Marcelino Hernández Sayago

Expediente 1130/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1130/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
08/08/2023

Partes del expediente

  • Marcelino Hernández Sayago

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Estado procesal de autos Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra la determinación de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, por la cual, se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; una vez que transcurran tres años de archivado el presente expediente, es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por la Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, por medio del cual se observa las gestiones que está llevando a cabo a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto; lo anterior es así, toda vez que en auto de dos de agosto del año en curso, se recibió similar comunicado y se acordó lo conducente y para tal efecto remite las constancias que acreditan su dicho.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda promovida supuestamente por ********************, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1130/2023-III-A. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Del análisis al escrito de demanda, este juzgado de Distrito estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 6° del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Además, conviene precisar que si bien en ningún precepto de la Ley de Amparo, se establece expresamente qué debe entenderse por documento privado, resulta aplicable supletoriamente al ordenamiento invocado el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su artículo 129, determina que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; mientras que en el diverso artículo 133 del propio ordenamiento legal, se indica que los documentos privados son los que no reúnen las condiciones previstas por el citado artículo 129, entre los cuales quedan comprendidos los escritos elaborados por particulares, en los que aparezca la firma o el signo que refleje la voluntad del suscriptor del documento. Ahora bien, tomando en consideración lo anterior, el escrito inicial de demanda de amparo contiene por sí, las características de un documento privado, porque proviene de un particular sin que aparezca la firma o signo que refleja la voluntad de su suscriptor, de ahí que sea susceptible jurídicamente de ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad, sin que sea obstáculo para la anterior conclusión el hecho de que el artículo 122 de la Ley de Amparo, disponga que sólo serán objetables de falsos "los documentos" que presentaren las partes en el juicio de amparo, porque esa acepción comprende también las promociones presentadas por ellas, pues constituyen documentos, ante lo cual se encuentran sujetas a la impugnación de falsedad, de acuerdo con lo establecido en el precepto últimamente citado. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia P./J. 148/2000, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Diciembre de dos mil, en la página once, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL ESCRITO RELATIVO REVISTE EL CARÁCTER DE DOCUMENTO PRIVADO, POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE, JURÍDICAMENTE, DE SER OBJETADO DE FALSO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien en ningún precepto de la Ley de Amparo, se establece qué debe entenderse por documento privado, resulta aplicable supletoriamente al ordenamiento invocado el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su artículo 129 determina que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; mientras que en el diverso artículo 133 del propio ordenamiento legal se indica que los documentos privados son los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129, entre los cuales quedan comprendidos los escritos elaborados por particulares, en los que aparezca la firma o el signo que refleje la voluntad del suscriptor del documento. En consecuencia, el escrito inicial de demanda de amparo participa de las características de un documento privado, porque proviene de un particular y en él aparece la firma o signo que refleja la voluntad de su suscriptor, de ahí que sea susceptible jurídicamente de ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad, sin que sea obstáculo para la anterior conclusión el hecho de que el artículo 153 de la Ley de Amparo disponga que sólo serán objetables de falsos "los documentos" que presentaren las partes en el juicio de amparo, porque esa acepción comprende también las promociones presentadas por ellas, pues constituyen documentos, atento lo cual se encuentran sujetas a la impugnación de falsedad, de acuerdo a lo dispuesto en el precepto últimamente citado." Por tanto, en razón de que el artículo 108 de la Ley de Amparo, exige como uno de los requisitos de la demanda el que sea firmada por quien la promueve, y si bien en ese numeral no se menciona expresamente la palabra firma, lo cierto es que al establecer que debe formularse por escrito, implícitamente así lo reconoce, toda vez que con la firma, se exterioriza la voluntad de realizar determinado acto y se acredita la autoría del documento. Bajo esta tesitura, cuando la demanda de amparo es promovida sin firma, resulta obvio que ello da origen a la improcedencia del juicio de amparo así intentado, porque quien aparece en la demanda como promovente, aunque el acto reclamado pueda afectar su esfera jurídica, no externó su voluntad de acudir al juicio constitucional, lo cual se traduce en el incumplimiento del requisito de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 6° de la Ley de Amparo. En ese tenor, y toda vez que en el caso en particular, como se ha narrado, se aprecia que el escrito de amparo no contiene la firma o rúbrica de la parte quejosa, debe decirse que no se asegura la relación jurídica entre dicho escrito y el quejoso; de ahí que no pueda identificarse a la persona que presenta el ocurso, como el impetrante de garantía; lo que se robustece con la anotación de la persona de oficialía de partes, de este juzgado, en la que se hizo constar que recibió el escrito de demanda sin firma y lo asentado en la papeleta de turno generada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, que refiere: "EL PRESENTE ASUNTO SE DEPOSITÓ EN BUZÓN JUDICIAL EL 21/JUL/2023 A LAS 09:44 HORAS CON NÚMERO DE ETIQUETA 3982668 Y SE GENERÓ EL FOLIO ELECTRÓNICO 5315576 CUYA DEMANDA ORIGINAL Y ANEXOS (SI HUBIERE) SE ADJUNTARAN EN SU ENTREGA FÍSICA MISMA QUE CARECE DE FIRMA. " Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, página 3632, que establece: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." Luego, el juicio de garantías puede promoverse sólo por la parte en quien recae el perjuicio que el acto reclamado le genera, por tanto, si el escrito no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado y consecuentemente tenerse por no interpuesta la demanda de amparo, tal y como lo expone la Tesis Jurisprudencial I. 15o.A.17 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Agosto de 2007, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA CUANDO EL ESCRITO RELATIVO NO SE ENCUENTRE FIRMADO POR EL QUE APARECE COMO PROMOVENTE, SIN TENER QUE PREVENIRLO PARA QUE LA FIRME. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías puede promoverse sólo por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la ley lo permita expresamente. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no debe, incluso, prevenirse al señalado como promovente para que estampe su firma, pues, además, ésta no entraña uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 116 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 146, sino un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia no conduce siquiera a desechar por improcedente la demanda, pues no puede desecharse lo que no existe, sino a tenerla por no interpuesta ante la falta de expresión de la voluntad del que aparece como promovente." En ese tenor, y toda vez que en el caso en particular, como se ha narrado, se aprecia que el escrito de amparo no contiene la firma autógrafa del quejoso, debe decirse que no se asegura la relación jurídica entre dicho escrito y el amparista; de ahí que no pueda identificarse a la persona que presenta el ocurso, como el impetrante de garantía. Por lo anteriormente considerado y fundado, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º, de la Ley de Amparo y atento a lo dispuesto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano por notoria improcedencia, la demanda de amparo presuntamente promovida por ********************. DOMICILIO No obstante, toda vez que se señala como domicilio procesal, el ubicado fuera de la residencia de este Juzgado, esto es, en ********************; con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en los estrados de este juzgado; lo anterior hasta en tanto señale algún domicilio dentro de la residencia (Toluca), o en su defecto dentro de la zona conurbada de este Juzgado (Metepec, Lerma, Zinacantepec y Almoloya de Juárez). EXHORTO Dada la naturaleza de la presente determinación, por única ocasión, líbrese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional faculte a quien corresponda para que se constituya en el domicilio ******************** y notifique al quejoso o alguno de sus autorizados el presente proveído. Para lograr el cometido de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial de esa adscripción para que realice la presente notificación en horas y días inhábiles. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, resulta innecesario el acuse de recibo respectivo y la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. CONSULTA DE EXPEDIENTE Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. EXHORTO A LAS PARTES Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa.

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