a través del juicio de amparo está sujeta al plazo genérico de quince días, previsto en el artículo 17 de la actual Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que si bien es cierto que la orden de aprehensión es un acto cuyos efectos procesales implican afectación a la libertad de los aquí quejosos; no menos cierto lo es que ésta fue dictada dentro de un procedimiento penal, por tanto, su impugnación a través del juicio de amparo indirecto se rige por el plazo general de quince días. Ahora, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del análisis del citado numeral se aprecia, en lo que interesa, que el término para la presentación de la demanda de amparo, correrá a partir del día siguiente a: a) Aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o b) Aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución, o c) Aquél en que el afectado se ostente sabedor de los mismos. Los supuestos mencionados, se excluyen entre sí y no guardan orden de prelación alguno, de donde se colige la intención del legislador de establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquellos supuestos, debiendo para ello considerar como base la posición del quejoso respecto del acto que reclame. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que los quejosos reclaman en este juicio de amparo la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil catorce, emitida en la causa penal 192/2013 del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, por la que se libró orden de aprehensión en su contra como probables responsables en la comisión del delito de robo con violencia por equiparación, en perjuicio patrimonial de Dulce Dolores Cruz Zárate, y su ejecución, respectivamente (fojas 481 a 516 del cuaderno de pruebas). Asimismo, de la resolución reclamada aparece que ésta fue emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio 293/2014 del registro de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juicio de amparo en el cual, por sentencia dictada el treinta de junio de dos mil catorce, por una parte, se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo solicitado por los aludidos quejosos contra la orden de aprehensión librada en su contra el veintinueve de enero de dos mil catorce, en la causa penal 192/2013 del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, como probables responsables en la comisión del delito de robo calificado con violencia por equiparación, en perjuicio de Dulce Dolores Cruz Zárate; para el efecto de que la citada juez responsable dejara insubsistente dicha determinación, sólo en lo referente a los citados quejosos y, con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera, pero subsanando los vicios formales que la afectaban (folios 103 a 120 del juicio de amparo). La cual fue confirmada mediante ejecutoria dictada el veintitrés de octubre de dos mil catorce, en el amparo en revisión penal 440/2014, por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, al resolver el recurso de revisión interpuesto en su contra; motivo por el cual, el tres de noviembre siguiente, se requirió el cumplimiento de la misma a las autoridades responsables (fojas 121 y 122 ibídem). Ahora, teniendo a la vista el diverso juicio de amparo 293/2014 del índice de este órgano jurisdiccional, que resulta un hecho notorio para la suscrita juzgadora en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, del que se ordena deducir copia certificada de las constancias conducentes para ser agregadas a los autos, se conoce que: Durante la etapa de ejecución correspondiente, por auto de veintidós de diciembre de dos mil catorce, se tuvo por recibida la resolución dictada en cumplimiento, el dieciséis de diciembre de dos mil catorce, en la causa penal 192/2013, por la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro; con la cual se ordenó dar vista personal a las partes (folio 210 ibídem). Lo que se cumplió mediante diligencia de notificación practicada a la parte quejosa el veintitrés de diciembre de dos mil catorce, por conducto de su autorizado legal ...; a lo que, incluso, dio respuesta mediante escrito presentado en este juzgado el veinticuatro de diciembre siguiente, manifestando su inconformidad con el cumplimiento adoptado por la autoridad responsable (fojas 211 a 213 ibídem). Luego, por auto de quince de enero de dos mil quince, se determinó cumplida la ejecutoria de amparo, con la citada determinación emitida por la juez responsable, y mediante proveído de dieciséis de febrero siguiente, se declaró firme dicha determinación (folios 123 a 126 y 214 ibídem). En tal virtud, toda vez que ha quedado claro que la orden de aprehensión que ahora reclaman los quejosos fue emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio 293/2014 del índice de este juzgado, así como que el acto reclamado se trata de una orden privativa de la libertad que por su naturaleza no es susceptible de ser notificada a los inculpados -aquí quejosos-, conforme a la ley que rige el acto; será el momento en que se da vista al quejoso para que manifieste lo que a su interés convenga, cuando se considere que el gobernado tiene