Marcelina Sánchez Cruz
Expediente 953/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 36 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 953/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 03/10/2016
Partes del expediente
- Marcelina Sánchez Cruz
- MARCELINA SÁNCHEZ CRUZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Toluca, Estado de México; tres de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, se colige que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia dictada en el sumario en que se actúa, mediante la cual se sobreseyó el juicio de amparo promovido por Marcelina Cruz Sánchez; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. En consecuencia y atento a la certificación de cuenta, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en Libro de Gobierno; glósese el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y resguárdese el duplicado de éste, hasta en tanto transcurran seis meses a partir del proveído que se dicta y, fenecido dicho plazo, procédase a su destrucción, conforme a lo que establece el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, con apoyo en el Acuerdo General De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es depurable, pues se negó y concedió la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, únicamente deberá ser glosado el original del mismo. Finalmente, mediante oficio que al efecto se envíe, se ordena la devolución de las constancias adjuntas al informe justificado de la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro en Toluca, Estado de México, consistentes en copias certificadas relativas al expediente 162/2006 constantes de un tomo, de su índice. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. Con el apercibimiento de que en caso de ser omiso, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), en términos de los dispuesto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Toluca, Estado de México; tres de octubre de dos mil dieciséis. Visto el auto que se dictó en esta fecha en el cuaderno principal del que deriva esta incidencia, mediante el cual ha quedado firme la ejecutoria de amparo de treinta de agosto de dos mil dieciséis, que sobreseyó el juicio promovido por Marcelina Cruz Sánchez, por lo que se procede declarar sin materia este incidente de suspensión, dejar sin efecto las medidas decretadas en la suspensión provisional y la definitiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 953/2014, QUE DICE: "SE RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE...", POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS Y POR LISTA EN UNA PÁGINA ELECTRÓNICA. cbp
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 953/2014; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el cinco de febrero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Marcelina Sánchez Cruz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: Autoridades responsables 1. Tribunal Unitario Agrario Distrito Veinticuatro, en Toluca, Estado de México. 2. Actuarios adscritos al Tribunal Unitario Agrario Distrito Veinticuatro, en Toluca, Estado de México. Acto reclamado La falta de emplazamiento al juicio 162/2006, así como todo lo actuado en el mismo y sus consecuencias, que se traducen en privarla de la posesión y titularidad de la parcela 433 Z-1 P1/6, ubicado en el ejido La Cabecera, en el municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, en su carácter de sucesora de José Benito López Ruíz; así como la ejecución de dicho desposeimiento. SEGUNDO. Turno y Admisión de demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito a este juzgado Quinto de Distrito, y por auto de ocho de julio de dos mil catorce, ordenó su registro bajo el número 953/2014 y se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 12 a 14). TERCERO. Audiencia. Previos diferimientos, la audiencia constitucional se llevó a cabo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I y VIl, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, 48 y 52, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se reclaman actos que tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial que ejerce este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Sobre el particular, cabe puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterio reiterado en relación a que el estudio de los actos reclamados por los gobernados que acuden a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, debe hacerse de manera integral y sistemática, es decir, se debe atender a la totalidad de las manifestaciones que se viertan en la demanda de amparo, para que de esa forma se conozcan los actos que verdaderamente se reclamen y las características de éstos, así como la situación jurídica que guarda el quejoso con respecto a dichos actos. Apoya a lo anterior, las jurisprudencias 2ª./J. 55/98 y P./J.40/2000, emitidas por la Segunda Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomos VIII y XI, Agosto de 1998 y Abril de 2000, páginas 227 y 32, respectivamente, cuyos rubros son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Corolario de lo anterior, en su carácter de tercera extraña, la quejosa reclama: La falta de emplazamiento al juicio 162/2006, así como todo lo actuado en el mismo y sus consecuencias, que se traducen en privarla de la posesión y titularidad de la parcela 433 Z-1 P1/6, ubicado en el ejido La Cabecera, en el municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, en su carácter de sucesora de José Benito López Ruíz; así como la ejecución de dicho desposeimiento. