Marcela Rivera Vázquez
Expediente 18/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 18/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marcela Rivera Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. AUTORIDAD RESPONSABLE ACUSA RECIBO. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta que remite el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante el cual, acusa de recibo el oficio 8466, de diecisiete de los corrientes del índice de este juzgado, por el cual se le devolvió copia certificada de las constancias que integran el juicio laboral 557/2013, mismo que remitió como sustento de su informe justificado. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO 1/2009. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenidas en el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído el presente juicio de amparo, por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. Sin que haya lugar a hacer pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, por no haberse formado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms
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Morelia, Michoacán, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. REQUERIMIENTO. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que, de auto de fecha veintinueve de marzo del año en curso, se devolvió al Tribunal de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, copia certificada de las constancias que integran el juicio ordinario laboral 557/2013 que remitió como sustento de su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente sin que a la fecha obre el mismo. Atento a ello, requiérasele para que acuse recibo de las constancias mencionadas para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy fe.
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Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de ocho de marzo del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por la quejosa Marcela Rivera Vázquez; por lo tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CUADERNO DE PRUEBAS. Finalmente, devuélvase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la copia certificada de las constancias que integran el juicio ordinario laboral 557/2013, lo cual acompañó como sustento de su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 18/2019-X promovido por Marcela Rivera Vázquez contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad y el actuario de su adscripción, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. De igual forma, en este acto CERTIFICO: La omisión del actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificado para ello, tal y como consta de la cédula de notificación que obra en autos. Por otra parte, se hace constar que en proveído de veintiuno de enero del año en curso se reservó proveer lo conducente respecto del emplazamiento a juicio de los terceros interesados hasta en tanto obrara en autos el informe justificado que les fue solicitado a las autoridades responsables, lo que en la especie ya aconteció. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. Por otra parte, atento a la reserva señalada por el secretario del juzgado, este juzgador estima innecesario reconocer el carácter de tercero interesado a persona alguna, toda vez que dada la naturaleza del presente asunto, no encuadra en ninguno de los supuestos que refiere el artículo 5°, fracción III de la Ley de la Materia. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado recibido con antelación y rendido por: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la promovente del amparo adjuntó a su libelo inicial de demanda las documentales consistentes en: Original del escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho ante diversas autoridades, en el que solicita la reinstalación en su fuente laboral. Acta destacada fuera de protocolo de trece de junio de dos mil dieciocho, levantada por el notario público número noventa y tres, con ejercicio y residencia en esta ciudad. Copia cotejada de los oficios SEE´SEB´DES´SSG´ de ocho y veintiuno de junio de dos mil diecisiete, en la que se comunicó la reincorporación y ubicación de la plaza otorgada a la aquí quejosa. Copia cotejada del laudo emitido el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis por la autoridad responsable. Copia cotejada de diversas impresiones fotográficas. Acta destacada fuera de protocolo de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, levantada por el notario público número noventa y tres, con ejercicio y residencia en esta ciudad; y, Copia cotejada del acta de hechos de dos de julio de dos mil dieciocho levantada por la promovente del amparo. Documentales que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Por otra parte, el tribunal responsable remitió como complemento de su informe justificado las siguientes documentales: a) Copias certificadas de las constancias que integran el juicio ordinario laboral 557/2013 de su estadística, con el cual se ordenó formar cuaderno un tomo de prueba por separado, mismas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que ninguna de las partes formulo alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 18/2019-X, promovido por Marcela Rivera Vázquez, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad y el actuario de su adscripción. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, Marcela Rivera Vázquez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades responsables, en los siguientes términos: "AUTORIDADES RESPONSABLES: Autoridad ordenadora. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MICHOACÁN [.] Autoridad ejecutora. ACTUARIO ADSCRITO AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MICHOACÁN [.]. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN [.]. DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL No. 10 "MELCHOR OCAMPO", CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO NÚMERO 16DES0187 - L DE MORELIA, MICHOACÁN. IV. ACTO U OMISIÓN RECLAMADO DE CADA AUTORIDAD. De la ordenadora La omisión de emitir el acuerdo relativo a la promoción presentada en fecha 13 trece de julio de 2018 dos mil dieciocho dentro del expediente ordinario laboral 557/2013, y la omisión de turnar el expediente del cual emana el acto reclamado al actuario correspondiente. De las ejecutoras: Del Actuario señalado como autoridad ejecutora la omisión de realizar los actos de ejecución del laudo dictado dentro del expediente ordinario laboral 557/2013 que a éste corresponden. De la Secretaría y del Director señalados como autoridades ejecutoras la omisión de reincorporar a la suscrita en el empleo en la forma y términos que el Tribunal señalado como autoridad responsable lo hubo ordenado dentro del laudo en cumplimiento de ejecutoria dictado dentro del expediente ordinario laboral 557/2013." SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman violados. Actos que la promovente del amparo consideró violatorios, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 8, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno el conocimiento del asunto le correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado; y, por auto de once de enero del año en curso, se ordenó formar el expediente 18/2019-X y se requirió a la promovente para que precisara si en realidad el acto reclamado lo constituía la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de proveer lo que en derecho correspondiera a su petición de trece de julio de dos mil dieciocho, dentro del controvertido laboral de origen, atento a tal punto de prevención, la promovente manifestó lo siguiente: "[.] PIDO SE ME TENGA POR MANIFESTANDO QUE AHORA ES MI DESEO SEÑALAR ÚNICAMENTE COMO AUTORIDADES RESPONSABLES AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN, Y AL ACTUARIO ADSCRITO A DICHO TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN, por ende, ya no así a la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán ni al Director de la Escuela Secundaria Federal No. 10 "MELCHOR OCAMPO", con clave de centro de trabajo número 16DES0187 - L de Morelia, Michoacán; VIRTUD A LO ANTERIOR, POR SEÑALANDO COMO ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS DE LAS AUTORIDADES AHORA PRECISADAS y que lo son el TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN Y EL ACTUARIO ADSCRITO AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN, LOS PROPIOS QUE A CADA UNA DE ELLAS LES FUERON RECLAMADOS. EN MÉRITO DE LO ASENTADO EN PÁRRAFO QUE ANTECEDE, Y ATENDIENDO A LA FORMA Y TÉRMINOS EXPUESTOS DE SU PARTE DENTRO DEL INCISO QUE SE HUBO SEÑALADO COMO a) DEL APARTADO CORRESPONDIENTE A LA PREVENCIÓN, Y ACORDE CON EL REQUERIMIENTO QUE ME FUE REALIZADO POR USTED C. JUEZ, PRECISO QUE SE ME TENGA POR RECLAMANDO LA OMISIÓN DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE PROVEER LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA A MI ESCRITO PRESENTADO EL TRECE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, DENTRO DEL CONTROVERTIDO LABORAL DE ORIGEN, EN EL SENTIDO DE QUE CON DICHO ESCRITO SOLICITÉ LO QUE DENTRO DEL MISMO SE CONTIENE, [.]." Por tanto, una vez que fueron solventados los puntos de prevención formulados, en auto de veintiuno de enero del año en curso se admitió a trámite la demanda de garantías respecto de los actos reclamados y por las autoridades señaladas como responsables; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías, su escrito aclaratorio y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a las autoridades responsables, es el siguiente: I. La omisión Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de proveer lo conducente respecto del escrito presentado el trece de julio de dos mil dieciocho, por el que solicitó la ejecución forzosa del laudo dictado dentro del juicio ordinario laboral 557/2013 de la estadística de la responsable y, II. La omisión del Actuario de su adscripción de realizar los actos inherentes a la ejecución aludida. TERCERO.