conocimiento de la existencia del acto dictado en cumplimiento y, por consiguiente, será ésta la fecha que debe valorarse para computar el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para presentar la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.) del Pleno del Máximo Tribunal del País, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." En tales condiciones, es evidente que si la determinación por la cual dio cumplimiento la autoridad responsable en el juicio de amparo 293/2014, aquí reclamada, se notificó a la parte quejosa el veintitrés de diciembre de dos mil catorce, por conducto de su autorizado legal ...., es en esta fecha en que los quejoso tuvieron conocimiento de la existencia del acto que ahora reclaman; por lo que estuvieron en aptitud de promover el juicio de amparo de que se trata a partir del día hábil inmediato siguiente, esto es, desde el veinticuatro de diciembre de dos mil catorce. Por tanto, el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del veinticuatro de diciembre de dos mil catorce al quince de enero de dos mil quince, sin contar el veinticinco, veintisiete y veintiocho de diciembre de dos mil catorce, y uno, tres, cuatro, diez y once de enero de dos mil quince, por ser días inhábiles de conformidad con lo previsto en el numeral 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de amparo indirecto, origen de este juicio de amparo, se presentó el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, según el sello fechador de recibido (fojas 10 y 16 del juicio de amparo), resulta patente que ello se hizo cuando ya había fenecido el término legal de quince días con el que contaban los quejosos para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor; de ahí que deba entenderse tácitamente consentido el acto reclamado, por no presentarse la demanda de amparo indirecto dentro del plazo legal de quince días, actualizándose así la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61, del citado ordenamiento legal. Máxime si se considera que de las constancias de autos también se advierte que mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, los ahora quejosos promovieron demanda de amparo en el que señalaron como acto reclamado el siguiente "LA ORDEN DE APREHENSIÓN LIBRADA EN CONTRA DE LOS QUEJOSOS CON FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2014 en el expediente 192/2013.", y como autoridad responsable, a la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro. Demanda que dio origen al juicio de amparo 254/2015 del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, que culminó con sentencia dictada el veinte de junio de dos mil quince, por la que se sobreseyó en el juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 27, fracción III, inciso b, párrafo segundo, 5°, fracción III, inciso c), del propio ordenamiento (fojas 45 a 61). Por lo que se confirma que desde la fecha antes aludida conocían el acto que ahora reclaman. Resulta aplicable al caso, por las razones que la informan, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA." Por tanto, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de esta determinación comprende los actos de ejecución atribuidos al Director de Averiguaciones Previas y Procesos dependiente de la Fiscalía General del Estado; Director de la Agencia Estatal de Investigaciones; Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, y Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones; ello, en virtud de que el acto que se les reclama no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual derivan. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número siete, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Por otra parte, toda vez que se advierte que los Jueces Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, al rendir su informe justificado (fojas 21, 23, 33 y 25), negaron la existencia del acto que se les reclama; lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo respecto de dichas autoridades responsables, en términos de lo que dispone el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. En otro orden, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda y por autorizados para tales efectos, sin las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala; por no encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De igual forma, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos, a Marcelo Paredes García, sin perjuicio de que puedan substituirlo por otro. Asimismo, se autoriza a las partes para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En otro contexto, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,210 expedientes
- Marcelino Silva Calvo1395/2015
- MARCELINO VÁSQUEZ TRINIDAD y Otros.125/2019
- Marcelo Cruz o Marcelo Cruz González1871/2015
- Marcelo Mateo Sánchez262/2023
- MARCELO PACHECO SANTIAGO y Otros.271/2021
- Marcelo Paredes García y Otros.697/2016
- Marcelo Paredes García1242/2013
- Marcelo Ramos Reyes346/2015
- Marcelo Severiano Gregorio1566/2015
- MARCIAL ALFARO BRIGADA y Otros.731/2021
- MARCIAL GALVAN MORENO y Otros.327/2022
- MARCIAL MENDEZ VELASQUEZ y Otros.1223/2021