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veinticuatro, en Toluca, Estado de México, así como a los Actuarios adscritos, pues al rendir su respectivo informe justificado (fojas 58 a 68), aceptaron su existencia; lo que se corrobora fehacientemente con la copia certificada del expediente 162/2006; constancias a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Por lo que, se tiene por plenamente probadas las actuaciones que detonan la solicitud de amparo, de acuerdo a lo estipulado en la tesis de la Quinta Época, emitida por el Pleno del Alto Tribunal, que puede consultarse en el Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 278, página 231, que a la letra dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Causas de improcedencia. Análisis de la procedencia del presente juicio de amparo. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia, por ser una cuestión de orden público. En el caso a estudio, de oficio, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de la materia, pues la quejosa no acredita su interés jurídico. En efecto, conviene precisar que por interés jurídico debe entenderse la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que si se trasgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional demandando el cese de esa violación, siendo, por tanto, ese derecho protegido por el ordenamiento legal sustantivo, lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Resulta ilustrativa sobre este estudio, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro IUS 170500, consultable en la página doscientos veinticinco, del tomo XXVII, enero de 2008, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que no ha sido superada, que a la letra dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En ese orden, el juicio de amparo puede ser promovido, en lo que aquí importa, por la persona a quien perjudique el acto de autoridad reclamado, por lo que es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional, la existencia de un derecho legítimamente tutelado, el cual, ante su vulneración, faculta al perjudicado con el acto de autoridad para acudir al órgano de control constitucional. En consecuencia, la procedencia del amparo está supeditada a que se acredite de manera fehaciente dicho presupuesto de la acción constitucional (el interés jurídico), pues de no ser así el juicio se torna improcedente. Ahora, para acreditar su interés jurídico es necesario que la peticionaria de amparo demuestre la existencia de un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal que le genere el derecho a poseer, de manera que la quejosa tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción que tiene derecho a poseer el bien de que se trata, pues, la posesión protegida por el artículo 14 Constitucional, no es otra que la definida por el derecho común. Ahora bien, del examen integral de este juicio de amparo, se aprecia la actualización de la citada causa de improcedencia, atendiendo a que la parte agraviada reclama que, no obstante que no es parte en el juicio agrario del cual emana el acto reclamado, se le afecta su derecho de posesión, respecto de una fracción de la Parcela número 433 Z-1 P1/6, ubicado en el ejido La Cabecera, en el municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, en su carácter de sucesora de José Benito López Ruíz. En efecto, la parte quejosa afirma que detenta la posesión derivada de una fracción del bien inmueble sobre el que se giró la orden de ejecución forzosa de la sentencia dictada en el juicio agrario 162/2006. En ese sentido, el supuesto básico de procedencia del juicio de garantías es que se acredite un derecho legítimamente tutelado, esto es, la legítima posesión del inmueble materia de la litis con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias, y así la afectación a su esfera jurídica con la emisión del acto que se reclama y su ejecución. Esto, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la nación, ha sostenido que el promovente debe tener una base objetiva que fundada y razonablemente produzca convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Lo anterior debe ser así siguiendo los lineamientos establecidos en la jurisprudencia 17, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro IUS 922065, consultable en la página veinticinco, del tomo IV, materia civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, actualización 2002, que no ha sido superada, que a la letra dice: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. El criterio jurisprudencial que precede, parte de la premisa de que la legislación es uniforme al establecer que la posesión es un poder de hecho que se ejerce sobre una cosa, el cual necesariamente debe tener una causa u origen que por su naturaleza