Marcela Salas Colín

Expediente 515/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
515/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
24/04/2015

Partes del expediente

  • Marcela Salas Colín

Actuaciones

  1. Principal

    El auto emitido el ocho de abril de dos mil quince que desechó la demanda de garantías que promovió Marcela Colín Salas, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respetivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, cuando esté debidamente digitalizado ordénese su archivo como asunto concluido. Archívese este expediente, el cual es destruible.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Procurador General de Justicia; por el cual en cumplimiento al proveído de treinta y uno de marzo del año actual, remite el acuse de recibo de la misiva 10024 del índice de éste juzgado dirigido al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito judicial de El Oro, Estado de México, de los cuales se colige que se encuentra debidamente notificado de los autos remitidos; circunstancia de la que queda enterado este juzgado para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniere sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo por las autoridades responsables; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por las autoridades. En atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ( S.J.F y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XI, marzo 2000, página 243) Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: Mediante sentencia de treinta de enero de dos mil quince (fojas 188 a 197), emitida por este órgano jurisdiccional en el sumario constitucional en que se actúa, se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la justicia Federal para el efecto de que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente: ".En mérito de lo anterior, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a ++, para el efecto de que las autoridades responsables dejen insubsistente todo lo actuado en el expediente ++, incluyendo el laudo dictado el veintiséis de marzo de dos mil trece y los actos encaminados a su ejecución, con excepción del auto admisorio y las diligencias de emplazamiento practicadas a los codemandados y ordene reponer el procedimiento, para que emplace en los términos de la ley que rige el acto, a la hoy quejosa; continuando con el procedimiento en todas sus etapas correspondientes; ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. La concesión de amparo se hace extensiva a los actos reclamados de la autoridad ejecutora, al no haberse reclamado por vicios propios sino que su inconstitucionalidad se hace depender de los actos reclamados de las autoridades ordenadoras..." Posteriormente, en acuerdo de cuatro de marzo de dos mil quince (foja 203), se declaró que la sentencia supracitada causó ejecutoria, toda vez que el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente feneció, sin que alguna de las partes la recurriera; en consecuencia, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Así, mediante oficios números 1118/2015 y 1327/2015, presentados el once y veintinueve de marzo, ambos de dos mil quince (fojas 260 a 310 y 314 y 315, respectivamente), en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el Presidente de la Junta Especial número veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México, informó las gestiones tendentes a dar cumplimiento al fallo protector; asimismo, remitió copias certificadas del acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil quince, en el que dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente 602/2008, incluyendo el laudo dictado el veintiséis de marzo de dos mil trece y los actos encaminados a su ejecución, con excepción del auto admisorio y las diligencias de emplazamiento practicadas a los codemandados, de igual manera, ordenó reponer el procedimiento y emplazar en los términos de la ley que rige el acto, a la hoy quejosa, continuando con el procedimiento en todas sus etapas correspondientes, con las que aduce dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Luego, en proveído de veintitrés de marzo de dos mil quince (foja 316), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector, sin que realizaran alguna. Razón por la cual, y en atención al análisis de las constancias de este juicio, se permite concluir que las autoridades responsables cumplieron con los aspectos establecidos y satisficieron los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, pues dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente 602/2008, incluyendo el laudo dictado el veintiséis de marzo de dos mil trece y los actos encaminados a su ejecución, con excepción del auto admisorio y las diligencias de emplazamiento practicadas a los codemandados, ordenó reponer el procedimiento y emplazar a la hoy quejosa en los términos de la ley de la materia, y continúa con el procedimiento en todas sus etapas correspondientes, tomando en consideración la totalidad de argumentos vertidos en el fallo protector. En esas condiciones, y toda vez que este juzgado federal tiene la obligación de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin vicio alguno. Se concluye, al estimar que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial, con los diversos argumentos vertidos por la autoridad responsable; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones en el libro de gobierno, se dejan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en donde se concedió la protección constitucional. En su oportunidad, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Toluca, para su debido resguardo.

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