MARCELINO MIJANGOS CRUZ y Otros.
Expediente 620/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 620/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- MARCELINO MIJANGOS CRUZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos, el oficio suscrito por la Secretaria de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por el que acusa recibo del diverso 20508 del índice de este órgano jurisdiccional, con el que le se remitieron el original del toca civil 370/2016 de su índice, así como copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente civil 138/2015 del Juzgado Civil de Matías Romero, Oaxaca, consistentes en II tomos.
- Principal
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil diecisiete. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Marcelino Mijangos Cruz, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable Magistrados Integrantes de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el anexo que remitió como justificación a su informe, consistente en copia original del toca civil 370/2016 de su índice, así como copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente civil 138/2015 del Juzgado Civil de Matías Romero, Oaxaca (foja 32 vuelta).
- Principal
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio 6347/2017 signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual remite copia de la boleta de turno 000796/2017, original de la demanda de amparo promovida por el quejoso ...; oficio 381 por el que rinde informe justificado la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, original del toca civil 370/2016 de su registro, así como dos cuadernos de copias certificadas, uno relativo al emplazamiento realizado a la tercera interesada con motivo de la demanda amparo de que se trata, y otro deducido de diversas constancias que integran el expediente 138/2015 del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Matías Romero, Oaxaca. Visto su contenido, se advierte que por resolución dictada el quince de mayo del presente año, por los magistrados integrantes de ese órgano jurisdiccional, en el amparo directo civil 282/2017, dicho tribunal declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo presentada por ... , contra actos del Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y Juez Civil del Distrito Judicial de Matías Romero, Oaxaca; en consecuencia, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, por las razones expuestas, este juzgado acepta la competencia que declina el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, para conocer de la aludida demanda de amparo promovida por el referido quejoso. Por tanto, acúsese recibo, fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 620/2017. Con los cuadernos de pruebas adjuntos, relativos al original del toca civil 370/2016 del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y copia certificadas de diversas constancias deducidas del expediente civil 138/2015 del Juzgado Civil de Matías Romero, Oaxaca, a efecto de facilitar su manejo, fórmense los cuadernos auxiliares I y ll, respetándose folio, rúbrica y entresello; las cuales, dada su voluminosidad no se digitalizarán, por lo que en términos del artículo 91 del "ACUERDO General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal", podrá ser consultado físicamente por las partes en este juzgado. Ahora, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el aquí quejoso, esencialmente, reclama el auto de seis de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el toca civil 370/2016 de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por el que el Magistrado Presidente de dicha Sala declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el actor ..., contra el auto de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, dictado en el juicio ordinario civil 138/2015 del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Matías Romero, Oaxaca, en el que el citado juez desechó de plano la petición hecha valer por el referido actor, por la que planteó un incidente de nulidad de actuaciones. Precisado lo anterior, la suscrita juzgadora advierte que en contra del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso, previo a la presentación de su demanda de amparo, debió impugnar mediante el recurso de reposición el acuerdo a que hace alusión. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. Luego, de la disposición legal transcrita se puede establecer que para que se actualice la causa de improcedencia referida, es necesario que concurran los siguientes elementos: I. Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; II. Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; III. Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; IV. Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada, y V. Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el propio precepto. Cobra aplicación a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 85 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, cabe señalar que el principio de definitividad consiste en la obligación de los impetrantes de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria establezca y que puedan revocar, modificar o anular el acto reclamado. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo y cuadernos de prueba remitidos por la Sala responsable, que se tienen a la vista al haberse promovido en principio como amparo directo, las cuales en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2o., alcanzan valor probatorio pleno; se advierte que el aquí quejoso, es parte actora en el juicio ordinario civil 138/2015 y recurrente en el diverso toca civil 370/2016 del registro de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, del que deriva el acto reclamado; además, que la resolución que aquí reclama no fue impugnada mediante ningún recurso ordinario. De lo que resulta evidente que el acto reclamado en esta instancia emana de un tribunal jurisdiccional y que el ahora quejoso no se encuentra en ninguno de los casos de excepción a que se refiere el numeral antes transcrito, pues no se trata de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, o de aquéllos que afecten la libertad personal del impetrante, o bien, que sea persona extraña al juicio o se trate el acto reclamado de un auto de vinculación. Respecto a los puntos consistentes en que la ley ordinaria conceda contra esos actos algún recurso o medio de defensa, que éste se dé dentro del procedimiento en que se emitió la resolución reclamada y que por virtud de dicho medio, el acto pueda ser modificado, revocado o nulificado, debe destacarse que el artículo 668 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, dispone lo siguiente: "Artículo 668. De los decretos y autos dictado por el Presidente de la Sala, aún de aquéllos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición que se interpondrá y substanciará en el mismo plazo y forma que la revocación." Del análisis del transcrito numeral, se advierte que de los decretos y autos dictados por el Presidente de la Sala, puede pedirse la reposición, la cual se interpondrá y substanciará en el mismo plazo y forma que la revocación. Bajo tales premisas, es evidente que el quejoso estuvo en condiciones de promover en forma oportuna el recurso de reposición previsto en el ordinal 668 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, contra el auto de seis de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el toca civil 370/2016, por el que el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el actor MARCELINO MIJANGOS CRUZ, contra el auto de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, dictado en el juicio ordinario civil 138/2015 del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Matías Romero, Oaxaca, que aquí se reclama; ello, en virtud de que es parte actora en el procedimiento natural y no se actualiza algún caso de excepción de los que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia. Por tanto, es incuestionable concluir que el promovente de la acción constitucional, no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que, como se vio, en contra del auto aquí reclamado procede recurso de reposición; sin embargo, como quedó evidenciado en líneas precedentes, el peticionario del amparo no interpuso dicho medio de defensa. En consecuencia, ya que conforme a lo previsto en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, antes de acudir al juicio de amparo se exige como requisito previo para su procedencia que se agoten todos los medios legales que prevean las legislaciones que rijan el acto, y el ahora inconforme no lo hizo así, es indudable que en el caso se actualiza la causa de improcedencia analizada. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Por otro lado, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizada para los mismos efectos a la persona que señala, por así solicitarse expresamente. Asimismo, se autoriza a las partes para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En otro contexto, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública del fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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