jurídica faculte al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, si se trata de una posesión originaria o en concepto de dueño, o en su caso, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho únicamente a usar y disfrutar el bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. En ese contexto, resulta que la parte quejosa menciona que acude al presente sumario como sucesora de su esposo José Benito López Ruíz. Es así que, para estar en aptitud de analizar la pretendida inconstitucionalidad de los actos reclamados, es imprescindible que la solicitante de amparo acreditara dos extremos, a saber: a) contar con un derecho legítimamente tutelado y oponible a terceros, respecto del inmueble de referencia y, b) que tal prerrogativa es la que resulta afectada con los actos de autoridad combatidos. Orienta lo anterior, el criterio aplicado por analogía, publicado en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Octubre de 2007, página 3201, cuya literalidad es: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO. CUANDO SE RECLAMA EL EMBARGO, REMATE, ADJUDICACIÓN O DESPOSESIÓN ORDENADOS EN UN JUICIO RESPECTO DE UN INMUEBLE ES INDISPENSABLE QUE AQUÉL DEMUESTRE QUE DICHO BIEN ES DE SU PROPIEDAD Y QUE ÉSTE ES EL QUE RESULTÓ AFECTADO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por tanto, es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso; de ahí que si éste, ostentándose como tercero extraño, reclama el embargo, remate, adjudicación o desposesión de un bien inmueble afectado en un procedimiento, el cual alega es de su propiedad, resulta indispensable para justificar esa afectación o perjuicio que el impetrante demuestre que dicho inmueble efectivamente es de su propiedad y que éste es el mismo que resultó afectado como consecuencia del procedimiento natural al que dice ser extraño, pues sólo de esta manera se justifica su interés jurídico para ser oído en defensa de sus derechos. A continuación, se procede a verificar si la solicitante de amparo probó el primero de los extremos, es decir, que le asiste un derecho legítimamente tutelado respecto del bien inmueble sobre el cual se pretendió ejecutar de forma forzosa la sentencia emitida dentro de los autos del expediente de origen, para lo cual es necesario indicar las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, que son: 1. Original del acuerdo celebrado entre José Benito López Ruíz y Marcelina Cruz Sánchez, en el cual manifestaron que vivieron juntos desde que contrajeron matrimonio veintinueve de mayo de mil novecientos sesenta y siete hasta el dieciocho de mayo de dos mil tres; por ese motivo acordaron que la parcela 433 Z-1 P1/6, ubicada en el ejido La Cabecera, en el municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, se le "quedara" a Marcelina Sánchez Cruz para que tuviera un fruto de la parcela y se ayudara con sus necesidades económicas y alimentarias. 2. Copia certificada del acta de matrimonio celebrado entre José Benito López Ruíz y Marcelina Cruz Sánchez de veintinueve de mayo de mil novecientos sesenta y siete. 3. Copia simple del certificado parcelario 000000192657, relativo a la parcela 433 Z-1 P1/6, ubicada en el ejido La Cabecera, en el municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, a nombre de José Benito López Ruíz. 4. Copia simple de la inscripción de designación o cambio de sucesores de dos de octubre de mil novecientos noventa y uno, respecto de la parcela de mérito, en la cual se designó a Marcelina Cruz Sánchez y Fernando López Cruz como sucesores. 5. Copia simple del certificado de derechos agrarios 2972151 en favor de Benito López Ruiz. 6. Copia simple de las credenciales para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral en favor de Marcelina Cruz Sánchez y José Benito López Ruiz. 7. Constancia informativa que asentó que desde dieciocho mayo de dos mil tres, Marcelina Cruz Sánchez y José Benito López Ruiz, están separados. 8. Constancia expedida por el Comisariado Ejidal de la Cabecera del Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México. 9. Copia certificada del acta de nacimiento de la quejosa. 10. Presuncional en su doble aspecto, legal y humana. 11. Instrumental de actuaciones. 12. Inspección judicial. Los medios de convicción enumerados son insuficientes para acreditar que la quejosa tiene un derecho legítimo, oponible a terceros. Se afirma lo anterior, pues los documentos presentados en copia simple carecen de todo valor probatorio al no estar adminiculadas con otros medios de convicción, ya que en uso de la facultad conferida por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en el que se consigna que el juzgador aplicando su prudente arbitrio puede valorar las pruebas aportadas por la ciencia, se infiere que en el presente caso las copias simples que se adjuntaron a la demanda de amparo y que se describieron en líneas precedentes sólo generan una presunción de la existencia de los documentos que reproducen y no se encuentran relacionadas con otros medios probatorios que justifiquen la propiedad o posesión que se pretende demostrar. Ante tal incertidumbre, la parte quejosa tiene la obligación de