- Inexistencia de los actos reclamados. Del contenido del informe justificado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que negó la existencia del acto que la parte quejosa le atribuyó. Ahora bien, resulta pertinente destacar el contenido de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo, que estipulan lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]". "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. [.]". De los preceptos transcritos se observa que en el artículo 1°, fracción I, se establece que el objetivo del juicio de amparo es resolver toda controversia que se origine por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en relación con los diversos que se reprodujeron en parágrafos que anteceden, es válido concluir que los actos reclamados deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo. Resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "Época: Octava Época Registro: 1002199 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento Materia(s): Común Tesis: 133 Página: 156 ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Amparo en revisión 4344/74.-J. Jesús Valdovinos Díaz.-16 de octubre de 1975.-Cinco votos.-Ponente: Carlos del Río Rodríguez.-Secretario: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Amparo en revisión 451/90.-Fredy Osvaldo Molina Zenteno y otro.-20 de agosto de 1990.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Carlos de Silva Nava.-Ponente: Fausta Moreno Flores.-Secretario: Jorge Antonio Cruz Ramos. Amparo en revisión 781/93.-José Luis Elizondo y otro.-14 de febrero de 1994.-Cinco votos.-Ponente: Fausta Moreno Flores.-Secretario: Juan Carlos Cruz Razo. Amparo en revisión 362/94.-Juan José Mendoza Sol.-16 de mayo de 1994.-Cinco votos.-Ponente: Fausta Moreno Flores.-Secretario: Juan Carlos Cruz Razo. Amparo en revisión 469/94.-Carlos César Casella Santaella.-16 de mayo de 1994.-Cinco votos.-Ponente: Fausta Moreno Flores.-Secretario: César Thomé González. Tesis de jurisprudencia 3/94.-Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Presidente Atanasio González Martínez, Carlos de Silva Nava, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores y Noé Castañón León. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, julio de 1994, página 15, Segunda Sala, tesis 2a./J. 3/94; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, julio de 1994, página 67. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 12, Segunda Sala, tesis 10." Establecido lo anterior, debe tenerse como inexistente el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el pasado trece de julio de dos mil dieciocho dentro del expediente ordinario laboral 557/2013 de su estadística, en el que la quejosa solicitó a la autoridad laboral procediera a ordenar la ejecución forzosa del laudo que fue emitido en aquel controvertido. Tal aserto es así porque de las constancias que remitió la autoridad responsable como complemento de su informe justificado, mismas que son merecedoras de valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones, se patentiza la inexistencia del acto que aquí se reclama. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS.". Lo anterior es de ese modo porque al escrito presentado el trece de julio de dos mil dieciocho por la promovente del amparo recayó el auto de diecisiete de agosto de ese mismo año, por el que la autoridad responsable proveyó lo siguiente: "Morelia, Michoacán a 17 diecisiete de agosto del año 2018 dos mil dieciocho. Se da cuenta con un escrito presentado en la Oficialía de partes de este Tribunal, de fecha 13 trece de julio del año 2018 dos mil dieciocho, suscrito por la trabajadora actora la MARCELA RIVERA VÁZQUEZ; por lo que atento a su contenido: ---- EL TRIBUNAL ACUERDA --- I. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, mismo que se orden agregar en autos para su constancia legal. II. Digase al apoderado jurídico que no ha lugar a su petición de hacer efectivo el apercibimiento del acuerdo de fecha 23 veintitrés de abril del año 2018 dos mil dieciocho (f. 420), en razón de que en el expediente en que se actúa no obran constancias de que se haya enviado el oficio a la parte demandada, por lo que se ordena girar atento oficio a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO para que en el término de 03 TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de su presentación, realice todos los trámites administrativos necesarios para la incorporación de la trabajadora actora, en la ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NÚMERO 10 "MELCHOR OCAMPO", CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 16DES0187-L DE ESTA CIUDAD CAPITAL, EN LA MISMA FORMA Y TÉRMINOS EN LOS QUE SE VENÍA DESEMPEÑANDO, ES DECIR CON EL CARGO DE PERFECTO CON CLAVE PRESUPUESTAL 69.13-E2333/160002 EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE LAS 13:30 A LAS 20:30 DE LUNES A VIERNES DE CADA SEMANA, CON UN SALARIO QUINCENAL DE $7,648.17 PESOS (SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 17/100). Con el apercibimiento legal, que de no realizarlo, se hará acreedor a una multa de 50 CINCUENTA DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE, de acuerdo a lo estimado por el numeral 731 de la Supletoria Ley Federal del Trabajo." Con base en lo expuesto, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, en la fecha en que se presentó la demanda de amparo (diez de enero de dos mil diecinueve) no existía la omisión reclamada, ya que aun cuando se reclamó un acto de