proporcionar al juzgador de amparo los elementos necesarios para comprobar su dicho y, cabe añadir que de autos no se desprende ningún otro elemento que aunado a ellas pueda generar en este órgano jurisdiccional la convicción de la afectación al interés jurídico de la justiciable. Al caso es aplicable, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 21/98, establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que aparece publicada en la página 213 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Abril de 1998, Novena Epoca, que textualmente dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso. Es necesario puntualizar que la quejosa, planteó su falta de llamamiento a juicio, pues estimó que le asistía el derecho de acudir a la contienda agraria al ser sucesora de José Benito López Ruíz. La sucesión de derechos agrarios es la facultad del ejidatario de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la unidad de dotación y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, de entre su cónyuge e hijos, y en defecto de ellos, a la persona con la que haga vida marital, siempre que dependan económicamente de él. Que a falta de las personas anteriores, el ejidatario formulará una lista de sucesión, en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme la cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que cuando el sucesor designado por el de cujus no está en posesión de la unidad de dotación parcelaria, el trámite de reconocimiento de sus derechos sucesorios agrarios y el traslado de dominio debe realizarlos en el plazo de dos años, siguientes al fallecimiento del titular, para obtener la posesión de la parcela y así estar en posibilidad de dar cumplimiento a la obligación de su explotación y no incurrir en la causal de pérdida de sus derechos, pues la posesión de un tercero puede generar derechos a su favor que daría lugar al reconocimiento de los mismos, mediante la adjudicación de la unidad de dotación, en términos de lo dispuesto en el artículo 72, fracciones III y IV, de la misma Ley, al establecer categorías de campesinos con derechos de preferencia en virtud de la posesión, es decir, la posesión genera la expectativa de derecho a ser reconocido como titular de derechos agrarios y, por tanto, consecuencias de derecho protegidas por la ley. Es aplicable el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a./J. 78/95, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, diciembre de 1995, materia administrativa, consultable en la página 336, cuyo contenido es: SUCESION DE DERECHOS AGRARIOS. CUANDO EL SUCESOR DESIGNADO POR EL DE CUJUS NO SE ENCUENTRA EN POSESION DE LA UNIDAD DE DOTACION, DEBE RECLAMAR SUS DERECHOS EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, SIGUIENTES AL FALLECIMIENTO DEL TITULAR. (LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA). La interpretación relacionada de los artículos 81, 82, 83 y 85 de la Ley Federal de Reforma Agraria, así como el espíritu en que se inspiró el establecimiento de la obligación de explotación directa y permanente de la parcela para garantizar su función social, permiten concluir que tal obligación, cuyo incumplimiento por dos años consecutivos da lugar a la pérdida de los derechos sobre la unidad de dotación, de conformidad con el referido numeral 85, fracción I, no sólo atañe al ejidatario o comunero, sino a todo aquel que ejerza derechos sobre la parcela, como lo es quien los haya adquirido por sucesión, aunque no se le hubieren reconocido aún sus derechos sucesorios, pues el heredero adquiere la parcela con las mismas obligaciones que el de cujus tenía sobre la misma y los efectos de la aceptación de la herencia se retrotraen a la fecha del fallecimiento, de manera tal que la obligación de explotación de la unidad parcelaria la tiene desde esta fecha y no hasta que, en su caso, se le reconozcan los derechos sucesorios. Lo anterior permite concluir que, cuando el sucesor designado por el de cujus no está en posesión de la unidad de dotación parcelaria, el trámite de reconocimiento de sus derechos sucesorios agrarios y el traslado de dominio debe realizarlos en el plazo de dos años, siguientes al fallecimiento del titular, para obtener la posesión de la parcela y así estar en posibilidad de dar cumplimiento a la obligación de su explotación y no incurrir en la causal de pérdida de sus derechos, pues la posesión de un tercero puede generar derechos a su favor que daría lugar al reconocimiento de los mismos, mediante la adjudicación de la unidad de dotación, en términos de lo dispuesto en el artículo 72, fracciones III y IV, de la misma Ley, al establecer categorías de campesinos con derechos de preferencia en virtud de la posesión, es decir, la posesión genera la expectativa de derecho a ser reconocido como titular de derechos agrarios y, por tanto, consecuencias de derecho protegidas por la ley. Bajo este contexto, la quejosa para acreditar su interés jurídico, estaba obligada a demostrar que dentro de los dos años a partir de la fecha de la defunción del titular originario de los derechos que defiende, llevó a cabo el trámite de reconocimiento de sus derechos sucesorios agrarios y el traslado de dominio; sin que lo haya hecho en ese lapso. Sin embargo, de la copia certificada de juicio 162/2006 se advierte que José Benito López Ruíz fue llamado a dicho litigio y compareció a defender sus derechos sobre la parcela en cuestión; lo que hace evidente que no puede acudir con el carácter de sucesora a este juicio pues el titular de los derechos agrarios a la fecha de la presentación de la demanda de amparo no había fallecido, pues en su demanda de amparo afirma la quejosa que ella y su cónyuge "estamos separados desde el 18 de mayo de dos mil tres" (foja 3 del juicio de amparo); de ahí que no acredita la calidad con la que se ostenta en este sumario constitucional. Por lo que hace al acuerdo celebrado entre José Benito López Ruíz y Marcelina Cruz Sánchez, en el cual manifestaron que vivieron juntos desde que contrajeron matrimonio el veintinueve de mayo de mil novecientos sesenta y siete hasta el dieciocho de mayo de dos mil tres; por ese motivo acordaron que la parcela 433 Z-1 P1/6, ubicada en el ejido La Cabecera, en el municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, se le "quedara" a Marcelina Sánchez Cruz para que tuviera un fruto de la parcela y se ayudara con sus necesidades económicas y alimentarias, también resulta jurídicamente insuficiente para acreditar la existencia del derecho generador de la acción de amparo, en virtud que dicho documento privado no puede surtir efectos contra terceros. En efecto, el documento de referencia, que se allegó al presente juicio, carece de eficacia jurídica para acreditar la propiedad de la quejosa respecto del inmueble que defiende, dado que no se encuentra registrado ante la autoridad competente que le diera la calidad de fecha cierta, o bien, que hubiese sido presentado ante una autoridad en ejercicio de sus funciones o ante fedatario público o que alguno de los contratantes o testigos hubiesen fallecido, para darle fecha cierta. Resulta aplicable la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apreciable en la página 2081 del Tomo XLII, Semanario Judicial de la Federación Quinta Época, cuyo epígrafe y contenido son: POSESIÓN, DOCUMENTOS PRIVADOS, REQUISITOS PARA QUE HAGAN PRUEBA. Un documento privado en el que se hace constar que el propietario de un inmueble deja a disposición de una persona, las rentas que produzca dicho inmueble, suponiendo que comprueba las circunstancias que contiene el contrato por el cual se dejaron a su disposición las rentas referidas, o el hecho de acreditar esas mismas circunstancias, no prueban la posesión sobre tal inmueble; tanto más, si el documento presentado no reúne los requisitos que exige la ley, para que haga plena prueba, ya que se trata de un documento privado, no reconocido judicialmente. También son aplicables los siguientes criterios: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. (Época: Novena Época, Registro: 192662, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Diciembre de 1999, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 46/99 y Página: 78) DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRAVENTA. PARA EFECTOS DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN SE OSTENTA COMO PROPIETARIO DE UN INMUEBLE EN UN JUICIO DE AMPARO, ADQUIERE FECHA CIERTA CON EL FALLECIMIENTO DE CUALQUIERA DE SUS TESTIGOS FIRMANTES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/97, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 46/99, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.",¹ determinó que los documentos privados, no objetados, en los que constan actos traslativos de dominio de bienes inmuebles, surten plenos efectos probatorios cuando sean de fecha cierta, lo que ocurre: 1) a partir del día en que se celebran ante fedatario o funcionario público autorizado; 2) desde que se inscriban en el Registro Público de la Propiedad; y, 3) a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Ahora bien, esta última expresión no debe interpretarse en sentido restrictivo, esto es, como referente sólo a las partes que con su firma manifestaron su voluntad de transmitir y adquirir la propiedad de un bien raíz, sino que también abarca a quienes lo suscribieron exclusivamente en su calidad de testigos, pues el concepto de "fecha cierta" de un documento privado por fallecimiento de quien lo suscribió, deriva de la imposibilidad física de que puedan suscribirlo en fecha posterior a su deceso y anterior al acto de autoridad reclamado en amparo; por lo que dada la mayor certeza que ese aspecto aporta sobre la fecha de celebración del acto traslativo del inmueble que obre en un documento privado, este último es apto para acreditar el interés jurídico de quien se ostente como su propietario en un juicio de amparo. (Época: Décima Época, Registro: 2012310, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 19 de agosto de 2016 10:27 h, Materia(s): (Común), Tesis: 1a./J. 18/2016 (10a.)) Por otra parte, las constancias, tanto la informativa en las cuales el Primer Delegado Municipal del Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, Estado de México, así como la expedida por el Comisariado Ejidal de la