carácter omisivo -negativo-, éste se desvirtuó por la autoridad responsable con las constancias reseñadas con anterioridad. Además, es evidente que la autoridad responsable acordó lo que estimó conducente atendiendo al estado procesal que guardaban los autos del controvertido laboral, sin que esta potestad federal pueda analizar si tal determinación es idónea o bien, si la misma satisface los requisitos de fundamentación y motivación, ya que ello no constituye la materia del reclamo en esta instancia constitucional. Por tanto, se concluye que si la responsable proveyó lo relativo a su petición en la que solicitó a la autoridad laboral procediera a ordenar la ejecución forzosa del laudo que fue emitido en aquel controvertido, y dicha actuación se emitió antes de la presentación de la demanda de amparo que motivó la formación del juicio que nos ocupa, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, no incidió en la omisión que se le reprochó, de ahí la inexistencia del acto reclamado. Por otra parte, en lo que hace al acto atribuido al Actuario adscrito al Tribunal responsable, consistente en la omisión de proceder a la ejecución del laudo, se considera que también es inexistente. Esto es así ya que si bien no obra el informe justificado correspondiente a dicha autoridad, lo que de suyo hace que se presuma cierto el acto reclamado, es el caso que lo anterior se encuentra desvirtuado con las constancias del controvertido de origen. En efecto, en el auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho el Tribunal responsable ordenó girar atento oficio a la Secretaría de Educación en el Estado a fin de que realizara los trámites administrativos necesarios para la incorporación de la actora trabajadora en su empleo, es decir, se proveyó lo relativo a la ejecución del laudo. Por esta razón, según se aprecia de constancias, se expidió el oficio TCA/PRES/612/2018 dirigido a la Secretaría de Educación en el Estado; por ello, se considera que la obligación inherente al Actuario adscrito con motivo del acuerdo mencionado, se traducía en la entrega de la referida comunicación oficial a su destinatario; de ahí que si en la especie se observa el sello de recepción con fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, por parte de la secretaría aludida, es de concluirse que la omisión que se atribuye al actuario responsable, no existía al momento en que se presentó la demanda de amparo. Se invoca en apoyo a lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 238592 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 60, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 27 ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIO LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos. Sexta Epoca, Tercera Parte: Volumen III, página 9. Amparo en revisión 3338/57. José Aulis Cazarín. 25 de septiembre de 1957. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Volumen XXIV, página 10. Amparo en revisión 951/59. Saturnino Oliveros López. 29 de junio de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Séptima Epoca, Tercera Parte: Volumen 5, página 13. Amparo en revisión 4119/68. Comisariado Ejidal del Poblado "Castillo de Teallo", Municipio del mismo nombre, Veracruz. 2 de mayo de 1969. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Volumen 7, página 13. Amparo en revisión 10150/68. Antonio Quintero Espinosa y otros. 3 de julio de 1969. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Volumen 58, página 13. Amparo en revisión 271/73. Carlos Alvarez Jiménez y coagraviados. 24 de octubre de 1973. Cinco votos. Ponente: Alberto Jiménez Castro." En las relatadas condiciones, si con las documentales aportadas por la quejosa no se puede tener por acreditada las omisiones que reclama y, del mismo modo, no se desvirtúan las actuaciones llevadas a cabo por el tribunal y actuario responsable, lo que procede es tener por inexistentes los actos reclamados, con lo que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, y lo que se impone es SOBRESEER en el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la tesis que se reproduce a continuación: "Época: Sexta Época Registro: 1002350 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 305 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 698/58.-Oranimatla, S.A.-15 de noviembre de 1960.-Mayoría de quince votos.-Ponente: Gilberto Valenzuela. Amparo en revisión 1275/55.-Rodolfo Luna y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-Ponente: Ángel González de la Vega. Amparo en revisión 4689/57.-Adolfo Aguilar Borja y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 6131/57.-Antonio Macías Caballero y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 2850/59.-Inmobiliaria Málaga, S.A.-22 de marzo de 1961.-Unanimidad de quince votos.-Ponente: Franco Carreño. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 236, Pleno, tesis 284." Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708." Por último, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Marcela Rivera Vázquez, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe. Ecr
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