Cabecera del Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, asentaron respectivamente que desde dieciocho mayo de dos mil tres, Marcelina Cruz Sánchez y José Benito López Ruiz están separados; son insuficientes para crear convicción respecto del interés jurídico de la quejosa, puesto que asientan cuestiones que no son propias de su facultades, tanto que refieren tópicos que están dentro del derecho familiar. Resulta aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apreciable en la página 62 del Volumen 205-216, Tercera Parte Semanario Judicial de la Federación Séptima Época, de rubro y texto siguientes: AGRARIO. POSESIÓN. PRUEBA. CONSTANCIA QUE AL EFECTO EXPIDE UN PRESIDENTE MUNICIPAL. NO ES BASTANTE. La constancia expedida por el presidente y secretario del Ayuntamiento en que se asienta que los quejosos poseen los lotes cuestionados y que los han dedicado a la explotación ganadera, no hace prueba de esos hechos, porque esta Segunda Sala sostiene que las constancias expedidas por autoridades sobre cuestiones ajenas a sus funciones, no contienen valor probatorio pleno. Por lo que hace a la copia certificada del acta de matrimonio celebrado entre José Benito López Ruíz y Marcelina Cruz Sanches (sic), y el acta de nacimiento de la quejosa Marcelina Cruz Sanchez, sólo demuestran los actos ahí descritos, es decir, que el veintinueve de mayo de mil novecientos sesenta y siete contrajeron nupcias, y el nacimiento propio de la peticionaria, más no acredita el derecho sobre la parcela. En diverso aspecto, tocante a la prueba de inspección judicial ofrecida por la impetrante, desahogada en diligencia de cinco de septiembre de dos mil catorce (folios 121 a 124), se advierte se encuentra encaminada a justificar la posesión que, supuestamente sobre el mismo, tiene la peticionaria de amparo, así como las circunstancias en que la lleva a cabo; empero, no es el medio idóneo para probar la posesión, ya que esta no tiene más objeto que hacer que el fedatario judicial compruebe por sus sentidos, la existencia de determinados hechos o circunstancias que, en un momento se dicen, existen, y aun cuando la posesión ofrece situaciones de hecho, la misma no puede ser apreciada por una simple observación transitoria, sino que requiere que ésta sea permanente, que por lo mismo no puede realizarse en una sola diligencia, de tan limitada duración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o. J/75, visible en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 55, Julio de 1992, Materia(s): Civil, página 47, de rubro: POSESIÓN. NO PUEDE PROBARSE POR LA INSPECCIÓN JUDICIAL. La inspección judicial no es el medio para probar la posesión ya que ésta no tiene más objeto que hacer que el juez compruebe por sus sentidos, la existencia de determinados hechos o circunstancias que, en un momento, se dicen existen, pues aun cuando la posesión ofrece situaciones de hecho, la misma no puede ser apreciada por una simple observación transitoria, sino que requiere que ésta sea permanente, que por lo mismo no puede realizarse en una sola diligencia, de tan limitada duración. En las relatadas condiciones, de las pruebas relacionadas y del estudio integral de las constancias que integran el presente sumario se advierte que la impetrante de amparo no acredita la calidad que dice tener, es decir, no demuestra la posesión jurídica del bien defendido en la forma en que lo expresaron en su demanda de garantías. Consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, en relación con la fracción V del diverso 63, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a los Actuarios adscritos al Tribunal Unitario Agrario Distrito Veinticuatro, en Toluca, Estado de México. En diverso orden de ideas, se acota que no se emplazó al presente juicio al terceros interesado Miguel Hernández Crisóstomo (actor en el juicio agrario de origen) no debe pasar por alto que, uno de los principios fundamentales de la impartición de justicia es que sea pronta y expedita; entonces, en vista de que la presente sentencia no afecta a la parte tercero interesada y que la dilación procesal es la que en todo caso le acarrearía perjuicios, ello es razón suficiente para dictar el fallo que en derecho corresponde, pues en la especie no se deja sin posibilidad de defensa y sobre todo porque la causa de improcedencia actualizada en el caso es inobjetable, clara y patente. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 36 Tercera Parte, página ochenta y tres, de epígrafe: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ.". Por ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que en caso que se sobresea el juicio de garantías, la falta de emplazamiento a la parte tercera perjudicada le beneficiaría, y en aras de una pronta expedición de justicia, se debe pronunciar la sentencia que corresponda, lo anterior como se advierte de la tesis publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, página cuarenta y cinco, aplicada por analogía, y que lleva como rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ.". Así, no obstante que el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará si se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento; sin embargo, para que se reponga éste, es menester que haya trascendido al resultado del fallo, causando un perjuicio a la parte no llamada al procedimiento, pues de lo contrario si no provoca agravio a la parte interesada, la omisión de no citarla no trascendió a su esfera jurídica, como sucede cuando se sobresee en el juicio de amparo por actualizarse una causal de improcedencia. Al respecto, es aplicable la tesis de la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo V, página trescientos cincuenta, de título: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO, ES INNECESARIA CUANDO NO SE PRODUJO AFECTACIÓN A LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO NI TRASCENDIÓ AL RESULTADO DE LA SENTENCIA.". Finalmente, tampoco era el caso de llamar como tercer interesado a Margarita Sánchez Hernández y José Benito López Ruiz, ya que en su calidad de demandados en el juicio de origen no tienen un interés contrario al de la quejosa, en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, pues finalmente tanto dichos gobernados, como la quejosa, pretenden la exclusión del bien debatido de la esfera de derechos subjetivos del actor en el juicio natural, es decir, no tienen interés en que subsista el acto reclamado. Es útil a lo antes considerado el siguiente criterio: TERCERO INTERESADO EN UN AMPARO INTERPUESTO POR QUIEN SE OSTENTA TERCERO EXTRAÑO. ÚNICAMENTE TIENE TAL CARÁCTER LA PARTE EN EL JUICIO QUE TENGA INTERESES CONTRARIOS A LOS DEL QUEJOSO (ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo prevé los casos en que el quejoso solicita el amparo como tercero extraño a un juicio del orden civil, lo que define el carácter de tercero interesado es la circunstancia de que la parte que interviene en el juicio tenga un interés contrario al del quejoso, ya que así lo establece expresamente la citada porción normativa. Ese interés contrario al del quejoso que se ostenta tercero extraño a juicio, a que se refiere el citado artículo, sólo lo tendrá la parte vencedora en el juicio, porque es la que tendrá interés en que subsista el acto reclamado. En ese sentido, sólo las contrapartes tienen intereses contrarios, esto es, el actor frente al demandado y viceversa, no así entre codemandados. Consecuentemente, cuando se solicita el amparo por quien se ostenta tercero extraño a juicio, únicamente tiene la calidad de tercero interesado el actor en el juicio de origen, pues es inconcuso que el codemandado no puede tener intereses contrarios a los del quejoso que no ha sido emplazado al juicio natural. En todo caso, la vinculación que en la especie existe entre el codemandado y el acto reclamado, esto es, lo actuado en el juicio de origen, no le otorga el carácter de tercero interesado, porque de esa circunstancia no deriva que tenga intereses contrarios a la quejosa, sino únicamente que el actor también le reclama ciertas obligaciones y aunque la defensa que dicho codemandado pudiera ejercer sea distinta a la que, en su caso, oponga la peticionaria del amparo, no necesariamente implica la existencia de intereses contrarios, y en último caso de surgir intereses contrarios entre dichos codemandados ellos no podrán plantearse ni resolverse en el juicio de donde derivan los actos reclamados, sino que tendrán que ventilarse en otro juicio y a través de acciones distintas. El hecho de que el codemandado no sea llamado al juicio de amparo como tercero interesado, y la posibilidad de que la quejosa obtenga la protección constitucional, no implica soslayar el principio pro persona que rige en la interpretación de la ley, porque este principio no conlleva a que el juzgador pueda continuar aplicando disposiciones derogadas por el legislador respecto de las cuales la ley vigente prevé expresamente el supuesto aplicable en el caso concreto como lo es el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo aplicable, que establece que cuando el amparo sea promovido por persona extraña a juicio tendrá el carácter de tercero interesado quien tenga un interés contrario al del quejoso, en armonía con el artículo segundo transitorio de la propia Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que dispone la abrogación de la Ley de Amparo publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, y la derogación de todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en la nueva Ley de Amparo. (Época: Décima Época, Registro: 2010336, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, Materia(s): Común, Tesis: I.3o.C.90 K (10a.), Página: 4111, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO) Por lo expuesto, motivado, fundado y, además, con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Marcelina Sánchez Cruz, contra los actos y autoridad precisados en el resultando primero de la presente sentencia, en términos de lo dispuesto en el último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del licenciado Manuel Isaías Delgadillo Aguiñaga, Secretario que firma y da fe, hoy treinta de agostos de dos mil dieciséis, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. .
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